Jueves, 21 de septiembre del 2017
Idioma Es Pt En
Martes, 19 Septiembre 2017 06:23

Zurita y la radio

El dramaturgo y actor Sergio Zurita, conductor del programa “Dispara, Margot, dispara”, de MVS Radio, hizo comentarios que menoscaban la dignidad de las mujeres. Ante los cuestionamientos y denuncias, sobre todo en redes sociales, días después ofreció una disculpa. ¿Fue suficiente?

Desafortunadamente, lo ocurrido en esta emisora no es esporádico. Con frecuencia sucede en emisoras de radio y televisión del país, sin que exista el mismo impacto mediático y social. Hace meses, Marcelino Perelló, el exlíder del movimiento estudiantil de 1968, vivió una experiencia similar en Radio UNAM, pero a diferencia de Zurita, sí fue despedido de su programa de radio, luego de reproducirse en otros espacios sus desatinadas declaraciones. El 5 de agosto, Perelló falleció, pero antes de su partida manifestó que no ofrecería una disculpa por sus afirmaciones, lo que es un botón de muestra de los retos que culturalmente tenemos.

En un país donde agredir, insultar, acosar, violar o matar mujeres es práctica cotidiana y las políticas públicas para erradicar esta violencia han sido ineficaces, comentarios como los de Zurita sólo “normalizan” la misoginia, el machismo, la desigualdad de género y desde luego la violencia en todas sus formas a las mujeres.

El feminicidio de Mara Fernanda Castillo coincidió en el tiempo con lo dicho por Zurita. Por supuesto, son dos hechos muy diferentes, pero ese es el punto: la violencia cotidiana, en una conversación, en los chistes, en el trabajo, en las calles, en la casa o al salir de una fiesta y tomar un servicio de transporte particular. Una violencia generalizada, que lo mismo está presente en una carretera, que en un programa radiofónico (para todo público).

Hace una semana, en el Senado, se organizó un foro sobre la contrarreforma en materia de derechos de las audiencias, aprobada hasta ahora por los diputados. El caso Zurita fue retomado como ejemplo de cómo algunos derechos de las audiencias (como la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género en los contenidos de radio y televisión) pueden ser vulnerados en un programa, sin que existan opciones claras y eficaces para presentar una queja y tomar acciones de reparación de daños.

¿A quién acudir cuando en una estación de radio comercial se considera que hay una violación a los derechos de las audiencias? ¿a la Secretaría de Gobernación (Segob), que tiene la tutela de “supervisar” los contenidos de radio y televisión y sancionar a quienes violen la ley en esta materia? Puede ser, pero no hay un formato o procedimiento ágil o “amigable” para hacerlo, lo que en la práctica inhibe cualquier intento de participación de radioescuchas o televidentes.

¿Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no obstante que constitucionalmente está facultada de regular, promover y supervisar “los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”? No, porque justo los legisladores, increíblemente y en contra de las mejores prácticas internacionales, mantuvieron en el gobierno federal (la Segob) la regulación de contenidos y al órgano autónomo sólo le dieron facultades para supervisar (no sancionar) los programas y anuncios dirigidos a la población infantil y que se cumplan los porcentajes permitidos para la transmisión de publicidad.

¿A la defensoría de la audiencia? ¿De quién? ¿De Noticias MVS? No, porque este grupo desapareció la figura el 30 de agosto de 2015 y anunció que las quejas o comentarios de sus radioescuchas podrían presentarse a partir del 1° de septiembre de ese año en la defensoría de las audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), cuyas recomendaciones, respuestas o estado de seguimiento de casos no son conocidas públicamente. Por lo tanto, no sabemos qué tan útil es acudir a esta instancia.

¿Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)? Es otra posibilidad. De hecho, las diputadas Verónica Delgadillo, Mirza Flores y Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, presentaron el pasado jueves una queja ante dicho Consejo para “acreditar los hechos discriminatorios imputables al particular señalado” (se refieren a Zurita) y que resuelva las medidas de reparación que correspondan, amparadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Como se aprecia, varias son las vías para que las audiencias de emisoras como MVS busquen reparar sus derechos vulnerados en casos como estos, pero sin mecanismos accesibles y expeditos.

