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AMÉRICA LATINA

BID: Ley de telecomunicaciones en Nicaragua está desactualizada

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El nuevo Diario,  María José Martínez Rocha

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó y analizó los objetivos, pilares y reformas necesarias para la adopción y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo, además las brechas regulatorias del sector de telecomunicaciones, en el estudio “La Gobernanza de las Telecomunicaciones: Hacia la Economía Digital”.

En el caso de Nicaragua, el estudio del BID identifica tres limitantes, dos de ellas relacionadas con la legislación vigente: desfase en el marco legal que rige al sector; limitaciones en el marco regulatorio que dificultan la promoción de la competencia, asequibilidad, adopción y la calidad del servicio de banda ancha; y un déficit de banda ancha en zonas rurales.

En cuanto a la primera limitante identificada por el BID en Nicaragua, está la Ley 200 (Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, la cual fue creada en 1995 y desde entonces se han producido avances en materia de banda ancha, telefonía y televisión que quedan fuera de la legislación.

“No contiene principios para la promoción de Infraestructura y competencia en banda ancha, ni otorga a Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) el mandato de velar por su cumplimiento”, señala el BID en el estudio.

Para este caso el BID contempla una actualización de la Ley “basada en la evolución tecnológica de las últimas dos décadas y de las tendencias globales en este mercado (telecomunicaciones) para el desarrollo del sector en el corto y mediano plazo”.

Según el BID, la Ley 200 “no empodera” a Telcor (regulador) con el mandato para la promoción de infraestructura y competencia en banda ancha que “son claves para el desarrollo del sector”.

Para contrarrestar este efecto el BID considera oportuno desarrollar una legislación secundaria que contemple una regulación de “compartición de infraestructura, acceso abierto a redes de banda ancha, reglamentos de interconexión y regulación de las tarifas mayoristas de los operadores que cuenten con poder significativo de mercado en mercados relevantes”, reza el documento.

En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial, la baja densidad poblacional y el menor poder adquisitivo de la población de esas zonas. Debido a esto, “los operadores de banda ancha tienen escaso incentivo económico para desplegar infraestructura en ciertas zonas rurales y remotas”, explica el BID.

El Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha es una herramienta muy utilizada para subsidiar proyectos de ampliación de infraestructura de banda ancha en zonas con baja o nula rentabilidad, usualmente proviene de tasas impuestas a los operadores de telecomunicaciones, precisa el BID.

En el caso de Nicaragua a este fondo se le conoce como Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), que de acuerdo con el Reglamento de Administración y Financiamiento del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), se constituye con un capital mínimo del 20% de los ingresos brutos mensuales percibidos por Telcor, ya sea por: derechos, tasas, multas, recargos, expedición de certificados y licencias de técnicos; y explotación del espectro radioeléctrico y otros recursos escasos.

Para mejorar el acceso de banda ancha en las zonas rurales del país el BID considera oportuno el diseño en implementación de programas nacionales de despliegue de infraestructura de banda ancha que lleguen a zonas rurales.

Hasta 2016, el estudio indica que en Nicaragua entre el 15% y 20% de los hogares tenían acceso a Internet, esta misma proporción la tiene El Salvador. La tasa más alta en Centroamérica corresponde a Costa Rica con 60%, seguida por Panamá con más de 50%. Un 20% de los hogares guatemaltecos accede a Internet, mientras que en Honduras ronda entre el 20% y 25%.

– En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial. –

Brecha regulatoria

El BID analiza las diferencias en las regulaciones de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de cada uno de los países de la región, en relación con la subregión a la que pertenecen (Centroamérica, el Caribe o Suramérica) y América Latina.

Estas diferencias las clasifica en tres: marco legal e institucional, regulación sobre desarrollo y acceso a la infraestructura; regulación sobre competencia y protección al consumidor y  políticas públicas para la economía digital. Dentro de estas categorías utiliza 17 indicadores, en lo que los países pueden estar “Retrasado en el cumplimiento, En proceso de cumplimiento y Cumplimiento o nivel avanzado de cumplimiento”.

De acuerdo con el análisis del BID, en ningún país de Centroamérica existe un ministerio/viceministerio especializado en políticas públicas de las TIC.

– Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional. –

Además, Costa Rica no cuenta con una regulación de portabilidad numérica de un operador a otro, Honduras y Nicaragua experimentan igual desafío.

El Salvador no ha establecido o utilizado el Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha. Al igual que Guatemala, Honduras y Nicaragua, no cuentan con una regulación para la compartición de infraestructura (uso de infraestructura disponible por los operadores).

Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional.

Los retos guatemaltecos están relacionados con la regulación roaming nacional entre operadores móviles y protección de datos de usuarios de telecomunicaciones.

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AMÉRICA LATINA

Venezuela entra en proceso de reconversión monetaria con apagón electrónico

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El Nacional

Los bancos venezolanos harán la noche de hoy un apagón electrónico como parte del proceso de reconversión monetaria con el que se le eliminarán cinco ceros a la moneda nacional, el bolívar, que a partir de este lunes llevará el apellido de “soberano”.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), que recordó que los bancos no prestarán servicios en sus oficinas, agencias y taquillas externas este lunes, detalló en su cuenta en Twitter la cantidad de horas en las que no funcionará la banca electrónica en cada entidad financiera.

La entidad bancaria que tardará más en adecuar su plataforma, y que según la Sudeban ya interrumpió sus servicios de banca electrónica, es el estatal Banco de Venezuela que se verá afectado hasta por 23 horas, mientras que otros, como los privados Banesco y Mercantil tendrán interrupciones por al menos 10 horas.

