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Lunes, 23 Octubre 2017 08:47

Y la historia no se termina…

Es probable que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel Contreras, resuelva en esta semana si continuará vigente la llamada tarifa cero, por la que los competidores de Telcel, que dirige Daniel Hajj, no han estado obligados a pagar a esta empresa por la terminación de llamadas en sus redes.

Esta medida ha existido por espacio de tres años, desde que en 2014 se le determinó como Agente Económico Preponderante (AEP); sin embargo, a raíz de que en agosto pasado, la SCJN-Segunda Sala ratificó las facultades del IFT y no del Legislativo de determinar las tarifas de interconexión, la industria no AEP ha especulado mucho sobre si el regulador eliminará o no la llamada tarifa cero, pues argumentan que el no cobro de tarifas por la terminación de la red de Telcel ha contribuido de forma importante a la baja en cerca de 40% en los últimos tres años que ha reportado IFT.

Recordemos que la Suprema Corte confirmó en agosto pasado que el IFT tiene la facultad plena de determinar las tarifas de interconexión (facultad que ya no pudo retener el Congreso), y la sentencia y su engrose no validan la tarifa cero, sólo afirma que es facultad del IFT fijarlas con base en criterios técnicos y aplicados a todos los participantes, pero considerando el hecho de que América Móvil continúa siendo un agente económico preponderante, o sea, valida la regulación asimétrica y sólo menciona en una ocasión al modelo de costos que aplica el IFT para determinar tarifas de interconexión entre concesionarios como Telefónica de Carlos Morales, AT&T que dirige Kelly King, o Axtel de Rolando Zubiría.

Esta decisión de la Corte permite ahora, como punto medular, que el IFT pueda decidir modificar o repetir una tarifa cero o establecer un modelo de costos para efectos de las tarifas que regirán a partir de enero de 2018. Y es que lo importante en el mundo de los abogados y expertos en la materia es que la Corte no resolvió si era legal o no la tarifa cero, sino únicamente quién tenía facultades para establecerla, y eso, traducido al español, es que el IFT ahora puede volver a establecerla para 2018…  Vaya confusión la que nos hicieron creer algunos maliciosos de este mundo…

Cabe muy bien traer al presente y recordar, que esto fue lo mismo que por más de 15 años hizo la extinta Cofetel, aplicó modelos de costos que no incluyeron un efectivo tratamiento a la asimetría de las empresas y, si algo le queda claro a la Segunda Sala de la SCJN, fue que debe incorporarse la principal externalidad del sistema de telecomunicaciones mexicano: la asimetría y preponderancia que sigue teniendo América Móvil.

Ahora, si ya se conocen los resultados de la política de Cofetel, si el IFT termina por actuar igual que la Comisión en los temas de interconexión, será el regulador el que eternice la ineficiencia. Si por el contrario, incorpora plena y de forma transparente los efectos de la asimetría, seguro se crearán mejores condiciones de competencia.

El que una empresa cobre al consumidor conforme a sus costos de operación es de lo más natural, pero no lo es cuando hay un operador muy grande y el “preponderante” tiene una participación superior al 50% de todo un sector, del 65% en telefonía móvil y 70% en banda ancha móvil.

Por lo que si el IFT resuelve desaparecer la tarifa cero sin aplicar la regulación asimétrica adecuada, y los operadores no conocen previamente cuál es la diferencia para unos y para otros, no sólo habría un fuerte escándalo político y mediático, sino también más de un amparo con cara de “me tomaste el pelo” por parte de los ministros de la SCJN, pues el tribunal constitucional reconoce y valida en el engrose de su sentencia, en todo momento, la asimetría. El IFT podría, incluso, validar la tarifa cero.

Publicado en Organismos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que el Inai falló en verificar el cumplimiento de una resolución emitida por el propio instituto y que, de manera infundada, avaló la respuesta que AT&T dio a uno de sus clientes en la que niega el acceso completo a datos personales. El 28 de septiembre de 2017, los tres magistrados de la Sala Especializada en Juicios en Línea del tribunal emitieron una sentencia que obliga al Inai —el órgano público para la protección de los datos personales en México— a admitir que AT&T incumplió con una resolución del pleno, adoptada por unanimidad y que obliga a la operadora a entregar a su cliente, entre otros datos, la ubicación digital del posicionamiento geográfico de su línea móvil (la ubicación aproximada del dispositivo desde el que se realizó una comunicación). La sentencia al expediente 17/411-24-01-01-07-OL, que concede la nulidad de un acuerdo del Inai, determina que en la respuesta de AT&T a su cliente “no existe ningún señalamiento, dato o referencia en cuanto al posicionamiento en relación a las estaciones base o repetidoras, como infundadamente lo indicó la autoridad en el acto impugnado; conceptos que ni siquiera menciona la moral responsable en su escrito de cumplimiento”.

