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ANÁLISIS

Escenarios de la Red Troncal con el Presidente López Obrador

Ramiro Tovar

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El Presidente López Obrador, en su rutinaria conferencia de prensa mañanera, anunció que el proceso de licitación del proyecto denominado “Red Troncal” partirá de cero, lo cual significa que el diseño de dicho proceso de asignación se ha replanteado con base en los objetivos de cobertura de la nueva administración y al diagnóstico que la misma ha realizado.

Es de esperarse, y no asombraría, que el criterio de asignación de la Red Troncal sea diferente al considerado para el caso de la Red Compartida implementado por la pasada administración. El Presidente López Obrador expresó: “esta licitación se suspendió. Desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló, no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad”.

Lo anterior, claramente revela que existe una divergencia significativa en el discurso respecto de telecomunicaciones con que se concluyó el sexenio pasado, incluido aquel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El Presidente ha delineado lo que sería el criterio de asignación de la Red Troncal: la conectividad disponible a toda la población de banda ancha que se ubique en carreteras, escuelas, hospitales y plazas públicas. Por lo tanto, podría considerarse que aquel interesado que presente la mayor longitud de autopistas y carreteras con cobertura, así como la relación más extensa de sitios geo localizados de escuelas, hospitales y sitios públicos, podría ser el agente económico al cual le serán asignados los cerca de 26 mil kilómetros de fibra óptica obscura que existe en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, por decreto constitucional, ahora están bajo la concesión de Telecomunicaciones de México (Telecomm), órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En cumplimiento a dicho decreto, el 18 de enero de 2016, la CFE formalizó con Telecomm la sesión de derechos de la concesión y se le otorgó el derecho irrestricto de uso sobre tres pares de fibra óptica. Un par ya se licitó para la Red Compartida cuyo ganador fue el consorcio formado por Altán Redes y los otros dos pares serán licitados para la Red Troncal.

La red ya está tendida, sin embargo, se requiere que sea iluminada con la mejor tecnología que permita maximizar su capacidad de transporte interlocalidades (backbone).

Es necesario recordar que aparte de la Red Compartida, no se ha licitado fibra óptica obscura de la CFE desde 2010. Por cierto, aquellos dos hilos cuyo diseño de licitación fue tristemente célebre por haber sido orientada de tal manera que fueran adjudicados al Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad (GTAC), consorcio formado por Megacable, Grupo Televisa y Telefónica. La aportación de esta licitación de dos hilos de fibra oscura a la conectividad del país nunca ha sido evaluada y desde entonces sólo se hace referencia a ella en los reportes anuales bursátiles de las empresas participantes en el consorcio de referencia.

Es de celebrarse que la actual administración mantenga el esquema de licitación para la Red Troncal. Ahora bien, la pregunta pertinente que surge es ¿cuál será el incentivo económico para los participantes potenciales? Lo anterior, toda vez que se pueda cubrir el costo causado por la disponibilidad de banda ancha en los sitios propuestos, así como la modernización de la red de fibra óptica para garantizar su funcionalidad y maximizar su capacidad, además de un retorno al capital invertido por el futuro concesionario de dicha red que sea superior a su costo de capital el cual, por cierto, se ha elevado tanto por factores nacionales como internacionales.

Mucho se señaló que la actual Red Compartida tenía limitantes sustantivos a su futura rentabilidad, lo cual se demostró en la participación de la banca de desarrollo internacional en su capital (IFC del Banco Mundial y del Fondo China México con 27% de participación), de concesionarios con oferta minorista pero sin derecho a voto (Megacable y Axtel con 6%) y en crédito (CAF por 50 millones de dólares), así como el sacrificio fiscal que significó que el Estado aportara al proyecto 90 MHz de la banda de 700 MHz y que de hecho forma parte de su capital.

Tal deficiencia en el prospecto de rentabilidad necesariamente obliga a que tenga que dar prioridad a las áreas de mayor oportunidad comercial, es decir, áreas urbanas y en donde se aglomeran los servicios de todos los concesionarios. Al pasado mes de noviembre[1] su cobertura se ubicaba en 12 ciudades (CDMX y área conurbada, Guadalajara y área conurbada, Monterrey y área conurbada, Aguascalientes, Celaya, León, Puebla, Querétaro, Morelia, Tepic, Colima y Toluca) y los 33 pueblos mágicos de los 111 que incluye tal catálogo turístico.

El que la Red Compartida tuviera exclusivamente una oferta de servicios mayoristas significó que para traducir cobertura geográfica en penetración demográfica necesariamente requiere de la participación de operadores con oferta minorista, por lo que seguimos esperando el efecto en penetración por medio de los tan prometidos operadores móviles virtuales (OMV).

A la fecha sólo son observables concesionarios usuarios de la Red Compartida en las mismas áreas urbanas (v.gr. Megacable, en un segundo intento de oferta de servicios móviles) donde existe una clara competencia efectiva en servicios de telecomunicaciones móviles.

La Red Troncal, por razones tanto técnicas como de eficiencia económica, debiera de ser asignada a un solo operador y evitar crear una red segmentada o con hilos distribuidos entre varios de ellos.

