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Telefónica niega corrupción en México

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Excélsior – José Yuste

El desmentido de Telefónica México fue inmediato. Ayer, temprano, el portal español El Confidencial lanzó una nota periodística que acusaba a Telefónica México de haber corrompido a presidentes municipales y gobernadores para desplegar lo más rápido sus radiobases para completar su red telefónica.

La acusación era un símil de lo que pasó con Walmart hace años, cuando una investigación interna de la cadena de autoservicio detectó que había construido muy rápido sus tiendas porque habían corrompido a las autoridades locales.

El portal El Confidencial señalaba que como parte de estas prácticas corruptas, Telefónica en México había tenido que despedir a varios directivos. Esas versiones, de despedir a directivos, también fueron desmentidas por la compañía, recordando que ni habían sido despedidos directivos suyos por sobornos ni habían relajado sus políticas anticorrupción.

LA INVERSIÓN, UNA INCÓGNITA

Más bien el problema de Telefónica en México, hasta el momento, ha sido otro. Existe una indefinición de lo que hará en el futuro.

Cuando decidió no participar en  las últimas licitaciones de espectro, mucho se dijo que ya no estaba invirtiendo en nuestro país. Y según lo que han dicho sus directivos es que mejor se han esperado, y participarán en nuevas licitaciones que sí les interesen (este año viene la de 2.5 GHz). Lo cierto: quienes se han quedado con más ancho de banda del espectro, indispensable para ofrecer servicios de 4.5 y 5G,  han sido Telcel y AT&T.

Hasta el momento, Telefónica no ha dicho cuánto va a invertir en México. Se sabe que José María Álvarez-Pallete, el presidente de Telefónica España, ha estado pendiente del proceso de apertura en México.

Incluso el equipo de la compañía ha vuelto a tener fuerza en los medios, donde se quejan que todavía el tamaño del preponderante es muy fuerte y no les deja competir.

Telefónica ha invertido más de 13 mil millones de dólares en el país, llegando a prácticamente 20 millones de usuarios. Sin embargo, la indefinición sobre su expansión en México, ha llevado a levantar toda clase de rumores.

LA BATALLA POR EL MUNDIAL

La batalla por televisar los partidos del Mundial ya comenzó. Televisa, a través de un comunicado, dio a conocer que el partido México-Dinamarca pudo ser visto por una audiencia nada despreciable, de cinco millones 534 mil personas, 19.70% más que su competencia.

Y la televisora de Chapultepec también dio a conocer que en el Mundial de Rusia llevarán consigo personajes de la serie mexicana Club de Cuervos, que como se sabe ha tenido buena recepción en Netflix.

La apuesta de Televisa es llevar a través de Sky los 64 partidos del Mundial y tener varios contenidos a su alrededor.  Recordemos que los programas de televisión más vistos en la historia de la TV son… los de la selección de futbol, ya sea en Mundial, Copa Confederaciones o hasta en los Juegos Olímpicos.

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México ocupa el 87 sitio en TIC: UIT

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

Recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones actualizó el Índice de Desarrollo TIC —Tecnologías de Información y la Comunicación—, el cual es una métrica que permite medir y comparar el alcance, así como el tamaño de la brecha digital, entre diferentes países y regiones. El IDT analiza 176 economías entre las cuales México obtuvo la posición 87 en 2017 con una puntuación equivalente a 5.16, la cual nos posiciona ligeramente por arriba del promedio internacional equivalente a 5.11 puntos. “Lo anterior es una buena noticia ya que un año antes nos encontrábamos por debajo de éste”, consideró Gonzalo Rejón analista de The Competitive Intelligence Unit.

Respecto a América Latina, conformada por 35 países, México se ubica en la posición número 18, mostrando un dinamismo importante al registrar una tasa de crecimiento de 5.95% entre 2016 y 2017, pero es evidente que no estamos ni con mucho por ser líderes en tecnología de la información y comunicación.

