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Caso Roku: ¿un abuso del derecho?

- 02.08.2017, 13:44
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El juicio de Cablevisión vs. Roku pasó desapercibido hasta que la autoridad judicial dictó como  providencia precautoria que se detuviera la distribución de los dispositivos en territorio mexicano.

Las actuaciones judiciales no se han hecho públicas, por lo que sólo puedo presumir los argumentos de hecho y de derecho sometidos a consideración del juez. Prevengo al lector que las próximas líneas se basan en la presunción de que Cablevisión inicia su demanda como titular de señales (derecho conexo) y no como titular de derechos autorales, en virtud de que las notas periodísticas publicadas informan que la reclamación se origina por la transmisión no autorizada de las señales del Canal 2, Unicable y Telehit, además que en caso de ostentarse como titular de derechos autorales, el juez tendría que hacer un análisis previo para calificar si las licencias de explotación de los contenidos cuentan con la legitimación necesaria para invocar la protección del derecho de autor, toda vez que a diferencia de la cesión, la licencia no implica que el derecho quede fuera del patrimonio del titular originario.

Cualquiera que sea el derecho reclamado, estamos ante la solicitud de protección de un derecho de propiedad intelectual cuya comprensión es compleja por su naturaleza inmaterial, la cual se complica por tratarse de explotación no autorizada de contenido a través de medios digitales.

Funcionamiento de Roku

Para identificar si Roku infringe derechos de propiedad intelectual es necesario entender el funcionamiento del dispositivo y cómo convierte una televisión tradicional en un Smart TV.

Roku es un aparto físico que se integra por un módem que permite el acceso a Internet, con un CPU que le permite ejecutar un software que conecta a otras aplicaciones de servicios de contenidos que se almacenan en servidores ajenos a Roku.

Haciendo la analogía al mundo físico, Roku es el pasillo de un conjunto habitacional que muestra las puertas de varios departamentos que pertenecen a distintos propietarios, quienes disponen si permiten el acceso así como el menaje con el que amueblará su espacio.

El software de Roku es de código abierto o libre, que faculta a cualquier proveedor de contenido la creación de puertas de acceso a sus servicios. Las puertas de acceso (canales) pueden ser públicas o privadas. Los canales públicos se indexan en el menú principal del software de Roku, mientras que los canales privados sólo pueden ser visualizados al ingresar la contraseña de acceso. Según lo dicho por Roku, aunque éste es el proveedor del software, no le es posible identificar los canales privados y el contenido que se ofrecen a través de ellos.

Los canales privados pueden proveer cualquier tipo de contenido, incluido material audiovisual que infrinja derechos de autor. En este último caso, se publicita el acceso al contenido a través de nombres de dominio que incluyen la palabra Roku. El contenido puede consistir en la transmisión simultánea de canales de televisión o video on demand en streaming tipo Netflix o Blim, para que el usuario escoja el programa que quiere ver.

 El usuario deposita la cuota de suscripción en cuentas bancarias mexicanas y envía por mensajería instantánea (WhatsApp) el comprobante del depósito para recibir la contraseña que le da acceso al canal privado. Las contraseñas se cambian periódicamente para que el suscriptor abone pagos constantes para continuar con el uso del servicio.

Antecedentes internacionales

En América contamos con dos antecedentes relacionados a la explotación no autorizada de señales de televisión a través de Internet.

En Estados Unidos Aero, a través de una antena propia, recibía las señales de televisión abierta, fijaba éstas en un medio digital, almacenándolas en un servidor propio con la finalidad de hacerlas disponibles en su sitio web para que cualquier usuario pudiera acceder al contenido transmitido en las señales, previo pago de una suscripción.

Los titulares de las señales de televisión afectadas iniciaron un procedimiento judicial contra Aero alegando violación de la propiedad intelectual, el cual fue resuelto el 25 de junio de 2014 por la Suprema Corte de Justicia, la cual confirmó que Aero violaba el copyright al no contar con autorización de los titulares para explotar sus contenidos, siendo intrascendente que se tratara de señales gratuitas.

Por otra parte, en Canadá Bell Canada y otros titulares de señales demandaron a iTVBox y otros comercializadores de set-top boxes cuya función es similar a la ofrecida por Roku (dispositivos que permiten el acceso a contenido a través de un software que indexa aplicaciones). A diferencia de Roku, los demandados precargaban aplicaciones que ofrecían contenido “pirata”; promovían el dispositivo destacando que el usuario tendría acceso al contenido de varias señales de televisión restringida, por lo que podían evitar el pago de suscripción a las mismas, y proporcionaban tutoriales para que los usuarios tuvieran acceso a canales con contenido ilegal.

El principal alegato de los demandados fue que ellos sólo comercializaban el dispositivo, no así el contenido que se recibía en el equipo. La Suprema Corte falló en contra de iTVBox el 1 de junio de 2016 por considerar que aunque no eran quienes “robaban” el contenido, sí promovían la explotación ilegal de dicho contenido con la finalidad de incrementar sus ganancias.