La venta reciente de redes de fibra óptica (Telefónica a Even Telecom y Neural Networks y de Axtel a Televisa) muestra que existe capacidad en el mercado y que depende de los operadores su nivel de rentabilidad.

Por el factor de retorno y, por lo tanto, la factibilidad de cobertura geográfica que se proponga en las posturas, es de anticiparse que sería un solo agente económico el operador de dicha red. Por otro lado, la rentabilidad económica del futuro concesionario, dado el criterio de cobertura en sitios específicos y carreteras, con calidad de servicio al menos estable homogéneo y permanente, requiere otorgarle la mayor libertad económica en la explotación de la red troncal de referencia.

Lo anterior significa que al concesionario al cual se le asigne la Red Troncal pueda ser un concesionario cuya oferta comercial incluya servicios tanto mayoristas como minoristas de telecomunicaciones y, para maximizar la concurrencia en la licitación, debería estar abierta a todos los concesionarios actuales, sin excepción alguna.

De mantener limitantes a la oferta de servicios y a los potenciales interesados, se restringe la rentabilidad potencial, la concurrencia en la participación y, por lo tanto, el alcance de la contraprestación en términos de cobertura tal y como el Presidente la ha delineado.

Es necesario subrayar que esta administración va tras resultados prontos y tangibles para la población, pues tiene prisa.

Un concesionario potencial que integre la oferta de servicios de telecomunicaciones mayoristas con su oferta minorista y a cargo de la Red Troncal, podría tener un retorno al capital que le aseguraría el cumplimiento de la contraprestación delineada por el Ejecutivo; pero, por otro lado, sería una competencia, no un complemento, a la Red Compartida, cuyo diseño de origen dependió del apalancamiento por parte de la autoridad entonces existente.

Si algo tiene de vulnerable la Red Compartida (Altán) es un concesionario de la Red Troncal desregulado e integrado verticalmente, aspectos que le fueron negados a los potenciales participantes en la licitación asociada a la misma Red Compartida por la administración anterior.

El transformar cobertura geográfica o disponibilidad de conectividad en una mayor penetración del servicio entre la población requiere pasar por las decisiones de cada usuario potencial en la población, lo cual obviamente incluye la relación entre la disponibilidad a pagar y la asequibilidad del servicio y de los equipos terminales.

Incluso con un servicio gratuito, si la disponibilidad a pagar por un equipo es nula, la gratuidad no se transforma en un usuario final más.

Al respecto, cabe señalar, a manera de ejemplo, el caso de Grecia: la Comisión Europea aprobó implementar un mecanismo de vouchers (vales) para aumentar los usuarios finales de su infraestructura de súper banda ancha en áreas donde está disponible el servicio pero insuficientemente utilizada.

La red de súper banda ancha de Grecia garantiza una velocidad de 100 Mbps. Se espera que los vouchers incrementen la adopción entre la población apoyando el costo de instalación y/o equipos terminales y del gasto en la tarifa mensual de hasta por 24 meses.[2] 

La Agenda Digital para Europa establece como objetivo para 2025 el desarrollo de redes de elevada capacidad con una velocidad de bajada de al menos 100 Mbps y que se tenga más de 50 por ciento de los hogares como usuarios de tales redes.

Si ahora el IFT se ha percibido como desplazado de las decisiones actuales de política pública en telecomunicaciones, ha sido porque desde su mandato la prioridad ha sido como regulador y en segundo lugar, por los supuestos efectos de esta regulación en el largo plazo en la penetración de servicios entre la población.

Es por ello que aunque ha incrementado la penetración, ésta no ha cerrado la brecha urbano-rural y en términos de disponibilidad de cobertura geográfica seguimos en espera.

En varios espacios se cuestionó por qué la omisión en la reforma en materia de telecomunicaciones respecto de un fondo de cobertura social o mecanismo institucional semejante. En los hechos se le dejaron tales objetivos a la discrecionalidad presupuestal y de diseño de programas a la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT.

Al respecto, es de señalarse que en la Cuenta Pública de 2017 se tuvo un saldo a diciembre de dicho año en el Fideicomiso E-México administrado por la SCT de 5 mil 349.1 millones de pesos que, por cierto, no se sabe en forma pública cuál fue o será su destino.

El énfasis de la reforma en la regulación asimétrica implicó  erróneamente suponer que las brechas en conectividad demográficas y/o geográficas se cerrarían como consecuencia de los actos de regulación.

Todos los operadores están compitiéndose los usuarios de las zonas rentables de fácil acceso y menor costo de conectividad y, a excepción del incumbente, no tienen obligaciones de cobertura social.

Ahora la nueva administración toma tales objetivos como prioridad y eso explica por qué Presidencia ha asumido el comando.


[1] Cobertura de la página de Altán Redes: https://www.altanredes.com/

[2] European Commission, “State aid: Commission approves €50 million voucher scheme for faster broadband services in Greece”, 7 de enero de 2019.


Consultor independiente en regulación y competencia económica. Profesor Numerario y asesor del la Oficina de Rectoría del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La opinión del autor no refleja necesariamente la opinión del Instituto al que se encuentra afiliado.

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¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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