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Andalucía y Galicia, las comunidades más beneficiadas por la expansión de la fibra ultrarrápida

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l Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su convocatoria de 2017, permitirá dotar de cobertura de banda ancha ultrarrápida (+100 Mbps) a más de 1,15 millones de viviendas y locales empresariales de 2.347 entidades singulares de población, un despliegue que beneficiará a más de dos millones de habitantes.

En concreto, el Ministerio aprobó en 2017 138 proyectos, que recibirán una ayuda total de 104,94 millones de euros y generarán una inversión inducida de 169,48 millones en las 17 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta.

De las dos modalidades en las que se conceden las ayudas, que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 25 han correspondido a la modalidad de subvención y 80 a la de anticipo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La inversión en Andalucía supera los 20 millones de euros, mientras que en Asturias, donde la tecnología ya está desarrollada, apenas llega a 550.000 euros

Por comunidades autónomas, la que más ayuda ha recibido en 2017 ha sido Andalucía con 20,36 millones de euros, seguida de Galicia (15,22 millones de euros), Comunidad Valenciana (13,86 millones de euros), Castilla y León (11,52 millones de euros) y Castilla-La Mancha (10,56 millones de euros).

Por el contrario, las que menos han sido Ceuta, con 26.043 euros y Asturias, con 549.662, comunidad en la que el despliegue llevado a cabo por el operador local Telecable está bastante desarrollado y prácticamente solo quedan poblaciones dispersas por conectar. En el caso de Melilla no se ha otorgado ninguna ayuda, ya que toda la población de la ciudad autónoma tiene acceso a redes de banca ancha de nueva generación.

Por número de proyectos, Andalucía es también en la que más se han aprobado (18), seguida de Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña (15 en cada una) y Castilla-La Mancha. Por localidades, el PEBA de 2017 llevará banda ancha de nueva generación a 508 entidades singulares de población de Andalucía, 465 de Galicia, 293 de Comunidad Valenciana, 285 de Cataluña y 150 de Canarias.

Por otro lado, en 2017 se han elevado con respecto a la convocatoria de 2016 los límites máximos de intensidad de ayuda respecto a la inversión, debido al mayor déficit comercial de los despliegues en zonas donde las inversiones en redes NGA están más alejadas de la rentabilidad. Estos límites varían desde el 40% registrado en Baleares, hasta el 80% en Asturias, Extremadura, Murcia y Ceuta.

Fuentes del Ministerio explican que la intensidad de la ayuda no es la misma en todas las comunidades porque el programa pretende ser “lo más eficiente y cauteloso posible” para colocar todos los fondos sin “sobrefinanciar” un proyecto, ya que si un operador puede hacer un despliegue con una ayuda del 40% no tiene sentido darle más. Con los años, la intensidad ha ido aumentado, ya que la rentabilidad de los proyectos es más baja.

482 millones de inversión total

Desde 2013, primer año en el que se convocaron esta ayudas, se está facilitando o en proceso de facilitar el acceso a servicios con velocidades de 100 Mbit/s o superiores a casi 3,59 millones de viviendas y locales empresariales en 4.064 entidades singulares de población.

Los 380 proyectos aprobados suponen una inversión movilizada de 482,42 millones de euros y una ayuda de 216,08 millones de euros. La población que reside en las áreas de los despliegues que se beneficiarán del acceso a servicios de banda ancha ultrarrápida a estas velocidades supera los 6,27 millones de habitantes.

El año 2017 ha sido con diferencia en el que más ayudas se han concedido en el marco del PEBA, ya que en 2013 se repartieron 10,18 millones de euros; en 2014, 7,76 millones de euros; en 2015, 54,77 millones de euros, y en 2016, 38,43 millones.

También es en el que más proyectos se han aprobado, en el que se han conectado más localidades y en el que más inversión total se ha movilizado. En cambio, la convocatoria de 2015 superó a la de 2017 en cuando a viviendas y locales conectados (1,29 millones frente a 1,15 millones) y habitantes beneficiados (2,26 millones frente 2,02 millones).

El pasado viernes tras el último consejo de ministros del año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que en 2018 el Ejecutivo dará un “impulso definitivo” a este programa con el objetivo de “acelerar el despliegue de fibra óptica en todo el territorio”.

Por comunidades, la que más ayudas han recibido en estos cinco años en el marco del PEBA han sido Andalucía (54,72 millones de euros), Cataluña (27,83 millones de euros), Comunidad Valenciana (24,35 millones de euros) y Galicia (22,07 millones de euros). En cuanto a habitantes beneficiados destacan también Andalucía (1,45 millones), Cataluña (1,05 millones) y Comunidad Valenciana (801.000).

 

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AMÉRICA LATINA

Presidente Costa Rica firma ley para bloquear señal de celulares en cárceles

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El País.cr

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó hoy una ley que permitirá bloquear la señal de telefonía celular en los centros penitenciarios y así evitar extorsiones, estafas y otros actos criminales realizados por privados de libertad.

“Mucho del crimen se planifica o se ejecuta vía teléfono celular desde organizaciones en las cárceles, por eso este bloqueo es tan importante (…) llevaremos a la práctica esta herramienta para proteger así de mejor manera a los costarricenses”, afirmó en conferencia de prensa Alvarado.

