Sábado, 16 de diciembre del 2017
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Google será investigado en Estados Unidos por posibles prácticas comerciales que violan sus leyes de protección al consumidor y antimonopolio, informa The New York Times.

Josh Hawley, fiscal general de Missouri, informó que ha abierto una investigación contra la empresa y citó a la compañía para buscar datos sobre la recopilación y uso de información privada de los usuarios, el uso de información de otros proveedores de contenido en sus sitios y posibles sesgos en el motor de búsqueda resultados.

En una conferencia de prensa, Hawley dijo: “ninguna entidad en la historia del mundo ha recopilado tanta información sobre consumidores individuales como Google”.

El  fiscal dijo que la investigación preliminar del estado había encontrado que Google podría estar recabando más información de los usuarios de lo que la compañía les decía a los consumidores y que los usuarios no tenían una “opción significativa” para elegir rechazar la recopilación de datos de Google.

Hawley señaló que es crítico para los consumidores entender lo que sucede con su información personal. Asimismo, indicó que se estima que Google tiene acceso a 70  por ciento de las transacciones hechas con tarjeta en Estados Unidos, además de información sobre la ubicación de sus usuarios, sus dispositivos, sus búsquedas en Internet y su historial web.

“No deberíamos simplemente aceptar la palabra de estos gigantes corporativos que tienen nuestros mejores intereses en el corazón. Tenemos que asegurarnos de que realmente cumplan la ley, de que los consumidores estén protegidos, y debemos responsabilizarlos” afirmó Hawley.

Google ha dicho que ofrece a los consumidores la opción de controlar su configuración de privacidad y no proporciona a terceros información personal identificable como nombres, direcciones de correo electrónico e información de facturación.

 

Patrick Lenihan, un portavoz de Google, se negó a decir cómo la compañía respondería al citatorio porque todavía no la había recibido. Sin embargo, aseguró que Google tenía “fuertes protecciones de privacidad para nuestros usuarios”.

Publicado en Tecnología

Lo que en la cabeza de Paco Arévalo parecía una buena idea se ha convertido en un problema. Recordemos. Era el 17 de julio. El popular humorista, junto con su hasta ahora amigo Bertín Osborne, agasajar al Rey emérito, don Juan Carlos, y a su hija, la Infanta Elena, con una paella. La ocasión era formidable. Acudieron otros conocidos y amigos. Pero la magia de ese encuentro privado se rompió en el momento en el que se difundió una imagen en redes sociales.

No hubo consentimiento previo. Ni tácito. Ni nada que se le parezca. Este es un ejemplo de cómo han cambiado las relaciones personales con la llegada de las redes sociales. Existe un afán de notoriedad. Un deseo expreso de dar a conocer (o presumir) nuestra propia vida. Pero en ocasiones este tipo de acciones juegan malas pasadas. Al igual que en casos similares, esta disputa tiene un encaje legal. Hay herramientas legales suficientes como para interponer una denuncia al respecto a la persona que ha sacado a relucir la imagen controvertida. «Una cosa es que te prestes a posar en una foto y otra cosa que se pueda permitir compartir la difusión de la imagen en redes sociales», explica a este diario Sergio Carrasco, abogado experto en derecho en red en Fase Consulting.

Así, la imagen tiene un carácter personal y, en determinados casos, se requiere del conocimiento expreso de la persona, máxime si se va a difundir públicamente, por ejemplo, en una red social. La Constitución Española es clara: la Ley Orgánica al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familia y a la Propia Imagen, prohíbe cualquier tipo de «captación, reproducción o publicación por fotografía, filme u otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares a momentos de su vida privada o fuera de ellos salvo que sea autorizado por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado consentimiento».

