Sábado, 16 de diciembre del 2017
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El viernes, a diferencia de lo sucedido en las audiencias del jueves, el Estado dio explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). Lo hizo representado por Fernanda Cardona, directora general de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y Nicolás Cendoya, director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec). El tema era la demora en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), y fue planteado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), integrada por más de 30 organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos.

La ley de SCA se aprobó en diciembre de 2014. Desde entonces, no sólo no ha sido reglamentada, sino que en los procesos de asignación de frecuencias hubo “retrocesos”, alertaron los representantes de la CCD, Paula Baleato (agencia de comunicación Voz y Vos) y Gabriel Kaplún (Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República).

Baleato recordó el proceso participativo que precedió a la redacción de la norma. Señaló que no sólo el Poder Ejecutivo está en falta por no reglamentar la ley, sino también el Poder Legislativo y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). El primero debió haber designado una comisión parlamentaria para elegir cuatro de los cinco integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo encargado de aplicar la ley, mientras que la segunda debió haber ejercido activamente su rol de defensoría de las audiencias y debió haber elaborado un plan nacional de educación para los medios.

Kaplún remarcó que el Ejecutivo no sólo no designó al presidente del CCA, sino que tampoco designó a la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual, ámbito que canaliza la participación de la sociedad civil, y que tenía opinión preceptiva en la reglamentación de la ley, advirtió el docente e investigador. “La reglamentación estaría pronta sin la participación de la sociedad civil, prevista en la ley”, cuestionó.

El representante de la CCD sostuvo que los procesos de asignación de frecuencias de radio y televisión “lamentablemente están peor que antes de la ley”, porque, al aprobarse la norma e instrumentar nuevos procedimientos, dejó sin efecto procedimientos anteriores y derogó los organismos encargados de resolver sobre la asignación de frecuencias. Esto determinó que quedaran sin definición 11 llamados para la asignación de frecuencias radiales en ciudades del interior realizados en 2013, aseguró Kaplún. A su turno, Cendoya aclaró que en realidad siete llamados permanecen sin definición, porque en los restantes cuatro casos hubo asignaciones.

El representante de Ursec aseguró que comparte la valoración que hizo la CCD respecto de la importancia de la ley de SCA, pero negó que exista una “parálisis”. “La ley tiene plena vigencia, la ley puede y debe ser aplicada, y ha sido aplicada por el gobierno de Uruguay”, aseguró. Agregó que “no puede compartirse” que la creación del CCA sea “imprescindible para la aplicación de la ley”, y alegó “dificultades presupuestales” para “la inversión necesaria para crear un nuevo organismo”. Sostuvo que mientras el CCA no se conforme, la propia ley establece que las competencias del organismo estarán a cargo de la Ursec y de la INDDHH.

Cendoya afirmó en ese sentido que la Ursec adoptó, desde febrero de 2015, 54 resoluciones en las que aplicó directamente la ley, sin necesidad de reglamentación, y que actualmente hay 80 expedientes en trámite que implican su aplicación. Prometió enviar a Washington, donde tiene su sede la CIDH, 105 kilos y 800 gramos de documentación que muestran que “la ley efectivamente se ha aplicado”. También evaluó que el Estado ha sido “exitoso” en la defensa de la ley ante los recursos de inconstitucionalidad presentados por empresas privadas y gremiales de empresarios de la comunicación.

El representante de Ursec justificó la demora en la reglamentación de la ley y señaló que el presidente Tabaré Vázquez no quería “aprobar una reglamentación que decayera inmediatamente por la inaplicación total o parcial del precepto legal”. Respecto de los tiempos de la reglamentación, explicó que en octubre de 2016 se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron 16 profesionales. En 19 sesiones de trabajo se redactó un documento inicial de 103 artículos que está a estudio de Presidencia de la República. Se elaboraron también siete proyectos de ley para salvar las inconstitucionalidades de la ley, que serán enviados al Parlamento. “El compromiso del Estado uruguayo con la legalidad y la plena aplicación de todas las normas es completo”, sentenció Cendoya.

