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El mercado mexicano de telecomunicaciones a dos años de la reforma constitucional

Servando Vargas

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La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en junio de 2013 estableció un nuevo escenario para todos los actores de la industria. Han pasado dos años desde entonces y los efectos de esta reforma aún no se han reflejado de manera contundente en el desarrollo del sector. Las inversiones en materia de telecomunicaciones cayeron 27.4 por ciento en 2013 y hasta el momento no existen datos oficiales del comportamiento de estas inversiones en 2014. Sin embargo, la demora en la aprobación de la ley secundaria así como el nuevo entorno derivado de ésta hace pensar que difícilmente estas inversiones hayan regresado a los niveles de 2012.

El rezago en materia de penetración móvil, en el cual México se encuentra abismalmente por debajo del promedio de América Latina (85.4% vs. 112.3%), así como también una baja penetración de banda ancha fija y móvil, sugieren que existe gran demanda por atender y, al mismo tiempo, fuertes inversiones por realizar para cubrir el mercado no atendido, más aún cuando las soluciones en materia de telecomunicaciones son utilizadas cada vez más en nuestras vidas diarias.

De acuerdo al ICT Development Index (Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TICs), en 2013 México ocupó la posición 20 en el continente americano, por debajo de países como Uruguay, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Esta posición es desalentadora si se considera que las únicas economías desarrolladas en el continente son Estados Unidos y Canadá.

El índice anterior, desarrollado en 2008 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), toma en cuenta, entre otros factores, el nivel de infraestructura y acceso a las TICs, el nivel de utilización de las mismas por parte de la sociedad, así como su uso eficiente y efectivo. Para tal efecto utiliza 11 diferentes indicadores, entre los más importantes se pueden destacar los siguientes: suscriptores de telefonía fija, suscriptores de telefonía móvil, casas con computadora e Internet, usuarios de Internet, así como suscriptores de banda ancha fija y móvil.

Esta posición de México en el ICT Development Index confirma el grado de rezago del sector y, al mismo tiempo, corrobora el largo camino por recorrer para alcanzar niveles de penetración en materia de telecomunicaciones acordes a la posición económica que ocupa México en América Latina.

Los planes de inversión tendientes a avanzar en el sector de las telecomunicaciones por parte del gobierno federal se ven reflejados en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, (PNI). En este programa se reconoce el rezago en materia de inversión tanto pública como privada, una baja penetración fija y móvil, alta participación de operadores de telecomunicaciones en los mercados más rentables, así como baja calidad de servicios, cobertura y altos costos. El presupuesto asignado para llevar a buen término el PNI es de 166 mil 567 millones de pesos (12,812 millones de dólares a 13 pesos por dólar) y contempla inversión tanto pública como privada. El PNI consta de cuatro grandes proyectos:

  • Ampliación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El proyecto forma parte de la reforma constitucional de 2013 que obliga a la CFE a transferir la concesión de red de telecomunicaciones obtenida en 2006 a Telecomunicaciones de México, a efecto de que explote comercialmente la red de fibra óptica de la CFE, permitiendo el libre acceso a otros operadores de telecomunicaciones. La inversión contemplada para este proyecto es de 750 millones de dólares.

 

  • Instalación de la red compartida de servicios móviles. El proyecto contempla la utilización de la banda de frecuencia de 700 MHz, así como los recursos de la red troncal de la CFE, para ofrecer cobertura y acceso inalámbrico a toda la población en la banda de 700 MHz. La red compartida requería inicialmente una inversión de 10 mil millones de dólares en un periodo de 10 años; sin embargo, la SCT ha anunciado una reducción de 30 por ciento de la inversión inicialmente planeada para establecer la nueva cifra en 7 mil millones de dólares. Cabe señalar que el proyecto ha sufrido un importante retraso. La SCT debió lanzar las bases de la licitación desde noviembre de 2014 para arrancar el proyecto en diciembre del mismo año.

 

  • Proyecto México Conectado. Esta iniciativa tiene el propósito de llevar banda ancha a escuelas, hospitales, sitios públicos, bibliotecas, plazas, etcétera. Para lograr el objetivo se estiman inversiones del orden de mil 430 millones de dólares. Este proyecto ya está en curso y fue galardonado por la ITU en mayo de 2015 como una iniciativa para abatir la brecha digital.

 

  • Sistema Satelital Mexsat.
    El proyecto consiste en el despliegue de tres satélites de vanguardia tecnológica y de alta capacidad. Para tal efecto se estiman inversiones de 636 millones de dólares entre 2013 y 2018.

