Martes, 16 de enero del 2018
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El 89 por ciento de los consumidores mexicanos está abierto a compartir sus datos a empresas locales y 86 por ciento a marcas internacionales, de acuerdo con la encuesta de la firma de tecnología SAP sobre los cambios tecnológicos y cómo han influido en los hábitos de compra.

En el caso de México, en el estudio SAP Hybris Consumer Insights Survey, el ejercicio con un millar de encuestados reveló que los consumidores son de los más abiertos a dar sus datos a las empresas mundiales.

Por ejemplo, 57 por ciento de ellos compartiría su historial de compras a cambio de una atención excepcional al cliente.

En tanto que 61 por ciento está feliz de compartir su correo electrónico con las marcas; cuando la media entre los consumidores mundiales es de 55 por ciento.

Incluso compartir su número de celular parece ser más que aceptado por los mexicanos, pues 45 por ciento aseguró hacerlo con gusto, contra 32 por ciento en otros países.

Incluso 37 por ciento compartiría información sobre sus ingresos mensuales y 28 por ciento su ubicación en tiempo real, en contraste con la media global, que es de 24 y 22 por ciento, respectivamente.

“Los mexicanos muestran una sólida relación con marcas que les dan beneficios por su lealtad, y la mayoría (68 por ciento) espera recibir alguna sorpresa, descuento o regalo”, indica el documento.

La confianza y las experiencias de compra sin complicaciones son dos factores importantes que permiten que se tenga confianza al otorgar los datos, pues 84 por ciento de los encuestados cortaría su relación con las empresas si utilizan sus datos sin su consentimiento.

Por otro lado, en el documento se indica que la fuerte tendencia hacia la movilidad y el uso generalizado de redes sociales son un escenario que no puede dejarse de tomar en cuenta, sobre todo al considerar que, de acuerdo con analistas, en México internet es ya parte de la vida cotidiana, y al manos 61 por ciento de los internautas sigue al menos a una marca en redes sociales para mantenerse actualizado de novedades, promociones y descuentos.

Las redes sociales se han convertido en un frente más para la atención a clientes, y en eso las marcas interactúan siempre con las personas.

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Las empresas están caminando por un terreno fangoso ante el nuevo paradigma de los criminales de internet. Reconocer que los datos de miles de clientes han sido sustraídos no debe ser fácil cuando se corre el riesgo de perder la absoluta credibilidad como marca. Sin embargo, la situación a día de hoy no es tan peliaguda como podrá ser en un futuro.

Hasta la fecha, los clientes a título particular no podían comprobar si su correo electrónico, con el consecuente conjunto de información, formaba parte del botín de los ciberdelincuentes, a pesar de que algunas empresas hubieran reconocido un robo masivo de datos debido a una brecha de seguridad ya resuelta.

Por lo menos, no parecía posible en España hasta la próxima entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que será de obligado cumplimiento el próximo año. Troy Hunt, director regional de Microsoft en Australia, harto de los múltiples descuidos de los servicios de internet, se ha adelantado con un proyecto particular para que los usuarios puedan comprobar si algunos de sus emails están entre los grandes robos masivos conocidos hasta la fecha.

«Have I been pwned?» es un portal que comprueba el email que le indiques con una base de datos que recopila todos los correos electrónicos sustraídos en grandes robos, fruto de una brecha de seguridad, como la que tuvo lugar en LinkedIn en 2016 o en tumblr en 2013. Su continua exacerbación por lo que considera «la mayor brecha que ha puesto las cuentas de los clientes: Adobe» le llevó a trabajar en esta idea, como así lo narra en su página.

«Con frecuencia realizaba análisis de las credenciales de los usuarios tras las brechas de seguridad y seguía encontrando las mismas cuentas expuestas una y otra vez. A menudo, con las mismas contraseñas que ponían las víctimas en otras cuentas, exponiéndose a un mayor riesgo», argumenta además sobre el peligro que esos datos pueden ser puertas de entrada a otros servicios en los que los usuarios estén registrados.

Cómo denunciarlo

Una vez que el usuario corrobore si es una de las víctimas de ese robo de datos, por culpa de una brecha seguridad, la pregunta que sobreviene a continuación es, ¿tengo derecho a denunciar a la empresa por ese fallo? Pablo F. Burgueño, abogado especializado en derecho Tecnológico y fundador de NevTrace, señala a ABC que «si una empresa ha sufrido una brecha de seguridad supone que ha omitido su deber de secreto» y por tanto está «cometiendo una infracción grave».

Si el usuario quiere iniciar un proceso por la vía legal puede «pedir a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) que abra un procedimiento de inspección» para investigar desde dentro o fuera de la empresa. Sin embargo, solo las empresas españolas están actualmente obligadas a facilitar la información que exija la institución como también solo pueden ser multadas las empresas nacionales, a pesar de que el regulador pueda investigar en cualquier parte del mundo.

