Viernes, 15 de diciembre del 2017
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Los brasileños podrán evitar las llamadas de telemarketing, gracias al proyecto de ley  420/2017, aprobado por la Comisión de Transparencia, Gobernanza, Fiscalización y Control y Defensa del Consumidor (CTFC) del Senado el 13 de diciembre.

El texto prohíbe a las empresas llamar al consumidor para vender productos y servicios. Asimismo, establece que los organismos públicos de defensa del consumidor deberán desarrollar un sistema por el cual el consumidor que no desea recibir llamadas de telemarketing pueda inscribirse en el registro.

Durante la votación del proyecto se realizaron algunas pequeñas modificaciones, entre ellas la previsión de que la inclusión del teléfono en el registro no tenga ningún costo para el consumidor. Además determinó que los organismos públicos de defensa del consumidor implantaran el registro telefónico de prohibición en el plazo de 90 días a partir de la vigencia de la ley.

En caso de que no haya recurso para votación en plenario, el texto seguirá para su análisis en la Cámara de Diputados.

 

Brasil no es el único país en implementar medidas para restringir el telemarketing. En 2016, el regulador de telecomunicaciones británico, la Ofcom lanzó su servicio “text-to-register”, que permite a los usuarios la posibilidad de darse de alta en una base de datos para evitar recibir todo tipo de llamadas de telemarketing enviando tan sólo un mensaje de texto.

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Jueves, 14 Diciembre 2017 09:51

Claro Brasil ofrece seguro para celulares

Lo clientes de telefonía móvil pospago de Claro Brasil podrán contratar un nuevo servicio de seguro llamado Protección Móvil. Para el servicio, Claro se asoció con Asurion, prestadora de servicios de soporte técnico, y con Liberty Seguros, para la venta de seguros para smartphones y tablets.

Protección Móvil sólo podrá ser adquirido cuando los clientes compren un dispositivo nuevo. El seguro brinda cobertura por 24 meses, y ofrece un equipo de respuesto si el aparato asegurado ha sufrido daño físicos, fallas eléctricas o mecánicas, o robo. Además, ofrece una reposición rápida, tras el comunicado del siniestro, con el aparato sustituto entregado en la residencia del cliente.

Por el momento, el servicio está disponible en 95 tiendas Claro, pero a partir de 2018 estará disponible en todas.

 

El valor del seguro varía según el modelo del dispositivo y se pagará a través de la factura del operador.  

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El operador brasileño de telecomunicaciones Oi, presentó una nueva propuesta para salir del proceso de recuperación judicial en el que se encuentra desde junio de 2016, cuando se declaró en un bancarrota por más de 64 mil millones de reales. El nuevo plan prevé la conversión de de la deuda por hasta el 75 por ciento de la acciones de la empresa.

El plan anterior establecía un límite de conversión de 25 por ciento para los tenedores de bono; sin embargo, en la nueva propuesta podrán negociar su deuda por hasta 75 por ciento del capital del operador, lo cual significa que la empresa puede ser adquirida por acreedores.

El texto también establece una capitalización mínima de 4 mil millones de reales, que puede llegar a 6.5 mil millones con la emisión de nuevas acciones. Asimismo, una reestructura  para el pago de la deuda con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que prevé que las multas serán pagadas en 20 años, con ajuste tasa básica de intereses.

El presidente de Oi, Eurico Teles, presentó el plan y explicó los cambios realizados en el mismo, “después de más de 18 meses de negociaciones con los diversos acreedores, llegamos a un nivel de conversión de deuda en acciones considerando un equilibrio entre el valor económico para los accionistas y la recuperación de crédito para los acreedores. Entendemos que es la ecuación posible y que viabiliza un plan de negocios sostenible para la compañía y la aprobación del plan en asamblea de acreedores”.

Según Oi, de la deuda total, 49.4 mil millones de reales representa la deuda financiera, mientras que el resto involucra pasivos laborales, con proveedores, además de las multas impuestas por Anatel, tanto en la esfera administrativa como en la judicial.

“El resto de los créditos se considerará con descuento o estiramiento de plazo en la forma del plan y de acuerdo con la capacidad de generación de caja de la compañía. El plazo medio de la deuda, por ejemplo, quedará por encima de 10 años”, indicó la compañía.

La empresa espera que la nueva versión del plan sea aprobada en la Asamblea General de Acreedores (AGC, por sus siglas en portugués) programada para el 19 de diciembre.

