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COLUMNISTAS

Comercio electrónico en NAFTA: ¿Qué pasará con Amazon?

Publicado

en

El Economista – Luis Miguel González

El comercio electrónico es uno de los temas pendientes de resolver en el TLCAN. No es cualquier cosa, los negociadores tienen en sus manos definir el papel que jugarán empresas como Amazon y eBay en México y Canadá. Al tomar esta decisión, estarán cincelando el futuro de gigantes nacionales como Palacio de Hierro, Liverpool y Coppel.

¿Cuánto podrán exportar las empresas de e-commerce desde Estados Unidos sin pagar impuestos? El mapa del comercio futuro se definirá, en gran parte, a partir de la respuesta que el TLC 2.0 otorgue a esta pregunta. En la mesa de negociación está la exigencia de Estados Unidos para que los socios del tratado incrementen la llamada “franquicia de minimis”. EU tiene una política en la que “perdona” los impuestos para cualquier envío menor a 800 dólares. En México, el estímulo acaba en los 50 dólares. Canadá es el país de la región más duro: cobra impuestos por envíos, que van de 16 dólares americanos en adelante.

Estados Unidos quiere que Canadá y México modifiquen su política en esta materia y “eliminen las restricciones” para el libre comercio digital. Los equipos mexicano y canadiense no quieren elevar significativamente el monto, entre otras cosas, porque están conscientes del impacto que tendría una apertura muy generosa en comercio digital. Ponen en la balanza los beneficios que traería a los consumidores frente a los riesgos o perjuicios que implicaría para el sector comercio.

Por el momento, la distancia en las posiciones sigue siendo abismal. México y Canadá no quieren ceder ante la solicitud/exigencia de Estados Unidos. El comercio “tradicional” genera cientos de miles de empleos y paga impuestos. Se vería obligado a competir en condiciones desiguales contra empresas que se ahorrarían muchos de los gastos de operación para atender a los consumidores mexicanos y canadienses. La amenaza no sería sólo contra el comercio, una plataforma digital es el vehículo a través del cual los fabricantes introducen sus productos en otros mercados. La asociación de Internet de Estados Unidos calcula que cada año la industria estadounidense exporta 86,500 millones de dólares vía Internet. Con más facilidades a los estadounidenses en e-commerce, podrían quedar fuera de la competencia productores mexicanos.

En la negociación del TLCAN 2.0, el comercio digital está comprendido en la “carpeta” de servicios, donde también se están discutiendo temas relacionados con mercados donde operan otros colosos estadounidenses como Alphabet (Google), IBM, Expedia y Uber. En esta mesa de negociaciones se discuten asuntos como qué hacer con el movimiento de información y datos a través de la frontera y si se debe obligar a una empresa a localizar sus servidores donde almacena los datos en el país donde se originan esos datos.

La urgencia de poner este capítulo de servicios al día es evidente. Basta decir que en la versión actual del TLCAN no se menciona la palabra Internet ni una sola vez. Ahora, el mundo es digital y en la lista de las 30 mayores empresas de servicios digitales del mundo, hay 14 estadounidenses y siete chinas, pero ninguna mexicana ni canadiense.

Uno de los mayores desafíos para los negociadores mexicanos (y canadienses) es defender nuestros derechos como consumidores, sin poner en bandeja sus mercados para que los tomen las grandes empresas de Estados Unidos. ¿Podrán hacerlo?

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AMÉRICA LATINA

¿Qué no se ha dicho sobre la venta de la ETB?

Publicado

en

El Espectador-Alejandra Wilches

Cercana a su cumpleaños 134, ETB ha sido el objetivo de muchos politiqueros de turno que han querido desaparecer el patrimonio público. Hoy, por 14ª vez, enfrenta un nuevo intento de privatización. Pese a esto, actualmente, es una de las empresas más modernas de Latinoamérica.