Venta. Axtel, que dirige Rolando Zubirán  firmó un acuerdo definitivo para la desinversión de su negocio de fibra (FTTx) del segmento masivo ubicado en Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez y en el municipio de Zapopan, por una cantidad de 4 mil 713 millones de pesos a Grupo Televisa de Emilio Azcárraga. Axtel transfirió a Televisa 227 mil 802 clientes residenciales y micro-negocios, 4 mil 432 km de red de fibra óptica y otros activos relacionados con la operación del segmento masivo en estas ciudades.

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Las prioridades del presupuesto

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La Silla Rota – Aleida Calleja

La propuesta del gobierno federalrespecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaciónpara el 2019, entregado el pasado sábado 15 de diciembre a la Cámara de Diputados, está dando mucho de qué hablar en la medida que contradicealgunas de las promesas de campaña del presidente y además porqueapuntala prioridades que a más de uno hace alzar la ceja. Veamos.

Un punto polémico es el aumento en un 53por ciento el gasto en publicidad oficial respecto del 2018, pasando de 2 mil 338.6 millones a 3 mil 579.45 millones de pesos, más de mil millones de pesos, cuando la promesa de campaña fue reducir en un 50por ciento el gasto en este rubro que ha sido permanentemente cuestionado por la discrecionalidad con la que se usa para premiar o castigar a los medios de comunicación en función de sus líneas editoriales, peor aún es que el mayor aumento para la publicidad oficial se le dio a la Secretaría de Gobernación hasta en más del 800 por ciento, al pasar de 180.11 millones de pesos a mil 786.14 millones. Una de las principales demandas de organizaciones y expertos en la materia ha sido que esa secretaría deje de tener injerencia en materia de publicidad oficial, es un lastre de la herencia autoritaria del PRI y viola los estándares internacionales mínimos en materia de libertad de expresión. Si por algo fue altamente criticado el expresidente Peña Nieto,fue por el excesivo y discrecional uso de la publicidad oficial.

De acuerdo a la propuesta de egresos en su artículo 14, fracción IV establece que “… no podrán realizarse ampliaciones y/o traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto“, pero abre la puerta a posibles ampliaciones del presupuesto en caso de situaciones de carácter contingente (lo cual es comprensible), así como promover a México como destino turístico en el extranjero, entre otros, además establece que el gasto se hará de acuerdo a la Ley general de Comunicación social, tan nefasta que es mejor conocida como #LeyChayote, normativa que hasta el momento no parece haber una fecha, y voluntad, específica para derogarla.

Mientras aumenta el presupuesto de la publicidad oficial, en la propuesta se reduce el presupuesto (68 millones) para la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país que suman más de 30 mil personas, así como la reducción (4 millones) para la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también se le reduce el presupuesto a la Fiscalía para los casos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (16 millones). ¿Cuál es la racionalidad para aumentar el gasto para que el gobierno se publicite en lugar de atenderá las miles de víctimas de la violencia?

Otro punto que ha levantado inconformidades es el recorte a las universidades públicas, así por ejemplo a la UNAMse le redujo 400 millones de pesos, dicha reducción contrasta con el presupuesto de gastos ordinarios para el partido del presidente, Morena,que pasará de 400 millones de pesos a más de mil 500 millones de pesos, la pregunta es ¿por qué se le impone la austeridad republicana a las universidades y no al partido político al que pertenece el presidente?

El sector cultural también tuvo reducciones, más de 500 millones de pesos. No parece buena señal el recorte mientras se destina más presupuesto al ejército. Ojalá que estas medidas propuestas se reviertan y el presupuesto 2019, que debe ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre, tenga una mejor redistribución en estos rubros.

Crisis en el IMER y reducción de dinero a medios públicos

En varios medios públicos la incertidumbre está creciendo, el caso más sonado es el del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), sus trabajadores han denunciado que sus contratos terminan este 31 de diciembre y no saben si serán recontratados para el siguiente año, pues la mayor parte delos creativos y locutores trabajan bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a todas las dependencias suspender la contratación de personal que estén en este régimen. Bajo esta condición trabajan una muy buena parte de los medios públicos, salvo medios como radio educación por ejemplo, la mayoría tienen que contratar a los creativos, analistas, entre otros, por la vía de honorarios porque no hay muchas plazas fijas para su personal, si el gobierno, como ha afirmado, busca fortalecer a los medios de uso público tendrá que revisar esta situación, de otra manera sólo se quedarán con el personal sindicalizado y perderán valioso recurso humano para su programación diaria.

