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ANÁLISIS

El sector de telecomunicaciones y el mundo de Internet

Joao Rezende

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Leer este análisis de Joao Rezende en portugués aquí.

En el proceso histórico las transformaciones reales siempre están al frente de la regulación y la legislación. Los gobiernos son siempre lentos en promover cambios requeridos por los mercados. Esto sucede en casi todos los sectores de la vida económica y política. Existen muchas razones para ello, que van desde las preocupaciones legítimas de no permitir que los mercados dicten solos las reglas hasta los riesgos de los impactos y repercusiones políticas.

Por otra parte, las reformas y los cambios no son neutrales. Alcanzan en mayor o menor grado el proceso competitivo dentro y fuera del sector. La mayoría de las veces los consensos son abandonados por los objetivos a corto plazo. Si ya son difíciles los cambios legales legislativos porque presuponen un mínimo de unidad de los sectores involucrados, imaginemos cuando también confrontan otros intereses que no son propiamente los del sector alcanzado por las reformas.

Cuanto mayor y más importante es el sector económico, las decisiones son más lentas y aplastantes. Por lo tanto, por más idealistas que puedan ser los dirigentes y gestores públicos, por más que se pueda tener el diagnóstico correcto, las dificultades de promoción de cambios chocan con la maraña de la burocracia pública, la coyuntura política y los intereses divergentes.

En esa situación podríamos decir que se encuentran las transformaciones legales del proyecto de ley que altera el sector de las telecomunicaciones en Brasil, a la espera de una votación en el Senado Federal, donde las posibilidades de votación este año son menores. Así, nacerá desfasado en relación con las transformaciones que se están produciendo en el mundo a través de la economía digital.

La regulación del sector tradicional de las telecomunicaciones debe bajar al nivel de la regulación de las empresas de Internet

La transformación de “concesión” en “autorización” es importante para las empresas que actúan bajo el régimen actual de concesión local. Pero eso no resolverá la complejidad y los mecanismos desiguales con que se tratan hoy el mundo tradicional de las telecomunicaciones frente al mundo de Internet. Aquí parece que el debate ganó fuerza con el “populismo de las redes sociales” que, en apariencia, plantea la cuestión de Internet como libertaria y como derecho inalienable del ciudadano.

Lo que se esconde son intereses legítimos de generación de valor y ganancias de rentabilidad de los actores que actúan en el mundo digital: telecomunicaciones e Internet. Pero los riesgos para la infraestructura digital son grandes si los pesos y los contrapesos no se miden con la misma regla. Es decir, la regulación del sector tradicional de las telecomunicaciones debe bajar al nivel de la regulación de las empresas de Internet.

Podríamos enumerar una serie de factores regulatorios como carga tributaria, exigencia de calidad, etcétera. Pero un hecho que aumenta aún más el garrote en las empresas del mercado tradicional es que el usuario reclama al “mensajero” y no al contenido de la carta. Es decir, a quien distribuye el contenido y no a quien lo produce, a aquellos que tienen contacto directo y diario con el usuario. Esto genera presión para evitar los golpes y realizar inversiones para no frustrar las exigencias de los consumidores.

Si lo anterior es una coyuntura perceptible en todo el mundo, en Brasil la coyuntura es aún más adversa con el marco burocrático para la realización de inversión en infraestructura, con todas sus legislaciones urbanas y municipales –que, sin embargo, debe ser respetada-, lo cual se pierde con la lentitud, altos costos y dificultades para un proceso más fluido de refuerzo de la capacidad existente.

Desde el punto de vista económico, la no percepción de que todo esto con el paso del tiempo podrá generar ineficiencias y cuellos de botella en la infraestructura (ya sea a través de frecuencias o de la infraestructura física), exactamente por donde circula y se rentabilizan los negocios del mundo digital, sumado a los retrasos en la modernización legal y la regulación, puede traer impactos económicos tanto en la productividad de la economía por el desfase de innovación como forzar asociaciones y fusiones con la consiguiente disminución de la competencia. La expansión de contenido y aplicaciones en el mundo digital necesita del aumento en la infraestructura de telecomunicaciones.

Otro punto, éste quizás de riesgo más inminente, son las posibilidades que van más allá de las posibles fusiones dentro del propio sector, que es la posibilidad de que las empresas del sector del mundo digital controlen la infraestructura, ya sea mediante la compra de acciones o incluso mediante asociaciones estratégicas o con las empresas del mercado de la infraestructura. Este punto sería negativo en todos los sentidos, en la generación de empleos, para la competencia e incluso para el proceso de innovación.