De tal forma que dependiendo del caso se puede interponer una denuncia por vulneración al derecho, aunque ahí es necesario ponderar el interés público o si se trata de una persona pública. «Una cosa es que la persona sea de interés público, que puede permitir ciertos usos de su imagen sin autorización, pero eso no quiere decir que no goce de ese mismo derecho», sostiene este experto. Y aunque para muchos sus perfiles en servicios como Facebook o Twitter les sirva de álbum de recuerdos, no es igual que una fotografía en casa porque, a pesar de aplicar ciertas capas de privacidad que permiten la mayoría de estas plataformas, estás permitiendo el uso a cualquiera. «Esta fotografía [por la publicada por Arévalo] que es se entiende que se trata de una esfera privada y, por tanto, va a más allá de lo que la ley permite. No puede compartir una imagen asi en redes sociales sin consentimiento», comenta.

Cambios de hábitos

Las redes sociales, al margen de sus indudable aportaciones, han alterado la manera de relacionarse entre amigos y familiares. Se dan por hecho determinados comportamientos. Los códigos sociales, las estructuras de convivencia, han querido saltar a la esfera virtual. Pero su traslado no ha sido tan natural. Una persona llega a enfadarse porque un contacto suyo le ha eliminado de su perfil. Ese conflicto personal se resolvería de otra manera o se encajaría de otra forma en el digamos mundo «offline».

En Facebook, la principal plataforma social del mundo, se llega incluso a confundir la amistad real con las meras relaciones personales. Hay quien tiende a reconocer como «amigo» a alguien que acaba de conocer y se han aceptado los perfiles. Pero la amistad tiene una proyección mayor, que trasciende y se fragua con el tiempo. A veces, sin embargo, la confianza produce estragos. Ya se sabe lo que se dice popularmente («la confianza da asco»).

Esas tiranteces se producen, sobre todo, entre personas jóvenes, en teoría más inmaduras emocionalmente. Y son más habituales de los que nos pensamos. Por diversos motivos. ¡A quién no le han etiquetado en una fotografía en la que no salías demasiado favorecido! Razón para discutir o retirarle la palabra. No es una cuestión baladí. Desde hace algún tiempo agencias y departamentos de recursos humanos monitorizan los perfiles de sus candidatos para hacer su selección. Lo que había sido un desmadre de joven puede convertirse en el peor enemigo a la hora de buscar empleo.

Existe un sobredimensionado afán de protagonismo y exhibicionismo en las redes sociales. Pocas veces se calibran bien las posibles consecuencias que puede tenerla publicación y difusión de un comentario salido de tono o fuera de lugar. Personalidades famosas ya han sufrido en sus carnes esa corrección política que impera actualmente en la sociedad. Ese carácter inherente al ser humano se ha sabido explotar por las empresas de tecnología que desarrollan servicios digitales. «En las redes sociales se difumina la barrera en la comunidad privada y la pública. Lo que en principio tendría que ser un tema privado se convierte con facilidad en un asunto público, sobre todo, si está implicada gente famosa», sostiene en declaraciones a este diario Javier de Rivera, sociólogo experto en adicciones digitales y miembro de Cibersomosaguas, grupo de investigación de cultura digital y los movimientos sociales de la UCM.

Incentivar el «me gusta» compulsivo

Con anterioridad a la explosión de las redes sociales no existían herramientas para que se dieran estos comportamientos. Hacía falta que un medio de comunicación le prestara atención. En opinión de este experto, «ahora está al alcance de cualquiera, lo que genera una mayor espectacularización de las relaciones». Tal es el impacto en nuestras idas de las redes sociales que podríamos decir que incluso un viaje nunca existió si no se han publicado fotografías en tu perfil de Facebook. ¿Qué lleva a muchas personas a querer todos los pasos quedan? «Todo el mundo necesita comunicarse y necesita aprobación social; es algo natural. Lo que analizo es cómo estas nuevas redes incentivan esa necesidad básica a llevar unos determinados hábitos. La forma en la que están diseñadas estas plataformas incentivan este tipo de comportamientos impulsivos. Incentivan los ‘me gusta’».

Publicado en Virtualidad

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos ha dado un fuerte respaldo a la campaña de Gran Bretaña para obligar a Silicon Valley a comprometer las comunicaciones cifradas, reprendiendo a las empresas de tecnología por no equilibrar las demandas de la lucha contra el crimen con las necesidades de privacidad.

