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La separación funcional o cómo no empezar la casa por el tejado. El escenario europeo

- 13.03.2017, 12:53
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La separación funcional como medida de carácter excepcional

Una de las herramientas regulatorias, considerada como de último recurso en el marco de la conocida como regulación asimétrica a ser impuesta a un operador calificado con peso Significativo en el Mercado (PSM) en el caso de la Unión Europea, con Poder Sustancial de Mercado en otros países o como Agente Económico Preponderante, en el caso de México, es la separación funcional u otros aquellos remedios de imposición de obligaciones de separación, como es la separación contable y/o la separación estructural.

Las medidas de separación funcional, estructural o contable son aquellas que una vez constatado por el regulador que las medidas de regulación asimétrica impuestas previamente han resultado ineficaces para garantizar una competencia efectiva en un determinado mercado, es cuando se deben acometer las de separación; eso sí, una vez recorrido de forma infructuosa el camino previo.

Si bien medidas como la separación contable suele imponerse como una regulación que posibilita poder realizar una contabilidad adecuada para garantizar que el operador con Peso Significativo en el Mercado, preponderante o con poder sustancial, según se denomine por la legislación de cada país, otorgue a terceros operadores un trato equitativo y no discriminatorio a la hora de fijar precios de servicios mayoristas, tal como se los prestaría a sí mismo. Todo ello a favor de la competencia, lo cual supone un nivel de intervención que debe ser utilizada de forma cauta y ponderada, y que en el caso de ir más allá, como es el caso de la separación funcional o estructural, debe ser manejado de forma muy excepcional, sobre todo por los efectos negativos que puede terminar teniendo sobre el mercado y, en especial, en perjuicio de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.

Los ordenamientos jurídicos en materia de competencia y sectorial de telecomunicaciones europeos, en general, y en particular en el caso de un Estado miembro como España o Reino Unido, o en el caso de México, abordan las medidas de separación funcional, y como podremos ver a continuación, parten de esta perspectiva de cautela, que conduce a una utilización muy restrictiva, extraordinaria y no necesariamente recomendable de las medidas de separación funcional o estructural.

En este artículo abordaremos la experiencia europea, tanto desde una perspectiva comunitaria para toda la Unión Europea con la aplicación de su Directiva Marco y sus previsiones en materia de separación funcional, y la de dos Estados miembros como España (que se opta por una intervención regulatoria menos intrusiva en favor de la competencia) y el Reino Unido, con su experiencia de “Openreach”.[2] Trayectorias y diferencias que veremos a continuación. La situación y marco para México se abordará en una segunda parte de este mismo artículo.

La separación funcional en la Unión Europea y sus Estados miembros

En la Unión Europea, en todos sus Estados miembros, las respectivas ANRs han declarado a los antiguos monopolios como empresas con PSM en la provisión de acceso a la red fija de telecomunicaciones y, en consecuencia, se les ha obligado a compartir el acceso mayorista a su red bajo determinadas condiciones técnicas y económicas.

La proliferación de conflictos entre operadores por denegación o dificultades en el acceso, llevó en su día a la Comisión Europea a introducir la posibilidad de la medida de separación funcional, como un remedio extremo, ante esta situación. Esta posibilidad regulatoria se terminó estimando en países como Reino Unido, Suecia y valorada como factible en Italia e Irlanda.

Desde la perspectiva del legislador europeo, en la Directiva 2009/140/CE,[3] la finalidad de la separación funcional, en virtud de la cual se exige que el operador integrado verticalmente establezca entidades empresariales operativamente separadas, es garantizar el suministro de productos de acceso plena­mente equivalentes a todos los operadores que actúan en los mercados posteriores, incluidas las propias divisiones del operador integradas verticalmente que actúan en dichos mercados.

Desde un plano teórico, se estima que la separación funcional puede mejorar la com­petencia en varios mercados pertinentes al reducir signifi­cativamente el incentivo para la discriminación y facilitar la comprobación y exigencia del cumplimiento de las obli­gaciones de no discriminación. En casos excepcionales, la separación funcional puede justificarse como solución cuando reiteradamente no haya podido conseguirse la no discriminación efectiva en varios de los mercados afecta­dos, y cuando la perspectiva de una competencia en las infraestructuras en un plazo razonable sea escasa o nula después del recurso a una o más soluciones que se consi­deraron antes apropiada y que devinieron en poco o nada eficaces a la hora de garantizar un escenario competitivo y no discriminatorio.