Cardona explicó que ya se está “trabajando” en el documento inicial de reglamentación y que “en días, en semanas”, podrá estar pronto el decreto reglamentario.

Todavía analógicos

Tanto la CCD como los comisionados de la CIDH evaluaron positivamente la ley de SCA y cuestionaron al mismo tiempo el fracaso de la transición hacia la televisión digital. Kaplún afirmó que a partir de los llamados públicos realizados en 2013, por el que se otorgaron dos nuevas frecuencias comerciales a VTV y al consorcio Giro –integrado por las cooperativas La Diaria y Demos–, “se produjo un avance bien importante”. Acotó que en ese momento pareció que se iba a producir un cambio en el sector de la televisión, que tiene “una mala tradición de muy alta concentración”, al pasarse de cuatro señales de televisión a 13, contando los canales comunitarios y públicos. Pero actualmente hay sólo una señal pública nueva en televisión abierta, Tevé Ciudad. “Faltaron políticas públicas vigorosas para que efectivamente fuera posible que la televisión digital se desplegara como todos esperábamos”, cuestionó Kaplún. “Creo que aquí hay sobre todo una falta clara del Estado uruguayo, y del gobierno en particular, para asegurar que este proceso avanzara”, agregó.

A su turno, Cardona responsabilizó a los dos nuevos proyectos comerciales, VTV y Consorcio Giro, del fracaso. Dijo que estos dos grupos empresariales “no presentaron en tiempo sus proyectos definitivos para emitir dentro del plazo” y manifestaron su “imposibilidad económica de salir al aire”.

Esta afirmación de la jerarca fue rebatida por el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza. “Es cierto que algunos proyectos fracasaron, pero es cierto también que fracasaron porque no había un ambiente regulatorio propicio para que nuevos actores pudieran competir con actores que vienen trabajando hace 50 años. Para entrar a un nuevo mercado hay obstáculos de mercado, y si no está la regla must carry vigente [establecida en la ley de SCA, que obliga a los canales de televisión por cable a transportar las señales abiertas], si no hay una política pública de promover que la gente adquiera terminales digitales, si no hay definiciones claras de seguridad jurídica, es muy difícil que la gente invierta para que nadie los vea”, sostuvo. Preguntó si habrá un nuevo llamado a operadores digitales, pero no hubo respuesta.

Kaplún agregó que la decisión del gobierno de no fijar la fecha del apagón analógico hizo “imposible” que los nuevos operadores de televisión digital pudieran competir.

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El último Summit Antipiratería & Contenidos Tour sirvió como escenario para debatir sobre la necesidad de incorporar la protección de la propiedad intelectual en la Ley de Medios y presentó herramientas efectivas y rápidas para combatir la piratería por internet.

A sala llena se llevó a cabo este 29 de marzo en el Hilton de Bogotá el Summit Antipiratería & Contenidos Tour, octava fecha del evento organizado por TodoTVMedia y el Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property Consulting (Laapip), y segunda vez que el tour llega a Colombia. 

Bajo el lema “La Protección de la Propiedad Intelectual en el Entorno Digital y de la TV de Pago”, el evento sirvió para considerar las pérdidas por piratería en el país y las diferentes modalidades, pero sin dudas el foco del encuentro fue ahondar en la cuestión de la regulación necesaria para combatir esta problemática.
 
¿Cómo controlar un delito que alcanza al 10% de los abonados a TV paga del país, con pérdidas por más de US$ 100 millones, y que solo en Colombia genera más de 46 millones de visitas a sitios de contenido ilegal en 2016? Para responder esta pregunta se reunieron en el evento autoridades locales e internacionales con representantes de programadores, cableoperadores y entidades de protección de la propiedad intelectual.
 
“Precisamos regulación para luchar contra estos delincuentes, porque son redes criminales, implican robo y hasta lavado de dinero. Ir a un tribunal para pedir que se bloquee un sitio es costoso y lleva tiempo. Necesitamos mecanismos más expeditos para estos casos, en algunos países ya existen”, reclamó Carolina Lambrechts, VP Regional Counsel de Discovery Networks Latin America/US Hispanic, en el panel de la industria de la TV paga.
 
