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Dinero, política, redes y publicidad oficial

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La Silla Rota – Aleida Calleja

El pasado 7 de junio un grupo de senadores opositores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChayote. Ésta regula la publicidad oficial y ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, así que queda en manos de la corte el destino de tan nefasta ley que permite el gasto de millonadas del dinero público por parte de funcionarios para que medios de comunicación favorezcan determinadas coberturas para incidir en la opinión pública, entre otros males.

Si ya de suyo es un escándalo la cantidad de dinero público que se gasta en radio, televisión y prensa en este rubro (cerca de 40 mil millones de pesos), lo cierto es que aún no contamos con una dimensión precisa de realmente cuanto se gasta en publicidad oficial; especialmente en tiempos electorales, donde corre el dinero a manos llenas bajo lo que se conoce como propaganda encubierta; expresamente prohibida por la constitución, y que es propaganda expuesta como si fuera información periodística.

La propaganda política

Si bien las distintas reformas electorales de 2007 y 2014 prohibieron la compra de espacios en los medios electrónicos por parte de partidos políticos y candidatos y se dispuso de más reglas para fiscalizar el gasto en las contiendas, lo cierto es dicha regulación aún no alcanza para transparentar la totalidad de dicho gasto, los informes de Verificado2018 y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultora Integralia, dados a conocer hace un par de semanas documentan esta realidad.

Verificado2018 en su reporte “Los candidatos reportaron más de 106 millones de pesos en propaganda en internet, pero no declaran todos los anuncios, documenta que en especial la propaganda política en internet y redes sociales no se reporta debidamente al Instituto Nacional Electoral (INE), ni como donaciones, ni como parte de la propaganda por parte de candidatos y partidos políticos.

De acuerdo al INE los candidatos presidenciales han erogado el 27.33 por ciento del total de sus campañas en internet siendo el segundo mayor gasto detrás de la propaganda en vía pública, sin embargo, no se sabe si en realidad es la cantidad total, ya que los candidatos contratan agencias de publicidad que a su vez subcontratan espacios en las redes sociales, si bien entregan las facturas por los servicios contratados a la autoridad electoral en éstas no se detallan con precisión todos los rubros que incluyen estos gastos, como videos o páginas en contra de otros candidatos, además de que en muchas ocasiones el pago es efectivo con lo cual se evade su registro.

Por su lado la organización MCCI en su informe “Dinero bajo la Mesa” reportó que por cada peso declarado en campañas, en realidad se gastan 15, y detectó que buena parte de la publicidad no declarada en redes sociales son gastos observables, pero el problema es que la autoridad electoral con frecuencia carece de la infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total del dinero en efectivo que circula a las campañas y los gastos que se realizan.

Dinero, política y derecho a la información

En su columna el martes pasado el analista y experto Gabriel Sosa Plata, detalla los laberintos del dinero público y de los indebidos favores entre políticos y medios de comunicación a cambio de coberturas informativas a favor de determinados partidos o candidatos, por lo cual la información que recibimos está permeada por el dinero o los favores que da el mejor postor. Si a eso agregamos la información distorsionada en redes para atacar a los oponentes, nos encontramos con que la sociedad mexicana se encuentra sumamente afectada en su derecho a la información, pues lo que está recibiendo es la información que conviene a cada medio; la información como una mercancía producto de esta relación perversa entre dinero y política, que cada vez más encuentra formas sosfisticadas para no dejar rastro, tal como puede verificarse en las decenas de denuncias que han llegado al INE y al Tribunal Electoral por compra o adquisición ilegal de compra de espacios en los distintos programas de radio y televisión de toda índole.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de monitorear páginas de internet para corroborar el cumplimiento y la veracidad de los gastos presentados en informes por candidatos y partidos, tendrá que dar cuenta de la relación entre la publicidad en las redes y los gastos reportados, y ello será un importante indicador que permita, con evidencias concretas, saber qué tanto se evade la obligación por parte de los sujetos obligados para reportar los gastos de campañas en este rubro. Asimismo, será un insumo relevante para poner a debate la necesidad o no de empezar a regular las grandes plataformas de internet, no para controlar contenidos, sino para que reporten directamente al INE quién les contrata espacios de propaganda, con qué montos y con qué servicios, esta información cruzada con lo que reportan los actores en la contienda permitirían tener una dimensión más aproximada del gasto del dinero público en este rubro, y por ende una mejor fiscalización del dinero que a final de cuentas es de la sociedad mexicana.

Vendrá un nuevo gobierno federal y nueva legislatura, a ambos poderes habría que exigirles medidas normativas más contundentes para poner fin a las constantes violaciones al derecho a la información, ello incluye la derogación de la #LeyChayote, restituir los derechos de las audiencias derogados por el actual congreso al cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejorar por parte del INE los procesos de fiscalización de gastos de campaña y empezar a generar un debate sobre el nivel de transparencia y protección de datos personales por parte de las grandes plataformas de internet, especialmente en los procesos electorales. ¿Usted que opina?

