COMUNIDAD MEDIATELECOM

AMÉRICA LATINA

Claro y distribuidores chocan por políticas comerciales

Mediatelecom

Publicado

en

El Financiero, Carlos Cordero

En un mercado cambiante, en forma constante, los operadores móviles deben estar haciendo ajustes permanentemente en sus planes y paquetes. ¿Eso también incluye las políticas y metas mensuales que deben cumplir los agentes distribuidores autorizados?

En el caso de la firma Claro, hay opiniones encontradas con los distribuidores e incluso el operador presentó un recurso de nulidad ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia contra el laudo arbitral que perdió con uno de ellos, la empresa Happy Móvil.

Varios distribuidores que conversaron con EF, a condición de que se les mantenga el anonimato por la confidencialidad a la que los obliga el contrato con Claro, pidieron un cambio “radical” de la política comercial de la firma. Alegan que la actual no es clara, cambia constantemente y los afecta financieramente.

La compañía, entre tanto, había insistido primero que los agentes están obligados a la confidencialidad y luego minimizó la situación en su respuesta a la consulta de EF.

“Los contratos entre Claro y sus distribuidores autorizados son transparentes y se basan en cláusulas de mutuo acuerdo”, afirmó Edgar del Valle, gerente legal de Claro Costa Rica. “La relación se fundamenta en la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la austeridad”.

Los distribuidores son los encargados de la comercialización de los productos y servicios del operador. Al agente le corresponde hacer la inversión en la remodelación del punto, el pago de la planilla y el operador aporta rotulación, elementos promocionales, sistema y dispositivos.

En Costa Rica, a diciembre del 2017 habían 8,8 millones de suscripciones al servicio de telefonía móvil, de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). De ellos, el 21,3% correspondía a Claro, lo que ubica a la firma por detrás de Movistar (26%) y del Instituto Costarricense de Electricidad (51,8%).

¿Retos y malentendidos o problemas?

Los agentes distribuidores plantean al menos diez problemas que consideran los están afectando (ver recuadro “Situaciones”).

Problemas planteados por agentes distribuidores de Claro:
1. Cambios en los porcentajes de pago y políticas de comercialización.
2. Imposición de metas “exorbitantes” con continua escasez de inventario.
3. Cobro de penalidades “abusivas”, como rebajas de las comisiones por el incumplimiento de pagos de los suscriptores.
4. Mensajes y correos de presión, muchas veces contradictorios.
5. Obligación de firmar addendum sin reconocimiento de los costos incurridos por parte del distribuidor para ajustarse a los cambios de políticas.
6. Rebajos de comisiones basados en indicadores y resultados que no pueden ser vistos ni comprobados por el distribuidor.
7. Afectación económica por mal funcionamiento del sistema tecnológico que se cambió y que habría sido resarcida insuficientemente.
8. Claro permite la instalación de otros distribuidores en zonas comerciales donde ya hay uno, lo que llevaría a una competencia considerada por estos como “desleal”.
9. Solicitud de cumplimento de políticas comerciales, pero sin la entrega de las herramientas necesarias para su atención.
Fuente: Distribuidores de Claro

La punto principal de discordia es el cambio constante de las condiciones, de las regalías y de las metas.

En el caso de las metas, los distribuidores consultados consideran que un aumento normal de la meta mensual puede oscilar entre 5% o 10%, pero Claro les estaría imponiendo incrementos de hasta 50%.

Otra situación es la morosidad de los suscriptores de postpago. Los agentes indican que los planes con los usuarios se aprueban siguiendo la política de crédito del operador, así como su sistema informático.

El problema es que cuando un cliente presenta atrasos o morosidad total se le estaría cobrando al distribuidor mediante el rebajo del monto de las comisiones ganadas.

Los agentes autorizados también resienten la falta de un acelerador que impulse las ventas, alegan afectación económica e incluso que han tenido que cerrar algunos de sus puntos de venta.

Claro no dio respuesta a cada una de las situaciones planteadas.