El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Rod Rosenstein, se reunió el jueves con altos funcionarios del gobierno británico, entre ellos el ministro del Interior, Amber Rudd, y el jefe de la agencia de inteligencia MI5, para discutir la encriptación. Planea reunirse también con el jefe del servicio británico GCHQ el viernes, dijo a Reuters.

"En este momento estamos coordinando con nuestros socios extranjeros cuáles son los desafíos", dijo Rosenstein en respuesta a una pregunta de un reportero en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Cibernética, organizada por Skytop Strategies.

Los altos funcionarios del gobierno de la primer ministro Theresa May, incluyendo a Rudd, han tratado de controlar la encriptación, pero han encontrado resistencia en líderes tecnológicos como Facebook, Google y Twitter. Los críticos ven que esta demanda del gobierno podría servir como una puerta trasera para el espionaje de ciudadanos.

En su discurso, Rosenstein denunció lo que él llamó "encriptación a prueba de mandatos judiciales que pone cero valor en la aplicación de la ley".

Funcionarios británicos y estadounidenses sostienen que los ajustes de cifrado predeterminados en aplicaciones de mensajería gratuita, como WhatsApp de Facebook, dificultan la capacidad de las autoridades para recopilar las pruebas necesarias para perseguir a los criminales, incluso con mandatos claros ordenados por el tribunal.

"Cada vez más, las herramientas que utilizamos para recopilar evidencias se enfrentan a herramientas de encriptación diseñadas para derrotarlas", dijo Rosenstein, citado por Reuters.

"De muchas maneras, los intereses económicos de las compañías tecnológicas se alinean con la aplicación de la ley", dijo Rosenstein. "Pero en un área particular - encriptación - las fuerzas competitivas obligan a las compañías de tecnología a resistir la cooperación con los gobiernos.

 

"Yo no describiría que mi objetivo es presionar a la industria tecnológica", dijo, añadiendo que "la regulación es una opción potencial".

Publicado en Noticias

¿Sabías que un decreto preparado por el Gobierno obligará a las empresas telefónicas a mantener por 2 años un registro con todos los datos de tus llamadas, navegación de internet, correos, mensajes de texto y WhatsApp e incluso el uso que das a las aplicaciones que tengas en tu celular?

Pero no te preocupes… demasiado. A nadie le interesa escuchar tus llamadas de “cuelga-tú-no-cuelga-tú-mejor” ni menos ver los memes de perritos que publicas en Facebook. Este decreto va por tus metadatos, aquellas huellas casi imperceptibles que dejan las comunicaciones electrónicas: la fecha y hora en que llamaste, a quién llamaste y cuánto duró, desde qué dirección de internet (IP) te conectaste y qué sitios visitaste, cuántos mensajes y a quién los enviaste, qué aplicaciones usas más, qué tipo de teléfono tienes y cuál es su número de registro…

¿Mencioné que los metadatos también registran la ubicación geográfica desde donde hiciste todo eso?

Ok, ahora puedes comenzar a preocuparte.

¿Combate al crimen o espionaje?

Pero, ¿de dónde viene esta curiosa idea de vigilarnos? Después de todo, la Constitución garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas, ¿no?

Pues… no totalmente. La propia Carta Magna (sinónimo cursi para Constitución) establece que estas podrán ser interceptadas “sólo en los casos y formas determinados por la ley”.

Esa ley es el artículo 222 del Código Penal, el cual indica que cuando existan sospechas fundadas de que alguien está involucrado en un delito con pena de crimen (o sea, pasar más de 5 años y un día a la sombra), se podrán interceptar y grabar sus llamadas telefónicas, así como conocer las direcciones IP -una especie de RUT que identifica a cada computador o teléfono conectado a internet- a las que ha accedido.

Entonces, para regular esto último se dictó en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el decreto 142, el cual obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de estas direcciones durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a 1 año por la ley contra la pedofilia.

Y aquí viene el problema.

