Martes, 22 de agosto del 2017
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Carlos Duprat, director del Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil), manifestó que el gobierno de Brasil ha utilizado el dinero procedente de las subastas de espectro de telefonía móvil para recaudar recursos y no para priorizar la expansión de los servicios.

Los operadores móviles han pagado 170 mil millones de reales por las subastas de espectro desde 1990, realizadas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), de acuerdo con los valores del Índice general de precios - Disponibilidad interna (IGP-DI).

Duprat afirmó: “en su mayoría, las subastas fueron meramente recaudadoras. La sociedad exige que el celular llegue a las carreteras, o en distritos fuera de la sede, o quiere 4G en todas las ciudades, pero nada de eso fue exigido en los edictos de venta de frecuencias, pues la política pública del país prefirió recaudar recursos”.

El director de SindiTelebrasil, apunta que los operadores de telefonía móvil únicamente se interesan en el beneficio, por lo cual sólo instalan redes y nuevas tecnologías donde es económicamente viable. Para él, la única forma para que las empresas actúen en áreas y ciudades que no tienen viabilidad económica, es por medio de políticas públicas, pero alega  que el gobierno prefirió recaudar que crear dichas obligaciones.  

Según Duprat, por eso, Brasil podría tener 2.7 mil municipios sin ninguna obligación de atención con 4G, y con una cobertura restringida a 80 por ciento de la sede del municipio.

De acuerdo con datos de junio de 2017, de la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones (Telebrasil), 84.2 por ciento de los brasileños tienen acceso 4G, y está presente en mil 79 municipios del país.

 

Publicado en Noticias

As teles lembraram que existe um papel que cabe ao poder público para melhorar a baixa penetração dos serviços de telefonia e banda larga móvel nos municípios do interior e nas pequenas cidades. Segundo o diretor do SindiTelebrasil, Carlos Duprat, quando o Governo Federal, por exemplo, optou por leilões de frequências arrecadatórios em lugar de exigir menos recursos por mais obrigações de cobertura, acabou contribuindo para o déficit de banda larga. "Desde a privatização, as operadoras investiram R$ 170 bilhões na compra de espectro com poucas metas de abrangência", disse o executivo, que participou nessa terça-feira, 8, de audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados sobre o tema da qualidade dos serviços de telecomunicações.

Duprat afirma que, sem metas de cobertura e com elevados valores pagos pelas licenças de espectro, as empresas buscam investir em cidades onde há retorno econômico. E mesmo nas grandes cidades, diz ele, as operadoras enfrentam dificuldades para melhoria dos serviços devido aos entraves para instalação de antenas. "Em São Paulo, mesmo com o aumento de 100% do tráfego de dados, há dois anos as prestadoras não conseguem instalar uma só antena", ressaltou. O executivo disse que a associação das operadoras – Telebrasil – elaborou um ranking com as cidades amigas das telecomunicações, que criam menos entraves para a expansão da rede e adiantou que a capital paulista ocupa a 98ª posição, por exemplo.

Leer más: http://convergecom.com.br/teletime/08/08/2017/teles-culpam-governo-por-falta-de-penetracao-da-banda-larga-em-audiencia-na-camara/?noticiario=TT

 

Publicado en Telefonía móvil

En Brasil, la principal preocupación de las empresas de telecomunicaciones es el aumento de impuestos, según Eduardo Levy, presidente ejecutivo del Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil).

Durante un seminario realizado por la Agencia Nacional Telecomunicaciones (Anatel), sobre la expansión de redes, Levy opinó el sector teme que exista un aumento con la reforma tributaria debido a la prohibición del límite de datos de banda ancha fija.

El presidente de SindiTelebrasil indicó que en 2016 hubo una pequeña caída de inversión por parte de las empresas, la cual fue de 28 mil millones de reales; mientras que en 2014 llegó a 31 mil 100 millones de reales. Sin embargo, destaca que la cifra es favorable y se encuentra por encima de los 9.9 mil millones de reales del 2003.