A pesar de lo anterior, se considera como muy importante garantizar que su imposición mantenga los incentivos de la empresa afectada para invertir en su red y no comporte efectos negativos potenciales sobre el bienestar del consu­midor, pues el riesgo de generar un efecto adverso en el mercado es muy elevado.

Es por ello que en el caso de la Unión Europea la imposición de medidas de separación funcional, exige un análisis coordinado de diversos mercados pertinentes relacionados con la red de acceso, de conformidad con el procedimiento de análisis de mercados enunciado en el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Al llevar a cabo el análisis de los mercados y diseñar los detalles de esta solución regulatoria, las autoridades nacionales de reglamentación deben prestar especial atención a los productos que deben gestionar las entidades empresariales separadas, teniendo en cuenta el grado de despliegue de la red y el nivel de progreso tecnológico, que pueden afectar la sustituibilidad de los servi­cios fijos e inalámbricos. Para evitar falseamientos de la competencia en el mercado interior, las propuestas de separación funcional deben ser aprobadas previamente por la Comisión Europea.

La aplicación de la separación funcional no debe ir en detri­mento de mecanismos de coordinación apropiados entre las diversas entidades empresariales separadas para garantizar la protección de los derechos de supervisión económica y de gestión de la sociedad matriz.

De este modo, el apartado 2 del artículo 13 de la Directiva de Acceso establece que cuando una autoridad nacional de reglamentación se proponga imponer una obligación de separación funcional, debe presentar a la Comisión una propuesta que incluya pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha lle­gado la autoridad nacional de reglamentación, por las cuales se estime que las obligaciones pertinentes impuestas en virtud de los artículos 9 a 13 de la Propia Directiva “Marco” no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con determinados mercados al por mayor de productos de acceso. Podrá, como medida excepcional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de esos productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.

Además de lo anterior, en la propuesta de adopción de la medida de separación funcional la ANR debe aporta a la Comisión Europea pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable; un análisis del impacto previsto sobre la autoridad regu­ladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su con­junto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así? como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cual­quier efecto negativo potencial sobre los consumidores; y un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar solucio­nes a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado por la autoridad de reglamentación

El proyecto de medida por la que se impusiera la separación funcional incluirá? los elementos siguientes:

  • la naturaleza y el grado precisos de la separación, espe­cificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada;

 

  • una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe sumi­nistrar esta entidad;

 

  • los mecanismos de gobernanza para garantizar la inde­pendencia del personal empleado por la entidad empre­sarial separada y la estructura de incentivos correspondiente;

 

  • las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;

 

  • las normas para garantizar la transparencia de los pro­cedimientos operativos, en particular de cara a otras par­tes interesadas;

 

  • un programa de seguimiento para garantizar el cumpli­miento, incluida la publicación de un informe anual.

Sin menoscabo de todo lo anterior, una empresa a la que se haya impuesto la separación funcional, además podrá estar sujeta a cualquiera de las obligaciones enumeradas en los artículos 9 a 13 de la Directiva “Marco” en cualquier mercado específico en que haya sido designada como poseedora de peso significativo en el mercado, de conformidad con la propia Directiva 2002/21/CE (Directiva marco),

La separación funcional en la Ley General de Telecomunicaciones de España

La Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones española, de acuerdo con las Directivas de la Unión Europea, se refiere a las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que en su calidad de autoridad nacional de regulación independiente, ejerce aquellas relacionadas con la imposición de la regulación ex ante en el marco de los procesos de análisis de mercados de comunicaciones electrónicas, con la resolución de conflictos entre operadores y con la posible imposición de la obligación de separación funcional, regulando las obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia.

Es en lo referido a la separación funcional, que en el Capítulo IV de esta Ley, en sus artículos 16 y siguientes, que se establece que ésta –la separación funcional- es obligatoria cuando la CNMC, en su calidad de regulador, llegue a la conclusión de que las obligaciones específicas impuestas aplicables a los operadores de comunicaciones electrónicas con poder significativo en mercados de referencia (artículo 14) no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.