Por otro lado, es importante señalar que las innovaciones tecnológicas, con el avance de la economía digital, son y serán importantes para toda la cadena económica del sector. Porque el contenido no transita sin infraestructura y ésta sin contenido no se rentabiliza y no sería necesaria la realización de más inversiones. La facilidad de las aplicaciones hace aumentar la masa de consumidores e incorpora a otros tantos usuarios que todavía están al margen del proceso de crecimiento de la tecnología y del mundo digital.

Si miramos a largo plazo la capacidad casi “finita” de lo que todavía se pueda crear en términos tecnológicos, nos da la dimensión del tamaño de las inversiones que aún serán necesarias en todos los frentes y sectores de la cadena económica. Y aquí hablo no sólo en el sector digital propiamente dicho, sino en toda la economía, tanto en el sector privado como en el público.

Un último punto que considero importante es el papel de los órganos reguladores del sector de las telecomunicaciones. Sin una legislación correspondiente, quedará fragilizado y sin condiciones de establecer medidas que tengan en cuenta las relaciones de competencia e incluso los acuerdos que ya están ocurriendo en el mundo digital entre productores y distribuidores de contenido. Su papel e importancia serán desplazados hacia los entes regulatorios que tratan los temas de concentración, fusión y formación de cárteles, etcétera.

Por lo tanto, la revisión del actual marco legal no se mueve en la frontera que separa hoy a Brasil del mundo de las telecomunicaciones y el mundo de Internet. Los cambios ocurridos en Estados Unidos, donde Internet pasó a ser un “servicio de telecomunicaciones”, están lejos de los debates en Brasil, pero creo que no escaparemos de ese enfrentamiento.

La primera señal de ello comienza a surgir por el lado tributario. Varios Estados, ante las caídas en su recaudación, han buscado cerrar brechas para que tributen los proveedores de telecomunicaciones e incluso las aplicaciones.

Con el tamaño de nuestra carga tributaria sobre los servicios de telecomunicaciones sería un desastre esa equiparación en términos tributarios. Pero es importante que esa diferenciación, guardada en las respectivas características, sea vista como parte integrante de la misma industria que, en conjunto, son responsables del avance tecnológico y la innovación.

Joao Rezende es maestro en Economía por la PUC-SP. Fue presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y presidió la Sercomtel de Telecomunicaciones. Autor de los Libros "Reforma y política tributaria" y Economía real".

ANÁLISIS

Beneficios e inversión de la reforma fiscal de Trump: compromisos, promesas y cautelas

Ante la reforma fiscal de Donald Trump algunas empresas tecnológicas ya se pronunciaron, pero la mayoría ha guardado silencio. En este análisis se muestran los posibles beneficios, las consecuencias que puede acarrear y las cautelan que han mostrado algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo.

Efrén Páez

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Donald Trump logró su propia reforma fiscal, con la promesa de ayudar a las clases más bajas de Estados Unidos, pero con relevantes beneficios fiscales para los grandes corporativos, con lo que se espera una liberación de importantes flujos de efectivo que permitan la reactivación de la economía estadounidense.

La visión republicana, actualmente en poder del gobierno de Estados Unidos, se basa en una ideología económica liberal, convencida de que el “gobierno es el problema” -como lo afirmara durante su presidencia Ronald Reagan- y que la mayor eficiencia económica se logrará a partir de la reducida intervención del Estado en el rendimiento del mercado.

Aún es muy pronto para conocer con certeza los resultados de las acciones del gobierno de Trump. Aunque en teoría la baja de impuestos debería permitir el incremento de la inversión y el consumo al dejar un mayor flujo de efectivo en manos del sector privado, lo cierto es que la práctica de la llamada “Reaganomics” no dio los resultados esperados e, incluso, fue contraria a los objetivos pronosticados.

Sin embargo, al corto plazo ya ha causado las primeras declaraciones y acciones por parte de los corporativos estadounidenses. Hasta ahora todas las grandes empresas de telecomunicaciones y tecnológicas han mostrado su (inusual) respaldo al gobierno al afirmar que la nueva reforma fiscal les permitirá la repatriación de su efectivo desde cajas extranjeras, incrementar la inversión y hasta la repartición de bonos a inversionistas y empleados.

AT&T

AT&T, el mayor operador de telecomunicaciones de Estados Unidos por ingresos, celebró la decisión tomada por el Congreso y el presidente Trump para recortar la tasa impositiva. Dijo que 200 mil empleados obtendrían un bono especial de mil dólares, además de que incrementaría en mil millones de dólares la inversión en capital durante 2018. AT&T estima que por cada mil millones de dólares invertidos en el sector de telecomunicaciones, son creados 7 mil nuevos empleos.