 

Por eso es importante la figura de la defensoría de las audiencias, pero no como la desean los diputados que aprobaron la contrarreforma (con defensores y defensoras a modo y parciales, sin tutela del IFT en caso de vulneración de derechos y la autorregulación como única posibilidad para cumplir la ley), sino como una figura destinada específicamente a esta función, que dé seguimiento puntual a las quejas, observaciones, comentarios o bien oriente sobre el camino a seguir para reparar derechos violentados. De ahí la necesidad de que las senadoras y los senadores no avalen la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y entren en vigor, ya, los lineamientos de los derechos de las audiencias, elaborados por el IFT.

Independientemente de este factor, es cada vez más necesario una capacitación frecuente en los medios en derechos humanos, igualdad de género, diversidad de género e inclusión. La CIRT y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, deben firmar convenios con el Conapred, el Instituto Nacional de las Mujeres o Universidades para esta capacitación y alfabetización mediática, en la que participen, sobre todo, quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de estar frente a un micrófono y que son justo los más reacios a este aprendizaje y esta sensibilización (me consta por el trabajo en diferentes defensorías). Las instituciones públicas y las empresas están obligadas a dar capacitación a sus recursos humanos ¿por qué no poner manos a la obra en esta temática para que casos como los de MVS, Radio UNAM y otras estaciones no se reproduzcan?

No es, como se aprecia, una promoción de la censura a Zurita o Perelló, sino una vía necesaria para impulsar la cultura de no violencia y de respeto. Tampoco nos gusta a la mayoría de las y los titulares de las defensorías de las audiencias, las sanciones o multas a las estaciones de radio y televisión por violaciones a la ley en contenidos porque son ineficaces y en México se ha utilizado esta herramienta, en diferentes momentos coyunturales, para incidir en las líneas editoriales de algunos noticiarios. Coincidimos con el poder de la autorregulación, pero también de opciones para reparar derechos vulnerados cuando la autorregulación o los códigos de ética son insuficientes.

También apoyamos la capacitación y el diálogo con quienes en pleno ejercicio de su derecho de libertad de expresión violan lo dispuesto en la ley, los límites constitucionales, el código de ética o las políticas de radiodifusión de los medios en los que se desempeñan sus actividades, pero es incomprensible la ausencia de voluntad de colegas, empresarios o directivos de medios para recuperar el camino de la responsabilidad y respetar los derechos de las audiencias.

En los últimos años, algunos concesionarios, sobre todo públicos, han demostrado que sí es posible producir contenidos con visión social, formativa y pro-persona. Sin embargo, falta mucho por hacer para involucrar a más emisoras de radio y televisión en esta dinámica. Cuando dejen trabajar al IFT en este terreno, se podría tener un importante avance.

 

Publicado en Radio

Dos dependencias del gobierno federal están empezando a hacer un trabajo serio contra la impunidad, los abusos y la corrupción: la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

 

La primera de éstas ha detectado serias anomalías en el “socavón” del Paso Exprés de Cuernavaca al determinar 22 observaciones (irregularidades) en la construcción de dicha obra y cuyo impacto fue un ejercicio indebido de $1,034.4 millones de pesos, casi la mitad del monto total de la obra. Posteriormente, también encontró que la obra fue asignada hasta sin proyecto, aunque la responsable de ésta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), argumenta que sí existió, aunque por el tamaño del mismo, no se encontraba en la página de Compranet.

 

Como sea, lo encontrado por la SFP fue un golpazo para la credibilidad de la SCT, quien ahora busca encontrar a los responsables en funcionarios de cargos menores.

