COMUNIDAD MEDIATELECOM

Regulación

Licitaciones áridas

Dinorah Navarro

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El espacio áereo forma parte del territorio nacional. En materia de telecomunicaciones, este bien público sirve para transmitir señales de todo tipo, como son voz, datos y video, a través de la propagación de ondas electromagnéticas. Se le denomina, para efectos legales, como “espectro radioeléctrico”.

En la evolución de las telecomunicaciones a nivel mundial, y México no es la excepción, el espectro radioeléctrico se ha significado como un bien fundamental. Lo fue, desde los albores del siglo XX, con el logro del despliegue del primer sistema de radiocomunicación trasatlántica, atribuido al ingeniero Guillermo Marconi (y a la tecnología de Nikola Tesla). Posteriormente, además de la radiocomunicación, la capacidad inalámbrica de transmisión de señales a distancia dio origen a los medios masivos de comunicación existentes hasta nuestra época, señaladamente la radio y la televisión radiodifundidas.

A finales del siglo pasado, con la invención de la telefonía celular, la importancia del espectro se multiplicó. Este servicio, que hoy consiste en una verdadera plataforma multimedia, se ha convertido en la principal alternativa de comunicación en todo el orbe. En el caso de países como el nuestro, en donde las redes alámbricas no alcanzaron a penetrar en todos los segmentos de la población, las tecnologías inalámbricas son clave para el logro de los objetivos de conectividad universal.

El espectro radioeléctrico es un bien finito y escaso. Por ello su aprovechamiento debe hacerse maximizando su valor social. Desde 1995, con la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Estado determinó que la forma de asignar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro para fines comerciales, a efecto de hacerlo con transparencia y eficiencia, debe ser a través de procesos de licitación pública.

La fórmula no ha cambiado. La reforma constitucional de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, derivada de ésta, establecen a la licitación como el proceso idóneo para continuar ofertando el uso concesionado (altamente regulado) de este bien de la nación, a efecto de prestar servicios a la población en condiciones de competencia efectiva. No obstante, en los últimos años se ha podido advertir un común denominador en los procesos de licitación llevados a cabo por distintos órganos del Estado: las licitaciones han sido menos transparentes y, sobre todo, se han definido en un ambiente de ausencia de pluralidad de postores.

Tratando de ser objetivos, la predeterminación de algunos de estos procesos, notablemente la licitación de “dos cadenas nacionales” de televisión digital terrestre y de 90 MHz de la denominada Banda de 700, para la creación de una red compartida de servicios móviles, ambas decretadas por el Constituyente Permanente en las disposiciones transitorias de la reforma aludida, no ayudó, por su dificultad inherente, a lograr la participación de un cúmulo suficiente de interesados. Sin embargo, lejos de facilitar dichos procesos en el ámbito de su competencia, las autoridades involucradas los complicaron innecesariamente.

Procesos subsecuentes, como la primera licitación en materia de radiodifusión sonora y el remanente de las frecuencias de televisión digital terrestre (no asignadas en el primer proceso), han adolecido de fallas de diseño notables. Estos errores han generado que buena parte de las frecuencias licitadas quede desierta, con lo cual el país y su población pierde un costo de oportunidad fundamental en la consecución de los objetivos de política pública establecidos en la legislación aplicable.

Negar estos errores y calificar todo lo que sucede como un éxito, no abona en nada a lo que, como país, queremos lograr en esta materia. Esperemos que esta actitud complaciente sea superada para poder así aprender de las experiencias y, con objetividad y responsabilidad, estar en aptitud de vencer esta perniciosa inhercia.

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Regulación

Empieza a regir decreto que regula a Uber

Itzel Carreño

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Los conductores que no tengan la licencia tipo E1 no podrán conducir y prestar el servicio por medio de la plataforma Uber.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, firmado en octubre de 2017, por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, los conductores de las plataformas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y contar con licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las licencias Tipo E1 están reservadas para panameños y quien sea chófer de este sistema de deberá presentar récord policivo.

El director de la Autoridad y Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, explicó que el Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E1 lograr obtenerla.

De acuerdo con el director de la ATTT en el país hay más de 157 mil panameños con el tipo de licencia E1. El cobro efectivo, según establece el Decreto puede ser hasta seis meses después de publicado el Decreto, por lo que se estima que los usuarios podrán pagar el servicio de Uber en efectivo hasta finales de abril.

La plataforma Uber mostró su descontento y en noviembre del año pasado hizo una prueba y más del 92% de los conductores fueron desconectados por no cumplir con el tipo de licencia y el 60% de los viajes no se podrán realizar porque no se acepta el pago ene efectivo.

La aplicación Uber está en Panamá desde hace tres años y los conductores de taxi protestaron y cerraron las calles para rechazar la plataforma que en Panamá cuenta con más de 25 mil usuarios y más de 8 mil conductores.

Los vehículos que presten el servicio deben estar en buenas condiciones, contar con características de comodidad, estar registrado en la lista de vehículos de la plataforma tecnológica, contra con un máximo de 7 años de antigüedad.

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Regulación

Governo garante que não acabará com neutralidade de rede no Brasil

Itzel Carreño

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Após o governo Trump acabar com a neutralidade de rede nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 2017, especulações de que outros Países, incluindo o Brasil, pudessem fazer o mesmo dominaram a pauta internacional.

No entanto, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) garante que não fará o mesmo. É o que reafirmou, em entrevista coletiva em Goiânia na última semana, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP).

Leer más: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-garante-que-nao-acabara-com-neutralidade-de-rede-no-brasil-113925/

 

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Regulación

Extienden el plazo para reorganizar con una ley la convergencia de medios

Liliana Juárez

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La presentación de un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes fue prorrogado por 180 días más, según una resolución del Ministerio de Modernización publicada ayer en en el Boletín Oficial. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parcialmente vetada por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su mandato), y y la unificaría con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

 

 

A pesar de haber recibido ya dos prórrogas anteriormente (la última venció en noviembre), no pudo ser tratada en el Congreso debido a que la comisión abocada al tema dentro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no presentó ningún proyecto. El Cronista intentó comunicarse con Silvana Giudici, a cargo de la mencionada comisión, pero paradójicamente, la funcionaria no atendió la comunicación.

 

 

Mientras tanto, el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión, que dará lugar a la mayor empresa del sector en la Argentina, aprobado por el Enacom el pasado 21 de diciembre, avanza hacia la etapa de revisión por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque en la práctica, la nueva empresa fusionada comenzará el 1´ de enero a brindar servicios “convergentes” de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por cable).

 

 

En la resolución publicada ayer, que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se dispone una nueva prórroga para “la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, conocidas como Ley de Medios y Argentina Digital”.

 

 

 

Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, y mientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.

 

 

En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo.

 

 

Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló.

 

 

“El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones advirtió Rodríguez Villafañe, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.

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