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Inexplicable silencio de IFT

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El Heraldo de México – Luis Soto

La polémica fusión DisneyFox sigue creciendo, a tal grado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no es aficionado al futbol, sino al beisbol, le entró al tema. Llama la atención del respetable que entre más se habla del asunto, más se deteriora la imagen del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero existe un porqué: conforme se conocen los detalles, se ponen en tela de juicio los criterios adoptados por el organismo para analizarla.

Hay quienes afirman que las advertencias al IFT sobre el impacto que tendría autorizar sin controles específicos la fusión, empezaron la semana pasada a iniciativa de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pero no fue así. Mucho antes, la Cámara de Senadores dirigió una carta al Instituto en donde hace un recuento de las restricciones que ha enfrentado esta megafusión en EU, Europa y Brasil, precisamente para evitar una concentración de contenidos que distorsione el mercado. Los senadores señalaron puntualmente el caso de Argentina, donde las autoridades no tomaron las precauciones necesarias y los contenidos deportivos, en especial el futbol, fueron migrados de la televisión abierta a un canal especial Fox Sports Premium, por el que los suscriptores de TV de paga tuvieron que desembolsar mayores cantidades de dinero.

Por si esto fuera poco, el IFT también recibió advertencias de la Profeco quien, desde el punto de vista del consumidor, y dadas las intenciones de Fox de lanzar para México en 2019 el mismo canal Fox Sports Premium, de inmediato abrió una investigación en la que detectó posibles afectaciones a la competencia y consumidores derivadas de esta fusión, y giró copia de todo su expediente al IFT, donde seguramente lo tiraron a la basura, acotan los suspicaces.

A esto se suma un conflicto de interés ventilado, ya que Georgina Kary Santiago Gatica, jefa de la Unidad de Competencia Económica y encargada de integrar el expediente del caso en el IFT, ha trabajado con los representantes de Disney-Fox gran parte de su vida profesional, e incluso se ha visto beneficiada de esa relación con contratos públicos desde el ejercicio de su profesión como independiente. Llegó a su puesto actual con la ayuda de uno de ellos, Ernesto Estrada, que fue ex comisionado del IFT. El otro involucrado es Eduardo Pérez Motta, ex presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Para los observadores no sólo resulta inexplicable el silencio del IFT ante las advertencias de senadores y diputados de las consecuencias de la fusión, sino una falta de total transparencia y rendición de cuentas. Increíble que permitieran que el asunto más importante y de mayor cuantía que han analizado -más de 70 mil millones de dólares-, se contaminara con una polémica que se pudo evitar. Los mismos observadores preguntan: ¿Cuántos asuntos como ese existen en el IFT, y quién se encargará de poner reglas claras en el actuar de sus integrantes?

Ahora ya saben por qué en el gobierno de la 4T afirman que algunos órganos autónomos no sirven para nada.

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COLUMNISTAS

Un paso atrás en ciberacoso

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), después de haber solicitado un presupuesto de 17 mil millones de pesos, solamente le fueron aprobados 12 mil millones. En respuesta a esta significativa reducción, el Instituto realizó algunos ajustes entre los que se encuentran poner fin al levantamiento de 14 encuestas para instrumentos de medición entre las que se encuentra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH).

La ENDUTIH, como su nombre lo indica, recolecta variables sobre la disponibilidad y uso de internettelefonía móvilsmartphonescomputadoras, entre otros en los hogares mexicanos. Adicionalmente, cuenta con un Módulo Sobre Ciberacoso (MOCIBA) el cual busca empezar a entender el problema en el país y poderlo atajar su incidencia a tiempo.

El módulo, a punto de desaparecer, consta de 10 preguntas sobre el conocimiento que tienen las personas sobre el tema y donde se identifica a las personas que han sufrido algún tipo de acosoelectrónico y características de estas situaciones.

Pero, ¿es preocupante que desaparezca el MOCIBA? En la última encuesta realizada, el módulo reportó que 24.5% de los usuarios de internet o celular de 12 años o más han sido víctimas de ciberacoso, de los cuales 52.1% son hombres y 47.9%, mujeres. Entre los grupos de edad considerados por el MOCIBA, los más afectados por el ciberacoso son los jóvenes entre los 12 y 19 años, tal que 26.7% de este segmento sufre estas prácticas, mientras que este indicador asciende a 32.3% para las personas entre 20 y 29 años.