 

La PGR, por su parte, ha logrado detener a varios ex gobernadores que literalmente habrían esfumado millonarios recursos públicos: Padrés-Sonora; Borge-Quintana Roo; Duarte-Veracruz; Yarrington-Tamaulipas y, al parecer, próximamente Duarte-Chihuahua. Hasta hace unas semanas, estas detenciones parecían de imposible realización.

 

Pero también entre ambas dependencias están investigando temas muy polémicos, como los sobornos que habría cometido Odebrecht a funcionarios de Pemex. Y las preguntas que los fiscales de PGR están haciendo no son menores. Por ejemplo, el periódico Reforma dio cuenta el pasado 13 de septiembre, página 4, sección Nacional, de las preguntas que los fiscales de la PGR habrían hecho a los directivos de Odebrecht, incluido a su presidente Marcelo Odebrecht.

 

Al presidente de la empresa que hizo sobornos en 22 países se le preguntó si en las reuniones con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se había hablado de sobornos. Tabú que los fiscales de la PGR hicieran preguntas sobre actividades en reuniones privadas con presidentes de la República, uno de ellos aún en el cargo. La pregunta además no era menor pues el Sr. Odebrecht, según varios reportajes, incluida una primicia de la BBC publicada la semana pasada, sí hay fuertes indicios e incluso investigaciones avanzadas de que corrompió a los presidentes de Brasil (Michel Temer), de Venezuela (Nicolás Maduro) de Perú (Ollanta Humala y Alejandro Toledo) y en Ecuador al Vicepresidente (Jorge Glas).

 

Si la pregunta hubiera sido positiva, habría sido imposible esconder la información pues los fiscales brasileños estaban asistiendo el interrogatorio de la PGR. Lo que era un riesgo que no podían soslayar.

 

También, ayer nos enteramos que la PGR no sólo investiga a todos los funcionarios de Pemex que tuvieron contacto con Odebrecth. En particular está investigando todos los movimientos financieros de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, entre 2012 y 2016.

 

Sin embargo, la SFP y PGR investigan también, y desde antes que se hiciera público el reportaje de Animal Político, la bien llamada “Estafa Maestra”, en la que varios funcionarios federales habrían usado la adjudicación directa a universidades públicas para, en lugar de apoyar a la educación y a los académicos de estas instituciones, utilizar el mecanismo para evitar licitaciones, entregando fondos a las universidades y éstas —previo pago de una comisión— reenviarlo a otras empresas o consultores en donde se perdió la pista de cientos de millones de pesos.

 

De hecho, para fortalecer estas investigaciones, pero también otras que tienen que ver con recursos públicos, la actual PGR firmó un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de ésta tener más elementos para presentar denuncias. Lo que le da “dientes” reales a estas investigaciones.

 

Ambos titulares, de la SFP, Arely Gómez, y de la PGR, Raúl Cervantes, fueron los únicos dos miembros del gabinete presidencial que no fueron enviados a auxiliar a los damnificados por el terremoto de hace unos días. Al parecer, el Presidente no quiso que distrajeran su atención de las delicadas investigaciones que realizan. Pero también cabe la posibilidad de que luego de estar investigando/arrestando a sus colegas secretarios, otros altos funcionarios y ex funcionarios federales y estatales no haya sido buena idea mandarlos a compartir espacios con el resto del gabinete.

 

Al parecer, estos dos secretarios van en serio y están dando un giro a las investigaciones contra funcionarios corruptos. En teoría, todo el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debería estar ya funcionando, pero la parálisis de los partidos políticos previo a la elección de 2018 han complicado varios nombramientos clave. La SFP y la PGR no se sentaron a esperar la entrada en vigor del SNA y le están entrando a los delicados temas.

 

Todos quisiéramos sin lugar a dudas que se diera un combate frontal a la impunidad y la corrupción y esto en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Así como hemos criticado la inacción en muchos casos, creo que se empiezan a ver signos claros de que dos secretarios están dispuestos a ello y están asumiendo consecuencias por ello. Pronto sabremos si son sólo dos funcionarios actuando en solitario o es parte de un verdadero cambio de actitud en el gobierno federal.