El contexto es rocambolesco: el Inai resolvió el 13 de julio de 2016 que AT&T de México debía entregar datos relacionados con el posicionamiento de la línea móvil de uno de sus clientes, por considerarlos datos personales y estar al amparo de la ley en la materia. En supuesto cumplimiento a esa resolución, AT&T hizo como que los entregó, cuando en realidad volvía a negarlos e incumplía con la resolución del pleno. Era de esperarse que, al verificar el cumplimiento de dicha resolución, el Coordinador de Protección de Datos Personales del Inai notara la ausencia de la información solicitada a AT&T, pero en cambio determinó que la compañía sí había cumplido y ordenó archivar el caso. El cliente se inconformó y acudió al tribunal administrativo para demandar la nulidad del llamado “acuerdo de cumplimiento” del coordinador. El tribunal, a través de la Sala Especializada en Juicios en Línea, le dio la razón.

 

Antes de continuar, dejo constancia de que el ciudadano al que beneficia la sentencia soy yo. El 7 de enero de 2016, en coincidencia con la entrada en vigor de los lineamientos que reglamentan el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), inicié este ejercicio periodístico y jurídico para poner a prueba las regulaciones de protección de datos personales y de retención de datos y metadatos de las comunicaciones en México. El Título Octavo fue diseñado para que las operadoras colaboren con las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia en el combate a la delincuencia y permite, por ejemplo, ubicar en tiempo real un teléfono vinculado a un secuestrador o a algún miembro de una banda criminal. Para cumplir ese objetivo, el artículo 190 obliga a las operadoras a resguardar durante 24 meses siete conjuntos de datos y metadatos de comunicaciones telefónicas; la lista incluye datos tan elementales como nombre o dirección del cliente hasta otros de mayor complejidad, como la ubicación aproximada del aparato de comunicación vinculado con la línea de un determinado usuario de telefonía móvil.

 

Esa información identifica y hace identificable a una persona, por lo que se encuentra protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Así lo consideran la Suprema Corte y el Inai, que en su resolución del 13 de julio de 2016 consignó: “Es evidente que la información señalada en la fracción II del artículo 190 son datos personales de los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones”. Y añadió: “Si bien se puede aceptar que con el objeto de proteger la seguridad nacional existan leyes para la recolección y almacenamiento de información personal en registros no abiertos al público, con debidas garantías para el uso proporcional y con finalidades legítimas, dicha situación no impide el derecho de acceso a información personal mantenida por orden de disposiciones legales bajo ciertas circunstancias”.

 

El mismo año que en México se aprobó la regulación que permite vigilar 112 millones de líneas móviles y 20 millones de líneas fijas, la Unión Europea desterró la llamada Directiva de Retención de Datos y determinó que sólo se pueden resguardar datos y metadatos de los usuarios de telefonía móvil con fines técnicos y para cobro y facturación del servicio. La Suprema Corte ha validado el artículo 190, a pesar de los riesgos para la privacidad de los ciudadanos que implican la retención y la transmisión de datos relacionados con las comunicaciones. En 2016, AT&T colaboró 5,806 veces con las autoridades y les entregó datos y metadatos de las comunicaciones de sus clientes; en 269 veces entregó datos relacionados con el posicionamiento geográfico de las líneas móviles, de acuerdo con solicitudes de transparencia realizadas por este redactor al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El criterio de AT&T ha sido: a las autoridades sí entrego los datos; al titular de los datos, no.

 

Si por razones de seguridad y justicia debemos aceptar una normativa tan peligrosa, lo mínimo que debemos exigir es que se cumpla al pie de la letra, con responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales. La sentencia del tribunal exige que el Inai “emita una nueva resolución en la que tenga por no cumplimentada” su resolución del 13 de julio de 2016, pero lo más importante es que le exige proceder “conforme a derecho, atendiendo a la legislación de la materia aplicable”. Esta historia podría tener más capítulos (el Inai puede presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa y AT&T, un amparo directo), pero deja claro que la protección de datos personales en México debe tomarse en serio.