ETB, cabeza del grupo empresarial que lleva su nombre, y propietaria de Colvatel (88 %), Sky Net (75 %), Businnes Center Américas (39 %), cuenta con un tendido de fibra óptica (FO) o autopista de la información de cerca de 10.000 km a nivel nacional, uno de los más importantes de América latina; ofrece las velocidades de transferencia de información más alta de los países en vía de desarrollo, posee la segunda antena de TV más potente de Latinoamérica, equipamiento para datos e internet, 4G,Datacenter, servicios IP, etc. y personal altamente cualificado y con experiencia en el sector de telecomunicaciones.

La empresa, tiene presencia en todos los departamentos de nuestro país e incluso, a través de una de sus filiales presta servicios de banda ancha en Perú, ¿no sabían? Seguramente la respuesta es no, omisiones como estas en los informes y entrevistas de la administración distrital sobre su infraestructura, sus cifras y sobre todas sus potencialidades, pretenden ocultar lo que realmente hay detrás de su intento de venta.

Ha sido comparada con zapatos viejos por la actual administración y, por ende, la quieren regalar.

Hoy y por segunda vez, el alcalde mayor de Bogotá, el mismo que dice: “montar en metro elevado es como volar bajito en helicóptero”, y con la misma argumentación de hace 20 años, pretende entregar una de las fuentes más importantes de ingresos de la ciudad: después de una importante inversión de alrededor de $2,3 billones para su modernización y expansión en la administración distrital anterior, quiere a como dé lugar concretar la “venta” de ETB, en unos $2,3 billones. Bueno, cualquiera diría que es hacer pan para vender pan… pero en la realidad es peor pues el detrimento patrimonial sería inminente (¿recuerdan? infraestructura de 133 años, fibra óptica, tv, 4G, nación, Perú, dueña de otras tres empresas, inversión de $2,3 billones, etc.).

¿Pero cómo se puede maquinar la “venta” de una empresa con estas potencialidades, si a esto se le puede llamar venta? Se busca el privatizador y se genera una estrategia, eso sí, muy elaborada y minuciosa donde lo primero es: aparentar que la empresa está mal económicamente, atribuirle los altos costos a los trabajadores y no a la pésima o premeditada gestión del privatizador, emprender tareas que aprovechan los especuladores y que terminan bajando el valor de las acciones, asignar recursos importantes en publicidad y no concretar las ventas (¿no les suena familiar la respuesta: no hay cobertura?) y luego salir a decir que no es competitiva, y la última, generar en los clientes insatisfacción en la prestación del servicio y tener un casi inexistente programa de retención de clientes para que la misma ciudadanía justifique la venta.

Dicen que su venta (valor que no alcanza el 2,1% del Plan de Desarrollo Distrital, pero según el alcalde no ha podido ejecutar obras porque no se ha vendido ETB) estaría destinada principalmente para construir 8 jardines, 6 hospitales y 10 Colegios cuya capacidad es de 750 niños c/u, para entregarlos a privados; cuando con las utilidades de ETB se podrían construir hasta 65 megacolegios (capacidad de 3.000-3.500 niños c/u), o, 22 hospitales de 2do nivel, o, 12mil soluciones de vivienda, lo que significa que no se necesita vender ETB para ejecutar las obras.

Según los informes financieros válidos y registrados en la Superintendencia y que reposan en la página de ETB. De 2003 a 2015, se entregaron cerca de $200 mil millones promedio por año, dinero que se invirtió en las necesidades de la ciudad. Solo en 2015 se asignaron dividendos al distrito por $350 mil millones para la construcción del metro subterráneo, obra que también está llena de irregularidades.

En cuanto a las pérdidas contables, es decir en libros, (dicho de otra manera, pérdidas que no son reales), realmente se han convertido en reservas que ya oscilan en los $1,57 billones, en pocas palabras, al que le quieren vender ETB, ni dinero necesitaría tener para concretar esta transacción.

La estrategia final y favorita de los privatizadores con bastante experiencia como Jorge Castellanos, presidente de ETB, y subalterno de Enrique Peñalosa: despedir a los “costosos e ineficientes” trabajadores y/o generar zozobra y represión. La realidad es que esos trabajadores son los mismos que solo desde 1998 han aportado un valor creado de más de $18,9 billones para la empresa y cuyos beneficios convencionales (derecho constitucional y ratificado en convenios OIT), representan menos del 8% de los ingresos de esta. Tanto trabajadores activos como pensionados aportan para sus beneficios convencionales más de $6 mil millones por año, cifra que la administración siempre “olvida” mencionar en sus declaraciones.