Una vez impuesta la medida de separación funcional, esa nueva unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos. Es por tanto la imposición de esta medida una decisión difícilmente reversible y con un muy importante impacto no sólo en la estructura empresarial, su organización y gestión, sino que también tiene un impacto directo en los trabajadores de la empresa y en sus resultados económicos, por lo que debe ser muy ponderada su adopción, ya que bien pudiera tener o provocar efectos adversos no previstos inicialmente y de muy difícil, por no decir, imposible solución.

En igual sentido que el planteado por la Directiva marco, la imposición de la obligación de separación funcional prevista en la ley general de telecomunicaciones española se entenderá sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar en aplicación de la normativa en materia de competencia.

Así, cuando la CNMC se proponga imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:

a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,

b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable,

c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y

d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

Llegados a este punto, el proyecto de medida formulado por el regulador debe incluir al menos los elementos siguientes:

a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada;

b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad;

c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente;

d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;

e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y

f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

Dada la gravedad de la medida, por el impacto de la misma en los mercados de referencia, la propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (hoy Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) y el Ministerio de Economía y Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentación identificadas como tal, junto a la CNMC en el caso español, hayan emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea, para su toma de decisión al respecto.

Tras la decisión de la Comisión Europea, la CNMC llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley española que incorpora al ordenamiento español la Directiva Marco, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso y sobre la base de su evaluación, previo informe de los departamentos ministerial competentes, la CNMC impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes en el marco de la medida de separación funcional impuesta.

Cono ya tuvimos oportunidad de ver en el marco de la Directiva, cabe la posibilidad de la adopción, de forma voluntaria por la empresa designada con Peso Significativo de Mercado (PSM) en uno o varios mercados pertinentes de la separación funcional (artículo 17 de la LGTel). Este procedimiento seguiría los pasos previstos en la Directiva de referencia.

Añadir que la CNMC, de acuerdo con su estatuto de creación por la Ley 9/2013 en las materias reguladas por ella, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce, entre otras, las funciones de (artículo 70.e) “decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de separación funcional de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el artículo 16” de la citada Ley 9/2013, de Creación de la CNMC.

Por tanto, en el caso de España, las Autoridades Nacionales de Regulación (ANRs) son al momento de escribirse este artículo, la CNMC y el Gobierno a través de los Departamento ministeriales designados al efecto por Ley, y sus funciones son, analizar el desarrollo del mercado, imponer remedios en caso de mal funcionamiento en beneficio de los competidores del operador dominante y resolver los conflictos entre operadores y entre éstos y los usuarios.

Así, recapitulando, uno de estos remedios es la separación funcional y, por otro, la de carácter estructural, que consiste, a grandes rasgos, en el caso de la primera, que cuando se detecta por parte de la ANR que las obligaciones impuestas no funcionan para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas o fallos del mercado importantes en relación con determinados mercados al por mayor de productos de acceso, se puede, de forma excepcional:

a)  Imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de esos productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente (separación funcional). Esta medida, aun suponiendo una intervención parcial en la actividad de la empresa, no afectaría los derechos de propiedad de los accionistas que, eso sí, ven de alguna manera limitada su capacidad de gestión por obligación regulatoria, pero no se cambia su estructura.

La separación funcional se caracteriza porque separa los elementos de la red del operador de comunicaciones electrónicas y los traslada a una unidad de negocio independiente de donde están localizados los elementos de acceso. De ese modo, los productos y servicios mayoristas del operador declarado como PSM se ofrecen tanto a la unidad minorista del propio PSM como a sus competidores en condiciones equitativas, proporcionales y no discriminatorias, lo que supuestamente reactiva la competencia efectiva en el mercado. No obstante, la constitución de una entidad empresarial operativamente separada tiene que ser primero aprobada por las ANR nacionales y tras ello aprobada por la Comisión Europea.

