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Tres mitos sobre la desaparición de la tarifa cero de interconexión

- 13.07.2017, 15:54
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Como expuso este autor en un artículo anterior, el principal efecto claro y evidente de la tarifa cero en el servicio de terminación de llamadas en la red del llamado agente económico preponderante (AEP), fue la creación de un grupo de interés conformado por todos aquellos concesionarios beneficiarios del subsidio que significa la gratuidad de un servicio cuyo costo económico es positivo o mayor que cero, cuya tarifa ya había sido determinada por el IFT y que, por mandato de ley, se impuso la gratuidad en contrasentido de todo principio económico y legal básico.

Como evidencia de la presión mediática de tal grupo de interés, ante la inminente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la legalidad de tal régimen de servicio gratuito obligatorio por parte del AEP al resto de los operadores, se han expuesto una serie de mitos sobre los supuestos efectos de la eventual eliminación de tal tratamiento regulatorio asimétrico extremo que carece de una justificación económica o legal.

A continuación enumeraré las tres falacias sobre los efectos de una muy posible sentencia que declare inconstitucional el régimen de tarifa cero en la terminación en la red del AEP.

1. “La eliminación de la tarifa cero incrementará los precios al usuario final”. Sin duda, es el mito más citado en las afirmaciones de los concesionarios alternativos. Lo anterior es una falacia porque no es posible demostrar empíricamente que el ahorro por el uso de un insumo que se obtiene en forma gratuita tenga un efecto directo y proporcional en las tarifas en el mercado.

El ahorro que obtienen los operadores beneficiados no significa que sea equivalente en magnitud al incremento en el excedente del consumidor que se haya generado desde la vigencia del régimen asimétrico. Tales ahorros en costos de operación han sido de naturaleza fungible y pudieron representar transferencias hacia otros destinos diferentes al de disminuir las tarifas a los usuarios.

No olvidemos que las tarifas que ofrece cada uno de los concesionarios diferentes al AEP no dependen si el tráfico que tienen sus usuarios termina o no en la red del AEP, dado que las que terminan en otras redes sí implican un costo por el servicio de terminación en la red de destino.

Por otro lado, haré referencia a un artículo de Francisco Gil Díaz (ex secretario de Hacienda y alto ejecutivo de Telefónica en México) titulado “Debt Accumulation and Distorted Growth Through Subsidized Public Sector Prices”, de julio de 1986, en el cual calculaba el costo en bienestar para la economía de precios de varios servicios (agua, gasolinas, electricidad, gas, etcétera) cuando éstos se ofrecían a precios menores que su costo económico relevante.

Su conclusión era que imponer precios de tales insumos por debajo de su costo de producción o de su costo de oportunidad causaba un daño neto al país, es decir, que su costo social era mayor que el beneficio que pudiera tener el consumidor. Es peor el caso de un servicio que se ofrece a precio cero.

La diferencia en ambos casos es que en el artículo de referencia de Gil Díaz el que internaliza el subsidio era el sector público, mientras que en el caso de la terminación es el AEP el que internaliza el subsidio que otorga al resto de las redes.

Algunos estiman que “el conjunto de los operadores competidores tendría que pagar un costo agregado que asciende a 1,050 millones de dólares, derivados del cobro retroactivo de servicios de interconexión en favor del AEP”. Sin discutir la cantidad, lo anterior significa que el AEP ha subsidiado al resto de los competidores con dicho monto y que, aun siendo tal monto equivalente a una hipotética ganancia del usuario final en dicho monto, dada la distorsión en precio y su correlativo costo en bienestar, no habría beneficio neto económico alguno.

¿Qué economista puede defender la gratuidad de un servicio que necesariamente implica un costo de oportunidad por el capital que se ha invertido en su existencia? Desafortunadamente, existen y se expresan en editoriales y en declaraciones a “voz en cuello”. Todo precio que no corresponde a su costo de oportunidad social causa un costo en bienestar, no importa quién lo pague, sea el gobierno o un particular obligado por ley o, por lo menos, es una pura transferencia.

Me pregunto, ¿los apologistas de la tarifa cero serán los mismos que pudieran pretender un precio de la gasolina a niveles de Venezuela, que es la de menor precio del orbe, como lo es la interconexión en México?