Las promesas de la compañía de telecomunicaciones podrían verse aún algo tímidas y de poco alcance. Aunque la repartición de un bono son buenas noticias para sus empleados, este tipo de acciones tienen un efecto más limitado hacia el corto plazo, sin el efecto multiplicador de una inversión de capital.

Por otro lado, este anuncio se vio opacado por la noticia de que un sindicato de trabajadores demandó a AT&T por “despidos masivos”, mientras subcontrata puestos de trabajo.

Hay que señalar, además, que un esfuerzo de mil millones de dólares más en inversión no es una cifra que indique un mayor esfuerzo de la compañía, tanto como una recuperación de la inversión. De acuerdo con los reportes financieros de AT&T, en 2015 su gasto de capital fue por 20 mil 15 millones de dólares, para subir 11.9 por ciento en 2016 hasta 22 mil 408 millones de dólares cuando se llevó a cabo la licitación por incentivos de la banda de 600 MHz; después de lo cual bajó nuevamente en 2017 a 21.5 mil millones.

Comcast

Comcast también se unió a la celebración con un bono similar por mil dólares para sus 100 mil empleados para las fiestas decembrinas. Asimismo, indicó que “gastaría más de 50 mil millones de dólares durante los próximos cinco años en infraestructura para mejorar radicalmente y extender nuestra planta y capacidad de banda ancha, y nuestra oferta de televisión, películas y parques temáticos”, según señaló en un comunicado después de la aprobación de la nueva ley fiscal.

Aunque la compañía afirmó que con esta nueva inversión “esperaría añadir miles de nuevos empleos directos e indirectos”, se dio a conocer a principios de 2018 que Comcast habría despedido cerca de 500 empleados del área de ventas, con 405 más de sus instalaciones en Atlanta. Comcast atribuye lo anterior a la constante reorganización de personal.

En sus resultados del cuarto trimestre de 2017, Comcast reportó 12.7 mil millones de dólares en beneficios atribuidos a la nueva ley, principalmente debido a una reducción de pasivos por impuestos diferidos netos.

Durante los últimos cinco años, Comcast ha invertido un total de 41 mil 200 millones de dólares, incluidas sus divisiones de cable y contenido, por lo que la promesa hecha a partir de la reforma fiscal representa efectivamente un avance significativo.

La compañía se estaría centrando en el lanzamiento de una oferta convergente con servicios móviles, además de la actualización de su red de cable para ofrecer servicios gigabit. A principios de 2017, la compañía anunció una alianza con Charter para cooperar en el lanzamiento de sus respectivos servicios móviles con base en la red de Verizon.

Apple

Apple, la compañía con la mayor valoración en la historia moderna, siempre ha resistido los cuestionamientos por parte del gobierno y analistas sobre la decisión de mantener la mayor parte de su manufactura fuera de Estados Unidos, así como de guardar grandes cantidades de dinero en filiales extranjeras.

Tanto Steve Jobs, fundador de Apple, como Tim Cook, actual presidente y CEO de la compañía, habían sostenido que mantener la manufactura de sus dispositivos fuera del país obedecía más a razones técnicas y de disponibilidad de recursos humanos.

Ahora, después de la aprobación de la reforma fiscal, Apple también prometió una inversión a cinco años por 350 mil millones de dólares, lo que incluye 20 mil nuevos empleos a través de la apertura de un nuevo campus que será anunciado más tarde. En 2018 iniciará la inversión de 55 mil millones de dólares.

En un comunicado, Apple reveló que el campus será establecido en una nueva ciudad y utilizado en una primera etapa para apoyo técnico para clientes. Detalla que más de 10 mil millones de dólares de la inversión serán destinados a abrir nuevos centros de datos en Estados Unidos.

Adicionalmente, la compañía también adelantó que pagaría alrededor de 38 mil millones de dólares en impuestos por repatriación de efectivo. Se estima que Apple tiene 256 mil millones de dólares en reservas de efectivo alrededor del mundo, aunque aún no se sabe cuánto de ese monto planea repatriar.

Apple también planea expandir el fondo de fabricación avanzada que comenzó la primavera pasada, de mil millones a 5 mil millones de dólares, con el propósito de apoyar la innovación en la manufactura estadounidense y ayudar a otros a establecer una presencia en el país. El fondo ya funciona en proyectos de Kentucky y Texas rural.