 

Cronología del caso

7 de enero del 2016
Un cliente de AT&T le pide a la compañía acceso a sus datos personales, principalmente a los referidos en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a los operadores a resguardar datos y metadatos de las comunicaciones móviles de sus clientes durante dos años.

 

15 de febrero
Días después de vencido el plazo de respuesta impuesto por la ley, AT&T entrega a su cliente datos generales sin considerar la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas (la ubicación aproximada del dispositivo desde el que se realizó una comunicación) como detalla el artículo 190. Esa información “puede ser requerida de forma gratuita” en centros de atención al cliente, le informó AT&T. Once días después, un empleado de la compañía envía al cliente un archivo de 755 páginas que no incluye la ubicación aproximada del dispositivo. 

 

7 de marzo
El cliente presenta una queja ante el Inai, el órgano público para la protección de datos personales en México. Durante el llamado “proceso de protección de derechos”, AT&T mantiene silencio y no aporta pruebas ni respuestas a la autoridad; tampoco acepta conciliar con el cliente.

 

13 de julio
El pleno del Inai resuelve por unanimidad que es procedente el reclamo del cliente, obliga a AT&T a entregar la información y ordena el inicio de un proceso de imposición de sanciones “por su presunta negligencia en la tramitación y respuesta de la solicitud de acceso de datos personales”. El 23 de agosto, AT&T entrega al cliente la misma información que éste recibió del centro de atención sin la ubicación aproximada del dispositivo.

 

16 de enero de 2017
El Coordinador de Protección de Datos Personales del Inai emite un “acuerdo de cumplimiento” en el que asegura de manera infundada que AT&T entregó todos los datos solicitados y da por cerrado el caso.

 

28 de septiembre
Luego de presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Sala Especializada en Juicios en Línea da la razón al cliente y señala que “la empresa no dio cumplimiento” al mandato del Inai, pues en su respuesta “no existe ningún señalamiento, dato o referencia en cuanto al posicionamiento en relación a las estaciones base o repetidoras, como infundadamente lo indicó la autoridad en el acto impugnado”. La Sala ordena al Inai emitir un nuevo acuerdo en el que conste que AT&T no cumplió “y proceda conforme a derecho”.

 

Puedes escribirme a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o leer más en Economicón.

 

La foto que ilustra este artículo es original de Paul Sableman y fue compartida en Flicrk con una licencia CC BY 2.0.

 

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Lunes, 23 Octubre 2017 08:11

Arne, Periscope y la privacidad

Las nuevas plataformas y tecnologías han modificado la forma de gobernar, de comunicarnos y relacionarnos y sabe qué, no necesariamente nos llevarán a a lograr efectos deseables

Guaruras que se estacionan sobre la banqueta, un vecino que saca a pasear a su perro y no recoge sus desechos o ciudadanos que apartan lugares en la calle para sus coches, son algunos casos que fueron expuestos por el otrora autollamado city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, quien transmitía públicamente en vivo el audio y video a través de la plataforma llamada Periscope, de la confrontación del funcionario con ciudadanos infractores. Ello muy probablemente inhibió a varios de incumplir la regulación y a otros a aplaudir la actividad del funcionario público: ¡vaya, hasta que las autoridades hacen algo en contra de los gandallas!

Pero otro grupo nos cuestionamos: ¿se vale que un funcionario exponga masivamente la imagen, voz, placas, nombre y hasta dirección de los ciudadanos aun cuando estén en flagrancia de una infracción administrativa?, ¿es legal, legítimo, deseable?, ¿cuáles son los efectos, cuál la regulación, cuáles las consecuencias? Este es el estudio que me encomendó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el año pasado y del que esta semana doy cuenta en la presentación del cuaderno de transparencia número 25 titulado El ejercicio de la función pública: una perspectiva desde las nuevas tecnologías, la transparencia y los derechos humanos.

Le aseguro que muy buena parte de la población siente empatía –irracional- con la actividad del funcionario. Yo la sentí en algunos casos. Pero hay efectos no jurídicos y jurídicos graves en esta actividad. Los primeros, relacionados con la figura del linchamiento que ha merecido estudios de psicología y sociología y que nos evidencia que una aglomeración de seres humanos posee características nuevas y muy diferentes de las de cada uno de los individuos que la componen y su comportamiento obedece a una racionalidad distinta, baste ver los linchamientos virtuales en redes sociales.

En el ámbito legal, la difusión pública en vivo de los infractores se trata de una actividad que, aunque pudiera encontrar simpatía en algunos ciudadanos, no tiene sustento jurídico porque simplemente no hay ni atribución otorgada a los gobernantes para hacerlo, ni derecho que asista a las autoridades o a otros particulares para conocer sus datos personales.

