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Estado y política digital

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Reforma –  Jorge Fernando Negrete P.
El Estado no solo es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario (Heller, Herman), ni el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas (Jellinek). El Estado es un complejo vital de orden jurídico, territorio, derechos fundamentales, órganos de gobierno y acción pública. En su concepto estático, el Estado se estructura en la Constitución; en su concepto dinámico es la base de la acción pública, de sus órganos y sus funciones, regula la vida social.

Hoy, este concepto ha evolucionado y hablamos de un Estado regulador en el cual, en contra de la tradición de separación de poderes, ahora operan órganos autónomos creados para atender áreas específicas, particularmente las derivadas de la coexistencia entre mercado y derechos fundamentales. Uno de ellos es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El derecho de acceso a Internet, servicios de telecomunicaciones, banda ancha, Tecnologías de la Información y la Comunicación como un derecho fundamental, son un nuevo paradigma y oportunidad de bienestar.

La política pública que permite el despliegue de infraestructura, acceso a estos servicios y tecnologías, así como su uso y prestación de servicios vía internet se llama Política Pública Digital o, simplemente Política Digital.

El diseño de ella es competencia de diversos órganos de las administraciones públicas del Estado como el IFT, pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Estrategia Digital Nacional y otras secretarías más. ¿Son éstos los únicos órganos de la administración pública federal competentes para diseñar política pública? No.

Al ser un derecho fundamental el acceso a las TIC, la Internet y los servicios telecom, se vuelve indivisible, interdependiente y programático a otros derechos fundamentales como educación, salud, acceso a la cultura, seguridad… Y deben participar diversas secretarías en su diseño.

Durante muchos años hablamos de una primera generación de agendas digitales orientadas al despliegue de infraestructura y promover las habilidades digitales. Países como Brasil, Chile, Argentina, España y Colombia, entre otros, van en la tercera generación de agendas digitales y han incorporado nuevos servicios. Estas agendas digitales han evolucionado y ahora son sectoriales, especiales y en todos los niveles de gobierno.

Sectorial. Necesitamos agendas digitales por sector. Hay que hablar de economía digital, pero también de política digital para la educación, política digital para la salud, política digital para la inclusión financiera y la seguridad, entre otras.

En todos los niveles de gobierno. El mandato constitucional es claro. Gobierno federal, local y municipal deben diseñar política digital en la forma de agendas digitales. Buscar que los servicios que prestan se encuentren en línea y coordinarse verticalmente con el gobierno federal para facilitar el despliegue de infraestructura.

Especiales. Ciudades inteligentes, Internet de las cosas, 5G, Big Data e Inteligencia Artificial son algunas de las nuevas asignaturas en la prospección de políticas públicas. Hay que diseñar política pública para cada una de estas áreas. No hay ciudad inteligente sin agenda digital y México no cuenta con una sola ciudad con esta herramienta de planeación, prospección y de garantía mínima de derechos fundamentales.

Colombia y su departamento de planeación lanzaron en 2017 su Índice de Big Data en el Estado colombiano para el diseño de y evaluación de política pública. Brasil lanzó en octubre el primer plan para Internet de las cosas y para 5G se va a necesitar una revisión de la regulación del despliegue de fibra óptica, ya que necesitaremos hasta 10 veces más de la capacidad instalada.

Por ejemplo, en el despliegue de 5G en España, se prevé que impulsará una transformación de procesos productivos y gobierno. Los últimos estudios proyectan un negocio en 2026 de 64,700 millones de euros, de los cuales 24,300 millones vendrán por 5G. Los beneficios directos estimados en autos, salud, transporte, entre otras, crecerían hasta 62,500 millones de euros en 2025, según la Comisión Europea.

¿Tenemos un pensamiento digital como Estado? No. ¿Los candidatos a la Presidencia tienen una agenda visionaria? No la conozco. El pensamiento digital implica comprender los beneficios de la transformación disruptiva de la sociedad, con beneficios para la democracia, igualar oportunidades, volver más seguro y competitivo el país. Para eso se necesita la ambición del beneficio colectivo, repensar la inmovilidad del Estado y diseñar la política del siglo XXI. Y ésta es digital.

Twitter @fernegretep

Miembro del Consejo Consultivo del IFT

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Las redes del Fantasma

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El Economista – Alberto Aguirre

Públicamente nada se sabía de las intenciones de Remigio Ángel González de incursionar en la generación de contenidos digitales en español… hasta ahora. Ayayay se denomina el proyecto del empresario regiomontano que busca competir con Netflix, Amazon Prime Video y Blim por las exigentes audiencias latinoamericanas.

