Jueves, 24 de agosto del 2017
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A menos de un año de que se inicie la ampliación de la Ruta 32 las telcos no han recibido ningún tipo de información del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), acerca del traslado de las redes que llevan el servicio de Internet a la mayoría de costarricenses.

Hasta el momento los operadores solo recibieron una notificación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que es el dueño de los postes y solo comunicó que se realizarán trabajos sobre la ruta.

Se presume que los operadores deberían reubicar la infraestructura subterránea y aérea por donde se transportan los servicios antes de que la constructora inicie los movimientos de tierra y deje sin Internet, televisión paga y telefonía celular e IP a los clientes del ICE, Tigo, Cabletica y Claro.

 

Además de la molestia por las probabilidades de dejar a los consumidores sin el servicio, el malestar de los operadores se basa también en que hasta el momento no conocen quién deberá incurrir con los gastos en caso de que sus equipos sufran algún daño.

“Hemos buscado acercarnos para conocer con detalle qué va a implicar esta ampliación, pues no queremos que el servicio de Internet del país se vea afectado, pero no hemos obtenido ninguna respuesta”, explicó Norman Chaves, director de Asuntos Corporativos de Tigo.

En caso de no obtener ninguna respuesta sobre el traslado de la infraestructura a tiempo los operadores deberán aplicar medidas propias para intentar evitar la suspensión de sus servicios.

Por ejemplo Tigo tiene a lo largo de los 107 kilómetros de la Ruta 32 una red de fibra óptica multipropósito que va sobre postería a ambos lados de la vía.

En esta infraestructura la telco transporta las capacidades de Internet necesarias para dar soporte de servicios nacionales e internacionales de clientes residenciales y corporativos.

El ICE también posee redes de cobre, fibra óptica e infraestructura civil que soporta los nodos de las redes celulares y que podrían dejar sin servicio a algunas poblaciones específicas según sea la región en que se produzca el daño.

Sobre esa misma ruta Cabletica tiene 127 postes por los que pasan fibras de interconexión de la red de transporte nacional, internacional que lleva la mayoría de los servicios que ofrece la empresa nacional en su oferta.

 

“Lo delicado del tema es que aún no disponemos de la información necesaria a efectos de dimensionar los gastos asociados, ni tampoco los insumos correspondientes para elaborar un plan de trabajo con las ventanas de mantenimiento necesarias para efectuar los trabajos respectivos en aras de entender los tiempos de afectación de los servicios”, dijo José Gutiérrez, representante de Cabletica.

Estas preocupaciones se expusieron el mes pasado al Comité de infraestructura del Viceministerio de Telecomunicaciones para conocer los riesgos de no coordinar el traslado de la infraestructura, pero los representantes del MOPT y Conavi no asistieron al encuentro, indicó Ana Ramírez, directora ejecutiva de Infocom.

Se intentó conocer las medidas que está tomando el Conavi sobre este tema; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición. 


CLIENTES PERJUDICADOS


Siete operadores son los que mantienen sus servicios en la postería que es propiedad del ICE y que de acuerdo con proyecto de la ruta deben ser reubicados a lo largo de los cinco cantones caribeños.

  • Claro
  • Tigo
  • ICE
  • Cabletica
  • Transdatelecom
  • Cable Caribe
  • Cable Plus

Fuente: Infocom

Publicado en Infraestructura

Enquanto o país não conseguir ampliar a renda da população, terá que reduzir os impostos sobre telecom e usar os fundos setoriais para viabilizar a universalização da banda larga. Essa é a síntese da proposta da Claro Brasil, que questiona, no entanto, se há efetivamente  prioridade para a banda larga no país, quando se depara com os altos impostos aplicados no serviço. ” Apesar da crise, as receitas de telecom têm crescido, mas os impostos crescem mais rápido”, disse Ayrton Capella, diretor de Assuntos Regulatórios da empresa, durante o Encontro Tele.Síntese.

Ele apontou que nos estados com pouca infraestrutura a carga tributária é a mais alta. Em Rondônia, o usuário já paga 68,5% de imposto (ICMS, fundo de pobreza, PIS e Cofins) no serviço de telecom. Em  Mato Grosso paga 55,4% e os usuários de Alagoas, Amazonas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe pagam 50,7% de imposto em cada recarga do pré-pago ou em suas contas de celular, de acesso a internet ou de TV paga.