Hay que recordar que la separación funcional es una medida extraordinaria, excepcional, de último recurso, y sólo puede adoptarse cuando no se haya alcanzado de forma previa tras esfuerzos en el marco de la regulación ex ante, la competencia en infraestructuras de telecomunicaciones. Es por ello que de cara a la posible adopción de una medida, como la de separación funcional, hay que valorar el grado de despliegue de la red y evaluar el impacto de esta medida en la inversión del operador afectado y del sector antes de adoptarla, dado el problema de irreversibilidad que tiene y los posibles impactos negativos en el sector, en el empleo y en la economía general de un país. Por último, existe la posibilidad de una separación voluntaria, que requeriría un nuevo análisis de mercado por parte de la ANR.

b)      Directamente, dividir la empresa en dos o más empresas independientes: una de ellas prestaría los servicios mayoristas, con interconexión con los demás operadores en igualdad de condiciones, y la otra competiría en el mercado minorista, es decir, en los accesos y servicios (separación estructural).

c)       Además, para garantizar un trato proporcional, equitativo y no discriminatorio, como medida menos intrusiva, se dispondría de la posibilidad de imponer la separación contable entre distintas actividades o servicios prestados por el operador declarado con PSM (separación contable), utilizando para ello la metodología contable que se determine por el regulador.

Como parece evidente, la separación funcional es una solución menos agresiva que la estructural, ya que no exige que se forme una nueva empresa y, por lo tanto, no afecta los derechos de propiedad de los accionistas.

En el caso español, a pesar de encontrarse la previsión de separación funcional en su Ley General de telecomunicaciones vigente, no se ha estimado oportuno adoptar medidas de estas características, apostándose por la intervención regulatoria ex ante menos intrusiva y que se considera que ha promovido entornos de mayor y más eficiente competencia, como importantes beneficios para los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones y, en especial, en el acceso a la banda ancha.

El caso Británico. De Openreach a la separación estructural

Como es sabido, el caso del mercado británico de telecomunicaciones resulta peculiar y en distintos y variados aspectos se diferencia de la tónica general de la Unión Europea, a pesar de lo cual resulta indiscutible que es uno de los referentes en el que se miran las diferentes ANRs.

En el tema que nos ocupa de la separación funcional, el operador incumbente británico, British Telecom (BT), vivió en 2006, en su propia estructura y organización, la experiencia de una separación funcional adoptada por regulador británico Ofcom, mediante la creación de una nueva unidad en su seno denominada Openreach, momento a partir del cual ha sido centro y objeto de las atentas miradas de los reguladores de gran parte del mundo.

El modelo impulsado en el Reino Unido de Openreach establece un marco de separación Funcional con una metodología de acceso a las redes del PSM, por la que los terceros operadores de telecomunicaciones que solicitan acceso a las mismas no tienen acceso a los conductos del incumbente entendido como tal, British Telecom, sino que acceden a una unidad de negocio perteneciente al Grupo de negocios BT, como operador neutro.

Openreach, como unidad de negocio en el seno de BT, pero actuando bajo las premisas regulatorias de la Ofcom, dispone de la infraestructura de la red que correspondería a una empresa supuestamente neutral. Dichos conductos son gestionados y explotados por la citada unidad de negocio de BT de forma neutra, de tal forma que puede arrendar a cualquier actor que lo solicite, pero que no cede desde un punto de vista físico.

Tras la fuertes críticas al modelo, no sólo desde el operador incumbente sino también, y es lo más llamativo del caso, desde los operadores terceros como EE, Sky, TalkTalk, Virgin Media y Vodafone, se han quejado ante el regulador independiente Ofocm, por la que consideran una excesiva cuota de mercado de BT en el segmento empresarial,[4] ocupando una posición semi monopólica, a la que se añade la que consideran rigidez y lentitud del modelo Openreach.

La propuesta de los terceros operadores, competidores de BT, pasa por un modelo de derecho de acceso directo a los conductos del incumbente y así poder instalar sus propios equipos y desplegar sus propias redes sobre la infraestructura de BT como PSM. Un modelo como el que conocemos para el caso español, vía definición de mercado y declaración de PSM.

Tras diez años de funcionamiento de Openreach, Ofcom ha reabierto el debate sobre el modelo de separación funcional, partiendo de la premisa de que no ha resultado todo lo satisfactorio que se planteó inicialmente, hasta el punto que se plantearía seguir la senda de la separación estructural, tal como en su día se acometió la segregación de AT&T en Estados Unidos de América, dando lugar a una pequeña “Baby Bell” de las infraestructuras de telecomunicaciones en el Reino Unido, para separar legalmente del operador British Telecom (BT) la parte correspondiente a la operación de la red de acceso local del incumbente británico.

