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Internet a prueba de devaluaciones: aunque los abonos aumentan, nadie piensa en darse de baja del servicio

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en

iProfesional – Andrea Catalano

Aumenta pero no se cae. Así podría describirse la situación de la banda ancha en la Argentina.

Desde que se inició la corrida cambiaria, el precio del acceso a Internet también fue subiendo porque el megabyte (mb) mayorista, el insumo básico para tener conectividad, se paga en dólares. De modo que si la divisa aumenta, también lo hace el costo del servicio al consumidor.

Pero el alza no es uniforme. Como hay varios proveedores de acceso (ISP, por su sigla en inglés) que brindan sus prestaciones en distintas zonas, las políticas de suba del abono varían según el área en que operan.

Así, mientras algunas empresas aplicaron, por ejemplo, el aumento de mayo de manera completa, otros ajustaron la mitad de lo que subió el dólar, mientras que hubo firmas que recién iniciaron los ajustes en julio.

La mayoría avanza con estos incrementos porque no tiene capacidad para absorber la totalidad de la suba del costo.

Como contrapartida, aunque haya crisis, se dispare el billete verde y suba el precio de la conexión a Internet, los suarios parecen no se bajarse de este servicio.

Allá por el año 2001, en medio de la peor crisis de la Argentina, los usuarios comenzaron a ver los beneficios de conectarse, y la poca plata que sobraba era para ir a un cibercafé o a un locutorio, para chatear o mandar un currículum. Fue en esos años en los que se incrementó la cantidad de personas conectadas a la web, producto de ese cambio de conducta.

A unos 17 años de aquella época, los números actuales son contundentes: la Argentina contabilizó más de 7,35 millones de accesos a iIternet fijos en marzo, un 5,1% más que lo registrado entre enero y marzo del año anterior.

De ese total, 6,79 millones son hogareños y casi 568.000 corresponden a empresas de distinto tamaño, según datos del Indec.

Si bien la medición es previa al inicio de la corrida cambiaria y a su impacto en el precio del mb mayorista -que luego se traslada a los accesos residenciales-, ya existen antecedentes de que cuando se producen aumento de precios de los abonos, esto no se traduce en baja de clientes.

En 2015, cuando se liberó el cepo y el dólar pasó de $9 a $15 sin escalas, las empresas de Internet debieron maniobrar la situación del mismo modo. Y no hubo una salida masiva de usuarios.

¿Qué está pasando ahora con las empresas que ofrecen banda ancha?

Algunas empresas facturaron sus servicios de banda ancha con un dólar a $23 en junio, lo llevaron hasta los $24 en julio y recién en agosto lo harán al valor real. Si a esta altura, la cotización roza los $29, queda claro que el mayor impacto en la boleta del servicio se producirá entre este mes y el próximo.

“Algunos hemos definido una rampa de precios para que no se traslade todo en un mes. Con eso, los ayudamos (a los ISP) a bancar y armar un plan para que lo trasladen a pesos. Nosotros a nuestros carriers del exterior les giramos dólares”, detalló a iProfesional una fuente proveniente de uno de los mayoristas de este negocio.

Los carriers son las empresas internacionales de telecomunicaciones con las que están conectadas sus pares locales para poder hacer circular el tráfico de Internet. Esa interconexión se cotiza en divisas estadounidenses. Fue así desde el inicio de los tiempos online.

Una bola de cristal empañada
Si en mayo los servicios se cotizaron con un dólar de $20,80 y por estos días el billete verde se mueve en los $28 y por momentos coquetea con los $29, ¿qué decisiones están tomando las empresas hacia adelante? Las posturas son diversas.

iPlan, la empresa que está ofreciendo una de las las propuestas comerciales más agresivas en cuanto a velocidad y precio de la banda ancha, decidió ajustar sus precios en julio.

La compañía venía manteniendo sus tarifas desde septiembre de 2016, cuando lanzó el servicio residencial iPlan Liv, pese a la inflación y al aumento del dólar que también se registró en este tiempo.

Así, el abono de entrada, de 150 mb, pasó a costar $999,mientras que el de 250 mb se ubicó en $1.199 y el de 500 mb, en $2.099.

Movistar, en tanto, decidió aplicar un aumento de 16% al abono de banda ancha de agosto. Un porcentaje también lejano al 40% promedio de suba que registró la divisa desde que se inició la corrida cambiaria de principios de mayo.

Desde Claro señalaron que los precios no se han modificado hasta ahora. Pero no fue posible saber si habrá retoques hacia adelante.