En términos generales la firma sostiene que, desde el inicio de su operación, la relación con los agentes autorizados es buena y que los canales de distribución en el país se han triplicado.

No se indicó la cantidad de socios comerciales o distribuidores que tiene la compañía.

Para la firma este crecimiento refleja la confianza de las empresas que representan a Claro como distribuidores, que generan 1.500 empleos, así como de los consumidores.

“Los retos o malentendidos que surjan son tratados con seriedad y atendidos en cuanto son comunicados”, recalcó Del Valle.

Problemas de origen

No todo ha sido tan bien desde el inicio de la operación de Claro, sin embargo.

En marzo pasado, casi siete años después de iniciar operaciones en el país, el operador presentó un recurso contra un laudo arbitral que le fue desfavorable en la Cámara de Comercio de Costa Rica. El laudo le daba la razón a una empresa que fue distribuidora suya, Happy Móvil.

“Es importante destacar que la situación mencionada con Happy Móvil no es la norma, es un caso único”, respondió Del Valle.

CLIC PARA SEGUIR LEYENDO
Advertisement
CLICK PARA COMENTAR

DEJA UN COMENTARIO

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

AMÉRICA LATINA

Retraso de Aresep afectaría telecomunicaciones

Mediatelecom

Publicado

en

Diario Extra, Lic. Antonio Alexandre García

Nuevamente la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y su regulador Roberto Jiménez Gómez y Junta Directiva (Sonia Muñoz Tuk, Edgard Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt) podrían afectar a la industria de las telecomunicaciones. A menos de seis meses de que a D. Manuel Ruiz, superintendente de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), y al suplente Jaime Herrera, de la misma entidad, se les venza el periodo de sus plazas el 5 de enero próximo, Aresep todavía no ha abierto el concurso para la sustitución o renombramiento de dichos miembros.

Peor aún: por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sus reglamentos, el Consejo de la Sutel, órgano regulador de la industria de telecomunicaciones, únicamente puede sesionar si cuenta con por lo menos 2 de sus 3 miembros. Como en este caso vence el plazo de ejercicio de funciones de un miembro propietario y del único miembro suplemente, si no hay un nombramiento de estos puestos antes del 5 de enero, la Sutel únicamente podría sesionar si los 2 miembros que siguen (doña Hannia Vega y don Gilbert Camacho) están presentes en las sesiones del Consejo.

No pueden asistir a congresos o reuniones internacionales si hay sesiones, tampoco pueden tomar vacaciones y ni siquiera se pueden enfermar (¡!) puesto que con eso se paralizarían las decisiones en una industria, la de telecomunicaciones, que ya hoy representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, al cumplirse apenas 10 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que abrió el mercado de esos servicios en el país.

Se estiman 12 mil empleos directos en Telecom y siguen en crecimiento. Ya somos los líderes en penetración de telefonía móvil en toda Latinoamérica.

Ya fuimos testigos de actitudes que han rayado al absurdo cuando en la elección de doña Hannia Vega, cuando ya había una “terna” entre las más de 30 aspirantes al puesto, terna esta que incluía la experta exviceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega, y después de un largo proceso de concurso, se le ocurrió a Aresep repetirlo, por excusas que nunca han sido aclaradas y que por dicha no prosperó.

Doña Hannia fue ratificada en la Asamblea Legislativa y hoy preside Sutel.

Lo mismo pasó en el nombramiento de D. Gilbert Camacho, quien aplicaba a la renovación de su puesto (en Sutel se puede ser nombrado únicamente por 2 periodos) y Aresep no reconocía atestados obvios del candidato, puesto que era superintendente de Sutel, y tuvo que volver a pasar por un largo proceso que, a mi juicio, hubiera podido ser mucho más corto de parte de Aresep.

Pero volvamos al absurdo: faltan menos de seis meses para que D. Manuel Ruiz (quien ya ha sido presidente de Sutel en este primer periodo de su ejercicio) y el suplente Jaime Herrera dejen sus funciones. ¿Qué espera Aresep para arrancar con el concurso?