 

El gran tema de las elecciones de 2018 será la corrupción y quien esté mejor preparado para erradicarla. Veremos qué acontece en los meses previos al arranque formal de las campañas.

 

Cambiando de tema: Hablando de triangulación de recursos públicos, para llegar a contratistas y asesores evadiendo licitaciones públicas por medio de la asignación de contratos vía universidades públicas, uno de los primeros casos detectados fue la asignación que desde la Cofetel (hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) se hizo a McKinsey, en 2011, por 100 millones de pesos para hacer un estudio que propondría la creación de la Red Compartida. Para este esquema se utilizó a la Universidad Autónoma del Estado de México y el tema nunca llegó a investigarse plenamente.

 

Pero ahora, la parálisis del Congreso de la Unión, no sólo frena el Sistema Nacional Anticorrupción. No hay interés alguno entre los Diputados Federales para buscar consensos que permitan nombrar a los auditores de la Cofece, del INAI y del propio IFT. Ya llevan un rezago de cuatro años y volvieron a violar el plazo que se habían puesto para nombrarlos el pasado 12 de septiembre. Para cada uno de estos nombramientos se requiere de 2/3 partes de los diputados, y al parecer no hay forma de que este porcentaje se logre. Algunos diputados celebrarán que ciertos organismos no tengan supervisión alguna y otros legisladores estarán felices de señalar presuntos actos de corrupción. Pero nadie hace un esfuerzo real por nombrar auditores.

 

Publicado en Organismos
Martes, 19 Septiembre 2017 05:57

¿La muerte de la TV?

"Creo que en los siguientes años la TV como tradicionalmente la conocemos morirá y en su lugar se instalará un nuevo modelo de negocio para una nueva realidad de mercado"

"Papá, ¿y qué es el canal 12?".

Así le preguntó su hija Paula a un amigo cuando él le platicaba sobre una entrevista que había visto en la TV local de Monterrey.

Esta pregunta de una adolescente de 15 años ilustra perfectamente el enorme reto de la televisión tradicional. La joven no sólo no había visto ese canal (no se ha perdido de mucho, es muuuy malo) si no que ni siquiera sabía que existía.

La TV abierta y por cable está siendo víctima de lo que le ha pasado a otros medios tradicionales: los chavos los consumen cada vez menos.

Por ejemplo, según Nielsen en apenas 4 años (2012-2016) el tiempo que pasan los jóvenes estadounidenses de entre 12 y 24 años viendo TV tradicional cayó 38%. Ah, y entre los de 25 y 34 años bajó 34%. ¿35 y 49 años? - 19%. Bueno, hasta los de 50 a 64 años bajaron 9%. ¿El único segmento al alza? Los mayores a 65 años... ¡y apenas 2%!

Los clientes de las cadenas de Estados Unidos (EU) se están haciendo viejitos. El reporte Steinberg estima que entre 2010 y 2015 la edad promedio del televidente de CBS pasó de 55 a 59 años. Y así por el estilo está NBC (50 a 54), ABC (50 a 52) y FOX (45 a 49). ¡Ufff! Una receta mortal: si la edad promedio de tus clientes sube un año cada año, tu empresa va directito al panteón.

Los canales de cable tampoco se salvan. Tomemos a uno de los más fuertes: ESPN. Entre julio del 2014 y agosto del 2016 perdió 7.4 millones de suscriptores, un 7.3% del total.

No crea que los chavos no ven video. Para nada. Lo que pasa es que lo consumen en sus dispositivos móviles y a la hora que lo desean. Por ejemplo, Nielsen estima que en EU un joven de entre 18 y 24 años usa su Smartphone (SmPh) 19 horas a la semana vs. sólo 14 horas viendo TV. ¿Alguien con más de 65 años? 48 horas y media de TV y apenas 4 horas con el SmPh.

Quizá lo más preocupante para la TV es que la migración al video digital es generalizada, no sólo son los chavos. Por eso los competidores tradicionales se montan a la ola, produciendo video para consumo en móviles.