Para las principales prestadoras modificar los precios en el actual contexto del mercado de las telecomunicaciones no es sencillo. Por un lado, la competencia vía la convergencia se está abriendo de a poco. Y es por eso que ya se ve a Claro saliendo comercialmente con su oferta que combina televisión HD por fibra óptica más telefonía y banda ancha.

Mientras Movistar, con muy bajo perfil, continúa desplegando también sus redes de fibra óptica y preparándose para el lanzamiento de Movistarplay, que seguramente se produzca hacia finales de este año.

De modo que los “toques” en los precios se deben evaluar muy concienzudamente. Especialmente, porque todo puede cambiar. En la Argentina, y en las empresas de telecomunicaciones y de Internet.

Lo concreto es que, muchos proveedores están vendiendo a un precio a los consumidores finales pese a que pagan otro, más alto, a los mayoristas.

“El valor del mb en mayo estaba apenas por encima de los $20. A principios de junio se puso en $25 y continuó subiendo. No les puedo pasar todo este aumento a los clientes”, admitió a este medio el dueño de una de las llamadas Pyme de telecomunicaciones, que brinda Internet en las localidades de las provincias.

ARSAT, que es la proveedora mayorista de gran parte de los ISP que operan en distintos puntos del país, está manteniendo el precio del mb mayorista, que cotiza a u$s14 desde marzo pasado cuando se anunció la reducción desde los u$s18 que venía costando.

Aun así, algunos proveedores están pidiéndole a la empresa estatal que vuelva a bajar ese costo. Desde ARSAT están atendiendo cada caso puntual para buscar soluciones concretas. Pero por ahora el precio se mantiene en el valor que rige desde hace cuatro meses.

Nadie quiere que el dólar continúe en alza. Al menos en el mercado de las telecomunicaciones.

La fuente consultada consideró que estos saltos tan abruptos descolocan a muchos ISP y que es necesario que los mayoristas les den tiempo para que puedan acomodarse. Justamente porque no hay espacio para trasladar todo ese incremento al usuario final.

Los consumidores argentinos, en tanto, resisten. Es posible que piensen en dar de baja el abono de TV paga (algo que está ocurriendo, aunque aún no de manera masiva) pero nunca en dejar de tener Internet.

Así lo dejaron entrever las empresas consultadas para esta nota. Cuando se les preguntó si habían sufrido alguna caída en la cantidad de abonados al servicio, la respuesta fue negativa en todos los casos.

Pero la situación de crisis está. Posiblemente dejen de ir una vez al cine, o se ahorren una salida a comer afuera. Pero no se les cruzará por la cabeza dar de baja el servicio de banda ancha. Como tampoco lo hicieron en el 2001 o cada vez que hubo saltos abruptos del dólar.

“Hay mucha demanda de Internet de alta calidad”, reiteran en cada oportunidad los responsables de iPlan. Y la frase es compartida no sólo por otras compañías del sector sino también por el mismo Gobierno que repite como un mantra la tarea de llevarle conectividad a todos los argentinos.

Internet se volvió tan necesaria como el agua, como el gas, como la electricidad. Sirve para estudiar, para entretenerse, para trabajar. Y también está atada a la fluctuación del dólar.

Domar a la divisa es también ayudar a los distintos jugadores de esta cadena de valor, básica para la vida cotidiana, pero no totalmente satisfecha.

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AMÉRICA LATINA

Retraso de Aresep afectaría telecomunicaciones

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Publicado

en

Diario Extra, Lic. Antonio Alexandre García

Nuevamente la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y su regulador Roberto Jiménez Gómez y Junta Directiva (Sonia Muñoz Tuk, Edgard Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt) podrían afectar a la industria de las telecomunicaciones. A menos de seis meses de que a D. Manuel Ruiz, superintendente de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), y al suplente Jaime Herrera, de la misma entidad, se les venza el periodo de sus plazas el 5 de enero próximo, Aresep todavía no ha abierto el concurso para la sustitución o renombramiento de dichos miembros.

Peor aún: por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sus reglamentos, el Consejo de la Sutel, órgano regulador de la industria de telecomunicaciones, únicamente puede sesionar si cuenta con por lo menos 2 de sus 3 miembros. Como en este caso vence el plazo de ejercicio de funciones de un miembro propietario y del único miembro suplemente, si no hay un nombramiento de estos puestos antes del 5 de enero, la Sutel únicamente podría sesionar si los 2 miembros que siguen (doña Hannia Vega y don Gilbert Camacho) están presentes en las sesiones del Consejo.