Verizon

El otro gigante de las telecomunicaciones en Estados Unidos, Verizon, reportó noticias mixtas pese a las dos buenas noticias para sus operaciones recibidas a finales del 2017: la derogación de las reglas de 2015 sobre neutralidad de la red y el nuevo paquete fiscal con un mayor recorte de la tasa impositiva.

Verizon indica en su reporte que registrará un impacto positivo en su flujo de efectivo durante 2018 de aproximadamente entre 3.5 mil millones a 4 mil millones de dólares. Verizon prometió que los trabajadores “compartirán el éxito de la compañía” al recibir acciones valuadas por un total de 400 millones de dólares para 155 mil empleados.

Sin embargo, Verizon fue algo menos entusiasta que Apple o AT&T. La compañía dejó en claro que los ahorros en impuestos “se usarán principalmente para fortalecer el balance de Verizon”.

El director de tecnología de Verizon, Hans Vestberg, explicó ante inversionistas que la menor tasa impositiva no resultará en un aumento de Capex, ya que la compañía preferiría ser consistente año tras año en la cantidad de dinero que aporta para mejorar la cobertura de redes fijas e inalámbricas.

“Probablemente no se desea tener grandes picos en la asignación de capital porque, al final, genera ineficiencias. Queremos ser coherentes”, dijo Vestberg. “Desde el punto de vista de la ejecución, se desea ser constante”.

En ese sentido, la compañía planea mantener su inversión en infraestructura en el rango de 17 mil millones a 17.8 mil millones de dólares, incluido el nuevo estándar 5G, sin ir demasiado lejos de lo reportado en 2017 por 17.2 mil millones.

Cisco

Cisco es otra de las compañías con una de las mayores cajas de efectivo en el extranjero. Hasta el momento, Chuck Robbins, CEO de Cisco, se ha limitado a celebrar la aprobación de la reforma fiscal, sin ofrecer mayores detalles sobre los potenciales usos del dinero disponible.

Cisco tiene una de las mayores acumulaciones de efectivo en el extranjero. De los 70.5 mil millones en efectivo y valores negociables de Cisco, alrededor de 67.5 mil millones, o 95.8 por ciento, se mantiene en el extranjero, según datos compilados por Bloomberg.

En una entrevista con CNBC, Robbins habló en términos generales de los beneficios que podría obtener Cisco al repatriar el dinero. “Queremos tener acceso a ese dinero en efectivo y nos daría la capacidad de hacer muchas cosas diferentes desde una perspectiva de inversión de capital”, indicó en entrevista. Y agregó: “vemos mayor M&A, vemos inversión en innovación y centros de innovación, vemos la capacidad de hacer dividendos y recompras también. Así que apalancamos el dinero en efectivo a través de todos los aspectos de nuestra estrategia de capital”.

Al igual que Cisco, Microsoft tampoco ha respondido directamente a los beneficios esperados de la nueva reforma fiscal, a la vez que también mantiene una de las mayores reservas de efectivo fuera de Estados Unidos. De acuerdo con información de Bloomberg, la compañía posee cerca de 132.1 mil millones de dólares en el extranjero, 95.4 por ciento de todas su reserva de efectivo.

Otros

Otros gigantes de Internet no se han pronunciado respecto de los beneficios obtenidos por la reforma fiscal. Un análisis de la firma financiera Cowen estima que Google se ahorrará cerca de 2.28 mil millones de dólares, Facebook 1.56 mil millones y Amazon 723 millones de dólares.

Aunque la mayoría de las empresas tecnológicas han evitado dar una respuesta directa al efecto que tendrá el recorte de impuestos en sus balances, se espera una liberación de importantes montos de efectivo, ya sea de sus operaciones nacionales o la repatriación de beneficios de filiales extranjeras.

Riesgos:

Más fusiones y adquisiciones

Bonos para accionistas

Pago de deudas

Impuestos por repatriación

El razonamiento detrás de la reforma fiscal es precisamente provocar la liberación de efectivo y permitir que los agentes privados utilicen estos recursos de la manera más eficiente. En la ley no se puede obligar a las empresas a destinar un monto predeterminado a la inversión, por lo que aún se corre el riesgo de que este nuevo flujo de efectivo se utilice únicamente para la repartición de bonos y dividendos o el pago de deudas. Si bien, aún representan decisiones positivas para las empresas y sus empleados, no tienen el mismo efecto multiplicador que las inversiones en capital.

