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AMÉRICA LATINA

Citan a Comité Interministerial de Ciberseguridad tras robo a Banco de Chile

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La Tercera – M.Villena/T.Flores/P.Toro/V.Azócar

Para el martes también está programada la reunión del Grupo de Continuidad Operacional en Hacienda, en el que participan las superintendencias financieras y el Banco Central.


Fueron US$ 10 millones los sustraídos hace dos semanas desde el Banco de Chile en un ciberataque perpetrado por bandas de Asia o Europa del Este, lo que afectó el funcionamiento de las sucursales y dejó a la entidad con 9.000 estaciones de trabajo apagadas para tratar de contener el virus.

El fraude no afectó a clientes, pero la inédita situación llevó a que el gobierno y los reguladores tomaran cartas en el asunto y programaran una serie de reuniones para este martes.

Según el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, “el martes se reunirá el Comité Interministerial de Ciberseguridad, continuación de la comisión del gobierno anterior para avanzar en la implementación de la estrategia de ciberseguridad”.

Además, detalla que la instancia “responde al trabajo planificado por la subsecretaría y es a nivel de gobierno”.

El comité, creado en 2015, está integrado de forma permanente por las subsecretarías de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Presidencia, Justicia, Economía, Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia, mientras que como invitada participa la Subsecretaría de Hacienda.

Su función principal es el análisis y definición de la política nacional de ciberseguridad; identificar amenazas actuales y potenciales en el ámbito del ciberespacio; analizar y proponer alternativas de estructura orgánica para la ciberseguridad en Chile; estudiar la legislación vigente aplicable en materia de ciberespacio, pudiendo proponer modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias que sean necesarias.

Sin embargo, ello no sería suficiente. Según el senador Felipe Harboe (PPD), el gobierno debiera convocar a una comisión especial y hacer un “levantamiento de la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica. Hoy fue un banco, aparentemente mañana puede ser el retail, empresas de energía, minería o un servicio público esencial” (ver entrevista en página 4).

Ubilla comenta que “hablé con el senador Harboe por este tema y su preocupación por las vulnerabilidades que actualmente presenta el país”. Lo propuesto por él, añade, “apunta a un tema más allá que el gobierno”.

No obstante, el parlamentario se reunirá mañana con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para continuar con las tratativas y poder conformar esta comisión de ciberseguridad.

La necesidad de avanzar en la materia es compartida por otros parlamentarios. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) plantea que “hay que ser exigente en determinar exactamente lo ocurrido y maximizar los mecanismos de defensa y respuesta. Tenemos sistemas muy integrados y potentes, pero no exentos de este tipo de riesgos. Esto el día de mañana puede tener otro tipo de foco, como servicios públicos. Esta es una señal de alerta máxima y como país hay que asumir responsabilidades y protocolos”.

El diputado Gabriel Silber (DC) señala que “quedó demostrado, cuando concurrió (a la comisión) el nuevo superintendente de Bancos, que desde el punto de vista público no tenemos ningún tipo de protocolo de seguridad de parte del regulador y del Estado”, por lo que “vamos a citar al superintendente de Bancos (para la próxima semana) y ver otros sectores que pueden tener igual vulnerabilidad, como el de pensiones”.

El rol de Hacienda

En paralelo, el martes a las 17 horas, también se verán las caras los reguladores del sector financiero. El Ministerio de Hacienda convocó al Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional, instancia encargada de analizar los riesgos operacionales en la industria financiera, y que reúne a equipos técnicos de regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancos, de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero y del Banco Central.

“Este Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional le informará los resultados de este análisis al Comité de Estabilidad Financiera”, dicen desde Hacienda.

Para la industria, la situación es de cuidado. Según reveló a Pulso el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, “si bien tenemos antivirus y una serie de controles y monitoreo, hay que intensificarlos. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para seguir investigando y resguardando a nuestros clientes como lo hemos hecho hasta ahora. Este es un nuevo método, que desde Chile lo veíamos un poco lejos, pero ahora viene bajando a Latinoamérica”.