No pueden asistir a congresos o reuniones internacionales si hay sesiones, tampoco pueden tomar vacaciones y ni siquiera se pueden enfermar (¡!) puesto que con eso se paralizarían las decisiones en una industria, la de telecomunicaciones, que ya hoy representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, al cumplirse apenas 10 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que abrió el mercado de esos servicios en el país.

Se estiman 12 mil empleos directos en Telecom y siguen en crecimiento. Ya somos los líderes en penetración de telefonía móvil en toda Latinoamérica.

Ya fuimos testigos de actitudes que han rayado al absurdo cuando en la elección de doña Hannia Vega, cuando ya había una “terna” entre las más de 30 aspirantes al puesto, terna esta que incluía la experta exviceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega, y después de un largo proceso de concurso, se le ocurrió a Aresep repetirlo, por excusas que nunca han sido aclaradas y que por dicha no prosperó.

Doña Hannia fue ratificada en la Asamblea Legislativa y hoy preside Sutel.

Lo mismo pasó en el nombramiento de D. Gilbert Camacho, quien aplicaba a la renovación de su puesto (en Sutel se puede ser nombrado únicamente por 2 periodos) y Aresep no reconocía atestados obvios del candidato, puesto que era superintendente de Sutel, y tuvo que volver a pasar por un largo proceso que, a mi juicio, hubiera podido ser mucho más corto de parte de Aresep.

Pero volvamos al absurdo: faltan menos de seis meses para que D. Manuel Ruiz (quien ya ha sido presidente de Sutel en este primer periodo de su ejercicio) y el suplente Jaime Herrera dejen sus funciones. ¿Qué espera Aresep para arrancar con el concurso?

El concurso es efectuado en etapas, que incluyen desde atestados y exámenes de conocimiento de la materia de regulación y telecomunicaciones, además de entrevistas con la Junta Directiva hasta que finalmente (sin contar el eventual sesgo político muy frecuente en nuestras instituciones y que ojalá no pase esta vez en Aresep), la JD de ese órgano presenta a la Asamblea Legislativa un nombre indicado al puesto (en este caso dos indicados, uno como miembro superintendente y otro para la suplencia), y de ahí esperar que las y los diputados decidan si aceptan la sugerencia o le piden otra opción a Aresep.

Y tienen un plazo de 30 días calendario para esa decisión. Y perdón, no es que el presidente de Aresep o la Junta Directiva laboren ad honorem.

Aquí dejo pendiente (voy a investigar) el sueldo completo del presidente de Aresep Roberto Jiménez Gómez y demás beneficios que recibe (vehículo, viáticos, pluses, etc.) Dice la propia página web de Aresep: “Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de tres sesiones por semana”. (Artículo 54, Ley 7.593).

A trabajar entonces, porque la industria de telecomunicaciones no puede parar y será su responsabilidad si para el 5 de enero del 2019 no se habrán efectuado los nombramientos que ya sabemos estarán pendientes.

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AMÉRICA LATINA

Internexa propone modificar propuesta de adenda a Red Dorsal

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Publicado

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El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Internexa, proveedor de transporte de datos de origen colombiano que compite con Azteca, pidió formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que reconsidere la adenda al contrato de la Red Dorsal.

La empresa de capital colombiano informó que han remitido al MTC una carta con sus comentarios sobre la propuesta de adenda al contrato suscrito entre MTC y Azteca, operador de los 13,5  km de fibra optica de la red dorsal.

Como se recordará, en el citado contrato se establece que Azteca cobre una tarifa fija de US$23 más I.G.V. por mega transportado, lo cual resulta caro en el mercado, pues los otros operadores cobran menos (US$15 en promedio). La adenda propone cambiar el cobro por una tarifa flexible con un tope máximo de US$23.

Internexa considera que, si se aprueba la citada adenda, Azteca no competiría en iguales condiciones que los privados porque recibiría un subsidio por parte del Estado peruano. Por lo tanto, estaría afectando la libre competencia e iría contra lo que dispone la Constitución.

“Si se le otorga a Azteca el mecanismo de flexibilidad tarifaria en zonas con competencia, ello iría en detrimento de los demás operadores, ocasionando que no puedan competir en iguales condiciones y trayendo como consecuencia negativa la posible salida del mercado de dichos operadores afectados; lo que a su vez, generaría que Azteca termine siendo el único operador del servicio portador a nivel nacional”, señalaron.

Es por esta razón que Internexa propone al MTC que, si va a establecer flexibilidad tarifaria, sea en las zonas rurales o alejadas en donde se necesita Internet pero no hay oferta ni competencia privada. De esta manera -indica- el Estado cumpliría su rol subsidiario.

