Martes, 17 de octubre del 2017
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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica estableció una velocidad de conexión mínima de Internet de 256 Kilobyte por segundo (Kbps) para los clientes de telefonía móvil pospago. Después de la controversia ocasionada por la aplicación de la política de “Uso justo de Internet”, que establece la disminución de la velocidad de navegación para los clientes se excedan de su plan de datos contratado.

En marzo de 2017, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dijo que comenzaría a aplicar esta medida, lo cual significa que bajaría la velocidad al mínimo, es decir 128 Kbps.

La decisión sigue a una orden de la Sala Constitucional, que solicitó a la Sutel imponer un mínimo de velocidad temporal en un plazo de 30 días, con una línea de base más permanente que se adoptaría en un plazo de cuatro meses, una vez que se hubieran realizado los estudios técnicos necesarios.

Sin embargo, en respuesta a la Sala Constitucional, la Sutel dijo que la política de Uso Justo había sido derogada el 28 de septiembre debido a que las condiciones que motivaron el establecimiento de la política en 2014 habían cambiado. Por ello, la entidad dio instrucciones a los operadores para eliminar inmediatamente la política de Uso Justo de sus contratos.

 

La Sutel basó la decisión de establecer 256 Kbps, en sus estudios demostraron que la tasa de transferencia era suficiente para garantizar el funcionamiento de las aplicaciones móviles más utilizadas por los costarricenses. La entidad destacó que revisará la tasa cada dos años, o antes si un cambio tecnológico requiere una revisión de la velocidad funcional establecida.

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Kölbi, Movistar y Claro están preparando y lanzando nuevas ofertas para convertirse en el mejor postor y atraer más clientes a sus carteras.

Esto a menos de 15 días de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) declarara competencia efectiva en el mercado de telefonía móvil.

Anteriormente los tres operadores móviles debían ofrecer los mismos planes de comunicación y establecer tarifas según el mínimo y el máximo de los precios determinados por la Sutel.

Ahora que Sutel dejó el sector por la libre, los operadores aprovechan el poder que tienen sobre estas decisiones y prometen precios renovados, servicios gratuitos y nuevos paquetes.

 

Hasta el momento Kölbi y Movistar han realizado los primeros movimientos que dejan ver que la competencia se va a dividir entre una guerra de precios y ofertas, situación que no ha pasado con Internet fijo, roaming y telefonía internacional, que están en competencia desde diciembre del año pasado.

Mientras que Claro confirma que aún está afinando nuevos planes y productos a la medida de los clientes pospago.

“La perspectiva es que se genere un mayor dinamismo a la industria, por medio de ampliación de servicios y productos, de nuestra parte estamos trabajando basados en necesidades específicas de la gama de nuestros consumidores”, explicó Carolina Sánchez, representante de Claro.

Movistar fue la primera empresa en aprovechar las libertades de las que ahora dispone y aumentó el Internet de sus planes para diferenciarse de sus semejantes y “regalía” en temas de pago.

Ahora los seis planes disponibles ofrecen más velocidades, están disponibles opciones que van desde 3 GB hasta los 25 GB, dependiendo de la modalidad y el plan contratado, además de la oferta de obtener 500 MB adicionales a la velocidad del plan si paga mediante débito automático o antes de fecha de vencimiento.

 

“Prevemos que los usuarios tendrán la tendencia hacia planes que ofrezcan cada vez más velocidad, los precios actuales son producto de la presión competitiva y no de la regulación tarifaria que nos regía”, comentó José Pablo Rivera, gerente de Regulación de Movistar.

Kölbi cambió totalmente los planes pospago con nuevos precios y ofertas que antes no estaban permitidas por el regulador.

Ahora la telco nacional tiene tres nuevos paquetes de comunicación, 4G K, Fusion K y Conversón K, que están disponibles en una tabla de precios que va desde los ¢8 mil hasta los ¢48 mil.

Algunos paquetes cuentan con “beneficios” que los usuarios pueden activar por un tiempo definido de 90 días la posibilidad de usar las apps WhatsApp, Waze, Facebook e Instagram “gratis”, es decir sin que se les consuma la capacidad de Internet que contrataron.

MAYOR LIBERTAD

Sutel no regulará más la parte económica del mercado móvil y deja a operadores

  • Fijar precios
  • Cambiar planes
  • Nuevos servicios
  • Regalías 
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La declaración de competencia en el mercado móvil tiene preocupados a muchos usuarios, ante el temor de que las tarifas del servicio celular escalen.

Dicha declaratoria permite a las operadoras establecer sus precios según la dinámica de la competencia, debido a la madurez del mercado local, que estará libre de los topes que establecía la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Lejos de ser una medida que venga a encarecer los servicios, esta más bien podría beneficiar a los usuarios, al tener las operadoras mayor libertad para diversificar sus ofertas, según Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.

Dicha organización agrupa a las empresas que ofrecen servicios de comunicación, telefonía, cable e Internet en nuestro país.

“Había una necesidad de dar este paso, ya que el mercado está maduro. No hablamos de algo nuevo, sino de la constatación de una serie de características en el mercado que la Sutel reconoce”, explicó Ramírez.

 

 

El cambio en la dinámica del mercado será paulatina y Sutel intervendrá en caso de que se identifique competencia desleal y seguirá atendiendo las denuncias de los usuarios.

“Es importante que los usuarios se informen de los beneficios de una declaratoria de competencia, porque esto no se traduce necesariamente en precios más altos o que se dejará al consumidor desprotegido”, agregó Ramírez.

