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AMÉRICA LATINA

Un bitcoin “made in Argentina” superó US$ 1,5 millones en la preventa

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Clarín

La etapa de preventa de la moneda virtual creada por argentinos para tranzar en el marketplace (mercado) Inbest Network, alcanzó los US$ 1,5 millones, y proyectan llegar a los US$ 10 millones esta semana, justo cuando el bitcoin, la criptomoneda más famosa, está cayendo.

Inbest Network es el marketplace que permite la interacción entre individuos, entidades financieras y desarrolladores, utilizando una criptomoneda propia como unidad de intercambio de valor dentro de la red.

La preventa de esta criptomoneda propia, cuya abreviatura comercial es IBST, superó US$ 1,5 millón en su oferta inicial, y esta semana lanza la segunda fase de venta, indicó la firma en un comunicado.

La segunda fase de la criptomoneda -cuya emisión es limitada -, se extiende hasta marzo.

El piso de compra es US$ 300.

“Somos un equipo argentino que proyectamos una escala global y sabemos que el entusiasmo se apoya en la solidez y la innovación tecnológica de nuestra propuesta”, comento el gerente de estrategia del marketplace, Kevin Bootz.

Por su parte, el responsable de tecnología (CTO), Leo Simini, remarcó que “la nueva economía es un hecho” por lo que entendieron “necesario” la creación de un “ecosistema donde cualquier individuo o desarrollador pueda acceder a las criptomonedas en una plataforma amigable, abierta y transparente”.

Además adelantó que “vamos a liberar el código fuente para que desarrolladores puedan hacer su propias apps con esta tecnología, e integrarse así a nuestro ecosistema de plataformas digitales”.

AMÉRICA LATINA

Uruguay, entre los más avanzados en materia digital

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República

La incorporación de Uruguay, concretada junto con la de Canadá, significa un gran reconocimiento, ya que es el único país que representa a América Latina y al Caribe, y lo ubica al nivel de los referentes mundiales en gobierno digital.
En tanto, la ministra de Servicios de Gobierno Digital de Nueva Zelanda, Clare Curran, expresó estar “encantada”  en que su país y Uruguay sean miembros del Digital 7 (D7). Aseguró también que ambos países se mantendrán “como un foro resiliente, relevante y sólido de colaboración práctica sobre cómo impulsar naciones verdaderamente digitales”.
Por su parte, el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, el representante de Uruguay en la cumbre anual del grupo realizada ayer en Wellington, manifestó a las delegaciones asistentes que tomó el ingreso al D7 con “mucha seriedad” y lo entienden“como una gran responsabilidad”.
Por otro lado, el prosecretario añadió: “Nos entusiasma aportar desde el enfoque de equidad e inclusión social que caracteriza a nuestras acciones y que ha guiado la política digital del país por  11 años”.

Los principios orientadores del D7 apuntan al desarrollo de la conectividad, la ciudadanía digital, la programación desde la niñez, el gobierno abierto, los estándares y códigos abiertos y el gobierno centrado en las personas.
En ese contexto, Uruguay destaca por la reducción en la brecha digital, el Plan Ceibal, el avance en la digitalización de los servicios del gobierno y la apuesta por un gobierno más cercano y abierto, según publica la web institucional de Presidencia de la República.
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) será la institución que integre esa red. Su director ejecutivo, José Clastornik, fue el encargado de presentar ante los asistentes a la cumbre los principales avances del país, que le valieron su ingreso al grupo.
La participación en el D7 es, a su vez, una oportunidad para Uruguay de contribuir en la construcción del rumbo del gobierno digital a nivel global y de hacer parte del debate de temas actuales y futuros, como los aspectos éticos de la inteligencia artificial o las aplicaciones de la identificación electrónica en la vida cotidiana.

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AMÉRICA LATINA

Se quedaron al pie del satélite

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Página 12

Luego de que Cablevisión y Telecom anunciaron su fusión el 30 de junio del año pasado, el gobierno dejó trascender que estaba evaluando habilitar a las telefónicas a brindar televisión satelital para equilibrar la cancha e incrementar la competencia en el sector. “Creo que es muy probable”, aseguró el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, el 20 de septiembre en la jornada de los cableros, aunque aclaró que la última palabra la tendría el presidente Mauricio Macri. Para avanzar es necesario al menos un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pues la prohibición figura en el DNU 267 de diciembre de 2015. Fuentes oficiales aseguraron primero que el decreto podría salir publicado a fin del año pasado, luego la fecha se corrió para mediados de enero y después para febrero. Sin embargo, Página 12 pudo confirmar de fuentes oficiales y privadas que no habrá DNU y que las telefónicas deberán esperar a que el tema sea debatido por el Congreso.