El premio otorgado al proyecto México Conectado por parte de la ITU da señales positivas al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y al avance del sector; sin embargo, la fallida puesta en órbita del satélite Centenario, así como la anunciada reducción de 30 por ciento de las inversiones al proyecto de la red compartida y el retraso del mismo, alejan al PNI de sus objetivos iniciales. El fracaso de la puesta en órbita resultará en un rezago de años en materia satelital, mientras que la disminución de inversión para el proyecto de red compartida podría reducir la cobertura y la calidad del servicio inalámbrico en función del decremento anunciado de radio bases de 20 mil a 12 mil.

Paralelamente al escenario anterior, lo ingresos de los operadores de telecomunicaciones observan una contracción derivada de la eliminación de la larga distancia nacional y, al mismo tiempo, de un menor uso de servicios de voz que no han sido compensados por un mayor uso de servicio de datos.

En la parte fija (voz y datos), América Móvil (Telmex) ha visto una contracción de sus ingresos de -4.6 por ciento en el primer cuarto de 2015 vs. el mismo periodo de 2014, mientras que el resto de los operadores fijos han tenido crecimientos importantes, principalmente en la banda ancha fija, pero insuficientes para mantener los niveles de ingresos del sector en el mercado fijo.

Un escenario muy parecido ocurre en la parte móvil, donde América Móvil (Telcel) ha visto una contracción de sus ingresos de -1.9 por ciento en el primer cuarto de 2015 comparado con el mismo periodo de 2014. Esta contracción se deriva, entre otros factores, de la eliminación del roaming nacional, así como de las tarifas de interconexión. Aunado a lo anterior, la débil posición de Nextel recién adquirida por AT&T, así como menores ingresos de la voz móvil y un menor crecimiento de los ingresos por servicios de datos, dan como resultado un estancamiento de los ingresos de servicios móviles.

Sin lugar a dudas, el escenario anterior se deriva de las medidas regulatorias establecidas en la legislación secundaria, en donde el principal generador de ingresos del sector ha sido seriamente afectado. En este sentido, la designación de América Móvil como preponderante ha abierto un espacio para que sus competidores se reagrupen, fortalezcan y establezcan una guerra de precios en el mercado mexicano de telecomunicaciones.

Evidentemente, América Móvil agotará todas las posibilidades para dejar su condición de preponderante; sin embargo, este cambio no se ve de manera inmediata. Mientras tanto, AT&T, Telefónica y Televisa continuarán explotando la designación de América Móvil como preponderante.

Es claro que esta situación generará un entorno mucho más competitivo. Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran una ligera mejoría en el Índice de Herfindahl (IHH) del sector, el cual todavía es muy elevado. Este indicador es una medida empleada en economía y manifiesta la concentración económica de un mercado. Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

Sin lugar a dudas, el índice mostrará todavía cambios importantes en función del reacomodo del sector. La reforma de telecomunicaciones ha producido un nuevo entorno en donde es de esperarse todavía una mayor consolidación. En materia de adquisiciones AT&T, Telefónica o Televisa podrían comprar Axtel. Esto le posibilitaría a AT&T entrar al segmento fijo en donde no ha establecido una estrategia definida para el mercado mexicano, mientras que a Telefónica le permitiría fortalecer su presencia que ya tiene en el segmento fijo vía “fixed wireless”. Para Televisa, representaría mayor cobertura y al mismo tiempo robustecer su presencia en el segmento fijo. En materia de alianzas, Telefónica y Televisa podrían establecer un acuerdo para competir frente a América Móvil y AT&T. Otro escenario alternativo sería alguna alianza de Megacable, no descartando la posibilidad de ser adquirido o adquirir a algún otro jugador.

En resumen, podemos decir que ha habido avances en el sector tales como la eliminación del cobro de la larga distancia nacional, que significa un ahorro muy importante para el consumidor, así como una reducción de precios de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con datos del INEGI y publicados por el IFT.

Sin embargo la industria requiere que se definan temas pendientes en el sector para que los diferentes actores puedan establecer con mayor precisión sus planes de negocio, alianzas y adquisiciones e incluso entrada al mercado. Entre estos temas se encuentran la licitación y el modelo de negocios de la red compartida, así como la asignación del espectro radioeléctrico. La reconfiguración del sector abre las puertas para un escenario más competitivo y, sin duda, un avance sustancial con más y mejores ofertas para el consumidor y mayores inversiones. Sin embargo, es importante que se tengan definidos los temas de la red compartida y la asignación de espectro a la brevedad.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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Fusión Telecom-Cablevisión: acomodando las fichas

Enrique Carrier

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En una medida que por anticipada no sorprendió a nadie, esta semana el Enacom (ente regulador de las comunicaciones) aprobó, por unanimidad, la operación de fusión entre Telecom Argentina y Cablevisión.