Los bancos públicos y privados no prestan servicio en sus oficinas desde el viernes por esta reconversión con la que el gobierno busca “facilitar” las transacciones económicas y comerciales en el país, sumergido en una hiperinflación, que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará el año en 1.000.000 %.

Las entidades financieras se han dado a la tarea de informar por las redes sociales sobre cómo serán los nuevos billetes y a cuánto equivaldrá un billete del actual cono en relación al que entrará en vigencia este lunes, día que ha sido decretado por el gobierno de Nicolás Maduro como no laborable para facilitar la reconversión.

A partir de mañana la nueva familia monetaria convivirá con los billetes de alta denominación del actual cono hasta su extinción, pues los menores de 1.000 bolívares ya no tendrán valor, así lo estableció el Banco Central.

Por la reconversión y por la incertidumbre que tienen los comerciantes y venezolanos en general ante esta y otras medidas económicas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, los comercios que funcionan los domingos se encuentran cerrados desde esta tarde, aunque otros ni siquiera abrieron sus puertas.

Algo similar se observó el sábado, luego del aumento abrupto de salario que anunció Maduro, con la diferencia de que los lugares que sí abrieron se vieron abarrotados de personas por el temor a un posible incremento de los precios.

El jefe de Estado anunció hace dos días un aumento de salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a 723 o 45 dólares, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país.

El sueldo pasará de 5.196.000 bolívares (20,8 o 1,30 dólares) a 180.000.000, una cantidad que será expresada en bolívares “soberanos”, es decir, 1.800.

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AMÉRICA LATINA

En norma se propone ‘libreta virtual’ de IESS

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El Universo

El carné de afiliación de Josefina Paredes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se expidió en octubre de 1992. En este constan, entre otros datos, la fecha de nacimiento, nacionalidad, el número de cédula, el de historia clínica y el de afiliación.

Y se detallan las prestaciones que da la entidad: médica, cesantía, jubilación, seguro de muerte, riesgos del trabajo…

Pero en el documento de Josefina solo aparecen la fecha de ingreso y salida de su trabajo en el sector público luego de jubilarse, pese a haber hecho préstamos y otras prestaciones.

Con el paso del tiempo el documento dejó de ser presentado, hoy se exige la cédula de identidad y para consultar sobre los servicios del IESS se ingresa a su página web. En ella están la historia laboral, seguro de desempleo, cesantías, fondos de reserva, subsidios monetarios, préstamos hipotecarios o quirografarios, entre otros.

Al querer consultar sobre sus aportes como afiliado, Rubén Ruiz no los halló. Y se dio cuenta de que los de su empleador no estaban actualizados.

De ahí que en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea se plantea crear una libreta virtual de Seguridad Social con el objetivo de que haya información completa y actualizada.

Se propone que toda persona que ingrese al sistema de afiliación del IESS tenga derecho a una libreta virtual que contendrá el registro de la historia laboral, aporte personal y aporte patronal para el seguro de invalidez, vejez y muerte, el de salud, de riesgos de trabajo, de cesantía, el seguro social campesino, entre otros.

Para Roberto Gómez, legislador de CREO e integrante de esa mesa legislativa, se busca que el afiliado pueda conocer cuánto ha aportado durante toda su vida laboral y con base en eso ejercer sus derechos.

Según el asambleísta, hoy solo se puede revisar si se está al día o no y en qué mes, pero no cuánto ha sido el aporte individual, por ejemplo.

Hugo Villacrés, expresidente del IESS, se mostró de acuerdo y argumentó que sería un nuevo canal de información para los afiliados.

Afiliados consideran que es una buena idea, pero ven una limitante para los jubilados por su falta de experticia en el manejo del internet. Tras la vacancia legislativa, que termina el 29 de agosto, se haría el primer debate de la propuesta que consta en el proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Seguridad Social. (I)

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AMÉRICA LATINA

Logística, tarea por hacer en el comercio electrónico

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El Colombiano

En el marco de la edición XIV del Congreso Expologística, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), conversó sobre la importancia que tiene para el país fomentar el desarrollo de la logística de última milla, un escalafón en el cual el país tiene mucho por trabajar.

Última milla es el nombre con el que se conoce a las labores finales de abastecimiento en el proceso de entrega en la cadena del ecommerce o comercio electrónico. Díaz calificó como “grave” el nivel de la logística de abastecimiento en el país, “por el problema de movilidad que tienen las ciudades”.

“Particularmente en Bogotá, la movilidad es muy complicada, por lo que el abastecimiento de las tiendas no es fácil”, comentó el presidente de Analdex, quien dio a conocer que el gremio trabaja con la Secretaría de Movilidad del Distrito “para implementar todo un sistema de abastecimiento nocturno”.

Díaz aseguró que ahí “tiene que confluir no solamente el tema logístico, sino también de seguridad en las ciudades”. Así mismo, el presidente de Analdex resaltó cómo ha avanzando el país en algunas mediciones internacionales. Un ejemplo de ello es el desempeño de Colombia en el último Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, en el que el país avanzó 36 puestos, al pasar de la posición 94 a la 58.

“Hay tareas que tanto el Gobierno como las empresas deben desarrollar, contar con información y experiencias de los otros países contribuye a que las compañías adapten procesos y se metan en esa línea”, concluyó Díaz.

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