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AMÉRICA LATINA

Insólito: la guerra de los postes impide que se realicen inversiones en telecomunicaciones

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iProfesional – Andrea Catalano

Ahora la culpa la tienen los postes. Si no hay mejores y más veloces despliegues de redes de fibra óptica en los distintos rincones de la Argentina es porque parte de la pelea del momento se define en los postes. Sí señora, sí señor. En ese mismo poste de luz, fabricado en madera, cemento o caño, que tiene en la puerta de su casa.

Que al barrio llegue un decoroso servicio de banda ancha, de 20 mb de velocidad como pretende el Gobierno, ya no dependerá sólo de vivir en una zona poblada y con algo de poder adquisitivo sino también de qué operadores de telecomunicaciones podrán subirse a esos postes. Por eso el reclamo generalizado es que de una vez se defina una norma que permita facilitar los despliegues y prevenga y evite las trampas.

La fibra óptica, aunque enterrada en sus redes troncales, va por el aire cuando debe llegar a la casa de cada cliente. Para que ello ocurra, es necesario que se monte sobre los postes ubicados en las veredas de barrios, localidades y ciudades de la Argentina. En todos los casos, esos postes tienen un dueño: empresas de energía eléctrica, cooperativas o municipios.

Los postes son el nuevo ring en el que se pelean a trompada limpia cableros chicos, medianos y grandes, operadores de telecomunicaciones, cooperativas, donde los municipios también son parte y resuelven poco. Y las situaciones que ocurren son tan irrisorias que podrían alimentar varios capítulos de series de dibujitos animados en donde el chiste pasa porque mientras uno coloca fibra óptica en uno de esos postes, el otro viene corriendo detrás para sacársela, entre otros casos.

La foto parece ridícula. Pero es lo que está ocurriendo con los tímidos despliegues de infraestructura de red que las distintas empresas y cooperativas realizan en distintos puntos del país. A las dificultades económicas y financieras para realizar inversiones se suman las chicanas cada vez más subidas de tono entre los distintos jugadores para impedir que se metan en su terreno. En definitiva, para evitar la competencia.

El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aporta el 2,6% del PBI de la Argentina, de u$s 627.000 millones, según datos del FMI a abril de 2018. Las telecomunicaciones son las que soportan al resto de las actividades de TI en sentido estricto y, entre todas, son la base de la economía digital.

El Gobierno actual intenta agilizar las inversiones en uno de los sectores más dinámicos de la economía. Introdujo modificaciones a nivel regulatorio a fin de generar mayor competencia, pero no termina de alentar desembolsos signifivativos de partes de los distintos jugadores. Y cuando existe la posibilidad aparecen problemas de todo tipo. La pelea por los postes es un obstaculizador más de ese proceso que se espera.

“En cada ciudad hay un monopolio de los postes, por corrupción o por desidia. Y esto hace que se frenen las inversiones. En este escenario se dan, a su vez, otras dos situaciones: el que es dueño de un poste da servicios deficientes, y el que ya no tiene más capacidad y debe actualizar no puede hacerlo. Si el Gobierno pretende que las empresas demos banda ancha de 20 mb de velocidad a los hogares será imposible cumplir con ese objetivo en esta situación”, dijo a iProfesional, Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI).

La historia es más que conocida en el sector, y en los gobiernos, desde los años ’90 hasta ahora. Fue la razón por la que, en la llamada ley corta, que envió hace casi un año al Congreso, el Gobierno propuso la compartición de infraestructura (regulación ya establecida en la ley Argentina Digital 27.078, de 2014, nunca reglamentada), a fin de facilitar que un mismo sitio sirva para que todos los interesados puedan instalar sus redes. Pero la norma sólo tuvo media sanción en 2018 y no hay muchas expectativas de que avance en 2019.

Es lo que explica, a su vez, que la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a cargo de Héctor Huici haya convocado, a finales de enero, a una consulta pública para avanzar en definiciones vinculadas con la compartición de infraestructura. Una consulta pública de algo que es ley.

Las propuestas se podrán elevar durante 30 días hábiles, de modo que el tiempo para recibirlas cerrará cerca del 11 de marzo. A partir de ahí se comenzará a trabajar en el documento final. Todo indica que el Gobierno intentará avanzar en la compartición de infraestructura aunque sea a través de una resolución. Si fuera el caso, necesitaría la adhesión de provincias y municipios que, a su vez, hacen pesar su autonomía.