El concurso es efectuado en etapas, que incluyen desde atestados y exámenes de conocimiento de la materia de regulación y telecomunicaciones, además de entrevistas con la Junta Directiva hasta que finalmente (sin contar el eventual sesgo político muy frecuente en nuestras instituciones y que ojalá no pase esta vez en Aresep), la JD de ese órgano presenta a la Asamblea Legislativa un nombre indicado al puesto (en este caso dos indicados, uno como miembro superintendente y otro para la suplencia), y de ahí esperar que las y los diputados decidan si aceptan la sugerencia o le piden otra opción a Aresep.

Y tienen un plazo de 30 días calendario para esa decisión. Y perdón, no es que el presidente de Aresep o la Junta Directiva laboren ad honorem.

Aquí dejo pendiente (voy a investigar) el sueldo completo del presidente de Aresep Roberto Jiménez Gómez y demás beneficios que recibe (vehículo, viáticos, pluses, etc.) Dice la propia página web de Aresep: “Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de tres sesiones por semana”. (Artículo 54, Ley 7.593).

A trabajar entonces, porque la industria de telecomunicaciones no puede parar y será su responsabilidad si para el 5 de enero del 2019 no se habrán efectuado los nombramientos que ya sabemos estarán pendientes.

CLIC PARA SEGUIR LEYENDO

AMÉRICA LATINA

Internexa propone modificar propuesta de adenda a Red Dorsal

Mediatelecom

Publicado

en

El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Internexa, proveedor de transporte de datos de origen colombiano que compite con Azteca, pidió formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que reconsidere la adenda al contrato de la Red Dorsal.

La empresa de capital colombiano informó que han remitido al MTC una carta con sus comentarios sobre la propuesta de adenda al contrato suscrito entre MTC y Azteca, operador de los 13,5  km de fibra optica de la red dorsal.

Como se recordará, en el citado contrato se establece que Azteca cobre una tarifa fija de US$23 más I.G.V. por mega transportado, lo cual resulta caro en el mercado, pues los otros operadores cobran menos (US$15 en promedio). La adenda propone cambiar el cobro por una tarifa flexible con un tope máximo de US$23.

Internexa considera que, si se aprueba la citada adenda, Azteca no competiría en iguales condiciones que los privados porque recibiría un subsidio por parte del Estado peruano. Por lo tanto, estaría afectando la libre competencia e iría contra lo que dispone la Constitución.

“Si se le otorga a Azteca el mecanismo de flexibilidad tarifaria en zonas con competencia, ello iría en detrimento de los demás operadores, ocasionando que no puedan competir en iguales condiciones y trayendo como consecuencia negativa la posible salida del mercado de dichos operadores afectados; lo que a su vez, generaría que Azteca termine siendo el único operador del servicio portador a nivel nacional”, señalaron.

Es por esta razón que Internexa propone al MTC que, si va a establecer flexibilidad tarifaria, sea en las zonas rurales o alejadas en donde se necesita Internet pero no hay oferta ni competencia privada. De esta manera -indica- el Estado cumpliría su rol subsidiario.

CLIC PARA SEGUIR LEYENDO

AMÉRICA LATINA

Ley de emprendimientos propone plataformas de micro financiamiento colectivo

Mediatelecom

Publicado

en

El Observador

En la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se están discutiendo dos proyectos de ley de promoción de emprendimientos presentados el año pasado. Uno, diseñado por el presidente de Endeavor, Andrés Cerisola y presentado por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. El otro fue presentado en Comisión por el diputado del Frente Amplio, Walter De León.