En febrero de 2016, tras un periodo de consultas públicas, Ofcom publicó el documento “Making communications work for everyone” (“Haciendo que las telecomunicaciones trabajen para todos”),[5] por el cual reconoce que el actual modelo de separación funcional ha fracasado en el Reino Unido, hasta el punto de considerar que no se ha sido capaz de remover los incentivos y la capacidad (de BT) para discriminar en contra de sus competidores.

En julio de 2016, el incumbente BT entregó a la Ofcom una propuesta para mejorar el modelo actual de separación funcional, con la idea de disuadir al órgano regulador de seguir adelante con la idea de ordenar una separación legal de Openreach, en lo que supondría una separación estructural que iría más lejos de la operación llevada a cabo sobre la red local de BT como unidad de negocio del incumbente británico, o lo que es lo mismo, Openreach.

Ofcom anunció a finales de noviembre[6] que seguirá adelante con su propuesta de separación estructural una vez que llegó a la conclusión de que las propuestas de BT no resultan suficientes para atender las preocupaciones en materia de competencia y que, a su vez, evidencian las carencias de la separación funcional tras diez años de implementación.

Ofcom entiende que BT aún mantiene incentivos para discriminar en perjuicio de sus competidores; que BT mantiene control sobre el proceso de toma de decisiones estratégicas; o que BT no consulta lo suficiente con todos los clientes de Openreach, entre otros extremos.

Tal como se ha anunciado por Ofcom, el regulador tiene la intención de introducir una serie de medidas destinadas a garantizar que todas las empresas de telefonía y banda ancha puedan ofrecer la calidad del servicio que los clientes esperan sobre la infraestructura local que hoy es gestionada por Openreach, y que pasarían a formar parte de una nueva empresa segregada, separada estructuralmente de BT.

En este sentido, se plantea por el regulador británico que Openreach estará sujeto a requisitos más estrictos y mínimos para reparar fallas e instalar nuevas líneas más rápidamente. Sobre la base de las medidas introducidas por Ofcom en 2014, pero con la implementación de estándares más exigentes y que abarcaría elementos de calidad en la prestación del servicio.

En igual sentido, el regulador pretende introducir tablas de rendimiento sobre la calidad del servicio, identificando a los mejores y peores operadores que posibilite una mejor elección por parte de los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones.

Por último, Ofcomplantea introducir una compensación automática para los usuarios finales de estos servicios y las empresas para el caso de caída o pérdida del servicio contratado con su proveedor de comunicaciones electrónicas.

En conclusión, estamos ante una experiencia fallida, que para muchos, a lo largo de los últimos años, algo más de una década, ha sido un modelo a seguir, pero que vista la experiencia, hace aconsejable ponderar con extremo cuidado la adopción de remedios regulatorios de estas características, que tienen una difícil reversión y que además pueden terminar conduciendo a una huida hacia adelante, con medidas aún más intrusivas como la separación estructural.

No es aconsejable comenzar la casa de la regulación por un tejado que puede terminar cayendo sobre las cabezas de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.



[1] Abogado. Socio Director de MEL Abogados S.L.P. Profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Derecho de la Publicidad y Propiedad Intelectual de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramón Llull de Barcelona. Ex Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España.

[3]DIRECTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DOUE de 18.12.2009 L 337/37).

[4] Noticia disponible en (14 de febrero de 2017 vista), publicada el 22 de noviembre de 2014. Broadband firms go to war with BT and Ofcom over competition”. http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/telecoms/11246963/Broadband-firms-go-to-war-with-BT-and-Ofcom-over-competition.html

Ángel García Castillejo

Ángel García Castillejo fue consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España, nombrado por real decreto de 30 de diciembre de 2005 hasta el 7 de octubre de 2013.
 
Actualmente es socio Director en el Despacho Madrid Espacio Legal Abogados, S.L.P. (MEL Abogados S.L.P.). Profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Derecho de la Publicidad y Propiedad Intelectual de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramón Llull de Barcelona.
 
Síguelo en Twitter: @ag_castillejo

 

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