Oi también manifestó dijo que un grupo de tenedores de bonos confirmó estar dispuesto “a prontamente proporcionar u obtener compromisos firmes de garantía de la suscripción integral del aumento de capital de 4 mil millones de reales previsto en el plan”.

 

Según el presidente de la compañía el plan garantiza condiciones para que haya aumento en el nivel actual de inversiones de la empresa. “La inversión de la compañía aumentará de un promedio anual de 5 mil millones de reales a 7 mil millones en los primeros tres años, que se destinarán a la expansión de la infraestructura y proyectos estratégicos”, apuntó Teles.

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La empresa de telecomunicaciones, Oi, mantiene una deuda de 11 mil millones de reales con el gobierno de Brasil incluida en el proceso de recuperación judicial, la cual podría ser completamente reestructurada conforme a la medida provisional elaborada por la Abogacía General de la Unión (AGU) que aborda las deudas de las empresas en recuperación judicial con los municipios federales.

La medida provisional cubrirá la deuda por multas correspondientes a la AGU y  a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), y no incluirá a los bancos públicos, como se había propuesto inicialmente.

La propuesta radica en la integración al Programa de Refinanciamiento de multas (Refis) aprobado por el Congreso Nacional. En el cual se mantiene un plazo de 20 años para el pago de la deuda, con un el primer 20 por ciento de la deuda total.

El porcentaje de 20 por ciento impidió inicialmente que Oi se integrará al Refis aprobado, ya que significa un pago inmediato de más de mil millones de reales, lo que podría debilitar mucho la caja de la empresa.

La medida provisional de la AGU permitirá que para el primer pago se utilicen los recursos ya depositados en juicio. Según el presidente de la compañía, Eurico Teles, existen 1.4 mil millones de reales en depósitos judiciales, que podrían ser usados inmediatamente, lo cual significaría que Oi sólo deberá aportar alrededor de 300 millones de reales para ingresar al programa.

El texto también contempla la reducción del monto de la deuda que debe ser pagado por Oi, a través del recorte de los intereses aplicados sobre las multas, el cual podría ser superior a 40 por ciento.

En la medida provisional, ya no existe la posibilidad de transformar las multas en inversiones en red de banda ancha, a través de un Término de Ajuste de Conducta (TAC). La Anatel y Oi ya no podrán firmar ningún TAC como tenía previsto el operador. Por su parte, la agencia informó que de acuerdo a su nuevo reglamento después de que un TAC es negado, no puede ser renegociado. Y los dos TACs que estaban en trámite en la agencia ya fueron rechazados, uno por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el segundo por el consejo directivo de Anatel.

Por ello, la deuda de Oi con gobierno incluida en el proceso de recuperación judicial sólo tiene la opción de integrarse al Refis.

 

La propuesta será presentada por Eurico Teles al juez Fernando Viana, del séptimo Tribunal de Río de Janeiro responsable del proceso de recuperación judicial de Oi.

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Brasil brindará conectividad a 40 mil puntos en municipios desatendidos en 18 meses, como parte del programa Internet para Todos. La meta fue presentada por el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, (MCTIC) Gilberto Kassab.

En enero de 2018, será lanzado oficialmente el programa una vez que se incorporen 300 municipios de São Paulo, Amazonas y Santa Catarina, considerados prioritarios. Se prevé que estos municipios estén conectados para febrero.

Kassab explicó que el gobierno  identificó 40 mil puntos sin Internet en todo el país. “Aquí en Santa Catarina, son cientos de puntos donde la comunidad no tiene acceso a internet, en especial en las áreas rurales. Esto va a hacer que las personas tengan más igualdad en su desarrollo y también beneficiarán al emprendedor, que va a poder llevar su actividad a regiones que antes no contaban con internet. Un ejemplo es la agricultura de precisión, que podrá llegar a cualquier rincón de Santa Catarina”, dijo el ministro.

Asimismo, indicó que el municipio, en el área sin conectividad, seleccionará una zona para que el gobierno federal instale una antena. El ayuntamiento deberá asumir los gastos de la antena que va a utilizar y garantizar la seguridad de ese terreno. Asimismo, la cámara de representantes deberá aprobar un proyecto para eximir esa operación del cobro del Impuesto Sobre Servicios de Cualquier Naturaleza (ISS).

“Atendidas estas tres premisas, el municipio está listo para que esa antena empiece a funcionar, y allí cualquier proveedor acreditado podrá colocar su torre y operar. La tarifa será mucho más baja que la del usuario común. Es un programa que nadie pierde. Sólo se gana”, manifestó Kassab.

Para el ministro es “el mayor proyecto de inclusión social de Brasil hoy”.

 

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