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ANÁLISIS

Presupuesto del IFT: la política falló

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que conformarse con un presupuesto de 1,500 millones de pesos de los 1,780 millones que solicitó a la Secretaría de Hacienda, después de que la Cámara de Diputados le recortara de forma inopinada 280 millones. Menos proyectos o menos personal o ambos podría ser una triste realidad para el IFT en 2019. ¿Por qué ocurrió?

Elaborar un presupuesto es tarea de expertos pero defenderlo es un asunto político. Lo fue para cientos de alcaldes que estuvieron formados en San Lázaro para entregar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las solicitudes de dinerito para sus municipios. Lo fue para el rector de la UNAM que mostró un músculo político de más de 350 mil estudiantes y 40 mil académicos y lo es para cualquier persona. Todos en alguna ocasión debemos ponernos la cachucha de vendedor y persuadir al “dueño del dinero” del presupuesto que creemos merecer con los mejores argumentos. Pero el IFT no lo hizo correctamente.

He escuchado a varios ex funcionarios públicos repetir el mismo mantra: “¿quieres 50 pesos? ¡pide 100!”. Eso hacemos todos, sabiendo que existe un margen de negociación. Es fácil decirlo pero también intentarlo si se presentan los proyectos. ¿Por qué el IFT sólo solicitó 1,780 millones en lugar de los 1,998 millones de 2018 o incluso más? No es un tema de austeridad o recortes de privilegios sino de falta de visión y desconocimiento de lo que realmente debe hacer la institución, que no es sólo promover la competencia.

El miércoles 5 de diciembre compareció el IFT ante diputados de la Comisión de Radio y Television respecto del presupuesto de egresos de la federación 2019. Acudió, acompañado de otros funcionarios del IFT, Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración del IFT. Fócil disculpó a Gabriel Contreras, comisionado Presidente del IFT, quien no pudo acudir con los diputados porque tenía una sesión del Pleno. Todo lo que escribo se puede verificar aquí: https://goo.gl/x6W1Ux.

Señora y señores comisionados: ¿no podían posponer su sesión del Pleno ante un tema tan relevante como el presupuesto de la institución de donde obtienen sus salarios e ir todos a defenderlo? Es conocida la animadversión de AMLO por los organismos autónomos. Ha dicho que “agrandaron el gobierno” y que son “supuestamente organos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”.

Ingresé al sitio del IFT para saber qué asunto había sido tan importante como para que el Comisionado Presidente no acudiera en persona a defender el presupuesto, pero las sesiones del Pleno están actualizadas hasta el 16 de noviembre. ¿Es relevante? Sin duda: Contreras no sólo es el Presidente del IFT, sino que rodeado de seis comisionados técnicos-expertos, él es el comisionado político.

Mario Fócil presentó el proyecto de presupuesto del IFT ante la Comisión de Radio y TV. Su estrategia se centró en cuatro ejes, a la postre fallidos: beneficios de la reforma (por desgracia, ningún diputado se inmutó); especialización (es importante, pero no lo fue para ningún diputado); criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público (no logró tocar el corazón de una comisión y “cena de negros” que de 29 diputados 15 son de Morena) y recaudación para las arcas de la federación de ingresos provenientes de las licitaciones de espectro (esta parte fue cuestionada por diputados con notable desconocimiento en la materia pero lengua afilada).

La especialización (uno de los principios que fundamenta la creación de un organismo constitucional autónomo) fue utilizada por el titular de la Unidad de Administración para justificar por qué “sólo 16 funcionarios del IFT” debían ganar más que el presidente López Obrador.

El argumento de la recaudación fue desastroso para el IFT. Como los diputados no son expertos pero sí grillos, supieron destruir ese argumento. Fócil reseñó que de 2013 a agosto de 2018 el IFT había recaudado “por derechos y  otros conceptos” 70,716.48 millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto había sido de 9,978 millones, “es decir, sólo 14.1 por ciento”. E insistió: “por cada peso que le han asignado al IFT el instituto ha generado siete pesos al Estado mexicano”.

El argumento recaudatorio fue tan débil, perjudicial y amenazante al mismo tiempo que se convirtió en un búmeran directamente al rosto del IFT. Es como suponer que el mérito de la UNAM, de la CNDH o del INE es recaudatorio y no social o democrático. El IFT incurrió en una terrible confusión de sí mismo y en una pésima estrategia suplicante: “no seas malo, merezco mi presupuesto porque te genero muchos ingresos… y puedo seguir generándolos”. El diputado de Morena, Luis Javier Alegre (que en todo momento se refirió al instituto como “la Ifetel” (sic)), supo dinamitar el argumento y no dejó de repetir que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, algo que la industria y no pocos analistas comparten.

Ante las adversidades que ya se preveían para el presupuesto del IFT como órgano autónomo non grato para el morenismo, todo indica que no hubo una estrategia por parte del instituto, fue fallida y tampoco ocurrió un cabildeo político para defender la pertinencia del presupuesto. Enrique Peña Nieto le facilitó al IFT un buen presupuesto porque fue una institución creada durante su administración, pero era obvio que ese estado de confort cambiaría con un gobierno abiertamente hostil con los organismos autónomos y sus autoridades… y todavía no somos testigos de los atentados directos a su autonomía.