Por su parte, Jaime Plaza, VP Regulatorio de UNE-Tigo, aseguró que parte de la solución es incrementar las penas para los que piratean contenidos, y aseguró: “Pero hay que hacer algo más porque hay un desestímulo absurdo para los creadores y distribuidores de contenido. Todos lucran menos nosotros. Esto no puede seguir así porque el ecosistema no va a poder seguir funcionando. El problema es de suma gravedad”.
 
Uno de los puntos más reclamados en este panel fue la necesidad de regular de forma común a nivel internacional: “Las regulaciones o las temáticas objeto de las regulaciones son universales. Lo que hizo el internet encoje el mundo al meternos en la globalización. Hacia allá deben apuntar las instituciones regulatorias, no podemos seguir con reguladores del pasado para las problemáticas del futuro”, destacó Plaza.
 
Por otro lado, se puso en el tapete la cuestión de la neutralidad de la red: “El tema de neutralidad de la red no es menor. Es algo que realmente hay que volver a evaluar en lo que refiere a piratería”, aseguró Lambrechts, y Plaza agregó: “Insistimos en la neutralidad de la red porque está en juego el ecosistema. Un negocio capitalista deja de ser capitalista porque no se remuneran todos los integrantes de la cadena de valor. Hay una contradicción en los términos de la neutralidad de la red. Hay que volverlo a mirar”.
 
La piratería en las Leyes de Medios
 
En una región donde la mayoría de los estados se han dedicado a regular los medios ante la irrupción del internet y las nuevas plataformas, surgió la cuestión de considerar la protección de la propiedad intelectual y la piratería de contenidos en las legislaciones de cada país.
 
Cabe destacar que son pocos los ejemplos de leyes de medios que ya han incluido la cuestión de la piratería como un capítulo dentro de la legislación. Esto se explica porque cada país suele contar con sus propios organismos de protección de propiedad intelectual y derechos de autor; y por la velocidad de los avances tecnológicos, que cada año facilitan decenas de nuevas modalidades para acceder de forma ilegal a contenidos que deberían estar protegidos.
 
Sin embargo, Pupo-Mayo aseguró que América Latina está en un momento particular en cuanto a las leyes de medios, porque en países como Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay esta legislación está en período de revisión. En este sentido mencionó que no puede volver a pasar, por ejemplo, lo que sucedió cuatro años atrás en México con la nueva ley de medios, que no contempló la protección de la propiedad intelectual.
 
“En México, por ejemplo, hace cuatro años la nueva Ley de Medios no contempló la piratería, porque en ese entonces la tecnología no era lo que es hoy, la tecnología va muy por delante de la legislación”, destacó Gustavo Pupo-Mayo, chairman de TAP Latin America, en el panel de reguladores.
 
En este sentido, la mexicana Irely Aquique, que forma parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), explicó los pasos que se están dando en México para agregar este capítulo a la Ley de Medios: “El IMPI está en la disyuntiva de en qué legislación se va a regular la parte de uso de contenidos ilegales en internet. El IMPI viene trabajando con Instituto Federal de Telecomunicaciones, ente regulador mexicano, que tiene que estar inmiscuido, evidentemente, y estamos en un intercambio de opiniones entre autoridades para ver cómo establecer la regulación de la piratería”.
 
Aquique agregó que es urgente reformular estas leyes para que la piratería de contenidos deje de estar excluida de la legislación de los medios: “Como la autoridad que regula la propiedad intelectual en México, opino que urge tener un cambio en la legislación para hacer frente a este tipo de violaciones y poder ir desalentando estas conductas”.
 
Ernesto Orozco, de la Junta Nacional de Televisión, perteneciente a la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, coincidió en este aspecto: “El acercamiento a la problemática del derecho de autor en Colombia se da desde el punto de vista penal. Estas entidades regulatorias de comunicaciones y TV fueron diseñadas para eso. Su alcance está limitado. Por eso amerita en la Ley de Medios un rediseño institucional con una autoridad que tenga alcances con el fin de apoyar toda la rama de justicia con los derechos de propiedad intelectual”.
 