De hecho, a mediados de mayo ocurrió un ciberataque en México, donde sustrajeron US$ 15 millones a través de transferencias desde entidades interbancarias.

Según datos de The Boston Consulting Group, en 2017 las compañías chilenas gastaron US$ 195,7 millones en ciberseguridad (un alza de 4,1% respecto a 2016), pero dicha cifra que equivale al 0,06% del PIB, lejos del 0,15% que gastan en otras geografías como EE.UU., Europa del Oeste, Japón, Canadá, Australia.

Provisiones del B. de Chile

El viernes por la tarde Banco de Chile publicó sus estados financieros preliminares a mayo, donde especificó que efectuó provisiones con cargo a los resultados por $ 8.672 millones antes de impuestos, registradas en los rubros Gastos de administración y Otros gastos operacionales.

La entidad detalló que ello refleja “el efecto determinado a esa fecha del incidente de seguridad tecnológica que lo afectó el 24 de mayo de 2018”.

Las provisiones contemplan gastos por asesorías y servicios tecnológicos por $1.813 millones y gastos por concepto de fraude externo cometido directamente en contra del Banco en sus cuentas en bancos corresponsales del exterior por $ 6.859 millones.

AMÉRICA LATINA

2018 cerrará con 313 millones de dispositivos IoT en América Latina

Dinorah Navarro

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El mercado de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en América Latina terminará 2018 con 313 millones de dispositivos IoT conectados y aumentará a 995 millones de dispositivos para 2023, de acuerdo con cifras de la consultoría Frost & Sullivan durante un webinar de 5G Americas.

Crecerá a una tasa anual de 26.7 por ciento entre 2017 y 2023, indicó Ignacio Perrone, Gerente de Investigación ICT para América Latina de Frost & Sullivan.

El consultor mencionó que las empresas deben generar nuevas fuentes de ingresos con modelos de negocio innovadores para justificar la inversión en proyectos tecnológicos.

Recalcó las mayores amenazas para las empresas tecnológicas que no vienen de jugadores establecidos, sino de startups disruptivas del statu quo.

En América Latina existe una penetración móvil por encima de 100 por ciento, por lo que el crecimiento de líneas móviles se define por el crecimiento demográfico.

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Panamá tiene condiciones superiores en la región para funcionar como Hub Digital

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El Capital Financiero-Violeta Villar Liste

“Imagina la sociedad en la que quieres convertirte”. Es una frase que dicha por Dan Breznitz equivale a convertir la tecnología en aliado del desarrollo de los países.

Profesor y catedrático de Estudios de Innovación en la Universidad de Toronto(Canadá), es también experto en industrias basadas en la innovación rápida.

Ahora se encuentra en Panamá como consultor del proyecto Panamá Hub Digital, estrategia que aspira a definir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los próximos diez años como parte de un esfuerzo público y privado.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), lideran este proyecto, con el apoyo, entre otros, de Fundación Ciudad del Saber (CDS) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Eli Faskha, presidente de Capatec, explicó que Breznitz es experto en determinar cómo el apoyo gubernamental afecta las industrias de tecnología en diferentes países.

De hecho, ha escrito varios libros comparando las experiencias de Singapur, Taiwan e Israel, entre otros países, cada uno con políticas y resultados distintos. Al respecto, en Panamá, a partir del diagnóstico, le corresponderá ofrecer recomendaciones.

El experto, quien también está evaluando los avances del país y se ha reunido con diferentes actores en esta materia, fue el expositor principal del último desayuno del año de  Capatec.

Explicó que diseñar una política de innovación debe considerar la realidad global cambiante, las características del mercado, habilidades y capacidades.De igual modo, es necesario comprender las fortalezas particulares.

Advirtió que los cambios no suceden de la noche a la mañana: el tiempo es un factor a considerar.

Al conversar con Capital Financiero, señaló que Panamá tiene varias condiciones para funcionar como Hub Digital: cuenta con una infraestructura apropiada y, aclaró, no es solo el Canal.