Aunado a esta situación también es mala noticia la reducción del presupuesto a los medios públicos respecto del 2018, OnceTV le recortan más de 49 millones de pesos, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) más de 15 millones, al Canal 22 más de 23 millones, al IMER más de 19 millones de pesos,de acuerdo a las palabras del presidente una de sus metas era fortalecerá los medios públicos para hacerlos una especie de BBC a la mexicana ¿cómo se logrará si les reducen presupuesto? De suyo los medios de uso público de por sí tienen pocos recursos para producir, muy difícil será fortalecerles así.

Los cineastas y artistas también protestan

La recién nombrada directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) María Novaro tuvo que dar marcha atrás a la medida que anunció vía twitter de cancelar la OTT Filmin Latino creada para veronline cine mexicano e internacional por suscripción, con un catálogo de 1,700obras, ante los mensajes en redes de cineastas como Guillermo del Toro, entre otros, finalmente el IMCINE y la Secretaría de Cultura emitieron un comunicado con junto retirando la medida.

La plataforma en internet permite acceso a obras de creadores nacionales e internacionales y a múltiples audiencias en varios estados de la república que no cuentan con salas de cine, por lo que la comunidad cinematográfica protesto, pero también por las formas, pues antes de cancelar el servicio lo deseable es que primero se entable un diálogo con los afectados para explicar el porqué de la medida ¿no cree?

Ante la reducción del presupuesto destinado acultura, la comunidad artística está impulsado una campaña denominada “La Cultura es Eje” para evitarlo, ojalá y sean escuchados.

El nuevo gobierno está teniendo su curva de aprendizaje, esperemos que tenga los oídos lo suficientemente abiertos en esa curva, nos conviene a todos.

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Medios públicos, también con menos dinero

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

De aprobarse el proyecto de presupuesto 2019, los medios públicos federales otra vez tendrían un recorte en sus recursos, tal como sucedió a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta disminución sería, en conjunto, de alrededor de 115 millones de pesos. Es una merma muy importante que impacta en la función que tienen encomendada estos medios en una sociedad democrática.

En cifras cerradas, Once TV tuvo en 2018 un presupuesto de 579.5 millones de pesos y en el 2019 sería de 530.6 millones de pesos, nueve por ciento menos. Canal 22 pasaría de 172.7 millones de pesos a 149.2 millones de pesos, una disminución de casi 14 por ciento. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), de ejercer el año pasado 220.2 millones de pesos tendría 205.4 millones de pesos, casi siete por ciento menos.

En el caso de la radio, el Instituto Mexicano de Radio (IMER), de tener un presupuesto de 178 millones de pesos este año, disminuiría a 159.2 millones de pesos, 10 por ciento menos. Y Radio Educación, pasaría de 85.7 millones de pesos a 76.2 millones de pesos, entre un año y otro, esto es, una pérdida de 11 por ciento. Todo esto sin considerar el impacto por la inflación y los recortes a su gasto durante los últimos años.

Efectivamente, debe revisarse el gasto superfluo, las licitaciones infladas, los excesos que también ocurren en los medios públicos como se ha documentado en Sin Embargo, pero esto no se soluciona con el recorte del presupuesto, sino con honestidad en quienes encabecen estos medios, transparencia total en la manera en cómo se distribuye el dinero, rendición de cuentas y una mejor administración de los recursos disponibles. Hacia allá deben encaminarse los esfuerzos en la nueva administración.

Las diputadas y los diputados están obligados a revisar con lupa este financiamiento y considerar las recomendaciones que al respecto han emitido organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los medios públicos de comunicación deben contar con un presupuesto estable y autonomía financiera que impida injerencias arbitrarias también del sector gubernamental”.