Cuando ya se había dictaminado el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se decidió recortar 180 millones al IFT, el instituto emitió un comunicado dominical diciendo que la disminución “pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”. Se refirió a sus competencias en el artículo 28 constitucional e hizo un respetuoso pero sobre todo tibio llamado a “reconsiderar la propuesta de presupuesto presentada por el IFT”.

Ingresé al sitio del IFT para conocer esos “proyectos sustantivos para 2019” y descubrí que el IFT no ha hecho público su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019. Verifiqué y el PAT 2018 fue aprobado por el Pleno hasta febrero de 2018. Hubiera sido un punto a favor del IFT en la discusión del presupuesto conocer al menos un avance del PAT 2019, pero no se les ocurrió.

Independientemente de ello, no escuché a los funcionarios del IFT durante su comparecencia hablar de inclusión digital, de conectar a más mexicanos, de cerrar la brecha de conectividad o de género; no mencionaron la tutela que les corresponde del derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha. ¿Es necesario aclararlo? A los legisladores de Morena (cuyo lema es “por el bien de todos, primero los pobres”) hay que hablarles con la voz del pueblo y los beneficios sociales de Internet. A falta de un político que negociara y argumentara a favor de la función social del IFT y la inversión pública que requiere para ello, los técnicos y abogados del instituto hicieron gala de su conocimiento de artículos, párrafos e incisos.

Como órgano autónomo el IFT es un poder del Estado en sí mismo porque su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pero se le ha encargado en la Constitución una función estatal específica y especializada, no limitada al artículo 28 de la Carta Magna (competencia económica), sino también a los artículos segundo (pluriculturalismo), tercero (educación), sexto (derecho de acceso a las TIC) y séptimo (libertad de expresión) de la Constitución. Los derechos fundamentales no admiten austeridad y alguien tenía que recordárselo a los legisladores, pero para muchos funcionarios del IFT esa sigue siendo tierra ignota y además no creen en el derecho de acceso a las TIC con convicción.

Dice el respetuoso comunicado del IFT que el recorte afectará “promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Por ejemplo, el IFT carece de un programa para promover la radiodifusión pública, por demás ineficiente. Ante el recorte sistemático que sufren cada año los medios públicos, el IFT podría ayudar con algunos milloncitos para programas específicos que les permitan cumplir sus atribuciones legales y su función social como su digitalización o pleno acceso a tecnologías. Aún más: ¿qué programas tiene el IFT para contribuir al logro de los objetivos de la política de inclusión digital y cobertura universales? ¿El Programa Prioritario “Internet para todos” del nuevo gobierno de AMLO no era una buena oportunidad para diseñar un programa coadyuvante y pedir presupuesto adicional para ello? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le concede al IFT 63 atribuciones. Cada una de ellas admite programas y proyectos temporales y permanentes y oportunidades de solicitar presupuesto.

El IFT tiene un enorme poder legal no suficientemente explotado pero sobre todo una hermosa responsabilidad social y política: lograr que millones de mexicanos (incluidas mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad) accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa labor es suficientemente ardua y ambiciosa para demandar el presupuesto necesario.

Llama la atención que algunos comisionados reconozcan esa importancia social justo después del tijeretazo de los diputados. El comisionado Javier Juárez comentó en Twitter: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios habilitadores de derechos y oportunidades para todos.” Comisionada María Elena Estavillo: “El presupuesto del IFT no es gasto, es inversión social.” Coincido: ¿por qué no fueron a demostrarlo a la Cámara de Diputados? Decía el destacado politólogo Guillermo O’Donnell: “los derechos hay que escribirlos en la ley porque es la única forma de defenderlos y exigirlos; (pero) todo derecho está amenazado y es reversible”.

Durante más de cinco años el IFT ha hecho política, pero el día que más se requería de los talentos de un comisionado político, ese día no se hizo lo suficiente para defender el presupuesto del IFT. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y remitirlo a la Secretaría de Hacienda es una facultad indelegable del Presidente del IFT. Por cierto, el Estatuto Orgánico del IFT señala en su artículo 14 que “el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de los Titulares de Unidad”, como fue el caso de Mario Fócil ante la comisión en San Lazaro. Ingresé al DOF para buscar el acuerdo delegatorio y no lo encontré…

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    Adriana Camacho

    diciembre 29, 2018 at 8:14 am

    Sin lugar a dudas leer el artículo me hizo conocer la función del Ifetel y su importancia. El grave problema es ese que ni con EPN le dieron difusión a sus tareas sustantivas y el desconocimiento sobre el Instituto es brutal por parte de todos. Me apena mucho la situación por la que pasan
    estos órganos autónomos , pero ni el argumento más sólido les hará cambiar de opinión. Deseo que les dejen ejercer su trabajo y autonomía. Y en verdad vendan bien ese trabajo para beneficio de la población. Informen- comuniquen sus políticas sociales.

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¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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