Según explica un artículo publicado por El Mostrador, en 2014 las autoridades de la época se dieron cuenta de que el asunto no estaba resultando. Por una parte, la tecnología había evolucionado rápidamente y tener sólo una lista de direcciones IP no bastaba. Por otra, tomaba tanto tiempo cursar una orden judicial y que las empresas la acataran, que cuando se daba acceso al registro, los datos ya habían sido eliminados.

Fue tras el bombazo en la estación de metro Escuela Militar que el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, propuso la primera reforma a la normativa: que el solicitante de la información fuera el Ministerio Público y no las policías, además de ampliar todo lo posible el concepto de “comunicaciones”, a fin de prever los avances tecnológicos.

Finalmente y tras llegar a acuerdo con las empresas de telecomunicaciones, sería el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien obtendría la firma de la presidenta Bachelet para ingresar a Contraloría el pasado 4 de agosto el nuevo decreto, listo para enfrentar el crimen en el siglo XXI.

¿Todos contentos? Para nada.

Desde su concepción, el nuevo decreto fue polémico. El Ministerio Público dejó de participar a poco de iniciadas las mesas de trabajo el año pasado, según el organismo, porque el Gobierno no volvió a llamarlos (este, por su parte, asegura que fueron ellos quienes los dejaron con los chequecitos de WhatsApp en “visto”).

Otra crítica contra el Gobierno fue la discreción con que se llevó a cabo la tarea. No hubo información a la ciudadanía, ni tampoco se pidió a expertos o académicos que asistieran.

“Este proceso se hizo a puertas cerradas. No hubo consulta pública. Aquí el Ministerio del Interior se sentó con las empresas de telecomunicaciones a elaborar el nuevo decreto, con una lista de supermercado de las pretensiones de la Policía de Investigaciones (PDI)”, indicó a BioBioChile el analista de políticas públicas de la ONG Derechos DigitalesPablo Viollier.

Y la organización está sólo calentando. Para Voillier, la iniciativa también es inconstitucional, pues el Ejecutivo intenta modificar vía decreto una ley que correspondería al Congreso, ampliando de forma exagerada la cantidad de datos y el plazo en que se conservarán.

“Estamos hablando prácticamente de todos los datos comunicacionales, incluyendo la georreferenciación (ubicación) de los usuarios. Es algo extremadamente complejo y desproporcionado. Hoy puedes saber más de una persona a través de sus metadatos que con sus propios mensajes o llamadas”, señala el abogado.

Pero para la ONG, lo más preocupante es que la ambigüedad -o amplitud- de los términos en que fue redactado el decreto, no dejan claro quienes y en qué circunstancias tendrán acceso a los datos de los usuarios.

“El nuevo decreto indica que cualquier organismo público autorizado podrá tener acceso a la información. ¿Qué significa eso? ¿Por qué todos los chilenos nos debemos someter a la vigilancia del Estado? El texto se presta para múltiples abusos y fue preparado en un proceso sumamente sospechoso. No es digno de una democracia”, sentencia Voillier.

Una opinión similar tiene Patricia Peña, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora de su Diplomado de Comunicación Digital, quien compara el caso con el cambio que realizó México en su ley de telecomunicaciones.

En la nación azteca también se retienen los metadatos por 2 años y se ha criticado internacionalmente que, en vez de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, acabó por convertirse en un instrumento para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos.

“La discusión que se dio en México es importante porque ahí es donde está el límite entre pensar que lo que se está articulando es esta figura de estado supravigilante, la idea de un panóptico (torre de vigilancia carcelaria) estatal encima de los ciudadanos, donde todos terminamos siendo potencialmente sospechosos de algo. La pregunta es entonces, ¿para qué la vigilancia?”, indicó Peña a El Mostrador.

Calladitos se ven más bonitos

Siendo un tema que involucra directamente la privacidad de sus usuarios, nos figuramos que las empresas y organismos pertinentes tendrían mucho que decir al respecto. Error: para ser entidades de comunicaciones, sólo nos topamos con silencio.

