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AMLO y los medios del Estado

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Milenio – Fernando Mejía Barquera

Un buen ejercicio para dar seguimiento a las acciones del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador es revisar nuevamente el Proyecto de Nación 2018-2024, publicado en noviembre del año pasado, de donde se supone surgió la plataforma electoral del candidato que arrasó en los comicios del 1 de julio. También es útil revisar las intervenciones públicas de sus colaboradores cercanos, quienes durante la campaña hicieron planteamientos con el aval del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del próximo presidente. Así se les podrá recordar aquello a lo que se comprometieron. En materia de medios públicos Andrés Manuel López Obrador ofreció cosas como las siguientes.

Difusión cultural

El 20 de noviembre de 2017, durante la ceremonia en que fue presentado el proyecto de nación elaborado por Morena, la escritora Laura Esquivel expuso la parte relativa a cultura.

Afirmó: “El Estado mexicano dejará de ser un realizador y coordinador de actividades culturales para convertirse en un propiciador, de manera que su papel sea el de impulsar el desarrollo cultural de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los barrios urbanos, de las zonas rurales, de las entidades periféricas, y en general, de toda la población mexicana”.

Según Esquivel, en ese proyecto participarán las emisoras de radio y televisión de uso público, es decir las operadas por instituciones del Estado, las cuales “abrirán sus espacios para la expresión de los artistas locales”; añadió que “se ampliará la cobertura de estos medios (y) se establecerán convenios para que algunos de ellos se puedan ver y escuchar más allá de las fronteras”.

11, 22 y SPR

De acuerdo con lo anterior tendríamos que esperar de los medios del Estado el cumplimiento de una función de difusión cultural y artística, no política ni de propaganda gubernamental. Pero más allá del planteamiento general habrá que ver cómo se cumplirá ese objetivo. ¿El gobierno abandonará el control que ejerce desde hace décadas sobre el Canal 11 y dejará que el Instituto Politécnico Nacional decida libremente —como debe ser— sobre esa frecuencia?

¿Los canales 11 y 22 seguirán dependiendo para incrementar su cobertura territorial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), dependiente de la Secretaría de Gobernación? Recordemos que al SPR, organismo fundado por Felipe Calderón con el nombre de Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) —que luego cambió a su actual denominación— le fue asignada una gran cantidad de frecuencias de tv algunas de las cuales “presta” al 11 y al 22 para que éstos aumenten su cobertura.

Algunos preguntamos desde el surgimiento del OPMA, ahora SPR, porqué esa “triangulación”, por qué no se asignan directamente esas frecuencias a los canales 11 y 22.

Una hipótesis es que la administración de Calderón pretendió establecer un crecimiento controlado por el gobierno en la cobertura de esas dos televisoras, especialmente del Canal 11, mediante frecuencias “prestadas”, en lugar de asignarles frecuencias propias. ¿El nuevo gobierno se preguntará seriamente para qué sirve el SPR?

Qué directores

Habrá que ver a quiénes se designa directores de los llamados medios públicos: Canal 11, Canal 22, SPR, Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Educación. Esperemos que los nombramientos no sean, como fueron en algunos casos durante gobiernos pasados, por “méritos en campaña” (electoral en este caso); es decir, colocando en esos puestos, como premio, a personas que trabajaron en el área de comunicación durante la campaña electoral del candidato ganador o a políticos desconocedores del medio.

Por último: Andrés Manuel López Obrador ofreció que no exprimirá el erario para pagar publicidad oficial y tomará de él “poquito porque es bendito”. ¿Qué tanto es poquito? Según el Proyecto de Nación 2018-2024, el próximo gobierno gastará en ese rubro, durante 2019, mil 822 mdp, en contraste con el de Peña Nieto que, según Morena, gastó 9 mil 361 mdp solamente en 2016.

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¿Cuánto van a pagar ahora los funcionarios del gobierno?

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El Universal – Javier Tejado Dondé

El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó una Ley –la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos- en la que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República. Con esto, la Cámara destrabó una minuta que estaba en la congeladora y que el Senado había aprobado en el 2011.

Para asegurar que ningún funcionario le dé la vuelta a la nueva Ley, ya sea al recibir dinero de más o a ayudar administrativamente a que alguien cobre más, se creó el delito de “pago indebido de remuneraciones”, que contempla hasta 14 años de cárcel.

Con esta aprobación, las bancadas de Morena-PT-PES-PVEM quisieron dejar hacer sentir su nueva súper mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue?

Hay que decir que la nueva Ley aprobada, por sí sola, no genera impacto alguno a ningún funcionario público. La merma salarial se sentirá en todos los Poderes de la Unión y en los Órganos Autónomos a partir de enero del 2019, una vez que entre en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019.

