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Telmex y AT&T niegan relación con la guerra sucia

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La Jornada – Alejandro Alegría

Luego de que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, pidiera que se investigue quiénes son los responsables de las llamadas masivas hechas en días recientes para difamarlo, las empresas Teléfonos de México (Telmex) y AT&T desmintieron ayer estar detrás de la nueva guerra sucia.

Durante su visita a Tlapa de Comonfort, en Guerrero, el jueves pasado, el abanderado de la coalición –formada por Morena, PT y PES– pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) indagar el caso para dar con los responsables, pero también llamó a Telmex, que es propiedad de Grupo Carso, a que ayudara a aclarar si ha firmado contratos con estos fines.

Comunicado en Twitter

En ese sentido, la compañía telefónica de Carlos Slim escribió brevemente en su cuenta de Twitter que las llamadas que se han reportado con fines electorales no tienen relación con la empresa.

Agregó que los números de nuestros clientes los tratamos con estrictas políticas de privacidad, reiterando nuestro compromiso con la sociedad.

Por su parte, AT&T también descartó estar detrás de las llamadas telefónicas hechas a los electores para desacreditar al candidato tabasqueño. AT&T reitera que no está vinculado con las llamadas realizadas con fines electorales, informó.

Añadió que la compañía toma muy en serio la privacidad de nuestros clientes; es un compromiso fundamental para la manera en que hacemos negocios a nivel mundial.

El breve texto dado a conocer la tarde de ayer también señala que la confianza y transparencia son elementos esenciales para construir una relación de largo plazo con sus usuarios.

La campaña difamatoria en contra de López Obrador consiste en llamadas telefónicas a los electores bajo el formato de una encuesta en la que se cuestiona si está de acuerdo con que el candidato mantenga disputas con los empresarios del país o bien si está de acuerdo con la amnistía a criminales, entre otras preguntas.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga en conjunto con el INE el origen de estas llamadas, y pidieron el apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones para rastrear el origen, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer algún resultado al respecto.

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El Banco Central respondió a críticas de “Uber financieros” por regulación

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El País

El nuevo presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña, se presentó el lunes ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados para hablar sobre la regulación de las plataformas para préstamos entre personas —denominadas Peer to Peer Lending y llamadas de forma coloquial “Uber financieros”—, una de las actividades comprendidas dentro del sector fintech (que aplica tecnología a los servicios financieros).

La delegación del BCU contó además con la presencia de su vicepresidente, Jorge Gamarra; el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera; el gerente de Asesoría Jurídica, Daniel Artecona; y el intendente de Regulación Financiera, José Antonio Licandro.

La participación de las autoridades del banco fue solicitada por el diputado nacionalista, Rodrigo Goñi, con el objetivo de reflexionar sobre la regulación digital y con la intención de que el BCU deje sin efecto la reglamentación de las plataformas que posibilitan las actividades financieras.

Entre las objeciones realizadas por los más críticos de la reglamentación —incluida la Cámara Uruguaya de Fintech y el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Fernando Brum— destacan: el impedimento para que las empresas administradoras manejen fondos; la privación del emparejamiento automático con reglas preaprobadas (monto, plazo, tasa y riesgo); la inhabilitación a la plataforma para invertir fondos propios sin que se le apliquen los límites dispuestos y la imposición de umbrales máximos para tomar préstamos e invertir.

Sumado a eso, critican la prohibición de tener fondos de garantía o de contingencia; que se plantee la inconveniencia de que el documento de adeudo deba ser “no a la orden”; y, por último, señalan como negativo que se tenga que develar la identidad de las partes que participen de la actividad.

Para el actual presidente del BCU, la regulación de las fintech representa “un desafío para la banca central en todo el mundo” e indicó que al analizar la regulación en otros países queda de manifiesto que “no hay un único patrón” sino “diferentes grados de desarrollo de la regulación” y diferentes criterios en cuanto a qué parámetros considerar y a qué enfoque utilizar”.

Sobre este punto, Graña señaló que desde el BCU se “utiliza el enfoque de analizar los riesgos que implican para el usuario del sistema financiero” estas plataformas, con el objetivo de evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos.