En el mientras tanto pasan cosas que impiden que los distintos interesados avancen con nuevas redes y, así hayan nuevas inversiones, esas que declama el Gobierno y que beneficiarían principalmente a los usuarios.

Sin despliegue de redes no hay economía digital posible. Tal como están las cosas, no parece que la Argentina pudiera avanzar en su desarrollo. Porque son tantas las situaciones que ocurren cuando alguna operadora quiere construir su red que resulta difícil imaginar que esto tenga solución.

“Hay ciudades donde no se puede tirar fibra óptica porque no se dan los permisos correspondientes. En Pehuajó, vas al muncipio, luego a la cooperativa, y así, pasás de un lugar al otro sin lograr nada. En Bolívar, la cooperativa de esa zona tienen los postes aunque no da servicios de telecomunicaciones, y tampoco se los usa. Y después están los casos donde se firman contratos de exclusividad, como el de Edemsa con el Grupo Vila en Mendoza, o Eden en el norte de la provincia de Buenos Aires”, contó a iProfesional, Marcelo de Ambrosio, dueño de un ISP integrante de la CAPPI.

Los dueños de los postes tienen la libertad de realizar contratos de servidumbre con los interesados en utilizarlos y, así, obtener ingresos adicionales por ese concepto. Hay casos en los que se celebran acuerdos de exclusividad, y otros en los que directamente se niega la chance de alquiler. Suelen ser los de cooperativas de servicios públicos que dan o tienen interés en las telecomunicaciones y, a veces, de los municipios, que se niegan con argumentos que suelen ser poco claros.

“El municipio de San Isidro no deja postear (instalar nuevos postes) y hasta el mantenimiento de lo que ya está instalado se complica. Porque cuando hay un equipo realizando un cambio de cables o de lo que fuera, detrás aparece la patrulla de la municipalidad objetando lo que se está haciendo. Es muy complicado”, dijo, por su parte, una de las principales operadoras de telecomunicaciones del país que está instalando fibra óptica para sus servicios empaquetados y que, como las pyme telco o las cooperativas, se encuentra con el mismo problema.

Historias de este tipo sobran. No poder usar un poste, alquilarlo, mantenerlo, A esta altura de las necesidades de infraestructura que presenta en el país, y no sólo en telecomunicaciones, el elemento democratizador que alcanza a todos los interesados es el impedimento para utilizar lo escasamente disponible.

“Tenemos un acuerdo para alquilar los postes. Ahora tenemos que remplazar el coaxil con fibra óptica, pero cuando queremos salir a cablear viene detrás la cuadrilla de la cooperativa de la zona a sacar el nuevo tendido”, contó, por su parte, José Carlos Macías, de Top Vision, Canal 3, de América, provincia de Buenos Aires.

Otro problema común que suelen encontrarse aquellos que van a construir sus nuevas redes es que, en vez de autorizarles a usar los postes existentes –el camino más rápido y económico- o a instalar nuevos, les prohíben ir por esa vía y los obligan a encarar la nueva infraestructura de manera subterránea.

Cuando se presentan estos casos, los operadores que ingresan al negocio de la banda ancha por fibra óptica se sienten discriminados y en situación de desventaja respecto de las prestadoras que desde hace años brindan sus servicios con cables en altura y que no son obligadas a soterrar.

“La solución es el tendido libre por poste y donde hay que hacer subterráneo encarar la obra entre todas las compañías interesadas y en igualdad de condiciones. Es una cuestión política y de establecer cómo concretarlo”, apuntó Bianchi. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de Silvana Giudici, debería ser quien se ocupe de terciar en este tipo de conflictos.

Enterrar fibra óptica es 17 veces más caro que llevarla por aire, es decir, enganchada a través de los postes. “Una cuadra de fibra óptica enterrada cuesta u$s10.000. Y acceder a un domicilio desde un poste es 17 veces más barato que un ducto, que es mejor y minimiza problemáticas, como la poda cuando se enreda en los cables, o cuando hay una tormenta. Por eso se debe compartir y es lo que les estamos ofreciendo a nuestras competidoras porque, si no, es muy difícil. No nos une el amor sino la miseria”, expresó Franco Cecchini, director de iPlan y presidente de la Cámara Argentina de Tráfico IP (CATIP).

Soterrar la fibra óptica se justifica en las ciudades y localidades de mayor cantidad de gente, pues es cierto que hay un impacto visual pero, sobre todo, de mejora en la calidad del servicio. Se trata de un costo que, por lo que señalan los mismos actores, debería ser enfrentado por los interesados o por el municipio que, a su vez, puede generar ingresos por el arrendamiento de esa infraestructura. Hasta ahora, a ningún jefe comunal se le ocurrió.