“Presupuesto estable” señala la CIDH, pero lo que ha prevalecido es la inestabilidad. Véase, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos días en el IMER, donde productores, locutores, guionistas, musicalizadores y periodistas, contratados temporalmente mediante la prestación de servicios profesionales por honorarios, han alzado la voz por la incertidumbre laboral en la que se encuentran ante la falta de pago por los meses de noviembre y diciembre y la ausencia de información sobre su recontratación en el próximo año. Como afirmó la ex directora del IMER, Ana Cecilia Terrazas, la radio pública (y también la televisión pública) siempre ha estado obligada a tener colaboradores porque el presupuesto que les asigna Hacienda “no es suficiente para mantener funcionando las emisoras 24 horas todos los días sólo con el personal de base” (Animal Político, 17 de diciembre).

La misma Relatoría para la Libertad de Expresión en conjunto con la de ONU, la OEA, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana emitió en 2007 una Declaración en la que recomienda que “se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de tal forma que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandato de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación” (CIDH, Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 2009). Esto tampoco ha ocurrido.

A su vez, la OCDE en su estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, precisó que “los concesionarios de radiodifusión pública (en nuestro país) tienen menos apoyo financiero que en la mayoría de los países de la OCDE, lo cual limita su capacidad para cumplir con su mandato”. Por eso ha recomendado al Estado mexicano que los medios públicos sean beneficiarios, como los concesionarios de uso social comunitario e indígena, de los recursos de comunicación social del gobierno, así como de la posibilidad de “vender una cantidad limitada de publicidad que no comprometa sus objetivos sociales, culturales y educativos” (el estudio está disponible en este enlace: https://doi.org/10.1787/9789264280656-es).

Para esto último, sería indispensable modificar la ley. La política de austeridad obligaría por lo tanto a explorar más fuentes de financiamiento para los medios públicos y no castigarlos, como se hace ahora, para asegurar la pluralidad y diversidad de voces en sus contenidos, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población, como lo señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

MORENA Y SUS PRINCIPIOS

El programa fundacional del partido Morena destaca la relevancia de los medios públicos. El punto seis de dicho documento establece:

“La radio y la televisión son un servicio público, de interés nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la población. Por ello, es necesario establecer medios públicos, en manos de la sociedad, para garantizar el derecho a la información, reflejar la pluralidad política, étnica, social y cultural de los mexicanos”.

El adecuado financiamiento de estos medios, al igual que otras medidas para que cumplan su cometido, debe ser considerado por las diputadas y diputados, de Morena y otras fuerzas políticas, que analizarán y ajustarán el presupuesto para el próximo año.

Queda claro que la tijera se usó incluso hasta en los recursos considerados para las Universidades públicas, los programas sociales, de igualdad de género, la cultura y el deporte, pero podría hacerse un ajuste, por ejemplo, en publicidad gubernamental y trasladarlo a los medios públicos para mantener al menos los presupuestos del 2018.

Para el 2019 se prevé una partida de más de 4 mil 100 millones de pesos en publicidad gubernamental. Aunque es una cantidad menor si se le compara con el gasto anual ejercido en este concepto por el Gobierno de Peña Nieto, no deja de ser alta en un país que también está modificando la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Recuérdese que los Estados democráticos cuentan con medios públicos fuertes y medios comerciales no subsidiados por el Gobierno.

EL IFT Y SU NUEVO INTEGRANTE

Como se sabe, en días pasados trascendió que la “misteriosa” persona a la que se le dio la posibilidad, en el último momento, de presentar examen para ocupar una plaza de comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es Leticia Salas Torres, ex directora del Canal del Congreso y ex directora de Comunicación Social del INAI.

En un principio, ella fue rechazada por el Comité de Evaluación responsable de llevar a cabo los concursos por dichas plazas porque supuestamente no demostró su trayectoria académica y profesional en las materias que competen al órgano regulador, pero se inconformó y logró que el Comité reconsiderara su decisión.

Pronto sabremos sí avanzó a la siguiente etapa, pero quedó ahí la suspicacia ante la falta de transparencia del Comité (integrado por los titulares del Inegi, del INEE y del Banco de México) y de cierta dosis de discrecionalidad en la toma de decisiones.

Se ha dicho que Salas es la candidata del Gobierno actual, pero ella asegura que no es así. Independientemente de este hecho, nadie puede negar que cumple con los requisitos que establece la ley y que será deseable que alguien de su perfil, mujer, con experiencia en radiodifusión y en los medios públicos, llegue al IFT para enriquecer la visión del pleno del órgano regulador.

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