Una estrategia que podría parecer adecuada. Y quizá lo sea, pero en el camino tendrán que vencer a los nuevos competidores digitales que van tras el enorme mercado publicitario que sigue teniendo la TV: en EU, unos 74,000 millones de dólares en 2017.

Y uno en particular. Ya adivinó: Netflix, un jugador formidable que opera con un modelo de negocio muuuy distinto. Suscripciones vs. Publicidad. Escopeta (no conozco al cliente a detalle) vs. Láser (lo conozco íntimamente).

Un competidor con casi 100 millones de suscriptores, una gran tasa de crecimiento y muuucha plata para producir contenido.

"Netflix es el enemigo público número uno", dijo hace unos meses Bertt Salke, el CEO de Fox 21 en la demanda que interpuso tras que Netflix se pirateara a Tara Flyn, una de sus productoras estrella.

Cómo no van a temerle. El Wall Street Journal reportó hace poco que Netflix producirá este año 70 shows originales. ¿Su presupuesto? 6,000 millones de dólares. Váyase de espaldas: es el doble que HBO y cinco veces más que Showtime. Bueno, pagó 10 millones de dólares por episodio para la serie The Crown, cuatro veces más que el del show This is Us de NBC.

Y Netflix no es el único disruptor. Apple recién se pirateó a algunos ejecutivos senior de la industria y anunció un presupuesto de $1,000 millones de dólares para programación de TV digital en 2018.

Amazon lleva ya varios años produciendo video para sus clientes Prime y su presupuesto de programación para 2017 son modestos $4,500 millones de dólares. Aparte claro está YouTube y falta ver que hará Facebook, porque no se va a quedar estático.

Creo que en los siguientes años la TV como tradicionalmente la conocemos morirá y en su lugar se instalará un nuevo modelo de negocio para una nueva realidad de mercado.

Una era donde el consumidor tiene el control, consumiendo cuando quiere y a su ritmo. Donde la publicidad cambiará su modelo y las suscripciones serán clave. Otra industria más en disrupción. Interesantísimo, ¿no cree?

 

 

EN POCAS PALABRAS...

"Ante la disrupción, hay que cambiar temprano. Es imposible luchar contra la innovación".

Ryan Cavanaugh,

empresario norteamericano.

 

 

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @jorgemelendez

 

 

 

 

Publicado en Televisión
Lunes, 18 Septiembre 2017 21:31

El espectro que viene

Concluyó el proceso de opinión pública sobre el Proyecto de Bases de Licitación Pública para concesionar 130 megahercios de la llamada banda de 2.5, que es de las más valiosas para prestar servicios móviles de última generación, con gran capacidad para satisfacer la demanda, principalmente en zonas urbanas; además, ofrece cobertura al interior de edificios y estructuras sólidas.

En la consulta participaron las principales industrias del sector de telecomunicaciones, posibles inversionistas extranjeros (Sprint y Rivada), así como el operador de la red compartida que aprovechará la banda 700 megahercios (otra banda esencial para los servicios móviles), que compartió la necesidad de tener acceso a la banda 2.5; hay que recordar que la licitación de esta última banda se pospuso para dar mejores condiciones a la red compartida.

En este entorno de mayor disponibilidad de capacidad espectral también juega un relevante papel la banda de los 600 megahercios, originalmente destinada para servicios de radiodifusión y que apenas en julio pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) anunció su “despeje” para dar paso a la prestación de servicios móviles; por ello, tanto la banda 600 como la 2.5 tienen un papel correlacionado y complementario, por lo que podría ser conveniente que se licitaran conjuntamente y así aprovechar la sinergia que podría generar el despliegue de ambas bandas del espectro, en aras de una competencia real.

Con ello se entiende por qué el sector de telecomunicaciones se pronunció por un no rotundo a la participación del agente económico preponderante (América Móvil) en la licitación de la banda 2.5: fundamentalmente porque afectaría la competencia efectiva en el sector, además de propiciar un fenómeno de concentración y eventual especulación del espectro radioeléctrico. Sin olvidar el desaliento a la inversión nacional y extranjera.

