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Dinero, política, redes y publicidad oficial

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La Silla Rota – Aleida Calleja

El pasado 7 de junio un grupo de senadores opositores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChayote. Ésta regula la publicidad oficial y ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, así que queda en manos de la corte el destino de tan nefasta ley que permite el gasto de millonadas del dinero público por parte de funcionarios para que medios de comunicación favorezcan determinadas coberturas para incidir en la opinión pública, entre otros males.

Si ya de suyo es un escándalo la cantidad de dinero público que se gasta en radio, televisión y prensa en este rubro (cerca de 40 mil millones de pesos), lo cierto es que aún no contamos con una dimensión precisa de realmente cuanto se gasta en publicidad oficial; especialmente en tiempos electorales, donde corre el dinero a manos llenas bajo lo que se conoce como propaganda encubierta; expresamente prohibida por la constitución, y que es propaganda expuesta como si fuera información periodística.

La propaganda política

Si bien las distintas reformas electorales de 2007 y 2014 prohibieron la compra de espacios en los medios electrónicos por parte de partidos políticos y candidatos y se dispuso de más reglas para fiscalizar el gasto en las contiendas, lo cierto es dicha regulación aún no alcanza para transparentar la totalidad de dicho gasto, los informes de Verificado2018 y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultora Integralia, dados a conocer hace un par de semanas documentan esta realidad.

Verificado2018 en su reporte “Los candidatos reportaron más de 106 millones de pesos en propaganda en internet, pero no declaran todos los anuncios, documenta que en especial la propaganda política en internet y redes sociales no se reporta debidamente al Instituto Nacional Electoral (INE), ni como donaciones, ni como parte de la propaganda por parte de candidatos y partidos políticos.

De acuerdo al INE los candidatos presidenciales han erogado el 27.33 por ciento del total de sus campañas en internet siendo el segundo mayor gasto detrás de la propaganda en vía pública, sin embargo, no se sabe si en realidad es la cantidad total, ya que los candidatos contratan agencias de publicidad que a su vez subcontratan espacios en las redes sociales, si bien entregan las facturas por los servicios contratados a la autoridad electoral en éstas no se detallan con precisión todos los rubros que incluyen estos gastos, como videos o páginas en contra de otros candidatos, además de que en muchas ocasiones el pago es efectivo con lo cual se evade su registro.

Por su lado la organización MCCI en su informe “Dinero bajo la Mesa” reportó que por cada peso declarado en campañas, en realidad se gastan 15, y detectó que buena parte de la publicidad no declarada en redes sociales son gastos observables, pero el problema es que la autoridad electoral con frecuencia carece de la infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total del dinero en efectivo que circula a las campañas y los gastos que se realizan.

Dinero, política y derecho a la información

En su columna el martes pasado el analista y experto Gabriel Sosa Plata, detalla los laberintos del dinero público y de los indebidos favores entre políticos y medios de comunicación a cambio de coberturas informativas a favor de determinados partidos o candidatos, por lo cual la información que recibimos está permeada por el dinero o los favores que da el mejor postor. Si a eso agregamos la información distorsionada en redes para atacar a los oponentes, nos encontramos con que la sociedad mexicana se encuentra sumamente afectada en su derecho a la información, pues lo que está recibiendo es la información que conviene a cada medio; la información como una mercancía producto de esta relación perversa entre dinero y política, que cada vez más encuentra formas sosfisticadas para no dejar rastro, tal como puede verificarse en las decenas de denuncias que han llegado al INE y al Tribunal Electoral por compra o adquisición ilegal de compra de espacios en los distintos programas de radio y televisión de toda índole.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de monitorear páginas de internet para corroborar el cumplimiento y la veracidad de los gastos presentados en informes por candidatos y partidos, tendrá que dar cuenta de la relación entre la publicidad en las redes y los gastos reportados, y ello será un importante indicador que permita, con evidencias concretas, saber qué tanto se evade la obligación por parte de los sujetos obligados para reportar los gastos de campañas en este rubro. Asimismo, será un insumo relevante para poner a debate la necesidad o no de empezar a regular las grandes plataformas de internet, no para controlar contenidos, sino para que reporten directamente al INE quién les contrata espacios de propaganda, con qué montos y con qué servicios, esta información cruzada con lo que reportan los actores en la contienda permitirían tener una dimensión más aproximada del gasto del dinero público en este rubro, y por ende una mejor fiscalización del dinero que a final de cuentas es de la sociedad mexicana.

