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AMÉRICA LATINA

Solo 6 de 23 instituciones del Gobierno tienen portal de datos abiertos

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El mundo.cr

La Universidad Hispanoamericana en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) concluyeron en un estudio que solo 6 de 23 instituciones del Gobierno tienen portal de datos abiertos.

Este es el primer proyecto de investigación sobre el uso de los portales de datos abiertos en los sitios web de las 330 entidades de Gobierno, que incluye ministerios y entidades autónomas o semiautónomas.

El equipo estuvo conformado por dos personeros del Micitt, dos investigadores y un grupo de estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Informática de la UH.

El objetivo general del proyecto consistió en “realizar una valoración integral, equitativa y objetiva de los portales de datos abiertos con que cuentan actualmente los distintos entes gubernamentales (ministerios, instituciones autónomas, municipios) en Costa Rica a través de la aplicación de la norma técnica nacional INTE 27-02-02”, indicó Edgar Oviedo Blanco, director del proyecto.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La primera etapa de esta investigación se realizó entre agosto del 2016 y setiembre de 2017, la cual se dividió en cinco etapas:
1- Planificación del proyecto

2-Inducción sobre la norma INTE 27-02-02:2016 “Ingeniería de Software y Sistema- Portales de Datos Abiertos– del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco).

3- Exploración de 330 sitios web de las instituciones públicas.

4- Aplicación de la norma a las instituciones de Gobierno Central

5- Aplicación de la norma a otras entidades del sector público.

Es importante señalar que en un inicio la investigación arrancó con un diagnóstico general de los 330 portales web de las entidades que conforman el Estado costarricense.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio determinaron que la fase de análisis a partir de la aplicación de la norma se concentrara únicamente en los sitios de ministerios y de otras entidades relacionadas directamente con el Gobierno Central.

Por este motivo, el grupo de expertos estudio solo 19 ministerios y cuatro institutos dirigidos por funcionarios con rango de ministro. Las entidades analizadas son:

Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Ambiente y Energía
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Ministerio de Comercio Exterior
Ministerio de Comunicación
Ministerio de Cultura y Juventud
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Paz
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder)
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)

En noviembre se inició una nueva etapa con la aplicación de la norma a los sitios de los 81 gobiernos locales.

La norma creada por Inteco tiene 50 requerimientos que permitan evaluar cada portal de datos abiertos, los cuales fueron unificados en una matriz donde se muestra cuáles ítems se cumplen y cuáles no se cumplen, con el fin de representar esos datos en un porcentaje de cumplimiento de la Norma INTE 27-02-02:2016.

Al entrar en detalle al portal del Ministerio de la Presidencia, los expertos encontraron que la información es amplia y está debidamente estructurada, por lo que se considera de alta calidad al alcanzar el 80% de cumplimiento.

Hay 17 instituciones que no cuentan con la norma, pero 12 de ellas cuentan con una sección de “Transparencia”.

AMÉRICA LATINA

Presidente Costa Rica firma ley para bloquear señal de celulares en cárceles

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El País.cr

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó hoy una ley que permitirá bloquear la señal de telefonía celular en los centros penitenciarios y así evitar extorsiones, estafas y otros actos criminales realizados por privados de libertad.

“Mucho del crimen se planifica o se ejecuta vía teléfono celular desde organizaciones en las cárceles, por eso este bloqueo es tan importante (…) llevaremos a la práctica esta herramienta para proteger así de mejor manera a los costarricenses”, afirmó en conferencia de prensa Alvarado.

La ley permite un cambio al artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de bloquear la señal, que para las autoridades es un avance en materia de seguridad al combatir de manera efectiva las estafas que se cometen desde centros penitenciarios.

Datos del Organismo de Investigación Judicial indican que entre el 2014 y el 2016 se presentaron desde las cárceles 613 delitos de timo y 354 de estafa.

Mientras que la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar estos aparatos electrónicos. En el 2015 decomisaron un total de 3.268 celulares, mientras que en el 2017 fueron 3.589 aparatos.

“Este mensaje es el que queremos transmitir a todos los costarricenses: la seguridad ciudadana es una prioridad en esta administración y sé que lo es para los diputados, como lo es para el país. Vivimos un momento complejo en materia de seguridad”, destacó Alvarado.

