Lunes, 24 de julio del 2017
Idioma Es Pt En

¿La Suprema Corte restaurará la racionalidad en las tarifas de terminación?

- 28.06.2017, 11:35
disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente

Durante el evento del cuarto aniversario de la reforma en materia de telecomunicaciones, fue evidente un efecto anticipable para algunos (para el autor que suscribe, entre ellos) y subestimado o ignorado por otros. A mayor sea el alcance y la magnitud de la regulación asimétrica, mayor será el incentivo a que nunca desparezca y, con ello, la formación de un grupo de interés conformado por todos aquellos agentes económicos beneficiados de tal asimetría y apalancados por ella para competir frente al agente regulado, el operador de telecomunicaciones denominado como “preponderante”. El dicho público del director de AT&T lo confirmó en el evento de referencia.

Al expresar que “la decisión de AT&T para ingresar al mercado mexicano fue el régimen asimétrico y la promesa de certeza a largo plazo que trajo este marco regulatorio”, demuestra cómo la regulación asimétrica pretende tomar como rehén los logros de la reforma frente a las autoridades regulatorias y, tal vez, enviar un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en breve discutirá la constitucionalidad de la tarifa cero o la gratuidad del servicio de terminación que requieren todos los concesionarios por parte de la red del agente denominado “preponderante”.

En ningún régimen asimétrico implementado se había llegado a que la terminación en la red del operador sujeto a regulación tenía que ofrecer un precio de cero, es decir, en forma gratuita. No sólo es una aberración económica, dado que viola los principios elementales de la economía, ignora el concepto del costo de oportunidad de los recursos, ignora los principios de toda economía de mercado e incluso el principio legal de la justa retribución por el trabajo, dado que toda inversión es un trabajo que alguien realizó.

El objetivo fue llevar al extremo la facilidad de entrada al mercado nacional, lo que equivale a que el agente preponderante de hecho les pagara implícitamente mediante tal gratuidad para que sus competidores, actuales y potenciales, operaran en México.

Contrario a los expresado por el directivo de AT&T, el régimen asimétrico no se estableció para que fuera permanente, es transitorio, y hubiera sido superior poner un plazo para tal beneficio, pero la ley establece que la asimetría regulatoria sólo prevalecerá en tanto exista un operador considerado como preponderante conforme al criterio del tamaño relativo (50%).

Era la época en la cual el Legislativo y los diseñadores de la reforma padecían, o padecen todavía, de megalofobia o temor a las cosas grandes, aunado a la fronemofobia, o miedo a pensar, respecto de las consecuencias económicas y legales futuras de imponer una tarifa cero a un servicio que tiene un costo privado y social.

Laffont y Tirole (Nobel de Economía 2014) han demostrado que el bienestar es maximizado bajo un esquema tarifario sujeto a que el agente que sea regulado tenga utilidades no negativas. En otras palabras, para maximizar el bienestar debe evitarse que dicho operador incurra en pérdidas por proveer el servicio de terminación.

Es impensable para un economista que algo tenga un costo de cero, sea en forma privada o social. La prestación del servicio de terminación requiere necesariamente de haber invertido recursos, de otra forma no podría ser ofrecido desde un inicio; estos recursos tienen un costo de oportunidad, es decir, pudieron haber sido utilizados en otra actividad o destino y esto significa haber incurrido en un costo de oportunidad privado y social.

El contenido del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) implica una ineficiencia en el mercado de telecomunicaciones, toda vez que mientras las relaciones de interconexión entre las redes denominadas como “no preponderantes” permiten que se cubra el costo de oportunidad de los recursos utilizados en su servicio de terminación, se le impide al concesionario denominado “preponderante”, por mandato de ley, el derecho a recibir una contraprestación por el servicio de terminación en su red y, por lo tanto, está impedida de cubrir el costo de oportunidad de los insumos utilizados en la oferta del servicio de terminación que requieren otras redes.

La anterior asimetría implica un tratamiento discriminatorio en contra del operador denominado “preponderante” y a favor del resto de los operadores. Implica una transferencia de recursos reales de una red al resto de los que están en el mercado, en virtud de que el costo de la producción del servicio es mayor que cero y se tiene que ofrecer a todas las redes que lo requieran en forma gratuita, lo que significa que necesariamente se genere un costo en bienestar social.

