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AMÉRICA LATINA

Compras en Internet pagarían doble impuesto, de aprobarse texto del plan fiscal

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Las compras realizadas en línea podrían pagar 2 tipos de impuestos, de aprobarse el texto actual del proyecto de ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas que tramita la Asamblea Legislativa y que llegaría al plenario el próximo lunes.

German Morales, socio director de la firma consultora Grant Thornton, explicó que tal y como quedó el texto aprobado por la comisión legislativa, la administración tributaria podría cobrar el impuesto a los servicios o bienes no solamente en el momento en que se pagan por medio de una plataforma electrónica, sino que también en el momento en que ingresan a territorio nacional.

“Pasaría con bienes comprados en páginas en Internet como Amazon, porque se cobraría el IVA a la transacción de suscripción del servicio y después otro impuesto a la importación. Esto afectaría a unos 200 mil contribuyentes que hacen compras en el exterior”, dijo.

En su opinión, la forma en que está redactado el proyecto abre portillos para interpretaciones de Hacienda que socavan intereses de los cotribuyentes, como en el caso de las pensiones complementarias, cuando se habla de gravar las ganancias de capital, sin aclarar exenciones.

Tarifas diferenciadas

El proyecto, que va esta semana a Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, tendrá una tarifa general del 13%, similar al actual impuesto general de ventas.

Los afectados serán los servicios que ahora no pagan impuestos. Por ejemplo, un servicio de gimnasio con una mensualidad de ¢45.000, pasaría a ¢50.850 y un servicio de seguridad de ¢50.000 mensuales, pasará a ¢56.500.

Sin embargo hay 2 tarifas diferenciadas:

Del 4% para:

  • Las comisiones de las Operadoras de Pensiones Complementarias
  • Los servicios de salud privados
  • Los servicios de educación privada.
  • Los servicios de seguridad privada residencial.
  • Las primas de seguro personales, riesgos del trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social.

Esto quiere decir que una consulta médica con especialista, que actualmente tiene una tarifa mínima de ¢38.927,92, pasaría a costar ¢40.484,41 después del IVA, y una mensualidad de colegio privado de ¢180.000, pasaría a ¢187.200 con la implementación del impuesto.

Del 2% para:

  • La compra de empaque y embalaje, así como la materia prima para producir
  • Los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva, de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, control mecánico y químico de malezas, transporte, clasificación de productos, arrendamiento de terrenos, acopio, almacenamiento, comercialización y servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y de pesca no deportiva.

Largo camino

Pese a la aprobación en comisión del proyecto fiscal y su llegada al plenario, es largo el camino que todavía le queda por recorrer dentro de la Asamblea Legislativa.

Alan Saborío, socio director de la firma consultora Deloitte, explicó que el proyecto aprobado primero debe pasar por el dictamen de la oficina de Servicios Técnicos. Una vez que se reciba el dictamen, el proyecto debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta. Todo eso pasaría esta semana.

La otra semana se conocería el texto en el plenario y deberían revisarse la totalidad mociones, entre lunes y martes. Pero podrían quedar fuera por la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento legislativo.

Saborío considera que ante lo complicado de este trámite, existe la posibilidad de que se presente un texto sustitutivo.

“Lo previsible es que hay aun tercer texto sustitutivo sobre el que se ve a  trabajar en el plenario. En esta legislatura pasaría a primer debate. Luego iría a Sala Constitucional y después le tocaría la aprobación definitiva a los  nuevos diputados”, explicó.

El 1° de mayo próximo asumirán sus puestos los 57 diputados electos el pasado 4 de febrero anterior.

AMÉRICA LATINA

Presidente Costa Rica firma ley para bloquear señal de celulares en cárceles

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El País.cr

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó hoy una ley que permitirá bloquear la señal de telefonía celular en los centros penitenciarios y así evitar extorsiones, estafas y otros actos criminales realizados por privados de libertad.

“Mucho del crimen se planifica o se ejecuta vía teléfono celular desde organizaciones en las cárceles, por eso este bloqueo es tan importante (…) llevaremos a la práctica esta herramienta para proteger así de mejor manera a los costarricenses”, afirmó en conferencia de prensa Alvarado.

La ley permite un cambio al artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de bloquear la señal, que para las autoridades es un avance en materia de seguridad al combatir de manera efectiva las estafas que se cometen desde centros penitenciarios.

Datos del Organismo de Investigación Judicial indican que entre el 2014 y el 2016 se presentaron desde las cárceles 613 delitos de timo y 354 de estafa.

Mientras que la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar estos aparatos electrónicos. En el 2015 decomisaron un total de 3.268 celulares, mientras que en el 2017 fueron 3.589 aparatos.