Esta liberación de efectivo, en conjunto con una regulación más laxa desde la autoridad antimonopolio, podría traer consigo una nueva ronda de compras y consolidaciones entre grandes corporaciones. La última experiencia en Estados Unidos al respecto sucedió durante el periodo de Reagan, cuando se estima que de 1981 a 1988 se realizaron 22 mil 810 compras con un valor total de 1.1 billones de dólares, siendo la más notable y polémica la compra de RJR Nabisco por parte de Kohlberg Kravis Roberts por más de 24.5 mil millones de dólares en 1988.

En el sector tecnológico, las fusiones y adquisiciones se han utilizado cada vez más como una herramienta que permite el acceso a tecnología naciente, talento humano o acceso a nuevos mercados. Anterior a la reforma fiscal se había registrado una constante actividad de compras y adquisiciones, desde las múltiples compras de startups por parte de Cisco, hasta grandes acuerdos como Dell-EMC.

Según una encuesta de Deloitte entre múltiples industrias en Estados Unidos, alrededor de 68 por ciento de ejecutivos en corporaciones estadounidenses y 76 por ciento de los líderes en firmas de capital privado dicen que el flujo de operaciones aumentará en los próximos 12 meses. Además, la mayoría de los encuestados cree que el tamaño de los acuerdos aumentará (63%) o se mantendrá igual (34%), en comparación con los acuerdos negociados en 2017.

Oportunidades:

Repatriación de efectivo

Inversión en capital

Generación de empleos

Equilibrio de la balanza comercial

El mismo estudio señala que la adquisición de activos tecnológicos ahora ocupa el primer lugar como un incentivo estratégico de acuerdos de fusiones y adquisiciones. El 20 por ciento cita la adquisición de activos tecnológicos como la razón principal detrás de los acuerdos, un aumento de 6 por ciento respecto a la primavera de 2016.

La expansión de las bases de clientes en los mercados existentes y el aumento de las ofertas de productos o la diversificación de servicios se encuentran entre los dos siguientes incentivos estratégicos.

Atracción de capital

Más allá de simplemente incentivar las inversiones de capital al interior de Estados Unidos, Trump espera que con estos beneficios fiscales las compañías estadounidenses con presencia internacional puedan repatriar sus preciados fondos desde cajas extranjeras, no sólo para la creación de infraestructura y empleos, sino incluso para ayudar a equilibrar su balanza comercial.

Aunque se espera que en el corto plazo no existan impactos visibles en la economía mexicana, las nuevas condiciones en Estados Unidos cambian el panorama para la economía y las empresas. No se juega únicamente la competitividad del país para la atracción de nuevas inversiones en infraestructura, sino la capacidad de las propias empresas para competir e integrarse al mercado estadounidense, especialmente frente a la posibilidad de creación de nuevos gigantes corporativos.

Como se dijo anteriormente, una nueva ronda de fusiones y adquisiciones podría llevar a la creación de nuevos corporativos con grandes capacidades financieras y tecnológicas, que fortalezcan su presencia más allá de su mercado local, como es el caso de AT&T si efectivamente logra sumar a sus activos a Time Warner o, incluso,Netflix adquiriendo otras empresas por su propiedad intelectual en contenido.

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ANÁLISIS

La licitación de la banda 2.5 GHz, el costo de capital y la Red Compartida

Ramiro Tovar

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¡Al fin se licita!, después de una tortuosa y larga historia de las frecuencias de la banda de 2.5 GHz, la cual se prolongó desde finales del sexenio pasado hasta la fecha. Fue en 2012 cuando el conflicto entre las entidades reguladoras de aquel entonces (Cofetel y SCT), por un lado, y MVS, el entonces tenedor de tales frecuencias, se mantuvo pero sin explotar dicha banda, hasta que se concretó su rescate por parte del Estado. Después de una larga pausa, posteriormente ocurrió la transferencia de las frecuencias que conservó MVS a Telcel en la transacción más importante en el mercado secundario de espectro para usos de mercado hasta la fecha, con lo cual se dio inicio al tan rezagado uso de tan relevante porción de espectro.

La más reciente subasta de frecuencias para telecomunicaciones se llevó a cabo entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 con la licitación de hasta 80 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 1710-178O MHz/2110-2180 MHz (Banda AWS), en la cual obtuvieron asignaciones de bloques los concesionarios AT&T y Telcel.

En aquel tiempo, las condiciones macroeconómicas y financieras no eran las mejores pero, sin duda, las actuales representan un mayor reto que las de finales de 2015 y principios de 2016.