Los operadores de telecomunicaciones tendrán, a partir de hoy, nueve meses para adaptar y aplicar soluciones tecnológicas para impedir la prestación de servicios inalámbricos al interior de los centros penitenciarios.

También firmaron la ley, la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y el ministro de  Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar.

Esta ley, aprobada por el Congreso en julio pasado, ha recibido críticas de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) que considera muy difícil bloquear la señal sin afectar a las comunidades cercanas a las prisiones.

Según los datos más recientes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, al cierre de 2017 Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, para un hacinamiento del 30 %.

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AMÉRICA LATINA

Costa Rica da pasos esperanzadores en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento

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La Revista.Cr

La aplicación EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la gestión de citas en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), ya es utilizada por 901 centros, mientras que 140 aún no la utilizan; un dato que evidencia un avance del país en la ruta hacia la “Sociedad de la información y el conocimiento”.

Sin embargo, pese al esfuerzo para la fabricación de infraestructura construida –que ha supuesto 600 kilómetros de fibra óptica– para conectar a los Ebais de todo el país, apenas un 7,7% de los asegurados usan la aplicación.

Lo anterior es parte de los resultados del último Informe Prosic-UCR 2018, el cual fue presentado el pasado 17 de mayo revelando logros y retos de Costa Rica en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). Adicionalmente, el tono esperanzador del informe del 2018 incluye al III Plan de Acción de Gobierno Abierto, que fue cocreado en un proceso que involucró a la ciudadanía organizada, a las instituciones y otros sectores interesados.

También reconoce que el Poder Legislativo se encuentra en un proceso de creación de una política institucional de “parlamento abierto” que mejorará la gestión de cara a la ciudadanía interesada en el acceso a la información y transparencia, y que el Poder Judicial se ha comprometido con impulsar las políticas y proyectos que fomenten la transparencia institucional en todos los niveles.

Se trata de avances que, según la directora del Prosic-UCR, Andrea Salas Matamoros, nos permiten soñar en seguir ejemplos como el de Estonia, que se ha calificado como uno de los primeros países digitales del mundo.

Listado de éxitos en varios campos

Este nuevo informe, además, confirma una reducción de la brecha de acceso a Internet en el 2017 por nivel educativo, la cual bajó un 25% respecto a la del 2010; seguida por el efecto ingreso en telefonía móvil, que también se redujo en un 30%.

Además, las empresas con conexión de entre 10 y 50 Mbps pasaron de ser el 41% a representar el 56% del total entre el 2016 y el 2018. También aumento la velocidad de sus conexiones, pasando de 6% a 11% las que disfrutan de más de 100 Mbps.

Y aunque, según dato del Consejo Nacional de Rectores (Conare), se señala que cada año apenas un 8% de los nuevos profesionales son del sector TIC, sí se evidencia que el 57% de ese total son graduados de universidades públicas, lo que refleja una tarea que está siendo cumplida por la educación superior estatal del país.

Otro gran éxito es la penetración de la telefonía móvil celular según el Índice de Desarrollo TIC 2017, donde se evidencia que el país tiene 164,5 suscripciones a telefonía móvil por cada 100.000 habitantes, 16,8 de telefonía fija, 103,6 a banda ancha móvil y 12,6 a banda ancha fija.

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AMÉRICA LATINA

Sundde abre proceso sancionatorio contra seis cableras

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Luego de las múltiples denuncias recibidas a través de la línea telefónica 0800 Lo Justo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), notificó y abrió un procedimiento sancionatorio administrativo a las empresas de televisión por cable Net Uno, Movistar, Directv, Inter, Cable Hogar y Súper Cable.

Los usuarios denunciaron aumentos excesivos en los planes sin previa autorización, fallas en el servicio, falta de controles y decodificadores, además de la mala atención hacia los clientes, entre otras especificaciones, por lo que la Sundde ordenó a las cableras especificar en sus contratos los servicios que cobran, donde deben aclarar los términos de los mismos y prestar más atención a los reclamos de los usuarios, reseñó  AVN.

El ente regulador de precios citó nuevamente a las empresas para que comparezcan y suministren los documentos de comprobación y ciertos requerimientos acerca de las quejas antes señaladas.

Subrayó la Sundde que estas acciones se vienen realizando a las distintas empresas dedicadas a las distintas ramas del comercios en protección de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano.

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