Las telefónicas habían insistido con que una vez autorizada la fusión la única empresa que iba a estar en condiciones de brindar cuádruple play (telefonía fija, móvil, televisión paga y banda ancha) en el corto plazo sería Telecom Cablevisión porque la red de Telefónica sigue siendo fundamentalmente de cobre y no resiste un paquete de señales audiovisuales, mientras que Claro es una empresa de telefonía móvil y tampoco tiene una red de fibra para hacerle frente al Grupo Clarín. Por eso reclaman poder brindar televisión por satélite.

Del lado de Clarín siempre responden que ellos tienen una red mejor porque invirtieron en fibra óptica, mientras que las telefónicas no lo hicieron. A su vez, advierten que si se habilita a las telefónicas a dar televisión satelital nunca invertirán en fibra óptica. Las telcos responden que no invirtieron en fibra porque tenían prohibido brindar televisión y que ahora que están habilitadas aceleraron la inversión en redes, pero aclaran que no están en condiciones de competir de igual a igual en el corto plazo.

Esa disputa pareció en un momento haberse resuelto a favor de las telefónicas aunque con ciertas restricciones. El DNU que se estaba elaborando contemplaba una protección para las pymes el impedirle a las telcos brindar televisión satelital en pequeñas localidades. “Estamos interesados en competir y necesitamos que nos liberen las amarras. Nos dicen que se va a hacer una distinción entre grandes y pequeñas ciudades y nos parece correcto. Nosotros confiamos en esa palabra y ya comenzamos a invertir”, aseguró una fuente de las telefónicas a este diario en diciembre.

Parecía estar todo listo, pero el lobby en contra del DNU se acrecentó. No sólo el Grupo Clarín se oponía sino también algunas cableras de tamaño medio como Telecentro (Alberto Pierri), Supercanal (Daniel Vila), el Grupo Ick de Santiago del Estero y Express de Rosario (ex Cablehogar) amenazaron con ir a la justicia si salía el decreto. Por ese motivo, finalmente el DNU quedó abortado y ahora el gobierno tiene previsto que el tema lo discuta el Congreso. Una posibilidad es que la habilitación forme parte del proyecto de ley de comunicaciones convergentes que se viene proponiendo desde comienzos de 2016, aunque también se está evaluando enviar un proyecto para tratar especialmente ese tema. A las telefónicas la decisión las tomó por sorpresa y por lo bajo cuestionan al gobierno y le apuntan, una vez más, al Grupo Clarín.

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AMÉRICA LATINA

Un fallo complicó más a Sabbatella

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La Nación

La Cámara Federal confirmó y amplió el procesamiento del presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella , por supuestas irregularidades en la suscripción de convenios por casi $10 millones cuando dirigía la entonces Agencia Federal de Servicios y Comunicación Audiovisual (Afsca).

Así lo resolvió la Sala I de la mano de los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. La misma suerte corrió la legisladora porteña María Andrea Conde (Nuevo Encuentro), que supo ser la directora de Proyectos Especiales de la ex-Afsca.

La causa investiga si hubo desvío de fondos -con fines partidarios- en convenios suscriptos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, entre otros. El fiscal pidió que se sumen a la causa tres expedientes más y puso bajo sospecha un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes.

Los acusados argumentaron que la agencia “estaba legalmente habilitada tanto a suscribir convenios” como a “elegir las asociaciones beneficiarias”. Pero, en ese sentido, el voto del camarista Bruglia fue directo: “Lo que se investiga aquí no es la falta de competencia funcional, sino el uso de la misma en un sentido perjudicial para el organismo que dirigía [Sabbatella]”. Según se desprende de una auditoría de la Sigen citada por el tribunal, hubo discrecionalidad en la elección de las asociaciones bajo sospecha y de los montos de dinero transferido, irregularidades en la rendición de cuentas de las entidades beneficiadas y falta de control por parte de la Afsca. “Las reiteradas inconsistencias en la ejecución de los convenios permiten sustentar la sospecha de que los fondos girados desde aquel organismo habrían sido utilizados para el financiamiento de actividades ajenas a los fines públicos perseguidos por la ley de servicios audiovisuales”, afirmó Bruglia.

Es por ello que el tribunal concluyó y confirmó que la conducta desplegada por Sabbatella y Conde “violó sus deberes del cargo referente a la administración de los bienes” y “ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado”.

Los acusados adelantaron a LA NACION que apelarán la decisión ante la Cámara de Casación.

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Posted by MEDIATELECOM - Información Estratégica on Wednesday, February 14, 2018

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