La asignación por medio de licitación es un mecanismo eficiente porque las mayores ofertas o posturas representan a aquellos concesionarios que darán el uso más eficiente a la explotación de tales frecuencias en el mercado.

Las condiciones macroeconómicas y financieras no eran las mejores pero las actuales representan un mayor reto que las de finales de 2015 y principios de 2016

Para ello, cada concesionario hará su postura en función del valor presente neto que le aportará el proyecto de adquirir tales frecuencias a su actual desempeño competitivo en el mercado.

Costo de capital y tasas de interés

Un factor crucial en las estimaciones de valor presente neto es el costo de capital y las obligaciones de cobertura que ahora se exigirán al licitar la banda de 2.5 GHz, lo cual tiene su efecto en el componente de los beneficios netos esperados en tales estimaciones.

El costo de capital es el parámetro que señala el rendimiento a ser superado por los ingresos netos esperados del proyecto de incorporar, en este caso, bloques de espectro en la banda de 2.5 GHz para cada concesionario que participe en la licitación.

El costo de capital de cada concesionario depende del promedio ponderado del costo de oportunidad del capital propio y del costo, en el margen, de la deuda en que ha incurrido o podría incurrir para financiar dicho proyecto. La evolución de las tasas de interés nacionales y de referencia internacionales en los mercados de fondos prestables es crucial para determinar el costo de capital.

De principios de 2016 a la fecha la tasa de interés de referencia del Banco de México ha aumentado de 3.25 a 7.50 por ciento. La tasa de referencia de los fondos de la FED en Estados Unidos subió de 0.38 a 1.41 por ciento, ambas tasas con expectativa de incrementos en 2018.

No sólo eso, también la curva de rendimiento de los bonos, tanto de México como de Estados Unidos, ha aumentado en todos sus plazo como consecuencia de los incrementos en las tasas. Lo anterior significa que el costo de oportunidad del capital para financiar las posturas en la licitación de la banda de 2.5 GHz se ha incrementado sustancialmente respecto de las condiciones que imperaban en la licitación para telecomunicaciones inmediata anterior.

A lo anterior se agregan los cambios en el régimen impositivo corporativo en Estados Unidos, que hace más atractivo invertir en activos fijos en aquel país que en México, dada la diferencia actual de tasa. Se redujo la tasa corporativa del ISR federal de 35 a 21 por ciento y ahora existe la deducción inmediata de inversiones excepto en inmuebles. La deducción inmediata de las inversiones tiene un impacto significativo en la tasa efectiva de imposición para los activos beneficiados: reduce la tasa marginal a 0 por ciento. En general, todos los proyectos de inversión con una misma rentabilidad antes del ISR serán más atractivos para los inversores si se realizan en Estados Unidos que en México.

A partir de sus informes financieros recientes, AT&T (como un todo) tiene un costo promedio de su capital de 5.5 por ciento real en tanto que América Móvil tendría un costo de capital real de 7.9 por ciento. La diferencia en los costos de capital es un factor que puede ser compensado con mayores ingresos netos, de tal manera que el valor presente neto de América Móvil le permita ofrecer posturas competitivas respecto de las que pudiera presentar AT&T, en caso de que las circunstancias le permitan participar, dado que hay topes en la acumulación de espectro. Telcel está cerca de los límites establecidos en las bases de la litación de referencia. En la fase I hay un límite de 194.46 MHz y en la fase II de 209.42 MHz; las actuales tenencias de espectro de AT&T y Telcel son de 121.82 MHz y 177.92 MHz, respectivamente.

Red Compartida

Sin embargo, es motivo de preocupación (respecto de las condiciones atípicas en el costo de capital que tiene el concesionario de la banda de 700 MHz) que no enfrente restricción de participar en la licitación de referencia, a pesar de sus obligaciones de ser el responsable de los objetivos del proyecto de la Red Compartida. En cambio, tiene incentivos al obtener términos de ventaja en las bases de licitación por una condición de “nuevo competidor”, que no lo es dado que tiene un mandato específico y limitado a servicios mayoristas.

La aportación del Estado en forma de dotación de capital en especie que hizo al proyecto, al no licitar la banda de 700 MHz y las condiciones de financiamiento que tuvo el consorcio ganador para operar el proyecto de la Red Compartida, hacen pensar que no existe paridad competitiva de Altán respecto de los demás concesionarios, dado que su costo de capital puede estar sustancialmente apalancado por la participación estatal en el proyecto y las condiciones de financiamiento obtenidas, en las que forman parte instituciones de banca de desarrollo que ofrecen condiciones preferenciales de financiamiento.