Con el objetivo de atraer a los Millennials, esta plataforma digital es el nuevo vitral de Albavisión, el conglomerado mediático que desembarcará en México apenas arranque la administración lopezobradorista.

Ahora mismo, Ayayay produce contenidos digitales que se distribuyen a través de más de 30 sitios de medios en Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Honduras y Bolivia.

La red de medios del Fantasma está adaptándose a las nuevas realidades de la era digital. Por afiliación (sic), sus canales podrán distribuir “contenidos de interés y calidad”, tanto informativos como de entretenimiento de acuerdo con la información disponible en la página electrónica de Albavisión.

Con presencia en 16 países de Centro y Sudamérica, además del Caribe, presumen tener 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y un periódico, y conectar a 114 millones de personas.

A diferencia de las grandes cadenas, Albavisión construyó una red de medios adheridos. Una economía de escala, que —en teoría— abarata costos e insumos, asegura acceso a programas de todo el hemisferio y eleva el contenido. El modelo perfecto, si en este entramado participaran canales de otros empresarios.

Los aliados más recientes a la red del Fantasma serían las estaciones de radio y los canales de televisión que a más tardar a finales de este año pondrá a disposición para las audiencias del sureste mexicano.

Ha pasado un año de que el empresario regiomontano Remigio Ángel González cumpliera un anhelo pospuesto casi 25 años: entrar al mercado de la televisión. En este lapso, el modelo de negocios ha cambiado radicalmente, pero muchas de las objeciones sobre su participación en este lucrativo negocio siguen vigentes.

Luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones subastara las frecuencias de 32 nuevos canales de televisión, González desembolsó —a través de Telsusa Televisión de México— 259 millones de pesos por 12 canales con cobertura en ocho estados del sureste del país.

Telsusa forma parte de Albavisión que, de acuerdo con el Monitor de Propietarios de Medios de Comunicación elaborado por Ojo Público, comprende al menos 45 canales de televisión, 68 estaciones de radio, 65 cines, tres cadenas de TV satelital y una publicación impresa.

Con una fortuna estimada de más de 2,000 millones de dólares, González también detentaría Global Holding Properties, una corporación registrada en las Islas Vírgenes Británicas, según los Panama Papers divulgados el año pasado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.

Hace 10 días, un grupo de congresistas estadounidenses remitió una carta al presidente Donald Trump para solicitarle aplicar sanciones económicas a seis empresarios, entre quienes destaca González.

González es señalado como presunto responsable de actos de corrupción y crimen organizado en El Salvador, Guatemala, Honduras y México por Eliot L. Engel —quien encabeza el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes—; Ileana Ros-Lehtinen, presidenta emérita del Comité; Albio Sires, el miembro del Subcomité de la Cámara de Representantes del Hemisferio Occidental, David Valadao, copresidente Republicano del comité para América Central, y Norma Torres, también perteneciente a esa unidad legislativa.

Específicamente, en la carta se recomienda que los Departamentos de Estado y Hacienda determinen si las seis personas señaladas cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky. Además de González, el documento señala a José Aquiles Enrique Rais López; José Luis Merino; Gustavo Adolfo Alejos Cambara; Luis Alberto Mendizábal Barrutia y Óscar Ramón Nájera.

La petición del Congreso estadounidense para que la administración Trump imponga sanciones económicas al empresario regiomontano regresó al primer plano al Fantasma, cuya presencia en el mercado televisivo en América Latina se ha expandido, a pesar del boicot de los tycoons de la región.

Y es que a excepción de Boris Eserski, dueño de Telecorporación Salvadoreña, y la familia Cañedo White, nadie ha querido asociarse con él, justamente por el temor de represalias del gobierno estadounidense. En República Dominicana se hizo del control absoluto de Antena Latina y su subsidiaria, Canal 21, no obstante las objeciones de parlamentarios y radiodifusores locales que exigen la nulidad de la concesión entregada por el gobierno al empresario mexicano, en vista de que las leyes dominicanas prohíben a un extranjero adquirir un medio de comunicación en el país.

En reiteradas ocasiones, la Sociedad Interamericana de Prensa —a través de su Comité para la Protección de la Libertad de Expresión— ha advertido sobre las prácticas perniciosas de los canales del Fantasma, acostumbrados a moldear la opinión pública a favor de sectores gubernamentales.

La red del Fantasma en México también abarcaría al grupo tabasqueño Multimedios sin Reservas, que el año pasado obtuvo del IFT la concesión de una frecuencia AM en Tabasco. Los planes de ese corporativo, sin embargo, quedaron en suspenso tras del asesinato del locutor radiofónico Juan Carlos Huerta Gutiérrez, su principal accionista.