Para Levy, el problema es que 91 por ciento de la riqueza generada es consumida en el pago de los costos financieros, alquileres e impuestos. Y considera que por esta razón, hay un gran riesgo en un ajuste tributario que comienza a ser discutido por el gobierno.

Según Levy, la modificación del impuesto para el Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución Social para el Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins), puede elevar la carga tributaria de los servicios 51 por ciento. El presidente además explicó que la mayor preocupación es con una propuesta defendida por el diputado Luiz Carlos Hauly, de aumentar el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) de las telecomunicaciones, combustibles y energía, con la excusa de que es más fácil de recaudar.

El ejecutivo también reconoce que hay una cantidad significativa, pero insuficiente, de backhaul óptico. “Si pudiera elegir un estímulo a la inversión, sería en backhaul y defendería la neutralidad tecnológica, para que se encuentre siempre la mejor forma de atención a los clientes”, afirmó. Para él, la aprobación del PLC 79/2016, que permite el intercambio de concesiones de telefonía fija por autorizaciones, sería un gran incentivo.

El presidente de la Asociación Brasileña de Internet y Telecomunicaciones (Abrint), Basílio Pérez, dijo que el sector de pequeños y medianos proveedores de Internet está en crecimiento, pero según él, si se aprueba el proyecto de ley que impide el límite de datos de banda ancha fija, va a inviabilizar a las pequeñas empresas. “Ellos tendrán que compensar con el aumento del precio y la reducción de la velocidad”, aseguró Pérez.

Luiz Otávio Prates, presidente del Sindicato Nacional de Empresas de Telecomunicaciones por Satélite (SindiSat), señaló que impedir el límite de datos de banda ancha fija también es una cuestión inquietante entre los operadores de satélites. Para él, la reducción de la Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel) para estaciones VSat es otra reivindicación del sector aún no atendida.

Prates dice que la participación del satélite en la banda ancha y su papel para Internet de las Cosas (IoT, por sus sigla en inglés) y 5G merecen más atención de las autoridades públicas.

 

En mayo de 2017, el consejero Leonardo Euler de la Anatel, presentó un estudio en el que mostró que una reducción de Fistel en el  mercado de banda ancha vía satélite favorecería la expansión de banda ancha en el país, sin un impacto negativo en la recaudación de impuestos.

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Luiz Alexandre Garcia, dono da Algar Telecom, foi reconduzido para a presidência do SindiTelebrasil e da Febratel para o mandato de mais dois anos, até julho de 2019. Este será o seu segundo mandato a frente da entidade empresarial das operadoras de telecomunicações.

Entre as suas prioridades, irá trabalhar para que as telecomunicações sejam reconhecidas por todos os satakeholders como a plataforma essencial para o desenvolvimento do país, e para o fortalecimento das entidades setorias.

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El Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil) se mostró en contra de la aprobación en el Senado de Brasil del proyecto de ley que prohíbe establecer topes de datos en los planes de banda ancha fija, al considerar que interfiere en la libre iniciativa, entra en conflicto con la Ley General de Telecomunicaciones y con la regulación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), y no considera adecuadamente los “efectos nocivos” que tal condición traerá al desarrollo de la Internet fija, la cual afectará tanto a grandes como a pequeños proveedores.

El sindicato considera que la prohibición a la oferta de paquetes con Internet de banda ancha fija limitada generará daños significativos a la mayoría de la población brasileña. Aseguró que la iniciativa hace que la mayoría absoluta de la actual base de usuarios subsidie a una pequeña minoría de internautas, “perjudicando el programa de masificación de Internet, con impacto en los precios de acceso y en las velocidades ofertadas”.

 

En caso de que la iniciativa sea totalmente aprobada, eliminaría la posibilidad de adopción de diversas tecnologías adecuadas a áreas remotas, inviabilizando la atención de la población local, dijo SindiTelebrasil en una publicación.

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