Vendrá un nuevo gobierno federal y nueva legislatura, a ambos poderes habría que exigirles medidas normativas más contundentes para poner fin a las constantes violaciones al derecho a la información, ello incluye la derogación de la #LeyChayote, restituir los derechos de las audiencias derogados por el actual congreso al cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejorar por parte del INE los procesos de fiscalización de gastos de campaña y empezar a generar un debate sobre el nivel de transparencia y protección de datos personales por parte de las grandes plataformas de internet, especialmente en los procesos electorales. ¿Usted que opina?

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Aristegui, ¿podría regresar a MVS?

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El Universal – Elisa Alanis

Termina la Presidencia de Enrique Peña y con ella, uno de los episodios más penosos contra el ejercicio periodístico.

Se apaga la luz de Los Pinos para EPN. Se ilumina la cabina de transmisión para Aristegui.
La consecuencia de hacer público el reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto no fue la renuncia de funcionario alguno. Carmen y su equipo de investigaciones especiales fueron expulsados.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió por unanimidad que la terminación del contrato de MVS con Aristegui, en marzo de 2015, es ilegal. Así lo dio a conocer el abogado Xavier Cortina.

Es un caso histórico, pues si no tuvo sustento jurídico y el programa era un éxito no había razones para dar por concluido lo acordado.

¿Cómo se interpreta entonces ese golpe, si no es como una acción de censura? ¿Un asunto de presión, porque su labor incomodó al poder? ¿Un ataque a la libertad de expresión?

La propia periodista recordó que ha permanecido fuera de la radio mexicana prácticamente la mitad del sexenio. Su salida de MVS significó también la renuncia de los empresarios del país a integrarla a sus espacios. A pesar de los beneficios que les generaría en audiencia, recursos y prestigio.

Si el contrato está vigente, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y todo el equipo de Carmen, si así lo desean, deberían ser reinstalados bajo las mismas condiciones previas a que los echaran.

El convenio fue interrumpido el 13 de marzo de 2015. Se vencía el 31 de diciembre de ese año. Es decir, le faltaban casi diez meses.

Es el tiempo aire que se tendría que reponer. La indemnización es una alternativa que podría aceptar Carmen. Pero, ¿el dinero repara? ¿Es suficiente? ¿Eso resarciría el daño causado?

Aunque tienen todo el derecho a ello, existen otros derechos vulnerados. Como el de las audiencias, reconocido en la reforma de telecomunicaciones.
El alcance de la difusión de una idea u opinión es un valor que debe tutelarse. Su restricción acota el intercambio de información necesario en democracia.

La empresa declaró que esperaría a la resolución de tribunales. Ya lo hicieron. Se manifestaron sobre el amparo directo. No hay impugnación posible. Es cosa juzgada, a partir de ayer.
Toca el turno al concesionario dar un paso hacia el respeto a la ley.

Es el momento para que Joaquín Vargas le dé vuelta a la página de una estrecha relación con el gobierno peñista. Ellos ya se van. Los Vargas se quedan. Ojalá lo hagan bien. Sin compromisos transexenales.

RAZONES Y PASIONES: En otro proceso paralelo, Joaquín Vargas demandó a Aristegui por daño moral. Por lo escrito en el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto.
El mismo tribunal colegiado, horas después, indicó que Carmen no demostró el resultado de sus juicios. No tiene que pagar, pero ordenó la reimpresión del texto.
Sus representantes legales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.

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Fusión ATT y Time Warner

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La Razón – Roberto García Requena

Finalmente, un juez de Distrito en Estado Unidos, Richard Leon, dio el visto bueno para que ATT pudiese comprar a Time Warner. La transacción se realizó por un monto de 85.4 billones de dólares.

Esta fusión en el mercado de las telecomunicaciones llama la atención por varias razones. En primer lugar, hay que recordar que Donald Trump, todavía como candidato a la presidencia, prometió frenar esta adquisición. Ya en el poder, concretó su promesa y mediante el Departamento de Justicia presentó una demanda en noviembre de 2017.

Es decir, aunque la administración Trump procuró bloquear esta transacción, el juez Leon tuvo la última palabra y la permitió. Significa un fracaso más para Trump y sus secuaces.

En segundo lugar, porque representa una fusión que con mayor naturalidad y frecuencia se está dando en el mercado. ATT, empresa líder de telecomunicaciones, se fusiona con Time Warner, empresa líder en la generación de contenidos audiovisuales. Es cada vez más común que los dueños de la infraestructura y los fierros (ATT), quieran sus propios contenidos (Time Warner).