Se ha argumentado la existencia de un conflicto de derechos: libertad de expresión y transparencia vs derecho a la privacidad, ¿realmente existe el conflicto?, ¿tienen las autoridades “derecho a la libertad de expresión”?, ¿resulta necesario revelar los datos personales de los particulares para transparentar la función pública?, ¿hasta dónde la transparencia en la actuación de los funcionarios debe justificar el uso de cualquier medio a cualquier costo?, ¿hasta dónde —jurídicamente— se debe proteger la imagen y privacidad de los particulares a pesar de que cometan una infracción o tengan una actitud por demás abominable? Estas son algunos de los temas que desarrollo en el texto que le ofrezco leer.

La exposición pública mediante Periscope es una sanción en sí misma, ¿en qué normatividad está establecido el escarnio público? La utilización de una herramienta no regulada, e incluso prohibida, para intentar lograr que los ciudadanos cumplan con la ley, habla quizás de buena voluntad o quizás de protagonismo, pero en todo caso evidencia la incapacidad de nuestro estado de derecho, de nuestras autoridades e incluso de los particulares para lograr, mediante la vía legítima, legal e institucional, mantener el orden y la buena convivencia en nuestra ciudad, en nuestro país.

Periscope no es el único caso; con las fotomultas, por ejemplo, cuya constitucionalidad está ahora en estudio en la Suprema Corte de Justicia, se cuestiona si un vídeo o una foto deben generar en automático una sanción o si son apenas un elemento probatorio para iniciar un procedimiento en el que el infractor pueda defenderse. El tema de las cámaras de vigilancia que almacenan miles de horas repletas de datos personales de particulares, qué pasa con ellas, qué uso se le están dando, cómo modifica la conducta de las personas saber que están siendo observadas y grabadas por el gran hermano anónimo detrás de los aparatos de temerosos ojos rojos. Estos y otros asuntos deben ser estudiados desde diversas ópticas: la psicológica, sociológica, antropológica y jurídica.

Las nuevas plataformas y tecnologías han modificado la forma de gobernar, de comunicarnos y relacionarnos y sabe qué, no necesariamente nos llevarán a lograr efectos deseables; es indispensable revisar con cuidado cuáles son sus consecuencias conductuales. De igual manera tenemos que abordar el estudio del tema de las redes sociales, su uso en México por parte de las autoridades no parece ser ordenado ni racional, en algunos países como Nueva Zelanda han desarrollado guías y estándares para utilizar las redes de manera específica incluyendo límites en materia de privacidad. Aquí no tenemos nada.

Así pues, esta publicación fue presentada el jueves pasado por el Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, la comisionada Areli Cano, mi querido y admirado amigo Javier Solórzano y el gran jurista y defensor de los derechos humanos José Luis Caballero, director del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana. El texto pretende ser sólo una semilla para ordenar y sistematizar la discusión de este que es uno de los varios temas relacionados con el uso de las tecnologías por los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones.

¿Sabe qué? Hay que entrarle a estos temas, no hay de otra. Hay mucho por analizar, por decir, por construir y no le hemos entrado a fondo. El INAI, sin miedo, decidió encomendarme este tema y tiene mucho camino por andar, sería conveniente que defina el estándar mínimo de derechos que deben ser respetados por parte de las autoridades en el uso de tecnologías y redes sociales, de manera que nos adelantemos a otras posibles violaciones de derechos fundamentales que, como en el caso de los linchamientos aunque sean virtuales, son de muy difícil reparación. Agradezco al INAI por la confianza. Aquí puede usted descargar la publicación completa de este cuaderno de transparencia número 25 http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/CT25.pdf

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Lunes, 23 Octubre 2017 06:22

Medidas asimétricas: su impacto

 

El viernes fue presentado el estudio “Impacto de la regulación asimétrica en telecomunicaciones en los hogares de bajos recursos en México”; de los datos revelados —y que da a conocer MILENIO— se puede afirmar que la tarifa cero de interconexión impuesta al agente económico preponderante (AEP) en telecomunicaciones, como parte del conjunto de medidas asimétricas, no solo genera condiciones de competencia efectiva, sino que además mejora la penetración y reduce los precios que paga la población, particularmente la de menores recursos.

En pocas palabras: las medidas asimétricas implican mayor competencia, mayor cobertura y precios más bajos.