¿Cuál será el costo de capital propio (equity) que Altán se imputará cuando la parte sustantiva de su capital fue una aportación del Estado?

Es necesario recordar que la asignación de los 90 MHz en la banda de 700 MHz a la Red Compartida (Altán) se realizó por virtud de un precepto de ley y no por un mecanismo de mercado. Típicamente, sólo un mecanismo de mercado puede asignar un recurso escaso al uso de mayor beneficio neto social. En tal principio se basa el mecanismo de “precio” en una economía de mercado y, por ello, existen licitaciones o subastas para que se asignen los recursos al destino y/o al agente económico que revele el que pueda obtener el mayor beneficio social, incluido el privado, posible por medio de la oferta económica que ofrezca.

Sin duda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá estar arrepentida de haber incurrido en un sacrificio fiscal de tal magnitud al no licitar dicha banda y, en cambio, aportarla como capital al concesionario Altán.

Caben las preguntas, en caso de que Altán decida participar en la licitación de referencia:

  1. ¿Cuál será el costo de capital propio (equity) que Altán se imputará cuando la parte sustantiva de su capital fue una aportación del Estado? Evidentemente, el capital que el consorcio ha aportado no puede considerarse como el único capital existente.
  2. ¿Cuál es el costo de la deuda que se imputará Altán cuando estime su costo de capital, al tener como fuentes de financiamiento a instituciones de la banca de desarrollo? En el capital participan International Finance Corporation (IFC), organismo del Banco Mundial orientado al desarrollo del sector privado, con una participación de 3.34 por ciento, y el Fondo China México (CMF), que es un fondo de capital privado fijo creado para respaldar las reformas estructurales en México a través de capital de riesgo. IFC Asset Management Company LLC (AMC), perteneciente a IFC, administra el CMF, por lo que cuenta con una participación de 23.36 por ciento, haciendo un total de 26.7 por ciento, es decir, más de un cuarto del capital del consorcio que opera el proyecto y que no ha valuado como capital su dotación de espectro que realizó el Estado.

Una eventual participación de Altán en la licitación de la banda de 2.5 GHz distraería recursos de su mandato principal en la operación, con éxito, de la Red Compartida. Pero la mayor preocupación en la licitación es la distorsión que en las condiciones de competencia tendría su participación, dado lo sui generis del costo de capital que se imputaría. Implícitamente, significaría que presente posturas apalancadas fuera de las condiciones del resto de los concesionarios que participen.

No hay que negarlo, hay que reconocerlo: Altán tiene participación del Estado en su capital y, como tal, debe estar sujeto a limitantes y condiciones ad hoc a su eventual participación en licitaciones o de competencia en el mercado de telecomunicaciones en el sector mayorista, al que actualmente está circunscrito.

El proyecto de la Red Compartida tiene un componente que lo hace sujeto a potenciales subvenciones y garantías por parte del Estado mediante acciones regulatorias, dado que a la fecha es el único instrumento para el objetivo de cobertura universal de banda ancha y, por lo tanto, presenta una situación de “too important to fail”, al menos durante lo que resta de la presente administración. Al tiempo.

No hay que negarlo, hay que reconocerlo: Altán tiene participación del Estado en su capital

Una restricción presupuestal flexible y un menor nivel de riesgo, dada la importancia relativa al ser un proyecto gubernamental con aportación del Estado, tiene como consecuencia que necesariamente su costo de capital sea significativamente inferior al que tendrían el resto de los concesionarios cuyo fondeo se da en condiciones de mercado y que tienen como costo de oportunidad de su capital incluso la inversión que a lo largo del tiempo han realizado en su tenencia de espectro.

Recordemos que la Red Compartida tiene inversiones dirigidas por mandato y no por la disponibilidad de capital y el retorno de cada inversión en el mercado. En consecuencia, habría que sujetar a Altán a que se abstenga de participar o estar sujeto a condiciones particulares sobre su eventual participación en la licitación IFT-7.

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ANÁLISIS

La propia imagen: Colombia digital

Jorge Fernando Negrete P.

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Si un país ha buscado su propia imagen en la política pública digital es Colombia. Lo hizo cuando diseñó el mítico Plan Vive Digital y sus revisiones posteriores. Lo hizo cuando preparó acciones precisas de regulación en telecomunicaciones y cuando propuso los primeros programas de política pública TIC especializados como “En TIC confío” o “Mipyme-Digital”, entre otros, ampliamente reproducidos en América Latina.