Según ha trascendido, el Presidente electo quiere fijar su salario en 108 mil pesos (ver tabla anexa, proyecto PEF-2019), cuando hoy en día el Presidente de la República gana 220 mil. Esto es una reducción de casi un 50%.

De ser este el caso, todo el escalafón de servidores públicos verá mermado su ingreso.

En el 2009, cuando se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 127 de la Constitución, que también decía que nadie podía ganar más que el Presidente, se hicieron dos ajustes que dejaron los salarios de todos los servidores públicos intactos: a) para cuidar a todos los funcionarios del Gobierno Federal, el Presidente de la República, entonces Felipe Calderón, no se bajó el salario en el PEF; y, b) para proteger a todo el Poder Judicial (Federal y Estatales) y a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, se puso en la Constitución un artículo transitorio a efecto de que sus “retribuciones nominales superiores al monto máximo (salarial) previsto…, se mantendrán durante el periodo que dure su encargo”. Con ello, no bajaron los salarios de nadie.

Ahora, el nuevo Gobierno indica que sí lo hará. Y el techo serán los 108 mil pesos que ganará el futuro Presidente, pero para hacer la reducción salarial pareja en todos los Poderes y Órganos Autónomos se tienen que cambiar el artículo 94 y los transitorios del 127 de la Constitución. De lo contrario, quedará truncada la reforma propuesta.

Justo por ello, Morena está presionando para que se publique esta semana en el Diario Oficial la nueva Ley de Remuneraciones y ya con ésta publicada, por increíble que parezca, le van a hacer ajustes: excepciones para que algunos cobren más que el Presidente y, a su vez, poder elaborar el PEF.

Se prevé que, por ejemplo, los funcionarios que tengan una “alta especialización” o “trabajo técnico calificado” puedan ganar hasta un 50% más que el Presidente, pero aún con este rasero la merma salarial será importante para varios. Veamos: si el Presidente ganará 108 mil pesos, esto significa que los funcionarios altamente calificados podrían ganar, como techo, hasta 162 mil pesos, monto que está ya por debajo de lo que hoy ganan los Comisionados de organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia (201 mil pesos).

Cabe señalar que esta reducción salarial también será para los funcionarios de los gobiernos estatales, y es que, con una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Austeridad Republicana ya propuesta en el Senado, se afectará a todos los niveles y órdenes de la administración pública.

Coincido con los legisladores de Morena en que hay una gran animadversión hacia el sector público y sus excesos, pero estos más bien son cometidos por algunos cuantos, no por todo el servicio público. Me preocupa que con medidas de esta naturaleza el Estado mexicano pierda talento y experiencia que tarda muchos años en construirse y que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios dañe operaciones y decisiones de la mayor relevancia para el país.

Con esta medida, de no meditarse, aquellos funcionarios que puedan colocarse en la iniciativa privada lo harán antes de que los nuevos salarios empiecen a aplicar, a efecto de no ver mermadas sus pensiones o su seguro de separación.

Estoy seguro de que a todos los mexicanos no nos importaría que se quedaran los actuales salarios, siempre y cuando el servicio público sea honesto y eficiente. De hecho, los actos de corrupción que han manchado a funcionarios estatales y federales nada tienen que ver con las nóminas de los servidores públicos. Los malos manejos versan sobre los recursos para programas sociales, la venta amañada de predios públicos y la asignación a modo de obra pública. Me temo que con malos incentivos económicos (y un sistema anticorrupción que no toma forma) los funcionarios públicos tendrán más incentivos para cometer este tipo de delitos que sí dañan a la hacienda pública y que representan miles de millones en malas decisiones. Veremos qué hace el nuevo Gobierno y sus bancadas estos días.

AMX deja de invertir en México: sorprenden los datos que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) da a conocer respecto a lo informado en el VI Informe de Gobierno. En concreto, la caída en las inversiones en el sector telecomunicaciones –por 23 mil millones de pesos- atribuida a la reducción en inversiones de América Móvil (Telcel-Telmex) en el país entre 2016 y 2017. Y es que según el VI Informe y datos del IFT, América Móvil (AMX) habría optado por “reducir en 46.3% sus inversiones en comparación con el 2016”, según señala el IDET.

En contraparte, el resto de los operadores prácticamente ha mantenido el ritmo de inversiones. En orden de importancia, el ranking del 2017 en materia de inversión (por Unidad Generadora de Ingreso) es: Grupo Televisa, Megacable y AT&T. De hecho, en el 2017, Televisa –únicamente por lo que hace en telecomunicaciones– invirtió 20 mil millones de pesos –un tercio de todo lo invertido en el sector en México–  y su inversión ya fue superior a la realizada por AMX.