Leer más: http://www.telesintese.com.br/claro-4/

 

Publicado en Infraestructura

A operadora móvel Claro foi, até o momento, o principal ponto de preocupação da América Móvil durante o processo de integração das diferentes empresas do grupo, iniciado há dois anos. Em maio, o comando da unidade móvel foi assumida  por Paulo César Teixeira, que tem no currículo a experiência de ter comandado a Vivo. José Félix, CEO do grupo América Móvil, ficou nove meses no comando da área. Ele explica que havia um problema de investimento na Claro que precisava ser corrigido e vê a empresa, agora, com o principal potencial de crescimento para o grupo.

A Claro móvel tem sido, em termos de resultado, o tendão de Aquiles do grupo. Como isso se reverte?

A Claro móvel tem um potencial tremendo de crescer agora que esse ciclo de ajustes passou. Ela tem uma banda larga mais rápida e não tem pontos de estrangulamento de rede. Ela vai buscar a liderança e tirar nacos da concorrência. Investindo como ela está, com a rede que tem, com os profissionais que trabalham na empresa, é só uma questão de tempo. Com isso cresce a receita de todo o grupo, porque o resto está crescendo.

Leer más: http://teletela.com.br/teletime/21/08/2017/para-voltar-crescer-claro-ganhou-prioridade-em-investimentos/?noticiario=TT

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Al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el más grande del país, llegaron unas 347 controversias en 2016. Este año la cifra va en 147. Aunque el volumen de los casos se concentra en derecho comercial, administrativo y civil, el sector de infraestructura, con 12 litigios en 2016 y 9 registrados en lo que va de este año, es el que más da de qué hablar.

“Tenemos un auge de controversias en infraestructura en virtud del enorme empuje que ha tenido este sector en los últimos años”, reconoce el director de este Centro de Arbitraje, Mauricio González. Efectivamente, sacar a Colombia de su rezago en infraestructura ha sido uno de los principales retos de los diferentes gobiernos, lo que ha generado una dinámica importante de proyectos y en la misma medida, de litigios.

Por los tribunales del Centro de Arbitraje han pasado pleitos de las obras viales más importantes del país: el Túnel de La Línea, la Ruta del Sol, la vía Bogotá-Girardot, la concesión Devinar (Desarrollo Vial de Nariño), la concesión vial Córdoba-Sucre de Autopistas de la Sabana, entre las principales.

Según expertos, lo que está pasando con frecuencia en la contratación pública es que las empresas que participan en los procesos licitatorios ponen un precio bajo con tal de ganar y luego reclaman que hay sujeciones imprevistas o que el terreno no es lo que les dijeron. “El Estado tiene que empezar a entender que, eventualmente, puede cotizar más caro con unas reglas más claras y no estar sujeto a eso”, dice la fuente.

Señala que a esta situación se suma la falta de seguridad jurídica y que después de contratarse una obra surgen temas como las consultas previas y expropiaciones de tierras, lo que encarece las obras.

“Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha hecho un esfuerzo muy grande, que debemos abonar, no hemos logrado un proceso de contratación que evite ese tipo de situaciones. Siempre es el precio por encima de todo, hay fallas serias en las condiciones técnicas al contratar las obras. Los pliegos de licitaciones no son claros. Odebrecht es el ejemplo perfecto de que no hubo una investigación real y sólida. No hay unas reglas y unos contratos claros y, sobre todo, unas especificaciones técnicas y financieras claras”, explica el experto.

Sin punto final

 

En lo corrido de 2017, al 27 de junio, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá ha proferido 52 laudos arbitrales y en el 2016 la cifra llegó a los 94. Muchos de los fallos no resuelven las controversias definitivamente, sino que son un capítulo más de las disputas. Estos son algunos de los casos más representativos por sectores.

En proceso Consorcio Ruta del Sol vs. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

La ANI tiene unos 30 casos de arbitramento. Uno de los más complejos tiene que ver con el tramo II de la Ruta del Sol. Los cambios en los planes de obra contemplados en el contrato llevaron al encargado de las obras Consorcio Ruta del Sol (Consol) a demandar en 2015 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por $798.000 millones. El asunto se enredó aún más con el escándalo de Odebrecht, pues es el principal integrante del Consorcio. A raíz de este problema el Estado pidió la nulidad del contrato a los árbitros que estaban llevando el caso, pero estos, Stella Villegas, William Namén y Ariel Hernández, renunciaron argumentando, entre otras cosas, conflicto de intereses con los abogados de las partes. La CCB designó por sorteo como nuevos árbitros a Carlos Mauricio González, William Barrera y Catalina Hoyos, quienes inician una nueva etapa del proceso y les corresponde definir el futuro del contrato. Se espera que en el término de un mes el Gobierno destrabe el litigio cuando se liquiden las deudas pendientes con los proveedores, trabajadores y bancos.