Llama la atención que en el grupo de jóvenes entre 12 y 19 años, las mujeres son las más afectadas, ya que 28.1% de estas ha vivido ciberacoso, mientras que esta proporción es de 25.4% en el caso de los hombres.

En el resto de los grupos de edad, la segmentación de hombres es mayor al de las mujeres.

Sin duda es lamentable que un sector tan importante como el de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones carezca de variables que permitan cuantificar su desarrollo. No obstante, es totalmente inaceptable que un problema de salud pública como el ciberacoso, el cual está creciendo rápidamente y cobra vidas de personas a muy temprana edad, deje de contar con indicadores que permitan desarrollar políticas públicas para tratar de detenerlo.

Pero no todo está perdido, el pasado 14 de febrero, el INEGI introdujo una controversia constitucional ante la SCJN contra el presupuesto de egresos de 2019 y la aplicación de la Ley de Remuneraciones. El Instituto se ha pronunciado en contra de la reducción de su presupuesto sin un análisis sobre sus consecuencias y los tabuladores de remuneraciones para su personal. Todo ello con el objetivo de “salvaguardar la autonomía otorgada” al Instituto y para poder cumplir con su mandato constitucional.

Esperemos que el INEGI resulte victorioso de esta controversia y pueda continuar generando información que sirva de diagnóstico para cerrar la brecha digital, así como para atajar los pocos pero serios problemas que las TIC pueden causar.

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COLUMNISTAS

El fin de las autonomías

Jorge Bravo

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El Economista – Jorge Bravo

Para el gobierno del presidente López Obrador, para un Congreso de mayoría morenista aplastante y para la Cuarta Transformación en general, la autonomía de los reguladores apesta.

La descalificación (al más alto nivel presidencial y parlamentario) contra las instituciones que poseen esa cualidad jurídica, ha sido tanto política como ideológica y moral. López Obrador ha dicho que los organismos autónomos han fallado en el combate a la corrupción. Que sus principales especialistas ganan unos sueldazos y, por lo tanto, son inmorales. Recientemente, dijo que la autonomía es una moda, que pertenece a la era neoliberal (aunque la separación del poder político provenga de la democracia ateniense, la división de poderes se remonte al siglo 18 o la autonomía universitaria tenga 90 años). También acusó a los titulares de esos organismos de tener conflictos de interés con sus regulados.

El trasfondo de esa animadversión es político, pero sobre todo económico: el gobierno federal requiere recursos para sus propios proyectos clientelares y de alguien -de todos, incluidos los organismos autónomos- los tiene que obtener, sin la supervisión que ejercen esas instituciones autónomas.

La autonomía de los reguladores no es nueva, es deseable y no es neoliberal, pero al etiquetarla ideológicamente logra socavarla y desprestigiarla ante la sociedad. El gobierno de AMLO es un enemigo declarado de la autonomía. El primer ataque frontal fue financiero, pues la suficiencia presupuestal es una condición para que los reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sean autónomos.

Un regulador debe ser autónomo no sólo de los agentes económicos que regula, sino también del gobierno en turno (cuyos fines son políticos) y de otros poderes como el Legislativo, que pueden (y lo hacen todo el tiempo) proponer leyes regresivas.

La autonomía surge porque se reconoce el carácter técnico y especializado de las instituciones para regular los sectores económicos, reducir la discrecionalidad política en la toma de decisiones, resolver las asimetrías en los mercados y/o garantizar los derechos fundamentales.

Sin embargo, los principales ataques a la autonomía del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión no han provenido del exterior sino de la pasividad interna. López Obrador sólo ha aprovechado las innegables deficiencias de las instituciones para minar su independencia.

Desde antes de la instalación misma del IFT en 2013 su autonomía ya había sido vulnerada. Por ejemplo, sin estudio previo, la reforma constitucional resolvió el destino-secuestro de la banda de 700 MHz, cuando la regulación, supervisión y uso del espectro radioeléctrico es una atribución exclusiva del regulador especializado.