Y queda mucho por hacer. Según María Dolores Souza, directora del Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI), los focos prioritarios de la institución son los marcos regulatorios en convergencia tecnológica, aunque destaca que para la mayoría de los reguladores que la integran, la piratería no es prioritaria, “porque muchas veces existe un ente independiente del regulador para abordar estos tema”, aclara Souza.
 
Pupo-Mayo se comprometió a colaborar desde su función de Chairman de TAP junto a los miembros que forman parte de la asociación para desarrollar una campaña publicitaria, en sus más de 100 canales en 22 países, que advierta sobre la gravedad del robo de la propiedad intelectual.
 
Además prometió a colaborar con las autoridades locales en la inclusión de la protección de la propiedad intelectual en la Ley de Medios que está en discusión en Colombia.
 
Por su parte, Orozco a instancia de lo propuesto por TAP, manifestó que la ANTV cuenta con espacio para difundir en los medios locales las campañas de concientización, espacio que puso a disposición de TAP.
 
Dos soluciones para la piratería online
 
Si bien la piratería es inabarcable en tanto implica múltiples modalidades en todo tipo de plataformas, hay acciones y herramientas antipiratería muy efectivas, estrategias que no necesitan mayor regulación y se pueden ejecutar a corto plazo, sobre todo en lo que respecta a la piratería online.
 
Uno de los casos que surgió en varios de los paneles del Summit Antipiratería y Contenidos es la colaboración con los buscadores web y las agencias de publicidad para evitar los anuncios en las páginas de contenido pirata, una medida que afecta directamente las ganancias de los piratas y a su vez soluciona las inquietudes de los anunciantes.
 
Daniel Steinmetz, Chief Anti-Piracy Officer de Fox Networks Group Latin America, comentó en el Panel de Industria de TV paga: “Tenemos que trabajar con las agencias de publicidad para exigirles que no trabajen con las páginas web piratas para colocar sus anuncios. También hay empresas facilitadoras de pago, como Paypal, que son parte de la cadena de acceso a contenido ilícito al facilitar cuentas para pagar contenidos ilegales. Debemos sumarlas para crear una estrategia conjunta para evitar el funcionamiento de webs piratas”.
 
Por su parte, Lambrecht destacó la responsabilidad de los buscadores con respecto a la piratería: “Hay que involucrar a todos los actores. Los gigantes de internet hoy hacen millones en publicidad mediante los contenidos, y gran parte de ese contenido no tiene derechos. Hace falta hacer convenios con esas empresas para que ellos también acompañen. No deberían salir las páginas piratas en los buscadores porque eso promueve la ilegalidad. Los buscadores tienen la obligación de bloquear estos resultados”.
 
Por otro lado, Ygor Valerio de la Motion Pictures Association of Americas presentó en su panel sobre piratería online una medida que fácilmente se podría implementar en América Latina para evitar la piratería: se trata del bloqueo de sitios mediante los proveedores de conexión de internet con IP, que pueden prohibir a los usuarios el acceso a los sitios piratas.
 
Esto funcionó en Argentina con la web pirata Pirate Bay, gracias a un acuerdo con los proveedores locales, y en Europa, donde ya fueron bloqueados más de 4.000 sitios. Valerio ejemplificó: “En Reino Unido se midieron los resultados del bloqueo de 19 sitos piratas en 2013. La reducción de visitas de sitios pirata cayó 80%. Es una medida muy efectiva. También creció el consumo legal en un promedio de 12%. Es una medida interesante porque no requiere un mecanismo legal ni llevar gente a la cárcel, ni implica gastos para el estado”.
 
En conclusión para todotvnews, el evento culminó con la sensación de que si bien queda mucho por hacer para combatir la piratería online, e incorporar la protección de la propiedad intelectual en la ley de medios que se discute por estas horas, claramente lo que más se necesita es voluntad política. Existen autoridades comprometidas con el tema que conocen el fenómeno y están dispuestas a trabajar en la búsqueda de soluciones.
 