Política de uso justo

La política de uso justo en la modalidad pospago también entra a la palestra, debido al creciente consumo de datos móviles en los últimos años.

La libertad tarifaria permitirá a los operadores mejorar su oferta en cuanto a planes celulares y límite de datos, por lo que los consumidores tendrán más opciones de acuerdo a sus necesidades, según Ramírez.

Sin embargo, la política de uso justo se mantendrá para asegurar la “disponibilidad del recurso”, en este caso, los datos móviles.

“Esta política nace justamente para proteger al usuario; hablamos de un recurso limitado del cual debe hacerse un uso racional”, defendió Ramírez.

Dicha medida fue impugnada ante la Sala Constitucional, que dio un mes a la Sutel para definir una velocidad de Internet provisional mínima, y que sea funcional, para penalizar a los usuarios.

Dicho plazo vence mañana.

Después de este periodo Sutel tiene otros cuatro meses para presentar una medida permanente que modifique el mínimo de 250 kilobytes de descarga establecidos como penalización tras cumplir con la cuota mensual de consumo.

“La gente tiene que asumir su consumo de Internet responsablemente, pues es justo que quiénes consumen más paguen más y quiénes consumen menos, paguen menos”, finalizó Ramírez.

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El Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) declaró días atrás en competencia el mercado de telefonía e Internet móvil, lo cual permite la liberación de las tarifas. Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes impugnó la decisión del regulador, bajo el argumento de que el proceso no cumple lo establecido por la ley.

La Defensoría sostiene que los mercados no cumplen íntegramente con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes, alegó que es un acto administrativo plagado de vicios. “En esas condiciones, la declaratoria de competencia efectiva de este mercado es contraria al ordenamiento jurídico”, puntualizó Solano.

La Defensoría dijo que las reducciones de precios en los últimos años se debieron a factores distintos de la competencia, acusando a la entidad de omitir la información pertinente y cuestionando la opinión de Sutel de que los operadores habían diferenciado los enfoques competitivos.

Asimismo indicó que la asignación del total del espectro radioeléctrico para Claro, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Movistar constituiría una barrera absoluta que impide el ingreso de nuevos operadores.

 

Por su parte, los operadores Claro y Movistar, se han mostrado satisfechos con la decisión de la Sutel.

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La Defensoría de los Habitantes impugnó ante el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la resolución de declaratoria de competencia en el mercado de celulares que permite liberar las tarifas de telefonía e Internet móvil.

El recurso de revocatoria presentado por la Defensoría sostiene que no se cumple a cabalidad con lo ordenado por el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones de emitir una resolución debidamente fundamentada.

"La resolución impugnada hoy (28 de setiembre) por la Defensoría está lejos de ser ese tipo de resolución", argumentó Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes.

Solando dijo que es un acto administrativo plagado de vicios que mina el fundamento que el legislador le ordena a la Sutel tener para ordenar la desregulación tarifaria de esta actividad.

"En esas condiciones, la declaratoria de competencia efectiva de este mercado es contraria al ordenamiento jurídico", reiteró.

Los operadores y la industria, al contrario, se habían mostrado satisfechos con la resolución de la Sutel la semana anterior.

Gilbert Camacho, presidente del consejo de la Sutel, indicó que hasta este 28 de setiembre sólo se ha recibido un recurso de revocatoria a la resolución de declaratoria de competencia, pero que el plazo para presentar recursos no ha vencido.

"El plazo para responderlo será determinado por el número total de recursos recibidos", explicó Camacho.

LEA Operadores satisfechos con Sutel, pero Defensoría apelará liberación de tarifas de datos y telefonía móvil

En criterio de la Defensoría la resolución de la Sutel para declarar la competencia en el mercado móvilno cumple con lo que exige la Ley de estar suficientemente fundamentada. FOTO ARCHIVO EF

Apelación

La Defensoría sostiene que la resolución RCS-248-2017 de Sutel padece serios e insubsanables vicios en su motivo, de incongruencia entre el motivo y el fin del acto, y de ilegalidad por violentar, separarse o interpretar más allá de lo dispuesto en resoluciones del mismo regulador.

Las falencias se estarían presentando en el análisis de la mayoría de los parámetros que utilizó la Sutel para llegar a la conclusión de que el mercado en cuestión está en competencia efectiva y se estarían advirtiendo en el análisis sobre la estructura del mercado y los participantes del mismo.

La Defensoría también reiteró que en Costa Rica se está en presencia de un oligopolio y para ello se requiere de regulación para evitar prácticas monopolísticas en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios.

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Agregó que Sutel omitió deliberadamente información que demostraba que el efecto de reducción de precios no es producto de que el mercado esté en competencia efectiva, sino de otras circunstancias.

Criticó que se considere inidicio de competencia que los operadores tengan "enfoques competitivos diferenciados".

La Defensoría también puntualizó que asignación del total del espectro radioeléctrico para Claro, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Telefónica Movistar constituiría una barrera absoluta que impide el ingreso de nuevos operadores.

Otro de los puntos valorados fue que la oferta de información comercial no es amigable para los usuarios, pues impide la comparación de ofertas para la toma de decisiones de consumo inteligentes.

Tampoco se habría tenido en cuenta que el grado de satisfacción con los operadores es del 52% de los usuarios, por debajo del 70% y no proporcionaría indicios de competencia efectiva en el mercado de servicio minorista de telecomunicaciones móvil.

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