En relación a las críticas que ha recibido la reglamentación, Graña indicó que “se está magnificando” el problema y refutó lo dicho por Goñi respecto de que algunas empresas del sector se están yendo del país.

Para el diseño de la regulación, Graña manifestó que desde el banco se buscó generar un espacio de diálogo e intercambio con los actores del rubro pero que “en última instancia, el regulador del sistema financiero es uno solo: el BCU” y aunque recalcó la “apertura” del banco a la hora de dialogar y recibir valoraciones señaló que no se puede “delegar en nadie el rol de regulador, supervisor y autoridad monetaria en este país”.

Mitigar los potenciales riesgos que pueda tener la actividad de este sector de las fintech y por otro lado, desarrollar el mercado del sistema financiero y del sistema de pagos, es para Graña el equilibrio ideal al que debe llegar el BCU.

Indicó que aunque se vio “sorprendido por lo mediático” que se tornó el tema, desde el banco están “satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora en cuanto a cómo amalgamar esos dos factores desafiantes (en referencia a la mitigación de riesgos y el desarrollo de nuevas tecnologías)”.

Para el superintendente de Servicios Financieros del BCU la normativa señala que la actividad de las empresas administradoras de las plataformas de préstamos “se caracteriza por aproximar o asesorar a las partes en negocios de carácter financiero, sin asumir obligación o riesgo alguno”.

Por lo tanto, consideró que es clave “limitar” el rol del mediador al “mero acercamiento de las partes” que celebran el contrato entre sí, puesto que “la toma de decisiones en nombre de los clientes desvirtúa la actividad de mediación”, indicó.

En reiteradas ocasiones a lo largo de la Comisión, el diputado blanco Goñi solicitó al BCU que se dejara sin efecto la regulación hasta que se logren mayores consensos entre los actores del sector, además de que se pudieran rever y modificar los puntos criticados.

Sin embargo, ante la respuesta negativa del regulador, Goñi planteó convocar al Parlamento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por su parte, el intendente de Regulación Financiera del BCU recalcó la importancia de evitar que las plataformas se utilicen para lavar dinero. “Es un riesgo cierto, no estamos hablando de riesgos en el aire”, indicó.

Asimismo, dijo que el BCU no está en contra de las empresas tecnológicas y que se les solicita “lo mismo que a todos los que realizan actividad financiera en Uruguay”. A pesar de ello, aclaró que el banco debe “apegarse” al marco legal aunque la función de supervisión del BCU no sea “simpática”.

Tras escuchar estas respuestas, Goñi comentó que la regulación “fue una fumigación que liquidó la actividad” y que si no se cambia “terminaremos siendo los luditas (artesanos que rompieron maquinas en la Revolución Industria) del siglo XXI”.

Las sugerencias de la Cámara

Desde que el Banco Central anunció que iba a reglamentar a este sector de las fintech, las cuatro plataformas (TuTasa, Inversionate, Socius y Prezzta) que operaban dejaron de hacerlo. Desde la Cámara Uruguaya de Fintech (CAFU), plantearon diferentes alternativas a la reglamentación vigente, con el objetivo de “proteger los datos sensibles de las personas, así como su seguridad y confidencialidad”. Entre las sugerencias, señalaron la posibilidad de que el develar los datos de quienes utilicen las plataformas de préstamos sea a elección de las partes, que la información se reporte al regulador pero no a los implicados y que se puedan develar “ciertos datos” pero limitarse a aquellos necesarios para la toma de decisión o la concreción del préstamo.

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MUV no retrocede y anuncia expansión a ciudades el interior

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5 Días 

MUV no se ve asustada por las amenazas y protestas que acechan a su servicio de intermediación de viajes. Luego de una movilización de taxistas con acciones le­gales en su contra, este ser­vicio innovador proyecta la expansión de sus servicios hacia las ciudades de San Bernardino y Encarnación, y posteriormente a Ciudad del Este para el 2019.

Así lo confirmó Sergio Mura, fundador de MUV, tras conversar con la 800 AM. Mientras en Sanber la plataforma ya estará operativa desde inicios de enero, los MUVers comenzarán a trabajar recién hacia inicios de febrero en el sur del país.  Mura detalló que para lo que respecta a En­carnación, cuentan con 50 personas aprobadas para operar por medio de la app móvil, además de otros conductores de ciudades aledañas. En tanto, para el servicio en Sanber aún no cuentan con adherentes en con­creto, y para ello las ve­rificaciones vehiculares ya arrancarán la próxi­ma semana.