Colombia se encuentra en un punto de inflexión, en la puerta de una gran oportunidad de incluir en su Ley de Medios la protección de la propiedad intelectual y ser el país pionero en dar este gran paso.
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El DNU 267/15 que en diciembre pasado derogó la ley de medios y disolvió la polémica Afsca también creó una comisión para redactar el anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. Esa comisión está integrada por el secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Héctor Huici; los directores del Enacom Silvana Giudici y Alejandro Pereyra; el vicepresidente de la estatal Arsat, Henoch Aguiar; el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el filósofo Santiago Kovadloff. El equipo se repartió el trabajo en dos subgrupos que trabajan sobre cuestiones de telecomunicaciones, por un lado, y de radiodifusión, por otro.

l trabajo se organiza en reuniones de puesta en común y redacción de la norma -que ya tiene 17 principios inspiradores, una estructura y varios artículos avanzados-, y en encuentros quincenales con entidades sectoriales que van a plantear sus opiniones y pedidos (por allí ya pasaron algunos de los sectores más críticos a la derogación de la ley de medios de 2009). A eso se suman debates académicos (hasta ahora hubo tres, en las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) y seminarios internacionales. En el debate académico de Buenos Aires participó, entre otros, Damián Loreti, el redactor del proyecto original que en 2009, con modificaciones, terminó convirtiéndose en la ley de medios.

En forma paralela, Aguad, De Godoy y los directores del Enacom, ya se reunieron con varios reguladores y ex reguladores de distintos países. Pero en ese sentido la relación más intensa es con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de los Estados Unidos. Semanas atrás, estuvieron el presidente de la FCC, Thomas Wheeler, y el embajador Daniel A. Sepúlveda, coordinador para la Política Internacional de las Comunicaciones y principal colaborador del secretario de Estado estadounidense, John Kerry. En uno o dos meses, viajará a Washington una delegación argentina encabezada por Aguad y sus funcionarios, e integrada también por directivos de los principales operadores privados del sector, para conocer cómo funciona la FCC y hacia dónde está yendo (ya están trabajado en liberar espectro para 5G, por ejemplo).

En el proceso de redacción de la norma también hubo una participación informal de la consultora McKinsey, contratada oficialmente para ayudar en el plan de negocios de la estatal Arsat, y que hizo un relevamiento de legislación comparada en telecomunicaciones y radiodifusión en todo el mundo. También fueron escuchados académicos como Carlos Winograd, ex secretario de Defensa de la Competencia y profesor de la Escuela Económica de París-ENS.

Además de la oposición de la heterogénea Coalición por una Radiodifusión Democrática y de los sectores académicos que sostuvieron la ley de 2009, también surgen voces que se oponen a la regulación de algunos aspectos de las nuevas tecnologías, como la Cámara Argentina de Internet (Cabase). Pero por la misma razón otras entidades expresaron su apoyo explícito al proceso en marcha, como la Asociación Latinoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), que agrupa a las empresas telefónicas (que siguen reclamando contra el cepo de dos años a la competencia en TV paga con los cables, que vence en diciembre de 2017).

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Viernes, 19 Agosto 2016 08:30

Ley de medios, justicia y oposición

Los recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Medios se han multiplicado. Algunas sentencias de la Suprema Cor-te de Justicia así han declarado a varios artículos y se anuncia, entre otros, una lluvia de recursos contra el artículo 56 inciso 1 que prohíbe a los canales cable vender paquetes con la modalidad "triple play" que refieren a banda ancha, voz y televisión.

Lo sucedido no es de extrañar porque en la consideración del proyecto, aprobado solo con el voto de la mayoría, se recibió la opinión de los más destacados especialistas en Derecho Público que, por unanimidad, "destrozaron" la consistencia jurídica de la norma y advirtieron respecto de las impugnaciones que se realizarían, como viene sucediendo.