2. “La desaparición de la tarifa cero significaría el fracaso de la reforma en telecomunicaciones”. Esta falacia trata de reducir la reforma en materia de telecomunicaciones a la gratuidad de un servicio en beneficio de los concesionarios alternativos al AEP, cuando han tenido un mayor impacto, y en forma directa, la eliminación del roaming nacional y en Norteamérica que sobrevino por la entrada al mercado de AT&T; la medida de mayor impacto procompetitivo que fue la liberalización de la inversión extranjera directa en toda la gama de servicios de telecomunicaciones; el aumento del espectro disponible a ser explotable comercialmente; sin dejar de señalar la eliminación de la larga distancia nacional que fue la que tuvo el mayor impacto en el índice de precios de servicios de telecomunicaciones cuando entró en vigor.

No es posible atribuir a un solo elemento de los componentes de la reforma, y sin duda el de menor justificación económica, todos los beneficios en tarifas y crecimiento del mercado en los últimos tres años. Con el tiempo, se podrán identificar cómo cada uno de ellos contribuyó al crecimiento del mercado, pero dudo que el régimen asimétrico, que son sólo disposiciones para hacer apetecible la entrada al mercado nacional y permanecer en el mismo, haya contribuido en algo frente al resto de las medidas de la reforma.

3. “[Con la tarifa cero] hicieron de México un lugar muy atractivo para invertir y sin ellas no hubiéramos entrado al mercado”. Un competidor cuya rentabilidad esperada de entrar a un nuevo mercado está determinada por el tratamiento asimétrico, incluida la tarifa cero o gratuidad en la terminación en la red del AEP, es decir, por la existencia de un subsidio en sus costos operativos, es un competidor ineficiente y, por lo tanto, no debería estar en el mercado, porque sólo da lugar a la búsqueda de rentas y a la ineficiencia en el mercado.

Es decir, sólo invertirá en ser receptor del subsidio y no por generar valor a sus accionistas por su innovación, sino por su capacidad de maniobrar para prolongar su posición de empresa apalancada regulatoriamente.

No creo que AT&T sea tal tipo de competidor, por lo que su entrada al mercado nacional hubiera sucedido independientemente de la existencia o no de una tarifa cero. El determinante tal vez fueron los términos de la adquisición de la red operada por Grupo Salinas como la oportunidad de entrada, y a partir de ahí todo subsidio que se espera sólo apalancaría su rentabilidad esperada.

La tarifa cero no incentiva la inversión de los concesionarios alternativos al AEP. Recordemos que una tarifa que corresponda al costo de oportunidad social orienta las decisiones de inversión; una tarifa cero sólo desincentiva la inversión dado que no exige esfuerzo alguno por buscar alternativas o eficiencias para disminuir sus costos operativos.

Tal vez ahora, de no haber existido tarifa cero, estaríamos viendo a AT&T desplegar redes de fibra óptica al hogar o con redes hibridas (fijas y móviles), pero el subsidio causa una cómoda posición en el mercado. Tal vez el subsidio de referencia le ha permitido gastar en publicidad que de otra forma hubiera tenido que erogar en redes propias.

La línea de razonamiento de los apologistas de la tarifa cero llevaría a reinstalar los subsidios generalizados en hidrocarburos, electricidad y otros bienes y servicios con el objeto de “disminuir precios a los consumidores, incentivar inversión o atraer a nuevos competidores a otros mercados”.

Así como tales políticas son consideradas como populistas, contraproducentes para las finanzas públicas e incompatibles con un crecimiento sostenido, de igual forma lo es el que permanezca la tarifa cero que establece el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al ser una medida proteccionista que otorga beneficios exclusivos a un cierto grupo de competidores en detrimento de un solo concesionario, se distorsiona la asignación de recursos por parte del que otorga el subsidio como del que lo recibe. No será sostenible dado que compromete la capacidad financiera del que aporta obligadamente el subsidio o transferencia.

Como señalaba el propio Francisco Gil Díaz en su artículo: “Además de la inversión y los gastos corrientes necesarios para saciar las cualidades demandadas inducidas por precios artificialmente bajos, el sector público también ha renunciado a los ingresos... y ha acumulado los costos financieros que han resultado de estas políticas.”

Lo mismo puede ser afirmado para el AEP y la tarifa cero. Es en casos como estos cuando los principios básicos de una economía de mercado deben prevalecer. En el nombre de “piso parejo” y “protección de la competencia” también se puede caer en los devaneos del proteccionismo, la complicidad con grupos de interés y el chantaje regulatorio.

Ramiro Tovar

Consultor independiente en regulación y competencia económica.

Profesor Numerario y asesor del la Oficina de Rectoría del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La opinión del autor no refleja necesariamente la opinión del Instituto al que se encuentra afiliado.

Síguelo en Twitter: @R_Tovar_Landa

 

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