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Con rumbo y dirección

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó su visión regulatoria para el periodo 2019–2023.

Dicho documento tiene como objetivo identificar las líneas de acción regulatoria que el Instituto prevé adoptar durante ese lustro.

La publicación de ese documento es de mucha relevancia, ya que, además de que es una práctica común de los órganos reguladores de comunicaciones más desarrollados en el mundo (algo de lo que careció el sector antes de la creación del IFT), proporciona certidumbre sobre el rumbo que tomaría su regulación.

El documento parte de cinco ejes principales en los que se enfocarán las acciones del periodo 2019-2023:

• Infraestructura e insumos esenciales.

• Administración del espectro radioeléctrico.

• Desarrollo de Internet y regulación.

de telecomunicaciones en el ecosistema digital.

• Derechos de usuarios y audiencias.

• Innovación institucional.

Si bien los puntos anterio-res hacen referencia a temas que constantemente están bajo evaluación y monitoreo por parte del Instituto, es importante resaltar que también integra temas de reciente discusión en el mundo y son relevantes para el desarrollo futuro del mismo.

Por ejemplo, se aborda la mejora de los mecanismos de compartición de infraestructura, peroal mismo tiempo abre la posibilidad de incluir al espectro radioeléctrico como un elemento sujeto de compartición.

Habla sobre la necesidad de Identificar los posibles efectos de las aplicaciones y contenidos ofrecidos por Internet sobre el proceso de competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Más específicamente habla sobre la regulación de los servicios OTT así como la necesidad de analizar las implicaciones de su crecimiento en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tema que he abordado repetidamente en esta columna.

También aborda la posibilidad de considerar al Big Data como un insumo esencial, impulsar la transición hacía el IPv6, la protección de los datos de los usuarios y ciberseguridad, internet de las cosas, desarrollo de la economía digital y el uso, impacto y desarrollo de la Inteligencia Artificial en la sociedad entre otros.

Enhorabuena por el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya que, si bien todavía faltan los cómos para aterrizar las estrategias que harán cumplir los objetivos planteados, este documento sienta un precedente estableciendo un rumbo y dirección para este sector que tiene mucha relevancia en la economía y desarrollo del país.

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Tecnología 5G de internet iniciará en 2020 en México

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

La quinta generación —5G— en telefonía móvil se iniciará en México en 2020, aunque de manera muy selectiva en cuanto a zonas y lugares. Es una tecnología necesaria para diferentes ecosistemas que están actualmente en ciernes, como los autos autónomos, pero que ya se prueban en Estados Unidos, Europa y China. Aquí, el proceso es más lento y de hecho todavía no se generaliza el uso de la tecnología 4G y muchas zonas sobreviven con la 3G, considerada obsoleta en muchas regiones.
La tecnología 5G es revolucionaria en varios sentidos. De principio la alta velocidad de respuesta a comandos de dispositivos conectados a internet será de 1 milisegundo, mientras que con la tecnología actual, 4G, es de aproximadamente 100 milisegundos. Es decir, 100 veces más rápido, También permitirá servicios multimedia mejorados, el uso de Internet de las Cosas, aplicaciones de ubicación ultraprecisas, alta calidad y movilidad, operación global y economías de escala.
Otras de las virtudes de la 5G, nos explicaron técnicos de Huawei, es que las antenas serán inteligentes y nunca fallará el internet. Resulta que en caso de alguna avería la antena anterior realizará las reparaciones, pero en tanto cubrirá el espacio de la dañada. Imáginese, un corte y los autos autónomos se volverían locos, por eso es necesario que nunca falle, aún en las condiciones más extremas.

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La visión del 19-23 del IFT

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El Universal – Irene Levy

Interesante documento publicó la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre su perspectiva regulatoria para los siguientes cinco años, denominado Visión regulatoria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, 2019-2023 (Visión 19-23). Se trata de un documento que, a decir del propio instituto, conjunta la visión, ideas, propuestas y retos regulatorios para el mediano y largo plazo a partir de cinco ejes temáticos: (I) Infraestructura e insumos esenciales; (II) Administración del espectro radioeléctrico; (III) Desarrollo de internet y regulación de las telecomunicaciones en el ecosistema digital; (IV) Derechos de usuarios y audiencias, y (V) Innovación institucional.

Cada uno de los ejes está acompañado por líneas de acción, algunas muy generales y otras concretas y directas, que van dibujando el rumbo que tomará el regulador durante prácticamente todo el siguiente sexenio. El documento es un buen saque que muestra algunos de los temas que estarán en la agenda durante los próximos años y respecto de los que se deberán tomar decisiones regulatorias.