En consecuencia, todo servicio de interconexión, entre ellos el de terminación, debe necesariamente tener un precio positivo y no cero o nulo como lo establece el inciso “a” del artículo 131 de la LFTR. Al establecer una gratuidad por Ley, se están violando los principios básicos y fundamentales de la eficiencia económica en la asignación de recursos y en la maximización del bienestar social en el uso de recursos para la economía como un todo.

La SCJN puede reconocer los argumentos económicos anteriores e impedir las consecuencias de dicha asimetría. La regulación asimétrica tiende a perpetuarse dado que crea un grupo de interés entre los operadores “de novo” en el mercado, con el objeto de que continúe el esquema regulatorio que les favorece respecto al incumbente, por lo que nunca conduce o tiene por resultado un entorno de competencia.

Tal y como lo expresó el directivo de AT&T, a confesión de parte relevo de pruebas. Así lo han argumentado incluso las disposiciones normativas de la Unión Europea al recomendar su desmantelamiento entre los países miembros y su sustitución por tarifas basadas en costos de aplicación simétrica y que tarifas asimétricas serían sólo excepcionales y deberían estar exclusivamente justificadas en diferencias de costos.[1]

En el proyecto del ministro ponente Eduardo Medina Mora respecto del amparo en revisión sobre las tarifas de terminación de Telefónica en la red de Telcel aplicables para 2015,[2] se lee lo siguiente: “[De ahí] que la fijación de precios de acceso sea un elemento clave de cualquier régimen de interconexión y deba proporcionar suficientes incentivos para que el proveedor de acceso invierta en nuevos activos y para que quien busca acceso participe donde le resulte eficiente hacerlo. El criterio de regulación predominante en esta materia es el basado en costos.”

Además, señala: “Debe tomarse en consideración que el IFT no es un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Legislativo, sino un órgano con competencias propias apto para configurar el ordenamiento jurídico con regulación propia, la que estará sujeta, en todo caso, al principio de subordinación jerárquica respecto de la ley. Lo anterior es así, porque de acuerdo con la decisión del Constituyente existe un esquema de división de trabajo entre el legislador y el órgano constitucional autónomo en el que ambos están llamados a desplegar sus facultades de producción normativa de una manera concurrente.”

Lo anterior es relevante dado que la tarifa cero no fue resuelta o impuesta por el IFT conforme a su mandato, la impuso el legislador por ley. No fue producto de un modelo de costo o de alguna otra consideración económica del IFT. Los argumentos anteriores indican una línea conceptual que lleva a poder desaparecer la gratuidad en la tarifas de terminación a ser aplicada por el agente económico preponderante.

Es necesario recalcar que la reforma en materia de telecomunicaciones no se agota ni se resume en la tarifa cero dentro del régimen asimétrico. Ni los beneficios a la fecha de dicha reforma son exclusivamente atribuibles a dicha gratuidad. En el mercado todos los concesionarios negocian entre sí y se aplican tarifas de terminación positivas, excepto con la red del “preponderante”, cuando de hecho compiten todos por usuarios con una oferta propia tarifaria, independientemente de si a algunas redes les pagan por el servicio de terminación o no.

La desaparición por sentencia de la SCJN de la tarifa cero sería en beneficio de la reforma, corriendo medidas extremas, sin perjuicio indebido a la competencia aunque signifique la eliminación de un privilegio regulatorio a operadores tales como Telefónica y AT&T, que nunca necesitaron de tal subsidio para competir en forma efectiva en el mercado mexicano.



[1] Commission Staff Working Document accompanying the Commission Recomendation on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU Explanatory Note {C (2009) 3359 final} {SEC (2009) 599}.

Modificado por última vez en Miércoles, 28 Junio 2017 11:40
Ramiro Tovar

Consultor independiente en regulación y competencia económica.

Profesor Numerario y asesor del la Oficina de Rectoría del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La opinión del autor no refleja necesariamente la opinión del Instituto al que se encuentra afiliado.

Síguelo en Twitter: @R_Tovar_Landa

 
« Julio 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

  



Es una publicación de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C. Todos los derechos reservados © 2017

Los nombres de los espacios Mediatelecom Minuto a Minuto, Mediatelecom Américas, Sociedad de la Información e Internet y Telecomunicaciones,
Sociedad y Desarrollo son segmentos de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C que ofrecen un servicio sin fines de
lucro y proporcionan el enlace directo a la fuente original, respetando los derechos de autor del editor y del autor sin alterar o
modificar parcial o totalmente la obra autoral originaria.