Lo anterior, nos lleva a pensar que el intento de venta no obedece a objetivos altruistas de esta administración sino a profundos intereses económicos que dejarían como consecuencia otro agujero gigante en los bolsillos de los ciudadanos, pues, como la historia nos ha demostrado la venta de cada empresa pública trae consigo el incremento de impuestos y de tarifas.

Nota al pie: No sobra decir que, como lo dijo la Contraloría de Bogotá, no hay estudios que soporten la supuesta necesidad de venta de ETB o sobre sus impactos.

 

*Presidenta de Atelca (Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines) – sindicato de gremio de ETB

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COLUMNISTAS

Al rescate de Radio Ciudadana

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Sin Embargo  – Gabriel Sosa Plata

Lo que hizo el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) con Radio Ciudadana (660 de AM) es una arista de la manera en cómo el gobierno actual de Enrique Peña Nieto actuó en general con las organizaciones de la sociedad: subestimándolas, desplazándolas como generadoras de propuestas o en la toma de decisiones en muy diversos campos, entre éstos el de los medios de comunicación.

Desde noviembre del año pasado, mediante oficio dirigido a cada una de sus integrantes, el IMER disolvió el Consejo de Programación de la estación. El Consejo estuvo integrado por organizaciones de la sociedad civil, así como por ciudadanas y ciudadanos con experiencia y conocimientos sobre la radio pública.

Una de sus funciones más importantes era seleccionar los proyectos de programas que se proponían para alimentar los contenidos de la emisora, con base en una convocatoria que se publicaba cada año. También tuvo a su cargo la elección de la persona que ocuparía la titularidad de la Mediación o Defensoría de las Audiencias.

El Consejo era parte fundamental de uno de los proyectos radiofónicos más importantes de las últimas décadas en México. La Radio de los Ciudadanos, después nombrada Radio Ciudadana, nació el primero de abril de 2003, para hacer realidad la apertura de un medio del Estado a la sociedad, con programas producidos por ciudadanas y ciudadanos, con temas ignorados o pocas veces abordados por la mayoría de los medios de comunicación, pero de relevancia social como la inclusión, la discapacidad, los adultos mayores, la niñez, entre otros.

Con visión, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y la directora del IMER, Dolores Béistegui, apoyaron la propuesta de las mismas organizaciones ciudadanas y crearon esta radiodifusora, acorde a las expectativas del cambio democrático que generó el triunfo de Vicente Fox en el año 2000 y la expulsión del PRI en la presidencia, después de más de 70 años de tenerla en sus manos.

Con sus altas y bajas, Radio Ciudadana logró consolidarse como un espacio democrático y plural. El regreso del PRI al poder en 2012 y del mismo Carlos Lara Sumano a la dirección general del IMER, no modificó durante los primeros años de la nueva administración la esencia del proyecto radiofónico, pero con el pretexto de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en 2013 la situación comenzó a cambiar.

En la fría carta enviada a las integrantes y los integrantes del Consejo del Programación, se afirma que para que el Consejo Ciudadano del IMER funcione de manera “eficiente y eficaz” se procedía a la desaparición de ese órgano de representación. También se asegura que se tomaba esa decisión porque no se había obtenido quorum en las sesiones desde mayo de 2017, lo que fue negado a este articulista por una de las integrantes del mismo Consejo de Programación.

Es decir, el nuevo Consejo, creado a partir de las obligaciones derivadas de la nueva ley a los concesionarios de frecuencias de uso público, sustituye al otro. Pudieron permanecer los dos, con todas sus facultades, pero la dirección general del IMER prefirió extinguir el de Radio Ciudadana y en la práctica hacer lo mismo con la estación.