Hablamos con Movistar que, tras una larga deliberación, nos dijo tanto ellos como el resto de las empresas de telecomunicaciones suscritas a Atelmo habían acordado dejar la vocería a esta asociación gremial.

Por su parte en Atelmo, la Asociación de Telefonía Móvil que comprende a las principales firmas del rubro a excepción de WOM -que está enojado con ellos tras denunciar que le hacen bullying– nos respondieron varias veces que no habían logrado ubicar a su presidente, Guillermo Pickering(sí, exsubsecretario del Interior), por lo que nunca recibimos una contestación.

(Desde ya, si ve a Guillermo Pickering, por favor de aviso a Atelmo. Su familia debe estar preocupada).

Así que fuimos con el tío WOM, que no ha tenido pelos en la lengua para denunciar las que considera malas prácticas de la industria. Sin embargo, esta vez prefirió guardar aquella lengua y sólo nos entregó un escueto “por ahora no nos referiremos al tema”.

Desilusionados, marcamos el teléfono de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), donde amablemente nos dijeron que no estaban autorizados a hablar del asunto debido a que todo estaba siendo coordinado por su hermano mayor (en inglés, Big Brother), el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior a su vez nos transfirió a la Subsecretaría del Interior y, por fin, aquí no nos derivaron al buzón de voz.

De hecho, estaban bastante mosqueados.

“Esto es una controversia falsa e interesada”

Tras la publicación de El Mostrador, el subsecretario del Interior en persona, Mahmud Aleuy, hizo llegar una carta al periódico digital denunciando lo que calificó como una “controversia falsa e interesada”, alegando que la modernización del decreto 142 no tiene nada ilegal ni menos inconstitucional.

Para el organismo, la iniciativa sólo corresponde a una necesaria respuesta ante la evolución de las telecomunicaciones durante los últimos 12 años, remitiéndose a establecer un plazo razonable para guardar registros básicos de las comunicaciones.

“Es necesario aclarar que toda esta información ya es almacenada por las empresas de telecomunicaciones con fines comerciales. Lo que se define en el reglamento es que sea puesta oportunamente a disposición de la justicia, cuando la Fiscalía lo requiera, en el contexto de una investigación penal que cuenta con el resguardo del Juez de Garantía. De esta forma, se cumplen todas las obligaciones legales y estándares constitucionales”, aseguró Aleuy.

Pero, ¿no es inconstitucional que se modifique vía decreto una normativa que hasta ahora había sido tratada por el Legislativo?

“No se está modificando una normativa -respondió la Subsecretaría del Interior a BioBioChile– lo que se realiza en el reglamento es precisar la forma en que se debe dar cumplimiento a las obligaciones legales, entonces se trata de ejecutar el mandato legal en forma efectiva”.

¿Existen otros países donde se estén aplicando las mismas normativas? La Unión Europea (UE) rechazó la aplicación de una disposición similar por considerar que atenta contra los derechos fundamentales de las personas.

“Actualmente se aplica la conservación de metadatos en países como Alemania, Brasil, Australia, España, Estados Unidos, entre otros”.

(¿Qué España no queda en Europa? Sí, pero el fallo de la UE permitió a sus miembros conservar sus legislaciones hasta redactar un texto de acuerdo comunitario).

Sin embargo cuando revisamos en detalle encontramos algunos bemoles. En Brasil, la ley determina que sólo se registrarán individualmente los datos de las personas requeridas por una orden judicial y por plazo máximo de 1 año. En España básicamente se mantiene el registro de direcciones IP, aunque este puede ser requerido además de las policías, por la Dirección de Aduanas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, por si a alguien le trae recuerdos).

Pero Estados Unidos se lleva el premio, literalmente. Según el artículo 222 (cualquier parecido a Chile es pura coincidencia) del Código de Privacidad de la Información del Consumidor, los proveedores deberán conservar por al menos 90 días los datos de los usuarios sólo cuando una agencia gubernamental lo requiera.