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Netflix y la nueva era de la televisión

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El Economista – Ricardo García Mainou

La idea de Netflix empezó como un sistema de suscripción que enviaba DVDs por correo. Cuando la tendencia tecnológica mundial se vio a las puertas del streaming, la compañía decidió jugársela y se encontró a la cabeza de un cambio de paradigma de entretenimiento.

Apple con su iTunes le llevaba cierta ventaja, pero la empresa de Cupertino se vio lenta en su lectura de las posibilidades del mercado, quiso continuar vendiendo productos uno a uno.

En música, Spotify con su sistema de suscripción de acceso ilimitado sacudió primero su modelo comercial. Apple reaccionó lanzando Apple Music, pero tarde.

Algún visionario en Netflix, añadió a los derechos para rentar DVDs, la opción de ofrecer en exclusiva vía streaming el mismo contenido a sus suscriptores. Una vez asegurado el liderazgo, decidió invertir en la producción de contenido original.

A diferencia de toda su competencia, la explotación del mercado internacional no sólo se limitó a canalizar los productos que ya tenía licenciados, sino a generar, en cada país que abría a su servicio, producciones propias.

Algunas tuvieron éxito instantáneo pues Netflix se había sumado a otra tendencia mundial: el binge watching; que en traducción literal sería algo así como borrachera visual. O sea, la opción de ver de corrido una serie de televisión completa en una sentada. Hasta ese momento, fuera de comprar o rentar temporadas completas en DVD, lo que había eran episodios semanales en TV satelital o de cable.

Hoy en día, tanto Apple, como Amazon, Disney, Hulu, y otras plataformas, han empezado a generar contenido “original” tratando de cortar la brecha que los separa de Netflix.

A finales del 2017, Netflix triplicó sus utilidades llegando a una capitalización de más de 100 mil millones de dólares. El servicio está en más de la mitad de todos los hogares estadounidenses y en 190 países, y su estrategia sigue siendo muy agresiva. De octubre a diciembre del año pasado, sumaron 6.3 millones de suscriptores en todo el mundo para alcanzar los 125 millones.

Netflix busca aplastar a la competencia ofreciendo tanto contenido novedoso, que ésta no tiene cabida en la agenda. Su estrategia de producción es tan agresiva, que esperan tener un flujo de caja negativo por algunos años, destinando el 85% de su presupuesto de 8 mil millones a generar producto original. Uno de sus ejecutivos anunció que a finales del 2018, contarían con 700 series de TV originales.

La compañía no se está engolosinando, está creando su propio ecosistema: licencia contenido, distribuye contenido, produce contenido y es propietaria de la plataforma en que ese contenido se consume.

Estas producciones se hacen al mismo tiempo en todo el mundo. Algunas tienen éxito local (Luis Miguel) y otras se vuelven fenómenos internacionales (Jessica Jones o Stranger Things). Aún así, cantidad no es sinónimo de calidad. Y a pesar de que podemos enumerar más de una docena de éxitos entre sus producciones, hay entre el resto, mucha paja.

Las estadísticas de consumo, indican que las series originales son sólo el 20% de lo que la gente consume en la plataforma. La mayoría sigue siendo contenido adquirido mediante licencias temporales. Eso, a pesar de ser los líderes en producciones originales.

Hasta hace unos años, la existencia de una serie dependía de la medición vía ratings de su piloto y primeros episodios, frente a la competencia en su horario.

Tanto Netflix como Amazon cambiaron el método, como explica un estudio de Sebastian Wernicke, científico estadístico y de análisis de datos de One Logic.

Amazon tenía varias ideas y decidió producir media docena de pilotos, estrenarlos y medir el comportamiento de sus espectadores al consumirlos (si lo veían de corrido, dónde pausaban, qué se saltaban o repetían), de ese análisis concluyeron a qué serie darle luz verde. Estrenaron Alpha dogs. ¿La han visto? Yo tampoco.

Netflix, por su parte, basó sus decisiones en el consumo orgánico de sus clientes: en su historial, para entender los perfiles de estos: qué es lo que ven y qué actores les gustan. De ahí nació House of Cards.

No se trata sólo de acumular datos, sino de ser capaz de distinguir patrones exitosos, dice Wernicke. Amazon intentó medir las reacciones a sus ideas piloto, Netflix analizó el consumo orgánico de toda su plataforma. Uno quería saber cuál de sus seis ideas era la mejor, el otro quería saber qué idea encajaría con el gusto de su auditorio.

No cabe duda cuál estrategia fue más efectiva. Un estudio de Morgan Stanley hace algunas semanas reportó que el 39% de los clientes estadounidenses afirman que el contenido original de Netflix es el mejor (le siguen 14% de HBO, 5% de Amazon, 4% de Hulu, 3% de Showtime 3%, etc.).