Aunque uno es mas extenso que el otro en cantidad de artículos, ambos tienen un mismo propósito: fomentar el emprendendurismo en Uruguay y brindar las mejores condiciones para que emprendedores puedan abrir una empresa en poco tiempo y mejorar los mecanismos de inversión.
El diputado Goñi dijo a El Observador que hay “predisposición de todos los partidos a aprobar una ley de emprendimientos”, que se espera que finalice su tratamiento en el Parlamento antes del día del emprendimiento el tercer jueves de noviembre. A la comisión fueron invitados integrantes de instituciones de apoyo a emprendedores y organismos estatales para intercambiar puntos de vista sobre la temática.
Una de las herramientas para emprendedores que plantean los proyectos es la habilitación del micro financiamiento colectivo -o crowdfunding-. “Es un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento, que es una de las grandes restricciones de los emprendedores”, sostuvo Goñi. Este mecanismo permite que cualquier persona que quiere invertir pequeños montos en varios proyectos -hasta US$ 10.000 por año-, puedan, a través de una plataforma tecnológica, concretar esa financiación.
Por otra parte, cada emprendimiento podrá recibir un monto máximo de US$ 1 millón a través del micro financiamiento.

“Hay varios países del mundo en los que se aplica este mecanismo. A veces en cuestión de horas se consiguen montos importantes, sin intermediación bancaria”, añadió el diputado.

La idea es promover la creación de este tipo de plataformas que nuclean variedad de emprendimientos, con y sin fines de lucro. Dos representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron a la Comisión y coincidieron con la creación de estas plataformas para cofinanciar emprendimientos. “El emprendedor debe aclarar que es una inversión de riesgo, contar los detalles del proyecto y después se acuerda cuál será la forma de retribución al inversor que colaboró con un monto pequeño”, indicó.

El proyecto incluye límites estrictos de montos, la promoción de una regulación adicional para las plataformas de micro financiamiento colectivo (en especial en la prevención y control del riesgo de fraude), y advertencias concretas que dejen a salvo toda responsabilidad del Estado por los eventuales resultados de las inversiones.

Al ser inversiones por montos bajos, esta actividad no implica la regulación del BCU.

Otro de los puntos que se busca fomentar es el acceso al capital semilla, que actualmente es aportado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Hay que fomentar la figura del inversor ángel, que invierte grandes montos de dinero en las primeras etapas del emrpendimiento. La idea es generar incentivos fiscales para quienes aporten capital semilla”, dijo Goñi.

Una empresa en 24 horas

Al igual que lo establecido en la ley de emprendedores aprobada en Argentina en abril de 2017, el proyecto de ley que busca su aprobación en el Parlamento uruguayo genera la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tiene las ventajas de una sociedad anónima, como la incorporación de capital, pero con un costo de creación menor y mayor “flexibilidad y autonomía de los sus socios”.

“La empresa se puede crear vía web, con formularios prontos para que el emprendedor, sin mucho conocimiento legal, pueda elegir los estatutos, inscribirse y en 24 horas tener la sociedad”.

Dentro de las flexibilidades de la SAS, las actas de directorio pueden establecerse vía WhatsApp u otra plataforma digital.

La SAS se ha implementado en varios países de América y Europa. Goñi citó el ejemplo de Colombia, que desde la implementación de esta figura jurídica hace ocho años, se han creado 500.000 emprendimientos.

Como antecedente a esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento, hay un proyecto de ley de 2012 que no prosperó, y que había sido impulsado por el entonces senador socialista Daniel Martínez.

Debate en curso

La Fundación da Vinci, que apoya a emprendedores con la incubación de sus proyectos y otras herramientas, realizará actividades para estimular el debate y recibir aportes en el camino de la posible aprobación de la ley de emprendedurismo. El director de la fundación, Sergio Delgado, será quien lidere estas actividades.

El próximo jueves 26 julio, se realizará una reunión con miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y representantes de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE), que funciona bajo la administración ANDE.

En tanto, el martes 31 julio habrá un panel con empresarios y emprendedores en Salto, coorganizado con Centro Comercial e Industrial de Salto.

 

CLIC PARA SEGUIR LEYENDO

GRÁFICAS

DÍA A DÍA

julio 2018
L M X J V S D
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

LO MÁS LEÍDO

Bitnami