Esta estrategia ya la había implementado antes AMX, por ejemplo, cuando fue declarado Agente Económico Preponderante (2014), aunque la reducción no fue tan severa como la del año pasado. Una posibilidad es que AMX haya dejado de invertir al ordenarse la separación funcional de Telmex, decisión regulatoria que tanto la empresa como su sindicato han rechazado. La medida de presión tiene riesgos para AMX pues –sobre todo Telmex– puede seguir perdiendo mercado en telefonía e Internet fijos.

Con todos estos datos, es clave que el nuevo Gobierno – y el IFT– continúen tomando decisiones pertinentes para que haya una competencia efectiva. De lo contrario, no regresarán las inversiones a México y los servicios de telecomunicaciones no continuarán mejorando, tanto en precio como en calidad, como hemos visto estos últimos 3 años.

 

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Periodismo y medios en la Constitución de la CDMX

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Sin Embargo  – Gabriel Sosa Plata

Este 17 de septiembre entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, que en el ámbito del periodismo y los medios de comunicación tiene aportes sustanciales e inéditos en el país.

Además de reconocer en su artículo 7 los derechos de libertad de expresión y al secreto profesional de los periodistas, ya garantizados en la Constitución y a nivel local, la Constitución de nuestra capital establece que “en el desempeño” de las “personas profesionales de la información… se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia”. Estupendo.

Como refirió el siempre recordado académico Omar Raúl Martínez, la cláusula de conciencia “es la facultad del periodista para rescindir su contrato laboral de forma unilateral, quien recibirá una indemnización de la empresa informativa cual si fuese despido improcedente,  siempre y cuando ésta haya cambiado notoriamente de orientación ideológica o línea editorial, por lo cual el periodista se sienta agraviado en su reputación o afectado en su dignidad profesional” (Revista Mexicana de Comunicación, agosto 2009).

La manera en cómo se garantizará plenamente este derecho de los periodistas, es uno de los pendientes en la agenda de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Por fortuna no partirá de cero. En países como España, Portugal, Holanda, Dinamarca y Bélgica ya existe regulación. Asimismo, en el Senado como en la Cámara de Diputados se han presentado diversas iniciativas al respecto, aunque no encontraron eco en las legisladoras y los legisladores porque se ha topado con la resistencia de empresas de medios de comunicación y un enorme desconocimiento sobre sus beneficios en la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la Ciudad de México no hay retorno. Los nuevos legisladores tendrán que legislar sobre la cláusula de conciencia y esperamos lo hagan pronto ante el impacto en los medios de comunicación y en específico en los derechos de periodistas que ha traído el radical cambio político, luego de las elecciones pasadas. Como se ha documentado en diversos espacios, decenas de reporteros, columnistas, articulistas, fotógrafos y redactores han sido despedidos. En algunos casos es probable que estos despidos hayan sido causados por un cambio notorio en la orientación ideológica o línea editorial del medio.

Hace dos años, la entonces senadora del PAN, Luisa María Calderón, presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo con el fin de garantizar a los comunicadores un empleo digno, el respeto a sus derechos laborales y a una “cláusula de conciencia”. En materia de seguridad laboral -dijo- “los comunicadores se han visto desprotegidos y sumidos en la incertidumbre durante décadas”.

En dicha iniciativa se justificó que una vía menos drástica en la consecuencia para invocar la “cláusula de conciencia” consiste “en la negativa del comunicador” a trabajar o seguir una orden en tres sentidos: “no realizar una orden de trabajo, si ésta implica que se infrinjan las normas legales o deontológicas del propio medio; retirar su firma de algún material hecho por él, si éste ha sido modificado por sus superiores, y desarrollar quehaceres o firmar contenidos periodísticos que vayan en sentido contrario a su conciencia o que vulneren su dignidad profesional”.

Otra iniciativa útil es la que presentó, en junio de 2015, la entonces senadora del PRD Dolores Padierna. A raíz del conflicto entre la periodista Carmen Aristegui y MVS Radio, propuso la modificación a la Ley Federal del Trabajo para que los contratos entre los periodistas y los medios de comunicación contengan explícitamente los alcances de la cláusula de conciencia periodística.

Explicó que “la cláusula podrá ser invocada en el momento que se pretenda imponer una línea editorial o lineamientos editoriales que atenten contra los principios deontológicos o de ética periodística”. Asimismo, “se podrá invocar en los casos en que se pretenda forzar a emitir alguna información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema particular que no asuma como propio.” Sobre esta iniciativa escribimos en Sin Embargo (21 de julio de 2015).