Ayer los fundadores de la plataforma se presentaron junto a representantes del gremio de taxistas para comparecer ante la jueza Leticia Paredes. En la oca­sión, los jóvenes innova­dores solicitaron que se re­chace el recurso de amparo remitido el viernes pasado por los taxistas con el fin de prohibir el funcionamiento de las plataformas de inter­mediación de viajes.

Mauricio Rivas, cofunda­dor de MUV aclaró que desde la plataforma apoyan el control del servicio, pero que este debe hacerse ex­tensivo a nivel nacional y no tan solo limitarse a una ordenanza municipal.

“Queremos hacer bien las cosas en cada decisión que tomemos”, expresó al canal 5días. Rivas celebró que luego de un intenso fin de semana, la plataforma ya superó la barrera de los 100 mil usuarios y hoy contabi­liza unos 120.000 con 900 conductores. “La idea es poder ir creciendo, pero no a cualquier costo, la idea es crecer responsablemente, poder madurar el proyecto antes de explorar otras ciu­dades”, agregó.

ORDENANZA

También ayer en sesión de la Comisión de Legisla­ción de la Municipalidad de Asunción tuvo entrada el proyecto de ordenanza planteado por los conceja­les Rodrigo Buongermini y Federico Franco Troche. El documento no fue tratado y fue postergado para po­sible su revisión el próximo año, según confirmó a 5días el concejal Álvaro Grau.

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Peralta Vierci plantea el uso de internet gratuito en entes públicos

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La Nación 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentó esta mañana, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, los alcances del Programa de Agenda Digital, el cual potenciará el acceso a la tecnología y reducirá la brecha digital en la ciudadanía.

El ministro del MITIC, Alejandro Peralta Vierci; el viceministro, Miguel Martín y el Diputado, Pedro Alliana. Foto: Gentileza.
El ministro del MITIC, Alejandro Peralta Vierci; el viceministro, Miguel Martín y el Diputado, Pedro Alliana. Foto: Gentileza.

Alejandro Peralta Vierci, titular del Mitic sostuvo que el gobierno actual, plantea el uso de internet gratuito en todos los entes escolares, hospitales, comisarías y otras instituciones públicas. Para el efecto, abogó en el Senado por la aprobación de 130 millones de dólares.

Sobre el mismo punto, explicó que buscan la aprobación del cuerpo legislativo, para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le otorgué un préstamo para el desarrollo del programa, que consta de 3 componentes fundamentales.

En la Agenda digital del Paraguay incluye el proceso de documentación del Estado, para que sean todos electrónicos, es decir que todo sea digital. El otro componente se refiere al área de infraestructura, tener una linea soberana de internet con una alta velocidad en todos los entes públicos. Y por último, la generación de empleos.

“Es un proceso para que más de 250 trámites que ahora se hacen de forma manual, el ciudadano pueda hacerlo de forma digital; lo que ahora hicimos fue seleccionar 100 tramites, los más usados y necesarios para hacerlos totalmente digital, de manera que un ciudadano que está en Bella Vista Norte que necesita hacer su cédula de identidad o partida de nacimiento pueda hacerlo desde allá y pueda tener recursos de hacerlos remotamente sin tener que hacer viajes a la capital”, resaltó el ministro.

Junto al viceministro de Tecnologías, Miguel Martin, señalaron que pidieron el tratamiento de preferencia para la aprobación del préstamo para lograr la media sanción antes del cierre del periodo parlamentario y que luego pase a la Cámara de Diputados en el mes de marzo próximo.

Finalmente mencionó que los otros componentes se refieren, por un lado, a la economía digital, para identificar sectores productivos tecnológicos, y por el otro a la reinfraestructura de la conectividad en Paraguay, “para tener una línea soberana de internet de alta velocidad bajando los costos y aumentando la velocidad para toda la ciudadanía, además de interconectar las redes de fibra, hoy el Estado tiene 4 redes de fibra óptica e interconectarlos para hacerlo más eficiente sino para proveer internet a todas las escuelas, colegios hospitales, comisarías y espacios públicos”, concluyó.

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