Ahora bien, si usted quiere saber qué ha hecho y quiénes integran el Consejo Ciudadano del IMER, creado, según la institución, el 23 de agosto de 2017 y que, entendemos, tiene atribuciones similares a su par en Radio Ciudadana, se quedará con la duda. No hay información pública al respecto. En el sitio web de la institución se encuentra solo una mala copia en PDF de las Reglas de Integración y Funcionamiento de ese órgano, y nada más. Lo más grotesco (por decir algo) es que en el punto cuatro de ese documento, relacionado con la “transparencia”, se dice que el Consejo “contará con una página electrónica en la que se publicará toda la información que genere, de tal manera que sus actividades y acervo documental puedan ser consultados”. A casi un año, la “transparencia” es inexistente. Lamentable en un medio público.

NO MÁS CONVOCATORIAS

La riqueza de Radio Ciudadana estaba en los proyectos que presentaba la sociedad. Para ello, casi cada año, se lanzaban convocatorias para recibir las propuestas. Por lo visto, la última convocatoria, la novena, se lanzó en 2016.

En junio de este año se llevaron a cabo cambios en la programación, en los que, por supuesto, ya no intervinieron el Consejo de Programación de Radio Ciudadana ni el supuesto Consejo Ciudadano del IMER, un hecho totalmente alejado de los principios de un medio público.

La “novedad” de los cambios es que hay más música y menos programas de la ciudadanía.

Cuando la radio estaba en su esplendor, existían alrededor de 50 programas ciudadanos, de los cuales más de 30 eran coordinados directamente por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos e instituciones, como se reconoce en el sitio web de la emisora. Actualmente no superan la veintena, algunos de ellos bajo la esfera de la Secretaría de Gobernación, además de programas musicales.

La Defensoría de las Audiencias (Mediación IMER) también se encuentra totalmente desdibujada. De ser una figura destacada, apoyada desde la dirección general, con la llegada de Lara Sumano (por cierto, importante cabildero de la llamada “ley Televisa”) todo cambió. El programa semanal de media hora, en vivo, a cargo de la Mediación, en el que había total libertad para el análisis de las quejas y la alfabetización mediática, y que se transmitía en toda la red de radiodifusoras del IMER, se convirtió en una emisión grabada. Posteriormente, con la salida de Adriana Solórzano como Mediadora, el programa dejó de transmitirse.

Si usted también quiere hacer qué hace actualmente la Defensoría de las Audiencias del IMER, qué casos ha resuelto, desde cuándo, cuáles han sido las respuestas, la cantidad de quejas o comentarios recibidos, etc., tampoco hay información disponible. Después de varios meses, Solórzano fue sustituido por Eduardo Leycegui, quien estuvo en el cargo de abril de 2016 a noviembre de 2017. El defensor actual es el Mtro. Joaquín Antonio Álvarez del Castillo Baeza, un destacado abogado de la industria.

Radio Ciudadana y el IMER en su conjunto deben ser rescatados de la desatención que en diversos rubros tuvo este importante medio público, durante el gobierno de Peña Nieto. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y la agenda de Morena en materia de radio y televisión alientan la posibilidad de reivindicar y fortalecer el papel de los medios públicos en la democracia. Si hay congruencia, seguirán en esa ruta.

LA NUEVA RADIO DE LA CDMX

Gracias a Nicolás Lucas, del periódico El Economista, nos enteramos que la XHINFO-FM comenzó a transmitir el pasado fin de semana sus señales de prueba en la frecuencia 105.3 MHz en la Ciudad de México. La emisora del empresario automotriz Eduardo Henkel pudo lograr lo imposible: obtener la única frecuencia de uso comercial en la banda de FM, que estuvo disponible en el programa de transición de AM a FM, una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó la norma técnica para reducir de 800 a 400 KHz la operación entre dos emisoras de FM y dar cabida a nuevos concesionarios.

La estación de AM, con siglas XEINFO, como se recuerda, perteneció a José Gutiérrez Vivó, quien traspasó la concesión a Henkel. El concepto de la nueva estación es desarrollado por José Álvarez, uno de los padres de la legendaria Radioactivo 98.5. En entrevista para el mismo Nicolás Lucas, Álvarez dijo que están “con la idea de volver a atraer al público joven a la radio” (El Economista, 26 de marzo de 2018).