Con la mayoría de Morena y partidos aliados, el derecho de cláusula de conciencia podría tener un futuro promisorio, no sólo en la Ciudad de México, sino a nivel federal. Del archivo también puede retomarse la iniciativa que sobre el mismo tema presentó en noviembre de 2017 otra senadora, en este caso del grupo parlamentario Morena-PT, Luz María Beristain Navarrete.

Al dar a conocer su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la exsenadora Beristain dijo que México tiene la oportunidad de modernizarse en la protección laboral de los periodistas, al permitirles negarse “a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación impreso, radioeléctrico, digital o imagen, cuando a su juicio, cualquiera de esas actividades sea contraria a la ética periodística o a los preceptos establecidos en el Código de Ética del medio en el que trabaje”.

Es decir, hay tela de donde cortar para, por fin, hacer realidad un anhelado derecho en el gremio periodístico.

SISTEMA DE RADIO Y TV

Paralelamente, con la entrada en vigor de la Constitución, se deberá crear un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México “que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y participación social”.

La obligación de crear este Sistema, que abarca a la radio y a la televisión, se encuentra en el artículo 16, específicamente en el capítulo sobre infraestructura física y tecnológica de la ciudad.

Dos aspectos destacan de lo que será su configuración, muy cercana al modelo de algunos medios públicos europeos, como el alemán. El primero es que el Sistema será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado, y ya no más por el gobierno central, como ocurre actualmente con Capital 21.

El segundo ingrediente novedoso es que contará con dos Consejos: uno de administración, integrado por siete personas con mayoría ciudadana como órgano de gobierno, y el otro Consultivo Ciudadano de Programación, que tendrá a once integrantes y “una persona titular de la Dirección General, designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México”. Quienes formen parte de ambos Consejos “deberán tener plena independencia de los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de radiodifusión de carácter privado”.

La elección de las y los consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General, se hará mediante una convocatoria pública que deberá lanzar el Congreso para que organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia presenten sus propuestas. Las diputadas y los diputados serán los responsables de elegir a quienes formarán parte de la estructura del futuro Sistema.

¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos, pero al igual que en la cláusula de conciencia, tendrá que hacerse realidad, es una obligación constitucional, y será un buen modelo que debería seguirse en las entidades del país, donde los autonombrados “medios públicos” son en realidad “medios del gobierno” o del gobernador en turno.

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Se cae inversión en telecomunicaciones

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El Heraldo de México – Raymundo Sánchez

Hace agua la inversión en el sector de las telecomunicaciones: de un año a otro cayó 28 por ciento, aunque en el sexto Informe de Gobierno se muestran cifras alegres, toda vez que suma lo inyectado por todos los actores de 2013 a 2017, lo que da como resultado 328 mil 700 millones de pesos, de los cuales 61 mil 484 corresponden a 2016-2017.

No dice que el agente preponderante, América Móvildejó de invertir de 2016 a 2017 un 46.3 por ciento de lo que había hecho en el periodo anterior, lo cual representa 23 mil 596 millones de pesos menos al sector, lo cual ya generó una contracción. Es decir, pasó de 36 mil 901 millones de pesos a 19 mil 804 millones.

En cambio, el resto de operadores, tanto del segmento fijo como móvil, mantuvieron el año pasado niveles de inversión similares a los de 2016, lo que resultó clave para que la inversión total del sector en 2017, no presentara una contracción mayor.

Para ponerlo en números: la totalidad de operadores que intentan competirle al agente dominante, representaron 68 por ciento de las inversiones en 2017 y América Móvil representó 32 por ciento.

Pero los beneficios de la reforma en telecomunicaciones se mantuvieron: los ingresos por la prestación de servicios de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión de paga, arrojaron para América Móvil 59 por ciento, mientras que al resto de operadores le tocó 41 por ciento restante.

Esto significa que América Móvil apenas destinó, en promedio, 9 por ciento de sus ingresos a inversiones en infraestructura, lo cual lo coloca muy lejos de empresas de su tamaño en otros países de la región, como Brasil, donde su porcentaje de inversión es de 21 por ciento de sus ingresos.

Como resultado, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones ya advirtió que el desempeño de la inversión del preponderante se ubica por debajo de los porcentajes de inversión que realizan operadores similares en otros países, con marcos regulatorios que también prevén medidas asimétricas para nivelar el terreno competitivo.

Para ese Instituto, la caída en la inversión es alarmante, y pone en riesgo quizá a la única reforma estructural del presidente Enrique Peña que había venido funcionando de manera óptima.

 

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