No obstante, «puedes ir contra Yahoo como particular, aunque la agencia no pueda multar. Si puedes probar que se te ha ocasionado un daño mediante un peritaje, puedes ir contra la empresa. En ese caso, no importa en qué parte del mundo se encuentre», se le puede demandar y exigir una indemnización por daños, como explica Burgueño.

Reglamento General de Protección de Datos

La desprotección de los usuarios ante empresas extranjeras con servicios globales va a cambiar en 2018. La entrada en vigor de las normativas europeas implica la obligación de «localizar a la persona» a la que se le han sustraído los datos y en el caso de que no sea posible se debe contratar un espacio en un medio de comunicación dirigiéndote como empresa a los clientes.

Por otro lado, los usuarios podrán pedir una indemnización si no se les ha alertado y se les impondrá una multa a las compañías de «diez millones de euros o hasta el 2% del negocio global del año financiero anterior de esa empresa» por no haberlo comunicado, apunta el fundador de NevTrace. La sanción financiera elegida será siempre la más alta.

Publicado en Internet

I. Los datos personales

Sin duda, una de las expresiones más sentidas de nuestra privacidad consiste justamente en la información confidencial que nos corresponde como personas.

En el marco de la era digital, cuestiones relacionadas con nuestro cuerpo como la composición sanguínea, el ADN, el iris de los ojos, las huellas dactilares, entre otras, cobran mayor trascendencia debido a que constituyen datos personales sensibles.

Es impresionante lo que representan económicamente esos datos para el mercado.

Gracias a la información personal, las empresas pueden esbozar estrategias comerciales para determinar cuáles son las tendencias y la frecuencia de consumo, también para la promoción de ventas y para propiciar clientelas cautivas. De ahí lo delicado de que para los debidos usos de la información personal se manifieste expresamente nuestro consentimiento.

Fenómenos ilícitos tales como el tráfico subrepticio de información personal o la usurpación o suplantación de identidad son producto de la violación a los datos personales, en algunos casos por la venta indebida de esa información y, en otros supuestos, por la intromisión en nuestro ámbito privado por parte de la ciberdelincuencia. 

Por otra parte, hoy en día es muy común que quienes tienen acceso a Internet utilizan cotidianamente las redes sociales. Estos espacios electrónicos de comunicación se alimentan de los datos personales de quienes así lo aceptan. Cada vez más las campañas de mercadotecnia en esos sitios se intensifican y generan grandes ganancias. Por ejemplo, Facebook en el tercer trimestre de 2017 facturó cerca de diez mil millones de dólares. 

Otro de los aspectos que también hay que considerar es la información confidencial que poseen los órganos del poder público, sea en sus archivos tradicionales, o sea en las múltiples bases de datos que poseen. Cuestiones como los expedientes clínicos en hospitales públicos, datos personales del padrón electoral o del registro de contribuyentes dan cuenta de la creciente responsabilidad de los gobiernos en lo relativo a la adecuada administración de los datos personales.

II. Las instancias nacionales e internacionales que promueven la salvaguarda de la información confidencial

En muchos países del mundo se han constituido agencias públicas dedicadas a la promoción y garantía de los derechos relacionados con los datos personales (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

Al mismo tiempo, instancias internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC), la Unión Europea y el Consejo de Europa, se han empeñado en generar reflexiones y en compartir mejores prácticas en la materia.

La tendencia mundial es el establecimiento de reglas estandarizadas y uniformes, así como de parámetros internacionales de interpretación para la debida defensa de la dignidad de la persona en el campo de su información confidencial frente a particulares y entidades públicas.

3. Los esfuerzos inacabados para lograr una ley modelo sobre tutela de datos personales de índole interamericana

A partir de 1996, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha insistido en la importancia del acceso a la información pública y la protección de los datos personales, para lo cual se integró un Comité Jurídico Interamericano, el cual formuló consideraciones de cara al diseño de posibles instrumentos de carácter internacional.[1]

Asimismo, la OEA impulsó la elaboración de una investigación, con carácter preliminar, en torno al cuidado de los datos personales. Dicho estudio, en 2011, se sometió a la consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA.

En 2012, por encargo de la propia Asamblea General de la OEA, el Comité Jurídico Interamericano de referencia formuló 12 principios cuya finalidad es impedir violaciones a la información confidencial, en particular, el acceso indebido o el uso irregular de los datos personales, a saber:

1. Objetivos legítimos y justos.

2. Claridad y consentimiento.

3. Pertinencia y necesidad.

4. Uso restringido y retención.

5. Obligación de confidencialidad.

6. Salvaguarda y seguridad.

7. Fidelidad de la información.

8. Acceso y rectificación.

9. Datos sensibles.

10. Responsabilidad.

11. Transferencia transfronteriza de información y responsabilidad.

12. Publicitación de las excepciones.

Para 2013, de nueva cuenta, la Asamblea General de la OEA mandató al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de propuestas para regular la salvaguarda de los datos personales, además de esbozar una ley modelo en materia de protección de datos personales con base en la experiencia internacional.