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AMÉRICA LATINA

Ley de emprendimientos propone plataformas de micro financiamiento colectivo

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Publicado

en

El Observador

En la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se están discutiendo dos proyectos de ley de promoción de emprendimientos presentados el año pasado. Uno, diseñado por el presidente de Endeavor, Andrés Cerisola y presentado por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. El otro fue presentado en Comisión por el diputado del Frente Amplio, Walter De León.

Aunque uno es mas extenso que el otro en cantidad de artículos, ambos tienen un mismo propósito: fomentar el emprendendurismo en Uruguay y brindar las mejores condiciones para que emprendedores puedan abrir una empresa en poco tiempo y mejorar los mecanismos de inversión.
El diputado Goñi dijo a El Observador que hay “predisposición de todos los partidos a aprobar una ley de emprendimientos”, que se espera que finalice su tratamiento en el Parlamento antes del día del emprendimiento el tercer jueves de noviembre. A la comisión fueron invitados integrantes de instituciones de apoyo a emprendedores y organismos estatales para intercambiar puntos de vista sobre la temática.
Una de las herramientas para emprendedores que plantean los proyectos es la habilitación del micro financiamiento colectivo -o crowdfunding-. “Es un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento, que es una de las grandes restricciones de los emprendedores”, sostuvo Goñi. Este mecanismo permite que cualquier persona que quiere invertir pequeños montos en varios proyectos -hasta US$ 10.000 por año-, puedan, a través de una plataforma tecnológica, concretar esa financiación.
Por otra parte, cada emprendimiento podrá recibir un monto máximo de US$ 1 millón a través del micro financiamiento.

“Hay varios países del mundo en los que se aplica este mecanismo. A veces en cuestión de horas se consiguen montos importantes, sin intermediación bancaria”, añadió el diputado.

La idea es promover la creación de este tipo de plataformas que nuclean variedad de emprendimientos, con y sin fines de lucro. Dos representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron a la Comisión y coincidieron con la creación de estas plataformas para cofinanciar emprendimientos. “El emprendedor debe aclarar que es una inversión de riesgo, contar los detalles del proyecto y después se acuerda cuál será la forma de retribución al inversor que colaboró con un monto pequeño”, indicó.

El proyecto incluye límites estrictos de montos, la promoción de una regulación adicional para las plataformas de micro financiamiento colectivo (en especial en la prevención y control del riesgo de fraude), y advertencias concretas que dejen a salvo toda responsabilidad del Estado por los eventuales resultados de las inversiones.

Al ser inversiones por montos bajos, esta actividad no implica la regulación del BCU.

Otro de los puntos que se busca fomentar es el acceso al capital semilla, que actualmente es aportado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Hay que fomentar la figura del inversor ángel, que invierte grandes montos de dinero en las primeras etapas del emrpendimiento. La idea es generar incentivos fiscales para quienes aporten capital semilla”, dijo Goñi.

Una empresa en 24 horas

Al igual que lo establecido en la ley de emprendedores aprobada en Argentina en abril de 2017, el proyecto de ley que busca su aprobación en el Parlamento uruguayo genera la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tiene las ventajas de una sociedad anónima, como la incorporación de capital, pero con un costo de creación menor y mayor “flexibilidad y autonomía de los sus socios”.

“La empresa se puede crear vía web, con formularios prontos para que el emprendedor, sin mucho conocimiento legal, pueda elegir los estatutos, inscribirse y en 24 horas tener la sociedad”.

Dentro de las flexibilidades de la SAS, las actas de directorio pueden establecerse vía WhatsApp u otra plataforma digital.

La SAS se ha implementado en varios países de América y Europa. Goñi citó el ejemplo de Colombia, que desde la implementación de esta figura jurídica hace ocho años, se han creado 500.000 emprendimientos.

Como antecedente a esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento, hay un proyecto de ley de 2012 que no prosperó, y que había sido impulsado por el entonces senador socialista Daniel Martínez.

Debate en curso

La Fundación da Vinci, que apoya a emprendedores con la incubación de sus proyectos y otras herramientas, realizará actividades para estimular el debate y recibir aportes en el camino de la posible aprobación de la ley de emprendedurismo. El director de la fundación, Sergio Delgado, será quien lidere estas actividades.

El próximo jueves 26 julio, se realizará una reunión con miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y representantes de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE), que funciona bajo la administración ANDE.

En tanto, el martes 31 julio habrá un panel con empresarios y emprendedores en Salto, coorganizado con Centro Comercial e Industrial de Salto.

 

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