Porque el sobrecosto lo termina pagando siempre el usuario. “La eficiencia del uso de infraestructura compartida tiene como beneficio mejor costo para el usuario y mejor utilización de los recursos por parte de los jugadores. Y se puede competir igual porque la competencia pasa por la calidad del servicio no por la infraestructura”, sentenció Cecchini.

Por eso Bianchi, de la CAPPI, sostiene que “sí o sí tiene que haber un moderador que tenga criterios propios para evitar que el propietario de un poste ponga excusas para que un tercero lo use. En otros países todos pueden usar los postes disponibles pagando un canon”.

Jamás nadie imaginó que un poste podía generar tantas pasiones. Y nada indica que esto vaya a resolverse en el corto plazo. El hecho de avanzar con una ley corta o con una consulta pública para definir sobre la compartición de infraestructura que ya está en una norma aprobada y no reglamentada (porque había que reglamentar un montón de otras cosas que resultan antipáticas al Gobierno actual) hace perder tiempo. Y también la posibilidad de que las redes de telecomunicaciones que se necesitan para impulsar la economía digital se construyan más rápidamente. Todo por un poste.

AMÉRICA LATINA

Movistar lanzará en marzo la nueva generación de chip para celulares y anuncia más fibra óptica para Chile

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La Tercera –  Francisca O’Ryan.

Gracias a su tamaño, permite mayor libertad de diseño, ya que al utilizar menos espacio puede ser integrada en más dispositivos, como relojes, tablets y automóviles, entre otros.


Un ambicioso 2019 proyecta Movistar, filial de la española Telefónica, en Chile. El VP de la compañía, Fernando Saiz, anunció dos grandes proyectos: más fibra óptica para el país y tarjeta eSIM.

Lo primero será un avance para conectar más a Chile. En esa línea, la firma cableará a seis ciudades 100% con fibra óptica, lo que supone entregar datos de manera más rápida dentro del país. En 2018 Movistar conectó 104 mil hogares, pymes y escuelas, y durante 2019 las metas de la compañía apuestan por tener un 60% de su parque fijo conectado a esta tecnología.

“Somos la compañía con más kilómetros de cables de fibra en Chile, con el 48% del total de conexiones. Y desde el 2018, cada 1 minuto conectamos un nuevo cliente hogar con fibra óptica”, señaló Saiz.

El ejecutivo también abordó el rol clave de esta tecnología en la conectividad del futuro, incluso en el próximo despliegue del 5G, siendo crucial para apalancar la conectividad móvil (4G) y la conectividad fija. En ese sentido, Saiz señaló que “necesitamos obtener mayores facilidades para el despliegue de fibra por parte de organismos y autoridades locales”.

Pero no fue lo único. La operadora anunció también que lanzará en marzo en Chile el esperado ecosistema en torno a la eSIM. Se trata de la evolución de la SIMcard tradicional, ya que está integrada al interior del dispositivo y pasa a formar parte del hardware, digitalizando así el proceso de conexión a la red.

Gracias a su tamaño, permite mayor libertad de diseño, ya que al utilizar menos espacio puede ser integrada en más dispositivos, como relojes, tablets y automóviles, entre otros.

Además es más ecológica, ya que elimina el plástico.

Desde la empresa aseguraron que el proceso de habilitación de los primeros dispositivos con eSIM se hará de manera progresiva a lo largo de todo Chile y la primera etapa considerará la entrega de una tarjeta física con un código QR que permitirá los usuarios la habilitación de manera digital de su número y plan.

Esto facilitará el proceso para los usuarios, evitando la necesidad de ir a una sucursal.

Otros lanzamientos

La compañía también anunció otras novedades. Entre estas se destacó el lanzamiento de App Smart Wifi 2.0 para el segundo semestre de 2019, que potenciará la posibilidad de controlar la red del hogar de forma simple y segura, de manera remota, es decir, ingresando a la App desde cualquier parte del mundo.

Además, la operadora continuará ampliando su oferta de contenidos con el servicio “Movistar Play Full”, que llevará todos los atributos de la TV tradicional a Internet, sin la necesidad de instalar cables ni decodificadores, entregando acceso en cualquier momento y lugar.