La inversión tan agresiva en material original tiene una razón. Sus ejecutivos están anticipando un futuro no tan lejano en que cada productor quiera reservar su contenido para ofrecer su propio servicio de streaming. Momento en el cual, la acumulación de contenido original propio será capaz, suponen, de mantener la demanda del auditorio.

La fragmentación de la oferta de streaming pudiera ser una realidad, pero es muy poco probable que el consumidor promedio decida pagar una cuota mensual en media docena de servicios para ver una serie acá y otra allá.

Si algo ha probado este nuevo modelo es que el consumidor promedio prefiere un sólo servicio, mientras este ofrezca tanto contenido como su tiempo permita, y esa fórmula, Netflix la tiene muy estudiada.

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Administración Pública a quirófano

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Reforma – Clara Luz Álvarez

El Poder Ejecutivo Federal está en la antesala del quirófano según lo anunciado por Andrés Manuel López Obrador y su equipo. ¿Qué debiera incluir esta cirugía mayor?

SEGOB. Reducir de 7 a 3 subsecretarías en la Secretaría de Gobernación exige también eliminar todas las áreas que todavía huelen a régimen autoritario como la Subsecretaría de Normatividad de Medios, que además de haber sido el brazo ejecutor de políticas nocivas para la niñez mexicana en el sexenio del presidente Peña Nieto, carece de utilidad en una democracia. Por ejemplo, esta Subsecretaría tiene facultades que equivalen a censura, como autorizar -previamente a su transmisión- películas, programas en idiomas distintos al español. También es quien establece las bases de “coordinación y relación con los medios masivos de comunicación”. Y si Morena es congruente con su oposición a la Ley Chayote (publicidad oficial), entonces debiera emitirse una nueva ley con un consejo autónomo al Ejecutivo Federal que emita directrices y garantice que la publicidad oficial sea la de un País democrático.

SCT. La creación de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) es un acierto y más por quien será su titular, Salma Jalife Villalón, que garantiza la vanguardia en políticas públicas y el favorecer genuinamente interés público. Esta Subsecretaría debe ser un paso hacia su transformación a nivel de Secretaría de Estado. La Subsecretaría de TIC debe asumir el control y replantear la Estrategia Digital Nacional, así como tener soluciones innovadoras para llevar las TIC a todos, incluyendo al 8% de la población que ni siquiera está en la mira de la Red Pública Compartida a cargo de Altán para que algún día les llegue el internet, por ejemplo.

En 2016 se creó el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) como un organismo descentralizado con la misión de promover la ampliación de infraestructura de telecomunicaciones para una mayor cobertura y para mejorar la calidad. Estas funciones debieran estar en la Subsecretaría de TIC para evitar duplicidad, ¿o crearemos Organismos Promotores de Inversiones en Energía, Ferrocarriles y otros? Promtel debe desaparecer y sus funciones pasarlas a la Subsecretaría de TIC.

SHCP. La Constitución establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe opinar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuál debe ser el monto de la contraprestación inicial (valor mínimo de referencia) en las licitaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico, siendo el IFT libre de tomarla en cuenta o no. ¿En cuántas licitaciones le ha hecho caso el IFT a la SHCP? En la licitación de las cadenas nacionales de televisión donde resultó ganadora ImagenTV, el IFT difirió significativamente. En la última licitación de la banda de 2.5 GHz se dice -porque no hay información pública- que la SHCP opinó que la contraprestación debiera ser mucho mayor que la que fijó el IFT como valor mínimo de referencia que -dicho sea de paso- terminó siendo casi idéntico al valor que pagarán ATT y Telefónica Movistar por las frecuencias que ganaron. ¿Se necesita la opinión de SHCP?

COFEPRIS. Ésta es un regulador importantísimo que tiene a su cargo desde controlar los establecimientos de salud y prevenir efectos nocivos de factores ambientales hasta autorizar medicamentos, prótesis, materiales quirúrgicos, las medicinas milagro -disfrazadas de “complementos alimenticios”- y publicidad en alimentos y bebidas (alcohólicas y sin alcohol). Existen intereses fortísimos en juego de grandes corporativos nacionales y extranjeros, mientras que del otro lado está en riesgo la salud de los mexicanos. Cofepris ha estado fuera del radar legislativo y de la opinión pública, lo que ha hecho que carezca de lo mínimo para que fuera un regulador independiente, transparente y sujeto al escrutinio ciudadano. El titular es designado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Salud. ¿A quién sirve el comisionado federal de Cofepris? Este regulador debe reestructurarse cumpliendo con los principios esenciales de un regulador autónomo.

 

 

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