El Congreso, que ha sido hasta ahora el más notable vulnerador de la autonomía del IFT, decidió que la preponderancia sería por sector y no por servicio. Esa deplorable definición que no resiste el más mínimo rigor económico, creó un regulador perezoso que, en lugar de detonar sus facultades investigativas sobre los mercados, impone una autoridad que, paradójicamente, carece de autonomía regulatoria.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluye varias atrocidades contra la autonomía del regulador. Sirvan dos ejemplos. El artículo 131 de la mencionada ley que decía que el operador preponderante no cobraría por el tráfico de los competidores que terminara en su red, es decir, la llamada “tarifa cero” de interconexión.

Ante la pasividad de la mayoría del Pleno del IFT, tuvo que ser el agente económico preponderante en telecomunicaciones (a través del amparo indirecto) y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió la inconstitucionalidad de ese artículo 131, los que le devolvieron la autonomía y la especialización técnica al IFT en la definición de las tarifas de interconexión. Esa misma sentencia de la SCJN vulneró la autonomía del IFT, porque resolvió que los pagos de interconexión desde la entrada en vigor del artículo 131 no serían retroactivos. ¿Por qué decidió algo que no le correspondía?

El otro ejemplo es el artículo noveno transitorio de la ley secundaria, que señala que en tanto exista un agente económico preponderante, las concentraciones no requerirán la autorización del IFT. El legislador vulnerador de la autonomía del IFT le ha secuestrado atribuciones básicas al regulador, como la revisión y aprobación concentraciones.

Hasta la OCDE ha sido más valiente que el Pleno del IFT en señalar y defender las atribuciones e independencia del regulador.

Cuando ese mismo Congreso de la Unión vulneró y derogó algunos de los derechos de las audiencias que previamente había aprobado en 2014, la mayoría del Pleno del IFT -en una de sus decisiones más inopinadas- decidió no interponer una controversia constitucional. Como autoridad tutelar de esos derechos, en lugar de ampliarlos y conceder que la SCJN se pronunciara al respecto, la mayoría de los comisionados optó por darle la espalda a las audiencias.

López Obrador sólo ha venido a abofetear una autonomía del IFT previamente pisoteada por el Congreso y algunos de sus comisionados. Éstos optaron por no confrontarse, por no hacer olas, por dejar pasar, por privilegiar el cálculo político en varios momentos y por no defender su autonomía.

Pero llegó un nuevo gobierno que no cree en esas pamplinas neoliberales y que de un plumazo le arrebató casi 500 millones de pesos al presupuesto del IFT. Con la misma facilidad lo puede borrar del mapa institucional si quisiera… y sí quiere. ¿Quién va a defender a un IFT que no ha querido defenderse a sí mismo?

El Presidente, que en el discurso ataca a los agentes económicos, en realidad los favorece porque es a ellos a los que no les agrada la autonomía del regulador. El Ejecutivo Federal no está enfrentándose a los poderes empresariales sino que los está solapando. Al larvar la autonomía de los reguladores está favoreciendo el clientelismo. Al generalizar está debilitando. Al usar su dedo flamígero para señalar los desaciertos del regulador en lugar de fortalecerlo, está permitiendo que otros le propinen auténticos mazazos. La 4T no cree en, ni necesita de la autonomía de los reguladores. Pero en el caso del IFT la omisión provino de adentro. La 4T sólo espera la oportunidad para aprovecharla.

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COLUMNISTAS

Slim “coquetea” con TV de paga

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El Universal – Desbalance

El año pasado, una de las empresas que forma parte del grupo económico de América Móvil de Carlos Slim Helú ingresó una solicitud al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prestar servicios de televisión restringida. Gabriel Contreras, presidente del regulador, subrayó que no se trata de Telmex, lo que parece lógico ya que el título de concesión de esa empresa le prohíbe ofrecer TV de paga. Sin embargo, Telcel no tiene restricciones, salvo cumplir con la regulación asimétrica, por lo que habrá que esperar a que el IFT informe si autoriza o no la entrada de Slim Helú a ese negocio, lo cual sería una competencia directa a Televisa. Por cierto, como coincidencia, representantes de Televisa entre los que se encuentran Alejandro Bustos Olivares, vicepresidente Jurídico, y Salvi Folch, CEO de Izzi, se reunieron con los comisionados del instituto a inicios de este mes para plantear retos y preocupaciones en el mercado de TV restringida.

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