La impulsora del Proyecto, la entonces presidenta de Antel y actual ministra de Industria con competencia en el tema, volvió a hacer gala de la improvisación jurídica que caracterizó al gobierno del Sr. Mujica, porque no solo le ha quitado importancia a los recursos de inconstitucionalidad que han tenido sentencias favorables por no "integrar la columna vertebral de las telecomunicaciones", sino que adelantó su criterio de aguardar hasta el último fallo de la Suprema Corte de Justicia, para proceder a su reglamentación. En términos inadecuados y hasta despectivos, agregó que desde "el punto de vista ingenieril y electrónico lo que viene sucediendo con estas inconstitucionalidades decretadas" solo son ruidos en las líneas "que no afectan el panorama de las telecomunicaciones en el país". La señora ministra no debería permanecer un día más al frente de esa Secretaría de Estado. Su desconocimiento y falta de respeto a la Constitución y a los titulares de derechos en un área de esa importancia, no hacen más que demostrar que su concepto del ejercicio del poder no admite más límites que sus interpretaciones personales, teñidas de una ideología monopolista tan antigua como arbitraria. Por su parte, el actual presidente de Antel reconoce que está a la expectativa, en virtud de que los resultados de los fallos escapan a su jurisdicción y que tienen que resolverse en otros ámbitos del gobierno.

Frente a esto cabe plantearse algunas interrogantes: ¿los ámbitos a que se refiere el Sr. Tolosa es el Ministerio que encabeza la Sra. Cosse? ¿Antel no es un Ente Autónomo que tiene que ajustar su accionar a las sentencias del Poder Judicial? ¿Acaso va a esperar que un nuevo cuerpo normativo se presente ante el Parlamento con el mismo espíritu que inspiró a la Sra. Cosse cuando presidió Antel? ¿O no se recuerda que durante la primera Presidencia de Vázquez fueron destituidos los tres directores designados por el Poder Ejecutivo por irregularidades y delitos que hasta vergüenza ajena despertaron en la sociedad?

Sin embargo, lo expuesto no agota el tema, porque hay otro a plantear que tiene la misma gravedad y que se relaciona con el rol de la oposición, no solo a nivel parlamentario, sino en el propio Directorio de Antel. Ante este descalabro jurídico no se ha escuchado la voz de la minoría representada en el ente respecto de propuestas destinadas a modificar aquellas normas que en oportunidad de ser discutidas en el Parlamento, sufrieron categóricos cuestionamientos jurídicos que la Justicia está reconociendo.

Y esta situación no es nueva, por lo que no pueden repetirse las razones que motivaron la renuncia del delegado de la oposición durante la pasada Administración, quien no admitió ser ignorado en la mayoría de las decisiones que marcaban el rumbo del ente. La oposición no solo debe controlar, sino plantear alternativas que reflejen lo defendido por su partido en la discusión de la ley aprobada por el parlamento con su voto contrario. Su representante en la empresa debe mantener comunicación con el Directorio y con la bancada del partido para diseñar una estrategia que interprete la voluntad de la colectividad toda y no una opinión personal o sectorial insuficiente.

Por otra parte, la construcción del Antel Arena parece gozar de salud y continúa sin claros cuestionamientos respecto de la presión sindical, asociada a un protagonismo personal de la expresidenta, que extendió las competencias del ente a actividades ajenas al principio de especialidad al que debe ceñirse.

La Sra. Cosse y el Sr. Sendic representan el desborde del poder, el desprecio por lo jurídico (cuya paternidad es conocida) y parecen no tener una oposición que reivindique el Estado de Derecho, patrimonio moral del partido que celebra sus 180 años y que nació y vive bajo la digna divisa de "Defensores de las Leyes". La Justicia hace bien en pronunciarse con la independencia que jerarquiza las instituciones republicanas.

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Jueves, 05 Mayo 2016 07:28

De la teoría a la práctica

La implementación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) aprobada en 2014, la ley de publicidad oficial a estudio del Parlamento y la relación del Frente Amplio (FA) y del gobierno con los medios de comunicación fueron los temas centrales abordados ayer por tres de los cuatro candidatos a la presidencia de la coalición de izquierda, a instancias de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y un día después de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. A la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya llegaron Roberto Conde, Alejandro Sánchez y José Bayardi; Javier Miranda no pudo asistir por problemas de agenda. Los tres coincidieron en que la ley de SCA está vigente y que es necesario que el Poder Ejecutivo la reglamente.

