COMUNIDAD MEDIATELECOM

Regulación

Comunitarias, ¿discriminación constitucional?

Dinorah Navarro

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Hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratará un asunto cuyos orígenes están en el eterno argumento de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión sobre la “competencia desleal” que el Congreso de la Unión ha asumido como verdadero y lo plasmó en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). La supuesta “competencia desleal” confunde la obtención de ingresos con el lucro, e incide negativamente en la libertad de expresión y la pluralidad de voces necesaria (y casi ausente) en la República Mexicana. No puedo compartir el proyecto del amparo en revisión 1308/2015 a discutirse en la Corte por lo siguiente.

Estándar de revisión. El proyecto dice que las radios comunitarias e indígenas son diferentes a las comerciales, por lo que al tener diferente situación jurídica la LFTR puede dar trato desigual. ¿Son diferentes las radios comunitarias de las comerciales? No, salvo por las prohibiciones que se perpetuaron en la LFTR. Si la SCJN ha señalado que cuando la libertad de expresión está involucrada el escrutinio debe ser riguroso, entonces debe analizar si el que unas sean sin fines de lucro (comunitarias e indígenas) y otras no (comerciales), es o no una discriminación justificada para privar a las primeras de diversas fuentes de ingresos.

Otras diferencias. Asumamos que comerciales y comunitarias deben tratarse diferentes. En la LFTR para obtener: (1) concesión única para prestar servicios se da el mismo trato; (2) concesión para usar frecuencias de telecomunicaciones, se les reduce el plazo máximo de 20 años de las comerciales a 15 años para comunitarias, pero no se les prohíbe, ni se les limitan las fuentes de ingresos a éstas; y (3) concesión para radio o TV, se imponen una serie de límites a las comunitarias pero además se les restringen las fuentes de ingresos.

¿Por qué esa diferencia entre radiodifusión y el resto de las concesiones? El cabildeo de la CIRT es la respuesta, y fue efectivo para que -contrario a derechos humanos- a las comunitarias se les prohibiera recibir diversos ingresos. Si fuere legítimo el que son “competencia desleal”, ¿por qué la LFTR jamás limitó a los concesionarios de telecomunicaciones comunitarios e indígenas de las fuentes de ingresos y a las que prestan radiodifusión sí?

Patrocinio. El proyecto refiere que aunque la LFTR no permite expresamente que las comunitarias reciban patrocinios, unos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sí lo permiten para acreditar la capacidad para obtener una concesión única. Primero: es muy distinto acreditar capacidad con patrocinios que autorizarles recibir patrocinios para su operación, de la misma manera que es diferente demostrar solvencia financiera para construir una red que percibirá ingresos una vez que opere; los lineamientos no pueden ir sobre la ley (CC 117/2014); los lineamientos para la concesión única sólo admiten patrocinios vinculados a usos y costumbres indígenas, dejando fuera a radios comunitarias. Segundo: la concesión única es para prestar servicios, mas no implica el uso de frecuencias. Tercero: el amparo es sobre una concesión de radiodifusión en la que expresamente la LFTR limita cuáles pueden ser sus fuentes de ingresos, y no sobre concesión única.

Donataria autorizada. La LFTR exige que la radio comunitaria o indígena sea donataria autorizada por el Servicio de Administración Tributaria. El proyecto dice que este tema no es de la LFTR sino de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual es erróneo. Cualquier persona puede recibir donativos, esté o no autorizada por el SAT. La diferencia es en el tratamiento fiscal que se dará a esos donativos, porque quien dona no los podrá deducir y se reportarán ingresos de quien los reciba. Si la radio comunitaria por no ser donataria autorizada tiene que tributar en el régimen general de personas morales, que lo haga; pero que no se les condicione la posibilidad de recibir donativos a un formalismo que implica un trámite largo y complejo ante el SAT y que además a ningún otro concesionario de telecom, ni de radiodifusión se les impone.

 

 

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Regulación

Empieza a regir decreto que regula a Uber

Itzel Carreño

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Los conductores que no tengan la licencia tipo E1 no podrán conducir y prestar el servicio por medio de la plataforma Uber.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, firmado en octubre de 2017, por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, los conductores de las plataformas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y contar con licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las licencias Tipo E1 están reservadas para panameños y quien sea chófer de este sistema de deberá presentar récord policivo.

El director de la Autoridad y Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, explicó que el Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E1 lograr obtenerla.

De acuerdo con el director de la ATTT en el país hay más de 157 mil panameños con el tipo de licencia E1. El cobro efectivo, según establece el Decreto puede ser hasta seis meses después de publicado el Decreto, por lo que se estima que los usuarios podrán pagar el servicio de Uber en efectivo hasta finales de abril.

La plataforma Uber mostró su descontento y en noviembre del año pasado hizo una prueba y más del 92% de los conductores fueron desconectados por no cumplir con el tipo de licencia y el 60% de los viajes no se podrán realizar porque no se acepta el pago ene efectivo.

La aplicación Uber está en Panamá desde hace tres años y los conductores de taxi protestaron y cerraron las calles para rechazar la plataforma que en Panamá cuenta con más de 25 mil usuarios y más de 8 mil conductores.

Los vehículos que presten el servicio deben estar en buenas condiciones, contar con características de comodidad, estar registrado en la lista de vehículos de la plataforma tecnológica, contra con un máximo de 7 años de antigüedad.

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Regulación

Governo garante que não acabará com neutralidade de rede no Brasil

Itzel Carreño

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Após o governo Trump acabar com a neutralidade de rede nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 2017, especulações de que outros Países, incluindo o Brasil, pudessem fazer o mesmo dominaram a pauta internacional.

No entanto, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) garante que não fará o mesmo. É o que reafirmou, em entrevista coletiva em Goiânia na última semana, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP).

Leer más: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-garante-que-nao-acabara-com-neutralidade-de-rede-no-brasil-113925/

 

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Regulación

Extienden el plazo para reorganizar con una ley la convergencia de medios

Liliana Juárez

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La presentación de un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes fue prorrogado por 180 días más, según una resolución del Ministerio de Modernización publicada ayer en en el Boletín Oficial. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parcialmente vetada por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su mandato), y y la unificaría con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

 

 

A pesar de haber recibido ya dos prórrogas anteriormente (la última venció en noviembre), no pudo ser tratada en el Congreso debido a que la comisión abocada al tema dentro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no presentó ningún proyecto. El Cronista intentó comunicarse con Silvana Giudici, a cargo de la mencionada comisión, pero paradójicamente, la funcionaria no atendió la comunicación.

 

 

Mientras tanto, el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión, que dará lugar a la mayor empresa del sector en la Argentina, aprobado por el Enacom el pasado 21 de diciembre, avanza hacia la etapa de revisión por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque en la práctica, la nueva empresa fusionada comenzará el 1´ de enero a brindar servicios “convergentes” de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por cable).

 

 

En la resolución publicada ayer, que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se dispone una nueva prórroga para “la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, conocidas como Ley de Medios y Argentina Digital”.

 

 

 

Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, y mientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.

 

 

En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo.

 

 

Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló.

 

 

“El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones advirtió Rodríguez Villafañe, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.

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