TelecomunicacionesMinisterio de las TIC vs. Claro y Telefónica

El caso se remonta al año 1994, cuando en ese entonces Comcel (hoy Claro) y la operación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. (Telefónica) firmaron los contratos de concesión de telefonía móvil celular con el Estado, que contenían una cláusula de reversión de activos destinados a prestar el servicio una vez finalizados los contratos en noviembre de 2013. Con la Ley 442 de 1998 se cambiaron las reglas de reversión y se establecieron solo para el espectro electromagnético y no de bienes. ¿Con qué objetivo? Incentivar más inversión en el sector. Amparados en esta nueva legislación, ambas compañías no devolvieron al Gobierno los activos. Sin embargo, la Contraloría General demandó ante la Corte Constitucional la Ley 442 y la sentencia concluyó que los contratos de concesión previamente celebrados no podían modificarse con las legislaciones contempladas en dicha Ley; por lo tanto, Claro y Telefónica debían devolver los activos.

A raíz de esa sentencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó un Tribunal de Arbitramento y el pasado 25 de julio el Tribunal decidió que la cláusula de reversión está vigente y es de obligatorio cumplimiento. Según el fallo, estas empresas deberán compensar a la Nación con un valor aproximado de $4,8 billones, monto equivalente en dinero a los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado.

La pelea sigue, pues, previo a este laudo, Claro ya había presentado una demanda arbitral internacional en agosto del 2016, bajo el Tratado de Libre Comercio con México, que está en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en la que los representa la firma inglesa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Por su parte, Telefónica hizo lo propio y presentó una notificación de controversia bajo el Tratado con la Unión Europea, a la que pertenece España. Los tribunales internacionales revisarán si lo que hicieron la Corte Constitucional y el Tribunal viola el derecho internacional y los tratados de inversión.

Después del fallo de la Cámara de Comercio, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las primeras fue la calificadora Standard and Poor´s que, como consecuencia del laudo arbitral, puso en revisión negativa las calificaciones de ‘BB’ de Colombia Telecomunicaciones (Telefónica). En un comunicado, la calificadora aseguró que “los recursos en efectivo de la compañía no son suficientes para cubrir la sentencia arbitral”. Al cierre de esta edición se analizaba al interior del Gobierno y las empresas la forma en que se realizaría el pago.

Publicado en Empresas
La compañía de telecomunicaciones Claro desembolsó US$ 35,2 millones en la adquisición de frecuencias de espacio radioeléctrico en Uruguay.
 
A través de un proceso competitivo realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), la compañía mexicana se hizo con dos bloques de la banda de 700 MHZ, de bajo espectro. Según un comunicado de la empresa, esa compra le otorga "un mayor radio de cobertura sobre la infraestructura ya instalada tanto al aire libre como en zonas interiores", lo cual "beneficiará a los usuarios con mejor señal por ejemplo en lugares escondidos como sótanos".
 
Movistar había anunciado este lunes la compra de tres de esos bloques, por un total de US$ 31 millones.
Claro, además, compró bloques de 1900 MHz que le permitirán "reforzar las conexiones de alta velocidad como el 4G LTE, y en el futuro el 5G". Según consta en el comunicado, "estas frecuencias aportarán más disponibilidad de red para la transmisión de datos, mejorando la experiencia de navegación en internet, y preparando el escenario para los futuros servicios vinculados a Internet de las Cosas".
 
Sebastián Aguiar, gerente de Marketing de la empresa, dijo que "es una inversión muy importante" para el país, que consolida el compromiso de Claro en Uruguay."Desde el comienzo de nuestra operación hemos realizado un gran despliegue de infraestructura con el objetivo de lograr una cobertura a nivel nacional y con esta adquisición esperamos superar aún más esos niveles, logrando en el mediano plazo, niveles de excelencia en cuanto a nuestra cobertura en todo el territorio uruguayo", agregó.
 

ANTEL tiene cuatro reservados

En el caso de la empresa estatal Antel, tenía reservado cuatro bloques de 700 MHz, informó este martes El País.
 
El decreto que definió las bases para la asignación de frecuencias, datado en junio, consideró "procedente en términos de transparencia y credibilidad del procedimiento competitivo que su participación en el mismo se efectúe mediante el mecanismo de la reserva previa de espectro". El texto explicaba que el objetivo de ello era "proteger a los operadores privados del riesgo de falta de transparencia que implica que el propio Estado sea quien convoque al procedimiento competitivo y participe del mismo".
 
El director de Antel por el Partido Nacional, Gustavo Delgado, dijo a El País que la intención de la empresa es "asumir todo lo que tiene reservado". En función de lo que pagaron las compañías privadas, se calculará cuánto deberá pagar por los suyos ANTEL.
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