Conde destacó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la ley incorpora la necesidad de que el Estado intervenga en forma “potente” para garantizar el derecho a la libertad de expresión como “bien público”, y que el Estado “no puede ser neutral” y debe “poner límites a los intereses particulares de las empresas”. “Espero que efectivamente el Estado uruguayo no sólo legisle sino que reglamente lo que legisla y lo aplique”, afirmó el candidato. Conde estimó que podría irse redactando la reglamentación, teniendo en cuenta las observaciones de la SCJ en los fallos emitidos hasta el momento. “Es hora de avanzar en la reglamentación. Es demasiado tiempo, son seis años que llevamos discutiendo el tema. Seguir alargando nos lleva a posponer un tema que es de enorme trascendencia para la democracia del país y para el progresismo”, sostuvo.

Sánchez recordó que la ley de SCA “fue enormemente discutida” y que cuando se debatió en el Parlamento, algunos la calificaban como “ley mordaza”. Sin embargo, señaló que las objeciones del fallo de la SCJ “no tienen nada que ver con la libertad de expresión”, y celebró que se logró “vencer intereses económicos que se disfrazaban de otras cosas”. Sánchez coincidió en que “ya se debería haber avanzado en la reglamentación” y en que “la ley está vigente y consagró derechos que no se están pudiendo ejercer”. En este sentido, opinó que la Asamblea General ya debería designar a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), el organismo rector en la materia, y apuntó que podrían haberse utilizado los minutos gratuitos que prevé la ley para campañas de bien público, por ejemplo en el caso de la campaña del dengue.

Bayardi remarcó que la ley “está vigente”. “Estamos un poco detenidos de más, hay cosas que hay que instrumentar”, consideró.

En cuanto a la publicidad oficial, todos los candidatos señalaron la necesidad de corregir el desequilibrio que hay actualmente entre la asignación a medios de Montevideo y del interior. Conde dijo que la publicidad oficial no debería convertirse en un subsidio encubierto a los medios, y que si es necesario subsidiar “órganos de prensa por el bien de la democracia”, hay que discutirlo en esos términos y no hay que tener temor de hacerlo, teniendo en cuenta que hoy el Estado realiza “cuantiosas renuncias fiscales para mantener empresas privadas”.

Los candidatos también se refirieron a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sánchez opinó que es necesario modificar la ley para fortalecer a los organismos encargados de hacer cumplir la norma y ampliar los organismos obligados también a aquellos privados que manejan fondos públicos, de modo de “ir corriendo la barrera de la transparencia” y “romper con la cultura oscurantista”. Además, se mostró partidario de que las respuestas a los pedidos de informes de los legisladores a los organismos estatales tengan carácter público.

Relaciones peligrosas

En cuanto al vínculo de la izquierda con los medios, Bayardi dijo que los medios son empresas que se mueven por intereses, y que debe mantenerse “una relación de respeto, sin compromisos”. Sostuvo que los medios pueden constituirse en instrumentos de democratización de la sociedad o en “otra cosa”. Sánchez opinó que la izquierda “ha tenido enormes dificultades en su vínculo con los medios”. Dijo que hay que tener presente que la actividad de la prensa “se lleva adelante por profesionales”, y evaluó que deben definirse “reglas claras” en el vínculo. Sostuvo que los medios “no deben ser depositarios de todos los problemas que existen en la fuerza política y en el gobierno”, como “un recipiente donde se ponen todas las culpas”. Valoró que los medios deberían “privilegiar mucho más la investigación que la búsqueda de declaraciones”, porque esto último lleva a una “superficialidad” en el manejo de los temas.

A su turno, Conde afirmó que no puede perderse de vista que “aquí hay medios concentrados que tienen poder económico y comunicacional” y que “responden a intereses de sectores elitistas de la sociedad, que editorializan” contra el gobierno y contra la izquierda. “Estamos enfrentados a esos medios, hay una disputa por los contenidos. En términos de valores vamos a estar enfrentados con esos medios dominantes”, manifestó. Aclaró que esto no significa no respetar las “garantías” de esos medios en relación con su libertad de informar, pero enfatizó que “los medios deben también garantizar verdad a la sociedad”.

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