Dijo que ha estado en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia y la infraestructura digital de Panamá es superior a la de estos países.

Otras fortalezas que destaca el especialista son los sistemas financiero y legal. “El capital humano es bastante bueno; como prioridad sería mejorarlo todavía más.

“Esa mejora no es solo en las capacidades técnicas o de ingeniería, sino en cómo vincular un negocio a la tecnología”.

Dan Breznitz

El catedrático considera que en este proceso el soporte del Gobierno resulta fundamental porque se requiere un tiempo para crecer.

Observa que las personas con capacidad de hacer un cambio en la industria de la tecnología pueden conseguir un trabajo bien pagado y cómodo y olvidarse del riesgo que esto supone.

Pero si se les ofrece estabilidad y soporte podrían acompañar estas grandes transformaciones que a futuro harán la diferencia.

Y la diferencia se llama innovación.

Breznitz explicó que estas empresas de tecnología derivan en empleos mejores pagados y mas competitivos que dan soporte a la economía y generan una comunidad que ayudará a crecer a quienes también apuesten por esta visión de futuro.

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Los principales reparos al proyecto de modernización TIC

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El Tiempo

El dato no lo discute nadie: Colombia tiene una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según el MinTIC representa alrededor de 20 millones de nacionales sin acceso a la red. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que sin un cambio de reglas tomará veinticinco años cerrar la brecha digital.

Pero el proyecto de ley 152 (PL152), que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, ha despertado recelo entre quienes ven en él una concentración de poderes en el Gobierno, un marco exageradamente complaciente con los operadores privados, un riesgo para el futuro de la radio y la televisión pública y, sobre todo, un inexplicable afán por obtener su aprobación sin lo que consideran es el grado suficiente de deliberación.

“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad”, dijo la ministra a la salida del primer debate. En ese, como en cada escenario, ha repetido y repetido un lema que ya suena a mantra: “Este Gobierno quiere conectar al país y conectarlo bien”. 

El alto consejero para la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz, ha descrito al proyecto de ley como nada menos que “fundamental” porque, dice, “permitirá reactivar la inversión en el sector y alcanzar cobertura en zonas en las que hoy no la hay”.

Es algo que celebran voces como la de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), para quien este “es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia”.

Es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia

Los reparos al proyecto se centraron, al principio, en la idea de que de él emane un regulador convergente para el sector TIC que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. El rechazo no es tanto al concepto, que no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sino al hecho de que según lo planteado el máximo órgano rector de ese renglón, responsable entre otras cosas de sanciones y reglamentaciones, sería excesivamente cercano a la esfera de influencia del Ministerio y del Gobierno.

La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión. 

Pero la semana pasada se acordó un cambio que dejaría su composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el Ministro TIC. 

La ministra Constaín ha elogiado el carácter técnico de la Comisión, en tanto que algunos sectores han criticado la falta de perfiles asociados a la producción de contenido o con experiencia en temas de derechos humanos.

Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, uno de los espacios más premiados de Señal Colombia y, de hecho, de la televisión colombiana, dijo: “Queremos un regulador convergente, pero uno que no esté anclado en el gobierno, que no esté compuesto solo por abogados, ingenieros, administradores y economistas, sino que sea un comité de regulación de gente que sepa sobre contenidos. Eso evidencia en qué se van a gastar la plata, están quitando dinero a contenidos para reforzar infraestructura”.

El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país. 
Rivas ha sido particularmente vocal en sus críticas por este aspecto. En charla con EL TIEMPO, dijo: “Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a que en Colombia se legisla para los privados. Enarbolando una causa justa, que en este caso es la conectividad y el refuerzo de una infraestructura, se termina dando pie para que otras causas injustas se posicionen dentro de la legislación, que queden en papel y amparadas por los votos de los congresistas”.