“Este mensaje es el que queremos transmitir a todos los costarricenses: la seguridad ciudadana es una prioridad en esta administración y sé que lo es para los diputados, como lo es para el país. Vivimos un momento complejo en materia de seguridad”, destacó Alvarado.

Los operadores de telecomunicaciones tendrán, a partir de hoy, nueve meses para adaptar y aplicar soluciones tecnológicas para impedir la prestación de servicios inalámbricos al interior de los centros penitenciarios.

También firmaron la ley, la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y el ministro de  Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar.

Esta ley, aprobada por el Congreso en julio pasado, ha recibido críticas de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) que considera muy difícil bloquear la señal sin afectar a las comunidades cercanas a las prisiones.

Según los datos más recientes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, al cierre de 2017 Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, para un hacinamiento del 30 %.

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AMÉRICA LATINA

Costa Rica da pasos esperanzadores en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento

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La Revista.Cr

La aplicación EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la gestión de citas en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), ya es utilizada por 901 centros, mientras que 140 aún no la utilizan; un dato que evidencia un avance del país en la ruta hacia la “Sociedad de la información y el conocimiento”.

Sin embargo, pese al esfuerzo para la fabricación de infraestructura construida –que ha supuesto 600 kilómetros de fibra óptica– para conectar a los Ebais de todo el país, apenas un 7,7% de los asegurados usan la aplicación.

Lo anterior es parte de los resultados del último Informe Prosic-UCR 2018, el cual fue presentado el pasado 17 de mayo revelando logros y retos de Costa Rica en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). Adicionalmente, el tono esperanzador del informe del 2018 incluye al III Plan de Acción de Gobierno Abierto, que fue cocreado en un proceso que involucró a la ciudadanía organizada, a las instituciones y otros sectores interesados.

También reconoce que el Poder Legislativo se encuentra en un proceso de creación de una política institucional de “parlamento abierto” que mejorará la gestión de cara a la ciudadanía interesada en el acceso a la información y transparencia, y que el Poder Judicial se ha comprometido con impulsar las políticas y proyectos que fomenten la transparencia institucional en todos los niveles.

Se trata de avances que, según la directora del Prosic-UCR, Andrea Salas Matamoros, nos permiten soñar en seguir ejemplos como el de Estonia, que se ha calificado como uno de los primeros países digitales del mundo.

Listado de éxitos en varios campos

Este nuevo informe, además, confirma una reducción de la brecha de acceso a Internet en el 2017 por nivel educativo, la cual bajó un 25% respecto a la del 2010; seguida por el efecto ingreso en telefonía móvil, que también se redujo en un 30%.

Además, las empresas con conexión de entre 10 y 50 Mbps pasaron de ser el 41% a representar el 56% del total entre el 2016 y el 2018. También aumento la velocidad de sus conexiones, pasando de 6% a 11% las que disfrutan de más de 100 Mbps.

Y aunque, según dato del Consejo Nacional de Rectores (Conare), se señala que cada año apenas un 8% de los nuevos profesionales son del sector TIC, sí se evidencia que el 57% de ese total son graduados de universidades públicas, lo que refleja una tarea que está siendo cumplida por la educación superior estatal del país.

Otro gran éxito es la penetración de la telefonía móvil celular según el Índice de Desarrollo TIC 2017, donde se evidencia que el país tiene 164,5 suscripciones a telefonía móvil por cada 100.000 habitantes, 16,8 de telefonía fija, 103,6 a banda ancha móvil y 12,6 a banda ancha fija.

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AMÉRICA LATINA

Sundde abre proceso sancionatorio contra seis cableras

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Luego de las múltiples denuncias recibidas a través de la línea telefónica 0800 Lo Justo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), notificó y abrió un procedimiento sancionatorio administrativo a las empresas de televisión por cable Net Uno, Movistar, Directv, Inter, Cable Hogar y Súper Cable.

Los usuarios denunciaron aumentos excesivos en los planes sin previa autorización, fallas en el servicio, falta de controles y decodificadores, además de la mala atención hacia los clientes, entre otras especificaciones, por lo que la Sundde ordenó a las cableras especificar en sus contratos los servicios que cobran, donde deben aclarar los términos de los mismos y prestar más atención a los reclamos de los usuarios, reseñó  AVN.

El ente regulador de precios citó nuevamente a las empresas para que comparezcan y suministren los documentos de comprobación y ciertos requerimientos acerca de las quejas antes señaladas.

Subrayó la Sundde que estas acciones se vienen realizando a las distintas empresas dedicadas a las distintas ramas del comercios en protección de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano.

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