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Bolivia cerca de regular redes sociales

- 14.06.2016, 12:55
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El gobierno de Bolivia ha mostrado al menos dos frentes para controlar la difusión de contenidos propios y ajenos en redes sociales: la creación de la Dirección General de Redes Sociales y la intención de elaborar una normativa que prohíba el anonimato y la difamación de funcionarios públicos.

 

A mediados de abril de 2016, el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 2731 por el cual creó la Dirección General de Redes Sociales dentro de la estructura del Viceministerio de Gestión Comunicacional, dependiente del Ministerio de Comunicación.

 

El gobierno boliviano argumentó que la intención es mejorar la difusión de las estrategias gubernamentales, ampliar la consulta e interacción del Ejecutivo con las cibercomunidades e impulsar las plataformas de información y comunicación de la gestión estatal.

 

Miembros del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) dijeron que también se busca regular el uso de redes sociales con el objetivo de evitar expresiones discriminatorias y racistas que puedan violar derechos de funcionarios públicos y particulares. Además, aseguraron que ciertos sitios en Internet que funcionan en Bolivia están financiados por entidades extranjeras que buscarían intervenir en asuntos exclusivos de los bolivianos, según información del diario local El Deber.

 

La normativa que modifica el Decreto Supremo 793 sobre la estructura jerárquica del Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Redes Sociales, establece dentro de sus atribuciones desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno con las cibercomunidades, a través del uso de redes sociales y promover el uso de dichas redes sociodigitales con la sociedad civil.

 

Adicionalmente, el gobierno trabaja en una ley que regularía el uso de las redes sociales. Aunque el proyecto de ley es privado y no se ha dado a conocer, algunos legisladores bolivianos como Víctor Borda y Leonardo Loza han revelado que el texto “prohibirá el anonimato en Internet; castigaría la difamación en línea de funcionarios públicos; prohibiría la recolección y tratamiento de información personal sin consentimiento” y crearía una oficina de gobierno para monitorear las redes sociales, según información de Accessnow.

 

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, también señaló que la nueva normativa no limitará la libertad de expresión, sino que se centrará en perseguir “la violación de datos personales, afectación a la honra en redes sociales y la creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos de niños, niñas y adolescentes”, declaró para el medio local Erbol.

 

Por su parte, el diario local La Razón afirma que al menos existen tres proyectos de ley que se alistan para regular las redes sociales. Además de la información revelada por Borda, María Elva Pinckert, senadora de la bancada de Unidad Demócrata (partido de oposición), señaló que el objetivo del gobierno reside en evitar la trata y tráfico de menores.

 

Ambos proyectos concuerdan en que debe de evitarse el anonimato en redes sociales. Sin embargo, el contenido de los documentos aún es incierto.

 

 Voces en contra

 

Ante la iniciativa del gobierno, algunos ciudadanos y especialistas se manifestaron en contra. El abogado Carlos Alarcón y el excandidato a gobernador del PDC, Julio Alvarado, junto con más ciudadanos, encabezaron una iniciativa legislativa ciudadana para "evitar que el gobierno del MAS controle las redes sociales".

 

En el primer artículo, la norma presentada por los profesionales establece que se garantice “el pleno e irrestricto respecto de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, opinión e información en todas las redes sociales que utilicen cualquier tipo de tecnología informática o mecanismo de difusión o transmisión".  

 

Eduardo Rojas, experto en redes, señaló que si bien es loable la decisión del gobierno por mejorar su relación comunicacional con la población, es necesario contar antes con un estudio y diagnóstico para definir el tipo de incorporación en los niveles del Estado.

 

Por su parte, Alberto Astorga, representante nacional de la plataforma Otra Izquierda es Posible (OIP), dijo: "ya hay sanciones en el Código Penal, no sé por qué están haciendo esta ley; lo que en realidad quieren es amordazar para que nadie hable mal de la gestión del Presidente”.

 

Astorga señaló que el proyecto de ley apunta a coartar la libertad de expresión en el espacio digital “para que no se hable sobre los actos de corrupción del gobierno”, según información del diario local Página Siete.

 

El representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Leonardo Loza, señaló que además el proyecto de ley establece multas y penas privativas de la libertad.

 

Además, se ha generado un descontento relacionado con el monto destinado a la Dirección General de Redes. Marianela Paco, ministra de Comunicaciones, señaló que crear la nueva oficina requerirá de 30 funcionarios y costará alrededor de 7.3 millones de bolivianos.

 

Ante este anuncio, el senador opositor Arturo Murillo señaló que es “absurdo gastar 7.3 millones de bolivianos” sólo para que 30 personas se encarguen de generar información del gobierno en distintas plataformas virtuales como Facebook y Twitter, y para monitorear las tendencias en los medios, así como periodistas opositores con el fin de “responder a los ataques con información”.

 

Cabe señalar que las conexiones a Internet en Bolivia crecieron 45.5 por ciento durante 2015, al pasar de 4 millones 981 mil 693 a 7 millones 251 mil 366, según el informe Estado de situación de Internet en Bolivia, emitido por Autoridad de Fiscalización y Supervisión de Telecomunicaciones y Transporte (ATT). Según datos del órgano regulador, al concluir 2015 se registraron 198 mil 596 conexiones alámbricas (2.74% del total), 11 mil 144 inalámbricas (0.22%) y 7 millones 13 mil 741 móviles (2, 3 y 4G) (96.72%).

 

Hasta la fecha se habría trabajado sólo con cuatro o cinco personas que hacían esta labor; la diferencia es que ahora se incorpora un equipo de 30 personas, señaló la ministra de Comunicaciones.

 

El profundo interés que tiene el gobierno boliviano por regular los contenidos que circulan a través de las redes sociales se intensificó en febrero de 2016, cuando Evo Morales fue acusado de tráfico de influencias “en beneficio de una empresa China donde una ex pareja suya ocupaba un alto cargo ejecutivo”, según información de Accessnow. Pocos días después del escándalo, tuvo lugar el referéndum para reformar la Constitución de Bolivia para permitir al presidente Morales postularse para un cuarto mandato; sin embargo, la mayoría de los bolivianos votó contra la reforma, rechazando la posibilidad de reelección.

 

El gobierno atribuyó esta derrota política a una campaña de desprestigio y difamación que se llevó a cabo en redes sociales contra el presidente Morales, muchas de las acusaciones eran anónimas, aseguró el partido del gobierno. Poco tiempo después, la Asamblea Legislativa comenzó a hablar sobre la regulación del uso de las redes sociales para “castigar la difamación de personajes públicos o privados”.

 

A través de su Editorial, el diario local El Deber señala que las acciones regulatorias del gobierno de Morales sobre la prensa independiente y medios de comunicación parecen trasladarse a Internet, en especial a las redes sociales con fines políticos. Además, pone en duda las intenciones del gobierno de combatir la discriminación y más bien pretende moderar a quienes utilizan las redes sociales para informar o expresar sus puntos de vista divergentes con el actual gobierno.

Modificado por última vez en Martes, 14 Junio 2016 13:31
Liliana Juárez

Liliana Juárez es editora de contenidos y multimedia de Grupo Mediatelecom y de la Agencia Informativa Mediatelecom

Síguela en Twitter: @lili_comm

 
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