El estudio, realizado por Elisa Mariscal, experta en competencia económica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el economista inglés Martin Cave, de la London School of Economics, da datos precisos.

De acuerdo con el estudio, a raíz de las medidas asimétricas establecidas en la reforma de telecomunicaciones se observa que en el segmento de la población de más bajos recursos la penetración de los servicios aumentó 22 por ciento, mientras que en los niveles más altos 10 por ciento; además, “hemos notado que en el periodo en que se ha mantenido la tarifa cero los precios de las comunicaciones móviles han disminuido”.

Otro efecto de las medidas asimétricas que no podemos dejar de lado tiene que ver con que la tarifa cero de interconexión impuesta al AEP facilitó que AT&T y Movistar pudieran competir en mejores condiciones y traer inversión al país; sin embargo, ante la decisión de la Corte, que estará vigente hasta fines de este año, le corresponderá al Ifetel la fijación de la tarifa para 2018, la que se prevé lo haga en un máximo de dos semanas.

Si bien la Corte no consideró las eficiencias y ganancias en favor de los hogares que generaba la citada medida asimétrica y solo se concretó a determinar qué autoridad tenía la competencia legal para imponerla, ahora el Ifetel debe considerar los beneficios de esta obligación temporal, conocida como tarifa cero de interconexión para la población, cuidando que bajo un principio de progresividad no se retorne a la situación previa a la reforma. Al tiempo.

Si bien la Corte no consideró las eficiencias y ganancias en favor de los hogares que generaba la citada medida asimétrica y solo se concretó a determinar qué autoridad tenía la competencia legal para imponerla, ahora el Ifetel debe considerar los beneficios de esta obligación temporal, conocida como tarifa cero de interconexión para la población, cuidando que bajo un principio de progresividad no se retorne a la situación previa a la reforma. Al tiempo.

Publicado en Telefonía móvil
Viernes, 20 Octubre 2017 07:01

Agenda cargada en telecomunicaciones

Con la ratificación de Gabriel Contreras como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), parecen haberse calmado las aguas en el sector. Sin embargo, hay mucho en juego por delante.

La licitación de la banda de 2.5 GHz para servicios de banda ancha móvil está avanzando. Recordemos que esta banda (190 MHz en total) pertenecía a Grupo MVS. MVS se quedó con 60 MHz, que posteriormente el IFT autorizó se le vendieran al preponderante América Móvil, y los 130 MHz restantes son los que se pondrán a disposición del mercado.

Se espera que este proceso concluya a mediados del año próximo, lo que vendrá a reconfigurar la tenencia de espectro entre los operadores móviles. Lo más lógico es que el IFT restrinja la participación de América Móvil en este proceso, dada su concentración como agente económico preponderante, pero habrá que esperar las bases de licitación.

En el mismo tema de servicios móviles, también está la construcción en marcha de la red compartida. Este proyecto servirá para abastecer de espectro radioeléctrico a los operadores móviles, principalmente a los virtuales (MVNOs).

Por el momento parecería que los concesionarios tienen satisfechas sus necesidades de espectro. Si a esto le sumas que con la licitación en la banda de 2.5 agregarán más espectro a su acervo, es cuando surgen dudas respecto a la viabilidad y éxito de la red compartida. Misma que además ya recibió cuantiosos recursos de la banca de desarrollo mexicana.

Por otro lado, el IFT tiene que definir la tarifa de interconexión que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2018. Hay que recordar que la Suprema Corte declaró inconstitucional la mal llamada “tarifa cero”, dándole facultades al IFT para que determine dicha tarifa (no retroactiva) entre operadores.

El IFT tendrá que tener mucho cuidado en este sentido, para no contraponer el espíritu del constituyente para eliminar la tarifa de interconexión entre operadores móviles. O el regulador resuelve en el mismo sentido, o la tarifa tendrá que ser muy cercana a cero. Esto sucederá en las próximas semanas. Son muchos millones de pesos los que están en juego con esta decisión.

Todo esto, sin dejar a un lado las licitaciones que se avecinan en radio y TV. Como podrán observar estimados lectores, la agenda en el sector de las telecomunicaciones está cargada. Además, muchos de los temas se van a dirimir en tiempos políticos complicados, dados los procesos electorales que están a punto de arrancar.

El IFT tiene grandes retos muy próximos a resolver. Hay confianza que se concretarán de la mejor manera y en aras de alcanzar mercados cada vez más competitivos, y con beneficios tangibles al usuario final.

Publicado en Regulación
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