En tercer lugar, hay que señalar que se autorizó la transacción sin condiciones para ninguna de las empresas, en virtud de que ATT, a pesar de su tamaño, no es preponderante en el mercado estadounidense. Es decir, este tipo de fusiones se pueden dar, siempre y cuando ninguna de las empresas tenga una concentración de mercado que lo haga preponderante y sujeta a una regulación específica.

Con esta transacción, ATT ahora le podrá entregar contenidos a los 170 millones de suscriptores móviles que tiene. Veremos qué efectos tiene este hecho en el resto de los competidores en el mercado.

En otro tema. Para lograr que ATT le lleve contenidos a sus usuarios se necesita una banda ancha robusta y de amplia cobertura. Eso ya es una realidad en Estados Unidos.

¿Cómo estamos en México? El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó cifras históricas de la banda ancha móvil (BAM) en México. Según el regulador, de junio de 2010 a diciembre de 2017, el total de líneas de este servicio pasó de 1.4 a 82.2 millones.

El reporte evidencia que el mercado de BAM es más competitivo ahora, aunque todavía mantiene una alta concentración por parte de Telcel, con 70 por ciento de participación de mercado. Asimismo, se señala que en el año 2010, sólo una persona por cada 100 habitantes contaba con BAM. Para junio de 2013, cuando se aprobó la reforma en Telecomunicaciones, la teledensidad era de 23 por cada 100 y ya para diciembre de 2017 fue de 66.

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Acceso a internet, ¿disminuye la pobreza?

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El Universal – Javier Juárez

Junio es significativo cuando de telecomunicaciones y derechos humanos se trata, fue un día 9 de este mes, en 2011, cuando la Asamblea General de la ONU declaró el acceso a internet como derecho humano; el 11 de junio de 2013 se publicó la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones en México que, entre otras, estableció la obligación del Estado de garantizar el acceso a internet.

Todos queremos servicios de telecomunicaciones de calidad, en todo lugar y a precios accesibles, esto simplemente no se puede conseguir sin postes, ductos y torres, infraestructura cuyo despliegue debe sujetarse a los planes de desarrollo urbano que, conforme a nuestra Constitución Política, es competencia municipal.

Diversos estudios han identificado problemáticas de despliegue de infraestructura en los municipios. Entre los principales obstáculos se ha señalado: i) la falta de transparencia en los trámites permite a los funcionarios exigir requisitos nuevos y/o donativos en especie; ii) la inexistencia de trámites específicos que conduce a los municipios a utilizar análogos como la construcción de viviendas. Esta falta de claridad desafortunadamente puede facilitar actos de corrupción, incrementar los costos de los proyectos o retrasarlos a tal grado que algunos operadores prefieren esperar el cambio de administración municipal o simplemente trasladar los servicios a lugares con menos barreras de instalación.

Resultaría injusto generalizar conductas inadecuadas de los municipios, en muchos casos la causa es falta de conocimiento técnico, por lo que es muy relevante la sensibilización y difusión de mejores prácticas.

A fin de sensibilizar, es importante destacar la alta correlación entre desarrollo humano y servicios de telecomunicaciones. Tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla ingreso, salud y educación, del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, encontramos que los municipios o delegaciones de México con los IDH más altos son también los que cuentan con la mayor penetración de telefonía fija, móvil e internet, este es el caso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En el extremo opuesto están los municipios más pobres del país en Oaxaca y Guerrero que se encuentran entre las de menor penetración de telecomunicaciones.
España ofrece experiencias que podrían considerarse mejores prácticas, en ese país hay municipios que cuando autorizan construcción de ductos, requieren dejar ductos vacíos a favor del municipio y posteriormente, antes de permitir nuevas obras, el municipio renta ductos, un ejemplo de ganar-ganar.

Evidentemente no es una tarea solamente de los municipios, se requiere una estrategia integral de desarrollo de infraestructura que involucre a todas las autoridades competentes y priorice proyectos, una estrategia que tome en cuenta a todos los involucrados, incluyendo por supuesto a los municipios.

Ciudades inteligentes, vehículos autónomos, realidad virtual y cirugías remotas son algunas de las aplicaciones que llegarán con 5G, hacerlo realidad multiplica los requerimientos de infraestructura. Facilitar el despliegue es apostarle a mejorar las condiciones de salud, de educación y por supuesto a mejorar las condiciones económicas de la población, en resumen, es momento de reconocer al acceso a internet como una herramienta de combate a la pobreza y la desigualdad.

Comisionado del IFT

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