Es destacable mencionar que la autoridad judicial canadiense no sanciona que el dispositivo sea el medio por el cual se accede al contenido ilegal, sino que distingue a los demandados de otros comercializadores de dispositivos con funciones similares, en virtud de que los primeros incentivaban el acceso a contenido infractor de copyright.

Violaciones a la ley autoral mexicana

La ley mexicana en materia de derechos de autor y relativos concede a los titulares la facultad de autorizar o prohibir la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, incluida la posibilidad de solicitar el pago de daños y perjuicios, cuyo monto mínimo será al equivalente de 40 por ciento de los ingresos que impliquen la explotación no autorizada. El titular afectado podrá iniciar la reclamación en contra de cualquiera que explote sin autorización sus derechos de propiedad intelectual o contra aquel que reciba un lucro indirecto, entendiéndose éste como una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante del presunto infractor.

Para el caso específico de la protección del derecho conexo relacionado con las señales de televisión, la ley vigente es anticuada, insuficiente e inexacta, toda vez que utiliza el concepto de “radiodifusión” para referirse a la emisión de señales por cable y fibra óptica, lo cual dificulta la convergencia con la legislación de telecomunicaciones.

Asimismo, otorga la protección como derecho conexo sólo a aquellos que cuenten con título de concesión, discriminando a quienes adquieren contenido para “empaquetarlos” en una señal que se vende a los sistemas de televisión restringida, los cuales, según el artículo 145 de la ley autoral, sólo podrán reclamar el pago de daños y perjuicios cuando sin autorización: a) se descifre la señal, b) se reciba y distribuya la señal de satélite descifrada ilícitamente o c) se trate de actividades cuyo objetivo sea contar con herramientas que descifren señales.

Si Cablevisión actúa como titular de los derechos de autor de contenidos deberá acreditar que cuenta con las facultades necesarias para iniciar la reclamación y que Roku recibe una ventaja adicional por los canales privados infractores, lo cual es complicado, toda vez que, a diferencia del caso resuelto en Canadá, Roku no hace del conocimiento de sus consumidores la existencia de los canales privados infractores y tampoco los indexa en su menú de aplicaciones.

Si, por el contrario, Cablevisión se ostenta como titular de las señales, su actuación estará limitada como distribuidor de señales (tomar en consideración que la señal del Canal 2 es de radiodifusión y el titular de la concesión es Televisa). Por lo tanto, sólo puede invocar el artículo 145 inciso b), debiendo acreditar que Roku es distribuidor de señales que fueron interceptadas del satélite y descifradas por quienes las ofrecen en los canales privados, lo cual resulta prácticamente imposible debido a que hoy en día los avances tecnológicos permiten replicar señales que ya fueron descifradas por el decodificador proporcionado por los servicios de televisión restringida.

Actuación judicial y responsabilidad civil

El asunto Cablevisión vs. Roku está siendo dirimido en el juzgado 38 de la Ciudad de México, el cual ordenó como medida cautelar (providencia precautoria) la suspensión de la venta del dispositivo sin cancelar el acceso al software en aquellos equipos que se habían adquirido de manera previa. La medida precautoria fue confirmada por el Juzgado de Distrito 14° y el Tribunal Colegiado 12°.

El código civil local es limitativo respecto a los supuestos en que puede declararse una providencia precautoria (artículo 235 del Código Civil del Distrito Federal) y las medidas que pueden dictarse (artículo 238). En ambos casos, las medidas determinadas por el juez local no corresponden a las hipótesis normativas.

Cabe aclarar que en materia de propiedad intelectual las únicas medidas precautorias que pueden dictarse son aquellas que se determinen durante el procedimiento administrativo de infracción, no así en un proceso de orden civil, por lo que el juez civil sólo podría decretar por analogía medidas establecidas para otro procedimiento si la ley se lo permitiera, lo cual no está previsto en el código civil local aplicable.

No obstante lo anterior, aunque el juez local estuviese facultado para dictar la medida precautoria, ésta resulta excesiva debido a que no existe presunción legal por la cual se considere que Roku infringe derechos de autor y resulta incongruente creer que detener la distribución del dispositivo evitará los daños que puedan generarse por la explotación de contenido a través de los canales privados y no así la cancelación de la operación del software, siendo que el software sería el medio directo utilizado para la explotación ilegal del contenido.

Es importante aclarar que aunque Cablevisión no contara con elementos normativos suficientes para solicitar la protección de sus derechos de propiedad intelectual, Roku podría ser sometido a un proceso de responsabilidad civil, toda vez que la falta de atención o la ausencia de medidas de seguridad para evitar la explotación de derechos de propiedad intelectual podría implicar que Roku ha faltado en su deber de diligencia y respeto de los derechos de terceros, pudiendo tener responsabilidad civil extracontractual; en caso de ser acreditable, daría como consecuencia la obligación de Roku de resarcir el daño causado, cuya cuantificación podrá ser, previa interpretación de un juez, de 40 por ciento de los ingresos de Roku.