 

 

Esta fusión implica la combinación de dos pesos pesados en los distintos negocios en los que participan. Telecom Argentina es el segundo operador de telefonía fija con 39 por ciento de las líneas, el tercer operador de telefonía móvil con 31 por ciento de las líneas y el tercer proveedor de accesos a Internet de banda ancha, con 24 por ciento de los suscriptores.

 

Por su parte, Cablevisión es el líder en TV de paga, con 39 por ciento de los clientes y también lo es en accesos a Internet de banda ancha, con 31 por ciento. También es operador de telefonía móvil luego de la reciente adquisición de Nextel, aunque con un escaso 2 por ciento de participación en líneas. De esta forma, la nueva Telecom-Cablevisión será un formidable competidor en el mercado convergente de cuádruple play, muy sólido en cada uno de sus cuatro negocios: número uno en banda ancha, número uno en TV de paga, número dos en telefonía fija y número tres (pero muy cerca del número) en telefonía móvil. Una posición envidiable.

 

 

A pesar de esto, al ser mayormente negocios complementarios, la fusión en sí no se presentaba conflictiva a no ser por dos elementos: la acumulación de espectro para servicios móviles de ambas compañías (Personal-Telecom y Nextel-Cablevisión) por encima del límite establecido y la concentración en banda ancha en algunas zonas geográficas del país donde no quedaría compitiendo una red alternativa.

 

 

En materia de espectro, se optó por la devolución del excedente por encima de los 140 MHz, límite o cap establecido por la regulación. Este requisito es el mismo que tuvo en su momento Telefónica luego de la fusión de Unifón con Movicom (aunque en aquel entonces, el cap era más bajo). Dentro del cálculo se deja fuera del cap al espectro utilizado por el servicio de trunking de Nextel. O sea que solamente se contabilizará el espectro para servicios celulares. En este aspecto, es lógico esperar que la devolución tenga lugar en un tiempo menor al de aquel caso, ya que mucho de este excedente no está en uso por haber sido recientemente asignado. O sea, no hay mucho refarming que hacer.

 

 

De todos modos, a pesar de la devolución de espectro, la nueva empresa se verá beneficiada con el aporte de unos mil 400 sitios para antenas con que Nextel cuenta actualmente. Un activo muy valioso no sólo en términos monetarios sino también en los tiempos que exigiría montar esos sitios desde cero teniendo en cuenta la resistencia de la población y de los municipios a la instalación de nuevas antenas. Una infraestructura de antenas que no sólo le permitirá reforzar la cobertura en las áreas donde Personal ya ofrece servicio con infraestructura propia sino también mejorarla en las zonas donde no cuenta con ésta, en el sur del país.

 

 

Más complejo se presentaba el tema de la concentración en banda ancha. Si bien existían alternativas técnicas, eran poco atractivas desde el punto de vista real. La opción de la desinversión (vender una de las redes allí donde hubiera superposición) no era interesante. La red de Telecom, de cobre en la última milla, es técnicamente inferior y necesita una actualización a fibra óptica, por lo que no habría interesados en quedarse con una red obsoleta tecnológicamente. Exigir la desagregación de la red de cable es algo también técnicamente posible, pero de difícil implementación (por las diferencias entre una red de cable y una de telefonía) y administración.

 

 

Así, se optó por combinar dos medidas. Una es permitir el uso de la infraestructura pasiva de las redes (no la electrónica, pero sí toda la ingeniería civil de las mismas, como postes, ductos, terrazas, energía, autorizaciones, etcétera) para facilitar el despliegue de redes de competidores. Esta condición estaría vigente por dos años y sería renovable en la medida en que la empresa fusionada tenga una participación de mercado superior a 80 por ciento. La otra es que se le exige a la fusionada tener en esas zonas los mismos precios que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluidas promociones y descuentos. El objetivo es asegurar que el servicio cueste lo mismo que en las zonas donde tiene posición dominante que en donde tiene mayor competencia.