Una mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico será estratégico ante una exponencial demanda de servicios móviles, pues son cada vez más los usuarios con mayor exigencia de datos móviles; esto debe suceder en un entorno de competencia, bajo una adecuada asignación de la capacidad espectral; ése es el reto del Ifetel.

En síntesis: se requiere un proceso licitatorio con bases sólidas, que genere mayores condiciones de competencia en la prestación de servicios móviles para que haya mejores precios y servicios más rápidos y de mayor calidad; el fin es beneficiar al usuario.

Publicado en Banda ancha
Lunes, 18 Septiembre 2017 21:24

Ley Fintech: activos vituales acotados

El viernes pasado se concretó la distribución del Proyecto de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech o LRITF), a todos los gremios. Tuvieron el viernes y el fin de semana patrio para hacer una revisión general y se esperaría que hoy suba al proceso de mejora regulatoria. Poco tiempo, pero suficiente para conocer los cambios que se realizaron al mismo y en el que destaca, del último borrador al definitivo, el asunto de activos financieros.

Entiendo que si los “gremios” (entidades reguladas y empresas Fintech) no realizan observaciones durante la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), enviarán a la Cofemer, de Mario Emilio Gutiérrez, una carta indicando su apoyo al Proyecto de Ley que pasó por una última revisión en la Procuraduría Fiscal, de Max Diener, y, finalmente, en la Consejería Jurídica, de Misha Granados, antes de que el equipo de la subsecretaria Vanessa
Rubio la entregara a los gremios, como comprometió el secretario Meade.

De no haber opiniones se facilitaría que la propuesta vaya al Congreso en esta misma semana y, como tal, que pueda ser revisada en el fondo y contenido en el proceso de análisis legislativo bicameral. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, han convenido en realizar la presentación conjunta, dada la transcendencia del ordenamiento, y esta última fase de aprobación, la tiene a su cargo la subsecretaria Vanessa Rubio.

Le puedo confirmar que la LRITF establece cinco principios que regirán todas las autorizaciones para todos los proyectos de innovación tecnológica, cuyo objetivo primario es facilitar el desarrollo de los servicios financieros en todo el país y en todos los segmentos de la población.

Estos son:  1) inclusión financiera, 2) estabilidad del sistema financiero, 3) competencia, 4) integridad de servicios financiero, y 5) protección a usuarios.

De esta forma los bancos, casas de bolsa y en general, todas las entidades financieras reguladas, tendrán la misma posibilidad de desarrollar e incorporar en sus estrategias de negocio, las innovaciones tecnológicas distintas a las que existentes en el mercado, que cumplan con esos principios y también podrán meterla a la caja de “Modelos Novedosos” para su autorización.  Toda autorización no podrá tomar más de 90 días.

Es el mismo proceso que se propone sigan las empresas de crowdfunding y las instituciones de fondo de Pago Electrónico (IFPE), en el entendido de que las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), como se definirá en México a las Fintech, deberán en todo momento, informar a su clientela
—en contratos, publicidad, información digital o difusión de mensajes masivos— que sus operaciones no están cubiertas por el seguro de depósito, que ninguna entidad gubernamental o el gobierno federal garantiza los recursos que se involucren en sus operaciones, así como en los riesgos que los clientes asumen frente a otros en virtud de las operaciones que celebren.

Por lo mismo, la propuesta obliga a que los emprendimientos o empresas que se incluyan en una plataforma de fondeo colectivo para ponerlas en contacto directo de personas interesadas en financiarlas, capitalizarlas o asociarse con ellas (copropiedad o regalías), cubran requisitos de Know Your Client tanto en la parte activa como pasiva (integridad), que el portafolio sea diverso y, que en la medida de lo posible, los inversionistas tengan la posibilidad de invertir de forma diversificada su dinero.