Relevancia del caso

A simple vista, este asunto podría parecer una anécdota más en la historia de la propiedad intelectual. Sin embargo, la resolución dictada por un juez civil local sentará las bases en aspectos poco explorados tanto por la legislación como en los antecedentes judiciales y administrativos, con consecuencias en el ámbito federal y en otras áreas del derecho como derechos humanos, telecomunicaciones y competencia económica.

En caso de que Roku resulte culpable por proveer la plataforma de acceso a contenido infractor, tendremos el primer antecedente para iniciar procesos en contra de proveedores de servicios de Internet, portales de información, redes sociales, buscadores y cualquier otro proveedor que ofrezca servicios que constituyan un medio para acceder a los servicios de quien ofrece el material infractor.

Será en los argumentos contenidos en la sentencia donde se encontrará el análisis del juez para considerar que existió la violación, directa o indirecta, de los derechos de propiedad intelectual por parte de Roku, siendo el primer marco de referencia de responsabilidad de un medio de explotación digital.

Además del análisis de la conducta, la sentencia contendrá las obligaciones que incumplió Roku, las cuales pueden ser objeto de controversia. Si el juez considera que Roku debió bloquear el acceso a los canales privados, el juez asumiría que Roku contaba con facultades para discriminar el contenido que estime violatorio de alguna norma, limitando así la libertad de expresión del canal privado y, al mismo tiempo, restringiendo el acceso a la información o Internet de los usuarios del servicio de telecomunicaciones.

Por otra parte, si el juez considera que Roku debió limitar la funcionalidad del software para evitar la conexión de canales privados, estaríamos ante una conducta que podría ser violatoria del principio de neutralidad de la red y sería un precedente para limitar la creatividad en el diseño de software, ya que cualquiera puede ser instrumento indirecto para la infracción de derechos, por lo que en algún futuro se podría sancionar a Adobe por ser titular del software que se utiliza para leer libros “pirata” descargados en Internet.

Fuera de la esfera civil, no resulta de ayuda la situación financiera de Televisa, toda vez que es de conocimiento público que en lo que va del año ha registrado pérdidas en sus ingresos por venta de publicidad por 5.3 mil millones de pesos, lo que representa 9.8 por ciento más de pérdidas contra el primer semestre del 2016. Parte de esas pérdidas obedece al incremento de oferta de contenido por medios digitales. Televisa está consciente de que las audiencias están buscando nuevos medios de acceso, por lo que apostó al lanzamiento de la plataforma de VOD Blim, cuyos suscriptores van creciendo a paso lento. Por cierto, Blim forma parte del catálogo de aplicaciones a las que se puede acceder a través del software de Roku.

A simple vista, el inicio de la acción civil en contra de Roku podría parecer como una medida interpuesta por Televisa para disminuir el interés de prestadores de servicios extranjeros que ven en México y América Latina una oportunidad para ofrecer medios que permitan el acceso a contenidos digitales, los cuales verían menos atractivo a México como consecuencia de la incertidumbre legal en las operaciones a través de medios digitales. En caso de que esto sea cierto, Televisa estaría solicitando la protección de sus derechos de propiedad intelectual de mala fe con la finalidad de afectar las condiciones de competencia en el mercado de consumo de contenido audiovisual.

Conclusiones

Cualesquiera que sean los derechos invocados por las partes o los fundamentos en la actuación de la autoridad del juicio Cablevisión vs. Roku, y reiterando que los comentarios realizados por mi persona obedecen sólo a presunciones derivadas de lo publicado en medios, considero que se puede concluir que la legislación en materia de propiedad intelectual requiere ser actualizada para proteger de manera eficiente los derechos de propiedad intelectual y así incentivar el segundo mercado más grande en América Latina en la producción y consumo de contenido audiovisual.

La actualización de la ley autoral deberá ser convergente, es decir, incluir las opiniones de los sectores y autoridades de telecomunicaciones y competencia económica, sin dejar de lado la observancia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, con la finalidad de que el Estado mexicano provea de seguridad jurídica a todos los agentes involucrados en la explotación de propiedad intelectual.

Hasta que no contemos con un marco normativo adecuado, se requiere la intervención de autoridades judiciales que cuenten con conocimientos legales amplios, no sesgados a la materia civil, por lo que sería de utilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleve a cabo la facultad de atracción para que sea ésta la que resuelva, al igual que los casos en Canadá y EUA, para contar con una sentencia congruente a otras resoluciones que han sido incluyentes como el reciente caso de Alestra.

Modificado por última vez en Miércoles, 02 Agosto 2017 15:51
Stephanie Avalos

Stephanie es abogada especialista en derechos de autor y propiedad intelectual.

Escríbele en Twitter: @stephaniemava

 

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