Por último, potenciará sus contenidos incorporando series chilenas, las que tendrán un estreno internacional para toda la región, entre ellas, la popular teleserie “Pituca sin lucas”.

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AMÉRICA LATINA

Las empresas de telefonía celular prevén nuevos aumentos de tarifas

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La Nación – Guido Ratti

Marzo llegará con malas noticias para los consumidores, con incrementos en las tarifas del servicio de telefonía celular, uno de los rubros -comunicaciones- que mayores aumentos tuvieron a lo largo de 2018, con una variación anual del 55,3%, por encima de la inflación promedio que releva el Indec. En enero pasado, comunicaciones fue el sector que registró mayores aumentos dentro del índice de precios al consumidor, con una suba de 7,4% respecto de diciembre pasado, más del doble del incremento promedio que tuvo el IPC, de 2,9%.

Entre las principales operadoras del mercado, Personal fue la primera en incrementar sus tarifas los primeros días del mes pasado, mientras que Movistar informó que lo hará desde esta semana y los aumentos de Claro llegarán en abril. Las subas afectarán a unos 60 millones de líneas de telefonía celular.

Movistar, la empresa de telefonía móvil de Telefónica, confirmó un “ajuste promedio del 18% para clientes prepagos y pospagos”, aunque explicó que algunos planes y servicios no serán alcanzados por el incremento. La suba tendrá vigencia a partir del próximo viernes, 1º de marzo, aunque para el caso de los clientes pospago el incremento dependerá del momento del corte en la facturación.

En la compañía confirmaron que los clientes ya fueron notificados con anticipación a través de distintos medios con el objetivo de que “todos tengan acceso a la información”. Movistar tiene 18,6 millones de clientes de telefonía móvil.ADVERTISING

Por su parte, fuentes de Claro confirmaron que en abril la empresa aplicará un incremento promedio del 15% en prepagos y pospagos, aunque llegada la fecha “se revisará si se aplica o no” ese aumento. La compañía tiene más de 21 millones de clientes y ofrece diferentes beneficios, entre ellos a quienes realizan la portabilidad numérica, con un descuento por 18 meses en el plan contratado.

La compañía Personal, del grupo Telecom, con más de 18,4 millones de clientes, aplicó desde el 5 de enero pasado un incremento promedio del 17% en el precio de sus servicios, tanto prepagos como pospagos. Fuentes de la empresa justificaron los incrementos porque “son necesarios para acompañar el aumento de costos generales y la permanente necesidad de ampliar la infraestructura en todo el país”.

En la empresa señalaron que “Personal no había realizado ningún incremento durante la última parte de 2018, como otros operadores”. Además, agregaron: “Por el momento, no tenemos previsto una nueva actualización y en el caso de corresponder será comunicada a los clientes con 60 días de anticipación”.

Consumo en retroceso

Frente a los incrementos de tarifas, los clientes de telefonía se inclinan por los servicios prepagos (con carga previa de saldo con tarjeta), por sobre los pospagos (abono mensual). Mientras que 52,5 millones de líneas son prepagas, según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) actualizados al tercer trimestre del año pasado, 6,5 millones corresponden a líneas pospago.

Sin embargo, a la hora del consumo las cifras indican que son los clientes con abonos pospago quienes mayor cantidad de llamadas realizan: 5,1 millones de llamadas, frente a los 2,6 millones de las líneas prepagas.

La cantidad de celulares por cada 100 habitantes viene en caída desde el último trimestre de 2016: de 145 celulares bajó a 132 para el tercer trimestre de 2018, últimos datos disponibles. El máximo de los últimos años había sido en el último trimestre de 2013, con casi 160 líneas por cada 100 personas.

En relación con la portabilidad móvil, siempre según informes del Enacom, los datos netos mensuales por operador para enero pasado (la diferencia entre altas y bajas mensuales) indica que Personal fue la que mejor desempeño tuvo, con 26.164 altas netas, seguida por Claro, con 10.198. Nextel tuvo un desempeño negativo de 6078 bajas y Movistar tuvo el menor rendimiento, con un saldo negativo de 30.284 líneas.

Los ingresos económicos por el servicio de telefonía móvil de los operadores alcanzaron en el último trimestre de 2018 los $45.708 millones, más de US$1137 millones. En el mismo período se registraron un total de 7814 millones de llamadas salientes en la telefonía celular de todo el país.

El mercado de la telefonía móvil en la Argentina

21 millones

Son los clientes que tiene Claro, la mayor operadora de un mercado que tiene 60 millones de usuarios de celulares.