En cuanto a las peticiones de “piso parejo” de las entidades reguladas, se autoriza a que puedan invertir o desarrollar ITF’s, pero a los grupos financieros, bancos, sofomes reguladas, sofipos, socas de niveles I a IV, uniones de crédito, y aseguradoras y afianzadoras, no se les permitirá utilizar el nombre de los grupos, sus filiales o sus productos principales en las ITF’s que inviertan o en sus productos y marcas para que la gente no sienta que la cubre el brazo del seguro de depósito o sus reservas.

Las empresas deberán ser sociedades privadas, no tener relación con un grupo financiero salvo las APIS para conectar servicios e información bancaria o financiera con las ITF y viceversa. Kubo Financiero, de Vicente Fenoll, que es una Sofipo, es la mejor referencia a conocer el modelo.

Pueden comprar o desarrollar ITF’s, pero se obliga a separar sus fuerzas de ventas y sedes físicas y se establece límite de participación en ITF’s que no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre el equivalente al 50% de la parte básica del capital neto o el excedente de la parte básica del capital neto sobre el capital mínimo de la institución regulada.

Las EFC-ITF o empresas de financiamiento colectivo, tendrán reglas generales para recibir autorización para operar en o con el sistema financiero. Las más relevantes se orientan a proteger a los inversionistas: obligaciones de información de los riesgos que asumen al invertir en ellas, dar a conocer los criterios de selección de las empresas a fondear, cuidar los proyectos de emprendedurismo que se promueven, establecer métodos de cobranza, invertir en empresas formales y mantener capital mínimo para soportar su operación (riesgo operacional, riesgo financiero, etc.)

En todos los casos y dado el objetivo
de integridad, se obliga a que todas las empresas e inversionistas cumplan con las reglas de prevención de lavado de dinero y protección a usuarios.

En cuando a las empresas Instituciones de Fondo de Pago Electrónico, prácticamente, no se modifica lo que le señalé el viernes pasado, pero sí se les diferencia de las empresas de Activos Virtuales. Bitso, de Daniel Vogel, es la más importante en México. BitCoin es la referencia mundial.

Los fondos se separan de las empresas de activos virtuales. LO MÁS RELEVANTE: NO SE PROHIBIRÍA EN MÉXICO LA OPERACIÓN CON ACTIVOS VIRTUALES, pues como hasta ahora se reconoce que un activo virtual es la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de activos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.

En ningún caso se entiende como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional (el peso mexicano) u otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas. Sólo criptomonedas y se considera que es una Actividad Relevante en términos de que aplica la totalidad de la Ley para Prevenir Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Las ITF sólo podrán operar con los activos virtuales que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general y previa autorización del banco central, disposiciones que tomarán en cuenta la referencia internacional de custodia y liquidación. Como activo virtual no se le acepta como moneda de curso legal y se subraya que no está respaldada por el gobierno federal o el Banco de México.

Por último, las plataformas que podrán operar a través de aplicaciones. Se regula el cómo conectarán estos servicios a través de sistemas interoperables, construidos con tecnología abierta, considerando que el dueño de la información siempre es el cliente y, sin su autorización no podrán un banco cederla, pero con ella, no podrá retenerla. De esta alternativa, donde está radicada la relación entre la innovación financiera y las plataformas de contacto y las APP’s Iot, le platico mañana.

 

Publicado en Negocios
«InicioAnterior12345678910SiguienteFinal»
Página 1 de 1345
 
« Septiembre 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

  



Es una publicación de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C. Todos los derechos reservados © 2017

Los nombres de los espacios Mediatelecom Minuto a Minuto, Mediatelecom Américas, Sociedad de la Información e Internet y Telecomunicaciones,
Sociedad y Desarrollo son segmentos de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C que ofrecen un servicio sin fines de
lucro y proporcionan el enlace directo a la fuente original, respetando los derechos de autor del editor y del autor sin alterar o
modificar parcial o totalmente la obra autoral originaria.