Recientemente, el Ministerio TIC y la CRC han encaminado su trabajo en forjar una visión robusta sobre la institucionalidad del sector. La CRC presentó una notable agenda de trabajo que incluye la simplificación del marco regulatorio de la CRC, la divulgación del Régimen de Protección de Usuarios, la creación del centro de análisis del comportamiento de los usuarios de telecomunicaciones, la revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, la identificación de las tendencias regulatorias para la economía digital, el análisis de los aspectos regulatorios asociados a la neutralidad de la red y la identificación de los retos para la definición de mercados en la economía digital, entre otros.

Por su parte, el Ministerio TIC presentó al Congreso el Proyecto de Ley para crear un organismo regulador convergente. El resultado inmediato fue la presentación de la “Hoja de Ruta Regulatoria para el desarrollo de la Economía Digital en Colombia”. También presentó los Centros de Transformación Digital presentes en nueve departamentos, y que serán el vehículo para que las Mipyme se integren a los beneficios de la nueva economía digital a través de la transformación progresiva de sus negocios.

El Ministerio y la CRC afirman, sin titubeos, “que estas acciones convierten a Colombia en pionera de América Latina en la materia”. No tengo duda de estas afirmaciones. Estas acciones confirman una persistente e inquebrantable voluntad para hacer de Colombia una sociedad digital; sin embargo, aquí es donde debemos hacer una reflexión.

¿Política pública y regulación son lo mismo? No. ¿Existen resultados coherentes entre una y otra si la regulación y la política pública caminan en sentidos opuestos? No. ¿Se puede transformar una sociedad sin marcos jurídicos que ofrezcan certeza a las inversiones que soportan la política pública? Sí, pero los resultados serán innecesariamente lentos y confusos, pérdida de tiempo e inversiones.

Me explico. Por un lado, Colombia es creativo en el diseño de política pública en diversas áreas, educativa, gobierno abierto, protección de datos, economía digital, puntos WiFi, etcétera; por el otro, no ha podido recuperar el rumbo de las inversiones del sector, ni mejorar la cobertura y la calidad de la infraestructura.

Los dos últimos años la inversión viene cayendo de forma preocupante. La resolución arbitral que obsequió la razón al Estado colombiano en materia de reversión de activos, caso único y el más costoso por regulación anacrónica en América Latina, secuestró la inversión del sector entre dos y tres años. Los recursos pagados por Movistar y Claro no llegaron a los ciudadanos, ni al sector TIC.

A lo anterior hay que agregar que Colombia es uno de los mercados con más distorsiones en la competencia del sector telecom de América Latina. Existe un sistema de empresas públicas que compite directa o de forma asociada con las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales cuentan con economías de escala, diversifican sus ingresos para evitar riesgos y compiten con bajos gastos y practicas competitivas de clase mundial. Las empresas públicas carecen de todo ello, agregando un factor político a cada decisión de empresa.

La competencia es injusta para las empresas públicas, para sus trabajadores y los ciudadanos que pagan esa operación, ya que a cada movimiento de competencia deben esperar una lenta respuesta de inversión, corporativa, financiera y sin escala global. Esa competencia es asimétrica por naturaleza. Compiten empresas eficientes con ineficientes, distorsionando los modelos de análisis regulatorio. Si a un sistema en competencia distorsionado se le aplica una regulación basada en un hipotético modelo en competencia eficiente, se obtiene una falsa regulación que vuelve aún más grave el problema. La distorsión se vuelve sistémica y epidémica.

La solución debe ser estructural y programática, comienza con la recomendación de la OCDE hace 3 años cuando solicitaba el abandono del modelo público y sus asociaciones con empresas privadas.

La vehemencia de un serio y articulado discurso en política pública necesita una visión regulatoria que vuelva transparente la realidad del sistema de competencia telecom. El tejido de decisiones se vuelve una serpiente de dos cabezas donde las decisiones comienzan en una y otra área.

¿Desincorporar? ¿Vender participaciones? ¿Mantener las asociaciones pero asumir el costo para el país y las empresas? ¿Regular en un sistema distorsionado, subsidiando al mercado y manteniendo la ineficiencia? La robusta agenda de política pública y economía digital que busca una Colombia digital, necesita redes convergentes, de alta tecnología que soporte el tráfico de datos, pero sobre todo, que le obsequie tranquilidad y certeza a los servidores públicos, las empresas y certeza de beneficios reales a los usuarios.

Si continuamos así, el universo de economía digital y de nuevos servicios imaginados por los diseñadores de la política pública se cumplirá en condiciones de marginalidad, malas redes, excusas privadas y decepción colectiva.

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