Si bien la Visión 19-23 incorpora temas que han estado en la agenda regulatoria desde hace ya varios años, como adinistración del espectro, despliegue de infraestructura y el aspecto institucional, es novedoso el peso que se le da al desarrollo de Internet y todo lo que ello implica. Basta con decir que de los cinco ejes temáticos planteados, el relativo a Desarrollo de internet y regulación de las telecomunicaciones en el ecosistema digital incorpora nueve subtemas, mientras que el resto de los ejes incluyen sólo uno o dos subtemas.

Esta distribución es natural si consideramos las tendencias en cuanto al uso e importancia del internet, así como todas las implicaciones, ramificaciones y aristas que están involucradas en su desarrollo. Sin duda, en el corto plazo estaremos debatiendo con mayor intensidad los temas planteados, e incluso en algunos casos ya vamos tarde, por eso vale la pena enfocarnos en algunas de estas definiciones.

¿Regulación de internet? Uno de los aspectos destacables del documento del IFT se refiere a las “islas” en las que actualmente el instituto ve áreas de posible intervención en el ecosistema de internet. Por ejemplo, se hace mención de la “regulación de recursos críticos”, como dominios, direcciones IP, espectro radioeléctrico, entre otros, así como la posibilidad de crear lineamientos regulatorios en materia de privacidad, ciberseguridad, alfabetización digital, conectividad e infraestructura. Se trata de definiciones interesantes que hasta ahora no se habían planteado de esta forma por el regulador.

Otra definición importante, y uno de los pendientes desde la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la relativa a la neutralidad de internet, es decir, el principio conforme al cual todos los datos que recorren la red de ben ser tratados de la misma forma sin importar su origen, destino o contenido.

Así, desde el 2014 la Ley ordenaba al IFT emitir lineamientos en esta materia, pero éstos se han ido postergando y parece que todavía le llevará más tiempo al IFT adoptar una postura pues, aunque la Visión 19-23 reconoce que “los proveedores pueden utilizar medidas razonables de gestión, basadas en requerimientos técnicos antes que en consideraciones comerciales” falta ver cómo se aterrizará finalmente este principio en las acciones regulatorias anunciadas en este subtema en el que el desarrollo jurídico internacional cobra especial importancia.

Quizás una de las posturas del IFT que generarán mayor controversia a partir de este documento, sobre todo entre los integrantes de la industria, será la relativa a la necesidad de regular a los servicios Over the Top (OTT), como Netflix, Youtube, Skype y que se plantea abiertamente en uno de los subtemas del desarrollo de internet. Hasta ahora, el instituto había reconocido que este tipo de servicios no podían ser considerados como sustitutos de servicios tradicionales de telecomunicaciones, como la televisión de paga; sin embargo, este enfoque parece cambiar pues el IFT reconoce “la posibilidad de que los servicios OTT constituyan complementos o sustitutos de los servicios tradicionales de ambos sectores [telecomunicaciones y radiodifusión]”.

En esta materia, ciertos sectores de la industria han realizado llamados a regular, mientras que otros consideran que debe fomentarse una mayor evolución y adopción de estos servicios, considerados disruptivos, antes de pensar en imponer cualquier tipo de regulación. Parece que el instituto tiene claro que, al menos, algo de regulación es requerida, la pregunta será ¿qué tanta y en qué aspectos?

Los faltantes.

Entre las ausencias del documento, particularmente ahora que han pasado 4 años desde la publicación de la LFTR y que el instituto ha tenido tiempo suficiente para detectar los retos, oportunidades de mejora y disposiciones que dificultan los objetivos constitucionales en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, valdría la pena acompañar este documento con algún diagnóstico y recomendaciones de adecuación al marco jurídico que podrían impulsar los objetivos y estrategias institucionales a mediano y largo plazo, pues como el propio IFT reconoce, varios de los temas incorporados requieren de una estrategia coordinada conjuntamente con otros reguladores, autoridades y poderes. Un claro ejemplo es el tema del despliegue de infraestructura a nivel local y municipal, en el que el documento del IFT contempla la posibilidad de aplicar herramientas de la LFCE, además de la coordinación y esfuerzos regulatorios conjuntos.

En esta materia, más valdría contar con una verdadera política pública de Estado que involucre a todos los órdenes de gobierno, que explorar caso por caso la disposición de las autoridades locales y municipales y, en el peor de los casos, la necesidad de aplicar medidas regulatorias ante la falta voluntad.

Claro que aún falta ver la visión de la siguiente administración en relación con el IFT y qué tanto va a apuntalar o disminuir el peso que tiene, pero por lo pronto con este documento el Instituto levanta la mano en un “aquí estamos” y le recuerda al gobierno que viene la complejidad del sector, creo que es una buena estrategia.

El documento estará en consulta pública hasta el 16 de octubre de este año y puede descargarse en: http://www.ift.org.mx/transparencia/planeacion-estrategica/vision19-23

*Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Este artículo refleja su posición personal

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