“La cosa es que una internet sin independencia, sin neutralidad no es internet. Si el lobby viene desde Facebook, desde Google, desde Apple, desde las grandes empresas que están manejando capitales en internet, lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de la televisión comunitaria, de la radio digital, de los youtubers, de los creadores independientes de contenido, que no dependen de intermediarios”, agregó.

Yohai, por el contrario, cree que el proyecto “va a beneficiar la televisión pública fortaleciéndola y garantizándole recursos que hasta el momento jamás se le han garantizado para proteger ese patrimonio nacional que son los contenidos regionales”.

Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa

El senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra, en una carta pública, que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. “Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa”, adujo Mockus.

Es una inquietud que comparte el periodista Daniel Coronell, para quien preocupa que “el Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.

“Pienso que es un tema importante, pero que hay cosas que sí son prioritarias: la hambruna que padecen los niños en La Guajira, las condiciones de la inmigración venezolana… son cosas más importantes y urgentes y no reciben mensaje de urgencia. Estos trámites afanados, en donde quieren aprobarnos una ley a los trancazos mientras suenan los villancicos, buscan aprovechar la temporada de diciembre para que esto pase volando y calladito y no se vea qué es lo que está pasando”, indicó.

El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados

¿Beneficio a privados?

Pero los cuestionamientos más fuertes vienen de parte de quienes creen que el proyecto de ley favorece de manera descarada los intereses de actores privados como canales de televisión y cableoperadores. La ministra Constaín no ha ocultado que las nuevas reglas de juego buscan hacer atractiva la inversión de capitales privados, pero eso no ha evitado señalamientos por propuestas incluidas en el documento como la de renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un cambio acordado durante el debate, se rebajó esa cifra a 20 años. Constaín ha dicho que 20 o incluso 30 años no es un plazo largo “si se considera todo lo que falta por conectar”.

No lo cree así Coronell, para quien “se están buscando grandes rebajas en los costos de los grandes operadores, por ejemplo, de la televisión por cable, y esta es una norma con dedicatoria propia, para favorecer a Carlos Slim y sus intereses en Colombia”. 

Aclarando que habló a título personal y no en representación de ese canal, agregó: “Se están cambiando las condiciones de competencia en la televisión abierta, dándole a Caracol y RCN unas ventajas competitivas que en la práctica sacarían del ‘ring’ al Canal Uno”.

“Bajo las reglas actuales, Caracol y RCN están pagando un precio fijo por la concesión. Es el caso también del Canal Uno, que está pagando por una concesión de espacios y no de frecuencias”. Con la aprobación de la ley, añadió, “Caracol y RCN recibirían el doble del espacio de la concesión (20 años) y ya no se calcularía como un precio fijo, sino como un porcentaje de la publicidad. Entonces, si uno de los actores, que casualmente es el más débil, tiene que pagar un precio fijo y en menos tiempo, pues es mucho más difícil que pueda armar un esquema de negocio que le permita sobrevivir, cuando tiene a los más fuertes con ventajas por parte del Gobierno”, dijo. 

Al respecto, Rivas apuntó: “¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirven para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”.

La ministra Constaín no acepta que se trate de “ahorrarles” plata a empresas privadas. Para ella el PL152 se trata de un proyecto marco para todo un sector que apunta a modernizar el sector de la televisión como a otros sectores y es enfática en que “nadie está regalando absolutamente nada”.

El realizador concluyó: “No somos enemigos de la televisión privada. Nos conviene que le vaya bien para que podamos seguir haciendo lo que hacemos. (…) La conectividad es importante, eso está claro. Ya que están llevando cables a La Guajira, aprovechen y lleven comida, pues hay niños muriéndose de hambre. Hay cosas más urgentes y este, que es un tema importante, y que precisamente por lo importante no debería ser tratado con urgencia sino al contrario con una concertación más amplia. Obviamente la conectividad es buena, pero si no hay contenidos eso solo son cables y antenas. Y se van a gastar la plata en cables, antenas y satélites que no tienen nada que mostrar y nada que decir salvo lo que un organismo de regulación enclavado en el Gobierno quiera que se diga”.

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