18,6millones

Son los usuarios de Movistar; la empresa de Telefónica tiene 24 millones de accesos totales de clientes (entre telefonía móvil, fija, banda ancha y TV).

18,4millones

La compañía Personal, de Telecom, es otro de los jugadores de peso en el rubro telefonía móvil en el país y ofrece redes 4G en 1500 localidades

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AMÉRICA LATINA

Argentina espera consenso para aprobar la ‘Ley Convergente’ en comunicaciones

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La Vanguardia

La ‘Ley Convergente’ en materia de comunicaciones que se discute en Argentina debe ser producto del consenso y no tener “visiones partidarias”, ha dicho este lunes en Barcelona la presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de ese país, Silvana Giudici.

“La ‘Ley Convergente’ es una ley que tiene incluir amplísimos consensos porque no es una ley dedicada, como en el anterior Gobierno la ‘Ley de Medios’, que fue creada para perjudicar a algunos o para generar condiciones políticas que en definitiva lo que hicieron fue menoscabar la pluralidad de voces en la Argentina”, señala Giudice en una entrevista con Efe.

La funcionaria, que participa en Barcelona en el Congreso Mundial de Móviles (MWC), ha agregado que a pesar de las críticas recibidas, la iniciativa ha recibido aportaciones de distintos sectores, lo que garantiza su pluralidad.

Giudice ha recordado que en este momento en el Congreso argentino se debate además la llamada ‘Ley Corta’, de tres o cuatro artículos solamente dedicados a las comunicaciones, “y a partir de ese debate luego se dará paso al envío de la ‘Ley Convergente’ en su conjunto”.

Esta ley, que permitirá a las compañías telefónicas insertarse en el mercado del llamado “cuádruple play”, que combina el servicio “triple play” (empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales de telefonía fija, banda ancha y televisión) y la oferta de servicios móviles, ha sido duramente criticada por la oposición, pero Giudice considera que no hay motivos para rechazarla porque “no persigue a nadie”.

En opinión de la presidenta del Enacom, este proyecto de ley necesita del consenso político pleno “porque se trata de una ley absolutamente para el futuro”.

“Hoy no solo estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de Inteligencia Artificial, de Internet de las Cosas, de robotización, de agenda digital, todos estos temas no estaban ni siquiera vislumbrados en el 2009 cuando se discutió el marco regulatorio en la Argentina”, ha afirmado.

Giudice ha insistido en su defensa del consenso en este caso porque, según ha dicho, la idea es “que esta sea una ley justamente que beneficie a todos, que no persiga a nadie, que no prescriba a nadie, que respete la libertad de expresión plenamente y además genere las condiciones para la inversión privada”.

En ese sentido ha defendido que el capital privado, “junto con el esfuerzo que se hace del sector público” ayuda a tener una infraestructura de telecomunicaciones que permite a Argentina tener una “base de competitividad que se necesita para el desarrollo económico sustentable de un país”.

“Estamos en este momento con los presidentes de las dos comisiones, tanto de Comunicaciones de Diputados, como del Senado, generando las condiciones para que se pueda aprobar y creemos que sí, que siempre hay condiciones políticas para tratar una ley que en definitiva habla del desarrollo de un país”, ha manifestado.

La directora del Enacom se ha referido también al momento político y económico de Argentina, que ha definido como “un camino muy interesante” a pesar de las dificultades porque, según ha indicado, el Gobierno del presidente Mauricio Macri ha recuperado la buena imagen internacional y el mundo ve al país “como un lugar para invertir, para generar desarrollo sobre todo en el tema de las telecomunicaciones”.

“Desde el Enecom vemos este momento particular de nuestro país como una oportunidad de generar la infraestructura de comunicaciones necesarias para que (…) nuestro país dé un salto cualitativo en relación con otros países de la región”, ha comentado.

La funcionaria ha reconocido que el país no ha avanzado lo suficiente en la implantación de la tecnología 4G, pero ha aclarado que el Gobierno se ha fijado para este año “la meta de tener el 93 % de los habitantes argentinos conectados a 4G e internet móvil”.

En cuanto a la tecnología 5G, ha dicho que se están haciendo “pruebas experimentales para atribuciones de banda de espectro” pero la prioridad sigue siendo la 4G.

“No hay posibilidades de 5G si no completamos la red de 4G”, ha argumentado, a la vez que ha explicado que esta tecnología “recién está funcionando en algunos de los países más avanzados”.

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