Más aún, la ley estadounidense no contempla un máximo de tiempo en el cual las empresas deban borrar dicha información, por lo que pueden mantenerla de modo voluntario. Ahora, ¿por qué una empresa incurriría voluntariamente en los gastos que esto conlleva? Pues porque el gobierno debe compensarlas económicamente por ello.

Sí, uso la Fuerza para resistirme a hacer elucubraciones.

Pero volviendo a nuestros amigos de la Subsecretaría del Interior, reservamos nuestra principal interrogante para el final: dado que el borrador del texto al cual se tuvo acceso dispone que “cualquier organismo público autorizado” podrá acceder a la información. Entonces, ¿una redacción de esta índole no deja demasiadas posibilidades a que se abuse del acceso a los datos?

“El reglamento señala que la información se encontrará a ‘disposición del Ministerio Público y de toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlos"”, nos responden.

Mmmmkey… pero eso es como lo mismo.

“El Código Procesal Penal establece que la Fiscalía puede requerir a sus organismos auxiliares la obtención de los registros en el marco de un proceso, y sus organismos auxiliares son Carabineros y la PDI”, retrucó.

¿Entonces podemos publicar que el Gobierno asegura que las ÚNICAS instituciones que podrán requerir los datos serán el Ministerio Público y las policías? ¿Absolutamente nadie más?

 

“Lo que corresponde es señalar que a los registros acceden los que son autorizados por la ley”.

Publicado en Regulación

Los operadores de telecomunicaciones se han convertido en grandes repositorios de datos y de información privada de los usuarios a los que atienden. Se espera que esta gran afluencia de datos pueda ser monetizada a través de herramientas analíticas o hasta inteligencia artificial para ofrecer mejores servicios. Sin embargo, el gobierno indio busca qué prácticas y normas implementan los operadores para mantener la privacidad de los usuarios.

La Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones de India (TRAI) publicó una consulta pública a través de la cual busca obtener comentarios y sugerencias respecto a la actual ley de protección de datos y futura normatividad que pueda ser aplicable respecto a la tecnología utilizada para procesar y analizar la información.

“Si bien se reconoce el enorme potencial empresarial y de eficiencia del análisis de datos, también es vital evaluar si los derechos de protección de datos de las personas son adecuadamente protegidos en este entorno cambiante. La protección de datos en este contexto puede entenderse ampliamente como la capacidad de los individuos para comprender y controlar la manera en que la información que pertenece a ellos puede ser accedida y utilizada por otros”, advierte el órgano regulador indio.

La consulta está abierta para obtener información de operadores de telecomunicaciones, pero también de proveedores de servicios en Internet, es decir, los puntos clave en la protección de datos de los usuarios desde el operador Bharti Airtel, hasta la información obtenida por Google y Facebook.

Cada paso de la interacción del usuario con los servicios TIC, ya sea a través de servicios tradicionales de telecomunicaciones, servicios de Internet, dispositivos, aplicaciones u otras formas de contenido, genera grandes cantidades de datos.

TRAI señaló que el crecimiento en la adopción de dispositivos de Internet de Cosas (IoT) también plantea preocupaciones sobre la naturaleza y el alcance de los datos que se recogen por estos dispositivos, el propósito para el que se puede utilizar y la seguridad de estos dispositivos.

El órgano regulador cita que en 2016, se registraron 4 mil 149 casos de violación de datos, al exponer más de 4.2 mil millones de registros. Los tipos de datos expuestos a través de estos incidentes incluyen direcciones de correo electrónico (42.6%); Contraseñas (38.1%); Nombres y nombres de usuario (35.1 y 21.6%, respectivamente); y direcciones (20.4%).

 

Además, consideró que la intervención del gobierno en la protección de datos personales se justifica desde tres escenarios. El primero, la asimetría de la información cuando los usuarios subestiman e ignoran el valor y uso de los datos que entregan a proveedores de servicios; segundo, racionalidad limitada, cuando los usuarios subestiman las consecuencias de sus acciones al habilitar el acceso a su información personal, y tercero, la potencial creación de monopolios de datos y el aprovechamiento de la información por los proveedores de servicios para incrementar su poder de mercado.

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