Lo que son las cosas: José Álvarez regresa a la radio capitalina, de la mano con los empresarios Alejandro y José Luis Fernández (antes propietarios de Grupo Imagen), y en una de esas hasta vemos el retorno de José Gutiérrez Vivó. Alguien se ha encargado de soltar el rumor que podría ser nombrado director general del IMER.

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COLUMNISTAS

Telecomunicaciones, no bajar la guardia

Publicado

en

El Economista – Gerardo Flores

Este lunes se cumplieron cuatro años exactamente de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el pleno del Senado de la República en su sesión del 4 de julio del 2014 y posteriormente aprobada por la Cámara de Diputados en su sesión del 8 de julio del 2014, ambas sesiones extraordinarias. Se trata del marco legal que aterrizó la muy importante reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, de junio del 2013.

Han transcurrido cuatro años en los que, sin ninguna duda, podemos afirmar se han dado una serie de cambios sustanciales respecto a la situación previa a la reforma constitucional. Ahí está la disminución sin precedentes en los precios de los servicios de telecomunicaciones; el muy importante incremento en el número de suscriptores del servicio de banda ancha; un aumento notable en las velocidades de acceso a internet; montos significativos de inversión, nacional y extranjera, para el despliegue y modernización de las redes de telecomunicaciones; asignación histórica, mediante licitación por primera vez, de un importante número de concesiones de radio (AM y FM), así como de televisión, incluida una cadena nacional; la transición definitiva a la Televisión Digital Terrestre; la asignación de concesiones de espectro para servicios móviles, entre ellas, la de la red compartida, y sin duda alguna muchos otros cambios relevantes.

En ese mismo lapso, hay que reconocer que el órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se ha consolidado de manera importante. Se trata de un periodo de tiempo en el que ha adoptado decisiones muy relevantes, polémicas en algunos casos, pero que sin duda han contribuido a un mejor desarrollo del sector. Un reconocimiento a las comisionadas y comisionados que han tenido la oportunidad y responsabilidad de integrar su pleno, desde su conformación en septiembre del 2013.

Ahora bien, no obstante la transformación a la que me he referido, es necesario reconocer que hay cuestiones o temas que no podemos soslayar, sobre todo cuando se trata de evaluar el desempeño de la reforma en telecomunicaciones. La más importante desde mi punto de vista es la reconcentración que se ha venido observando en los meses recientes, particularmente en el mercado de mucho mayor tamaño en el sector, que es el de los servicios móviles. Hablo de reconcentración, pues el operador más grande, el que forma parte del agente preponderante, ya recuperó buena parte de la participación de mercado que había cedido a partir de la reforma, cuando llegó a tener 72.9%, medida en ingresos. Hoy ya tiene 70.2% del mercado de servicios móviles, cuando ya había disminuido a 68.1%, en el 2017.

Es decir, podemos afirmar que ha habido una notoria mejoría en el bienestar de los consumidores, pues, como dije, han caído en forma dramática los precios de los servicios, al mismo tiempo que las ofertas a las que tienen acceso son sustancialmente mejores en cuanto a las cantidades que se pueden consumir, ya sea de minutos de voz, o bien, de megabytes, en el servicio de datos. En el caso de las empresas, los operadores de servicios de telecomunicaciones, los márgenes de rentabilidad han disminuido en forma importante, pero la estructura del mercado si bien se ha modificado en el segmento de servicios fijos, en el segmento más importante, el de servicios móviles, las cosas hoy están casi como cuando empezamos. Eso significa que aún no podemos bajar la guardia, que hay algunas medidas que no han tenido la efectividad que se buscaba, ya sea desde la ley o desde el ámbito de decisiones del IFT.

Así que a cuatro años de vigencia del actual marco legal para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, si bien es muy válido celebrar las notables mejoras en diversos rubros, lo que menos podemos hacer es bajar la guardia. Aún no podemos cantar victoria.

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