La ley permite un cambio al artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de bloquear la señal, que para las autoridades es un avance en materia de seguridad al combatir de manera efectiva las estafas que se cometen desde centros penitenciarios.

Datos del Organismo de Investigación Judicial indican que entre el 2014 y el 2016 se presentaron desde las cárceles 613 delitos de timo y 354 de estafa.

Mientras que la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar estos aparatos electrónicos. En el 2015 decomisaron un total de 3.268 celulares, mientras que en el 2017 fueron 3.589 aparatos.

“Este mensaje es el que queremos transmitir a todos los costarricenses: la seguridad ciudadana es una prioridad en esta administración y sé que lo es para los diputados, como lo es para el país. Vivimos un momento complejo en materia de seguridad”, destacó Alvarado.

Los operadores de telecomunicaciones tendrán, a partir de hoy, nueve meses para adaptar y aplicar soluciones tecnológicas para impedir la prestación de servicios inalámbricos al interior de los centros penitenciarios.

También firmaron la ley, la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y el ministro de  Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar.

Esta ley, aprobada por el Congreso en julio pasado, ha recibido críticas de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) que considera muy difícil bloquear la señal sin afectar a las comunidades cercanas a las prisiones.

Según los datos más recientes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, al cierre de 2017 Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, para un hacinamiento del 30 %.

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AMÉRICA LATINA

Costa Rica da pasos esperanzadores en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento

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La Revista.Cr

La aplicación EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la gestión de citas en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), ya es utilizada por 901 centros, mientras que 140 aún no la utilizan; un dato que evidencia un avance del país en la ruta hacia la “Sociedad de la información y el conocimiento”.

Sin embargo, pese al esfuerzo para la fabricación de infraestructura construida –que ha supuesto 600 kilómetros de fibra óptica– para conectar a los Ebais de todo el país, apenas un 7,7% de los asegurados usan la aplicación.

Lo anterior es parte de los resultados del último Informe Prosic-UCR 2018, el cual fue presentado el pasado 17 de mayo revelando logros y retos de Costa Rica en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). Adicionalmente, el tono esperanzador del informe del 2018 incluye al III Plan de Acción de Gobierno Abierto, que fue cocreado en un proceso que involucró a la ciudadanía organizada, a las instituciones y otros sectores interesados.

También reconoce que el Poder Legislativo se encuentra en un proceso de creación de una política institucional de “parlamento abierto” que mejorará la gestión de cara a la ciudadanía interesada en el acceso a la información y transparencia, y que el Poder Judicial se ha comprometido con impulsar las políticas y proyectos que fomenten la transparencia institucional en todos los niveles.

Se trata de avances que, según la directora del Prosic-UCR, Andrea Salas Matamoros, nos permiten soñar en seguir ejemplos como el de Estonia, que se ha calificado como uno de los primeros países digitales del mundo.

Listado de éxitos en varios campos

Este nuevo informe, además, confirma una reducción de la brecha de acceso a Internet en el 2017 por nivel educativo, la cual bajó un 25% respecto a la del 2010; seguida por el efecto ingreso en telefonía móvil, que también se redujo en un 30%.

Además, las empresas con conexión de entre 10 y 50 Mbps pasaron de ser el 41% a representar el 56% del total entre el 2016 y el 2018. También aumento la velocidad de sus conexiones, pasando de 6% a 11% las que disfrutan de más de 100 Mbps.

Y aunque, según dato del Consejo Nacional de Rectores (Conare), se señala que cada año apenas un 8% de los nuevos profesionales son del sector TIC, sí se evidencia que el 57% de ese total son graduados de universidades públicas, lo que refleja una tarea que está siendo cumplida por la educación superior estatal del país.

Otro gran éxito es la penetración de la telefonía móvil celular según el Índice de Desarrollo TIC 2017, donde se evidencia que el país tiene 164,5 suscripciones a telefonía móvil por cada 100.000 habitantes, 16,8 de telefonía fija, 103,6 a banda ancha móvil y 12,6 a banda ancha fija.

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AMÉRICA LATINA

Sundde abre proceso sancionatorio contra seis cableras

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Últimas Noticias

Luego de las múltiples denuncias recibidas a través de la línea telefónica 0800 Lo Justo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), notificó y abrió un procedimiento sancionatorio administrativo a las empresas de televisión por cable Net Uno, Movistar, Directv, Inter, Cable Hogar y Súper Cable.

Los usuarios denunciaron aumentos excesivos en los planes sin previa autorización, fallas en el servicio, falta de controles y decodificadores, además de la mala atención hacia los clientes, entre otras especificaciones, por lo que la Sundde ordenó a las cableras especificar en sus contratos los servicios que cobran, donde deben aclarar los términos de los mismos y prestar más atención a los reclamos de los usuarios, reseñó  AVN.

El ente regulador de precios citó nuevamente a las empresas para que comparezcan y suministren los documentos de comprobación y ciertos requerimientos acerca de las quejas antes señaladas.

Subrayó la Sundde que estas acciones se vienen realizando a las distintas empresas dedicadas a las distintas ramas del comercios en protección de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano.

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