En ese mismo año, se designó a un Relator sobre la materia, quien hizo extensa consultas con especialistas, académicos, funcionarios públicos y otros personajes vinculados con la elaboración de principios y mejores prácticas en la materia.

Debido a las dificultades que ha significado la sistematización de toda la información relacionada con el tema, al día de hoy no se cuenta con una ley modelo interamericana que ampare los datos personales.

En 2015, el Relator apuntó que lo más adecuado por el momento sería articular una Guía Legislativa para los Estados miembros, sustentada en los 12 principios que ya habían sido adoptados, con leves modificaciones.

El propósito de la Guía mencionada se constriñe en servir de apoyo para que los Estados integrantes de la OEA expidan sus ordenamientos jurídicos nacionales en el ámbito de la custodia de los datos personales.[2]



[1] Pueden consultarse en el sitio web de la Organización de los Estados Americanos: www.oas.org.

[2] Informe sobre Privacidad y Protección de Datos Personales (CJI/doc.474/15 rev. 2) rendido por el CJI durante su octagésimo sexto período de sesiones, realizado del 23 al 27 de marzo de 2015 en Río de Janeiro, Brasil.

Publicado en Colaboradores

Google ha anunciado una extensión en su política de seguridad que obligará a partir de ahora a todas las aplicaciones alojadas en Android que recopilen datos personales a pedir el consentimiento del usuario y ofrecerle obligatoriamente una política de privacidad.

Tras estos cambios, las aplicaciones que manejen datos personales del usuario como el número de teléfono, el correo electrónico o datos del dispositivo tendrán que solicitar consentimiento al usuario y ofrecerle una política de privacidad, que el usuario deberá aceptar expresamente.

El navegador, a través del servicio Google Safe Browsing, mostrará advertencias y alertas de las apps o los sitios web que conducen a aplicaciones que recopilan datos personales de un usuario sin su permiso. Además, si una app recopila y transmite información personal no relacionada con sus funcionalidades, deberá resaltar antes de llevar a cabo el proceso cómo serán tratados esos datos y solicitar el visto bueno del usuario.

Dos meses de plazo

Estos requisitos de recopilación de datos se aplican a todas las funciones de la aplicación. Por ejemplo, durante el análisis y los informes de fallos, la lista de paquetes instalados no relacionados con la aplicación no puede transmitirse desde el dispositivo sin una divulgación destacada y un consentimiento afirmativo.

Google ha comenzado ya a aplicar estas medidas y da dos meses a los desarrolladores para renovar sus aplicaciones y mostrar estos mensajes de advertencia en aquellos casos que no se ofrezcan ya. A partir del 30 de enero de 2018. Google empezará a eliminar aquellas apps que no lo cumplan. La medida tendrá efecto tanto sobre las aplicaciones descargadas a través de Google Play como de otras tiendas online

Publicado en Apps
Viernes, 01 Diciembre 2017 08:35

IFT no dará a conocer grabación privada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la orden emitida al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que entregue la grabación de una reunión privada entre sus comisionados y representantes de la empresa Tele Fácil.

 

Al admitir a trámite la controversia constitucional promovida por el IFT contra una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Corte suspendió la orden para que el comisionado Joel Salas tenga acceso a la grabación, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL.

 

La reunión de la que fue solicitada la información ocurrió entre 22 funcionarios del IFT y directivos de Tele Fácil el 5 de marzo de 2015.

 

El Inai consideró que la negativa del IFT a que el comisionado Salas tenga acceso a la grabación “carece de sustento legal”.

 

“El IFT no puede negar el acceso a la información solicitada por el particular, a los comisionados y secretarios de acuerdos y ponencia del Inai”, resolvió el organismo de transparencia.

 

En su resolución, el Inai reconoció que las grabaciones son información reservada, pero conforme a las facultades que tiene como organismo autónomo, solicitó revisar su contenido para evaluar si debían mantenerse reservadas en su totalidad.

 

En otras ocasiones, el Inai se ha visto en conflicto con otros sujetos obligados, como la Procuraduría General de la República, para revisar el contenido de información que es solicitada por ciudadanos para decidir si confirma o revoca la negativa de acceso.

 

Sin embargo, esta es la primera vez que esta facultad es impugnada por otro organismo constitucionalmente autónomo, es decir, de la misma naturaleza que el Inai, ante la Suprema Corte de Justicia.

 

En su demanda, el IFT argumentó que al ser el único mecanismo permitido para tener contacto con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión que regula, la ley federal en la materia establece que las grabaciones de las reuniones que sostiene con ellos, sólo son accesibles para “determinados sujetos y bajo ciertas condiciones”.

 

Defenderá cumplimiento. El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, dijo defenderá ante la Corte el cumplimiento de su resolución contra el IFT.

 

“El IFT omitió precisar que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, así como que la limitación se adecua el principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”, detalló.

 

Comentó que el Inai interpondrá un recurso contra el fallo, porque el IFT debe acatar las resoluciones del pleno, y “en el caso concreto, debe elaborar la prueba daño, precisando las razones, motivos y circunstancias de la información que está reservando”.

 

 

 

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