Sábado, 16 de diciembre del 2017
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Incongruencias jurídicas de la “tarifa cero”

  • La SCJN no está facultada para evaluar desplegados, regular el sector o defender modelos de negocio
  • UIT afirma que la interconexión promueve crecimiento, innovación e infraestructura
  • El artículo 131 introduce incertidumbre jurídica en el sector
- 05.07.2017, 13:58
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La interconexión promueve crecimiento e infraestructura

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado encargado de regular las telecomunicaciones a nivel mundial desde 1865, afirma que “la interconexión es el principal motor de crecimiento e innovación en el mercado de las telecomunicaciones”.

En el documento Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2000-2001: reglamentación de la interconexión, la UIT sostiene que “los buenos acuerdos de interconexión también promueven un desarrollo eficiente de la infraestructura, proporcionando incentivos adecuados para que los operadores construyan sus propias redes y utilicen partes de otras redes. Los requisitos de interconexión inadecuados, por otra parte, pueden actuar como barreras a la entrada competitiva, socavando la inversión en nueva infraestructura y privando al público de opciones de servicio innovadoras y atractivas”.

La UIT recalca que “una entidad independiente (que puede ser el regulador) debe estar disponible para resolver la disputa de interconexión en un plazo razonable”. De acuerdo con otro documento de la UIT, 82.3 por ciento de los reguladores en el mundo tienen el mandato de definir las tarifas de interconexión.

13 años después de que la UIT publicara su documento sobre tendencias en la reglamentación de interconexión en el mundo, el Congreso de la Unión en México borró de un plumazo toda la experiencia internacional acumulada y decidió que la tarifa de interconexión sea igual a cero cuando las llamadas de los competidores terminen en la red del agente económico preponderante (Telmex-Telcel), a pesar de que la UIT advierte que “no existe una forma simple y sencilla de medir los costos de interconexión”.

Legislativo usurpa atribuciones del regulador

El artículo 73 fracción XVII de la Constitución faculta al Congreso de la Unión a dictar leyes sobre telecomunicaciones, pero no lo faculta y además excede sus funciones cuando el Poder Legislativo pretende emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de interconexión, a efecto de asegurar la libre competencia y concurrencia en el mercado, atribución que por ley sólo compete al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Es decir, el Congreso legisló en 2013 y 2014 y le otorgó al IFT la atribución legal de regular en materia de interconexión y de forma asimétrica los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Esa es la razón por la cual el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014 es inconstitucional, porque plantea que el agente económico preponderante en telecomunicaciones no cobre a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red, reglamentación posterior a la declaratoria de preponderancia que el IFT resolvió en cumplimiento de los plazos definidos por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013.

Dicho artículo 131, donde se establece la “tarifa cero” de interconexión, además de inconstitucional, introduce incertidumbre jurídica en el sector, como se demuestra en este momento previo a la sentencia de la SCJN, por los amparos presentados y por las consecuencias que presumen sus defensores. Esta incertidumbre por sí misma evidencia el desaseo legislativo y la intromisión indebida del Congreso en la atribución del regulador autónomo de resolver en materia de interconexión.  

El artículo 28 de la Carta Magna también lo confirma cuando define al IFT como un órgano autónomo” que “tendrá a su cargo la regulación (…) de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones” en los términos que fijen las leyes.

Pero torpemente el artículo 131 de la LFTR no reglamenta al IFT sino las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil del agente económico preponderante, atribución que sólo compete al regulador. El artículo 131 se encuentra en el Capítulo III “Del Acceso y la Interconexión” de la LFTR y no en el Capítulo II “De la Competencia de las Autoridades”. Por esa razón es inconstitucional.

Los operadores que se amparan ante la justicia es sencillamente porque el artículo 131 les crea la incertidumbre de acatar un mandato legal (no cobrar la interconexión) de una autoridad distinta (Congreso de la Unión) a aquella que constitucionalmente (IFT) lo encontró y declaró como agente económico preponderante y que le impuso una regulación asimétrica y medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia.

Dicen que el Poder Legislativo determinó no cobrar la interconexión en la red preponderante como parte de la política pública que tiene a su cargo. Pero toda política pública está compuesta de cuatro etapas: diseño, elaboración, implementación y evaluación. Nada de eso realizó el Congreso; en todo caso, corresponde al propio IFT y no al Congreso evaluar los efectos y la efectividad de las medidas de preponderancia, la regulación asimétrica y las tarifas de interconexión.  

La SCJN debe resolver si el Congreso de la Unión puede fijar tarifas de interconexión o es una atribución exclusiva del IFT. La experiencia internacional y el sentido común colocan la respuesta de lado de la única autoridad que técnica y económicamente puede determinar tarifas de interconexión en cualquier parte del mundo: el regulador.

La SCJN no regula las telecomunicaciones

Dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe realizar un análisis de la preponderancia y la tarifa cero y sus repercusiones en la industria. Una vez más están confundidos quienes realizan esa solicitud. La SCJN no evalúa desplegados de cámaras industriales, ni analiza el mercado o la regulación, esa es competencia del IFT.

Respecto del artículo 131, la SCJN sólo debe dictar sentencia sobre qué autoridad tiene facultades para determinar tarifas de interconexión. Pretender que el máximo tribunal de México analice las repercusiones en la industria de una mala ley, es atribuirle a la SCJN las facultades y herramientas regulatorias que no tiene.

La resolución de la Suprema Corte será relevante porque determinará la ilegalidad o inconstitucionalidad de un artículo de la LFTR, de ninguna manera los impactos regulatorios o económicos del artículo 131. De lo contrario, la Corte tendría que pronunciarse sobre las afectaciones a la expansión de redes, la carencia de cobertura y la falta de servicios de telecomunicaciones para millones de mexicanos como consecuencia de la vigencia del artículo 131 desde 2014.

La SCJN no enmienda, restaura o protege modelos de negocio –como pretenden los apologistas del artículo 131–; analiza la legalidad de las normas de manera definitiva, defiende la Constitución y mantiene el equilibrio entre los Poderes. Quienes le piden a la SCJN que analice las repercusiones en la industria son los mismos que no quieren que lo haga el IFT, teniendo plenas facultades para ello.

Mediatelecom Policy and Law

Consultora especializada en el análisis estratégico de las telecomunicaciones en América Latina.

 
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