 

 

Más allá de esto, la fusión generaba una incógnita. Ya se había establecido que la convergencia arrancaría el 1° de enero de 2018, pero sólo en los centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En otras palabras, que las telcos podrían dar servicios de TV sólo en estas zonas. Con la fusión, que quedará bajo el paraguas de Telecom, se creaba una zona de conflicto, ya que Cablevisión sí da servicios de TV fuera de estas plazas. Por tal motivo, se decidió que la empresa fusionada no esté habilitada para paquetizar productos (ejemplo: vender TV de Cablevisión con celulares de Personal) sino hasta 2019, cuando la convergencia llegaría a toda localidad de más de 80 mil habitantes.

 

 

De todos modos, los reacomodamientos no terminan aquí, ya que inmediatamente comenzaron a surgir otras medidas (resoluciones, decretos) que buscan equilibrar la cancha ahora que se formó un nuevo y poderoso jugador en el mercado convergente.

 

 

El mismo día de la aprobación de la fusión, se publicó el Decreto 1060/2017. El mismo, entre otras cosas, determina que la administración nacional (incluyendo la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social) así como todas aquellas empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias, garantizarán a los operadores de telecomunicaciones el acceso múltiple o compartido a las infraestructuras pasivas aptas para el despliegue de redes. Una forma de facilitar el despliegue y sortear algunas limitaciones regulatorias a nivel local.

 

 

Por otra parte, al día siguiente del anuncio de la fusión se publicó la Resolución 5641-E/2017 que aborda un tema que generaba inquietudes. Debido a que se había establecido el inicio de la convergencia el 1 de enero de 2018, sólo tendría lugar inicialmente en tres centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba y Rosario), surgía el conflicto con las localidades fuera de estas tres donde Cablevisión (ahora Telecom) ofrece servicios de TV. Esto en principio no hubiera sido posible. Por lo tanto, se resolvió que en las mismas puedan ingresar otras empresas de telecomunicaciones a ofrecer servicios de TV de paga. Al mismo tiempo, en estas localidades, la fusionada Telecom-Cablevisión no podrá realizar oferta paquetizada de servicios hasta el 1 de enero de 2019.

 

 

Los rumores de los últimos tiempos indican que habría más novedades en carpeta, como el levantamiento de la restricción a que empresas de telecomunicaciones puedan ofrecer servicios de televisión satelital. La idea sería la de permitirles ofrecer ofertas paquetizadas (de servicios vía redes fijas, móviles y satelitales), mientras despliegan redes de fibra óptica aptas para dar telefonía, Internet y TV simultáneamente. Los próximos días seguramente traerán noticias al respecto.

 

 

Con esta decisión del Enacom se cierra la segunda etapa de aprobaciones de la fusión que comenzó con la Comisión Nacional de Valores (CNV). Resta ahora ver qué decide la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Muchos estiman que será sólo un trámite, pero está el antecedente de Prisma, empresa que es propiedad de Visa y de 14 bancos importantes de Argentina, a quienes se les exigió desinvertir por tener posición dominante. La aprobación por parte del Enacom fue un paso muy importante, pero todavía queda el último.

 

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Fusión Cablevisión-Telecom: nuevas reglas para la convergencia en Argentina

Martin Becerra

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A través de dos resoluciones en las que aprueba la mayor concentración de la historia de las comunicaciones argentinas (fusión Cablevisión-Telecom) y establece el perímetro de la convergencia, así como los permisos y restricciones para la oferta de servicios de los principales conglomerados, el gobierno de Mauricio Macri modificó las reglas de juego y la correlación de fuerzas en las telecomunicaciones de la Argentina a partir de 2018.

 

El resultado de la fusión entre Cablevisión y Telecom es un “poder significativo de mercado”, según reconoce el gobierno argentino que sujeta su aprobación al cumplimiento de condiciones. Algunas de éstas fueron ya anunciadas, mientras que otras se añadirán en los próximos 45 días, cuando complete su intervención la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio. Esta concentración concibe el mayor grupo infocomunicacional de la Argentina, que tendrá posición dominante en todos los segmentos donde actúa y, en varios de ellos, en numerosas localidades, será monopólico, como por ejemplo en banda ancha fija en Rosario, Córdoba y todo el corredor norte del Gran Buenos Aires.

 

En los hechos, Telecom Argentina absorbió a Cablevisión y, por acuerdo de sus socios, el Grupo Clarín (en rigor, Cablevisión Holding cuyo 60% del capital es de los accionistas del Grupo Clarín y el restante 40% de Fintech, de David Martínez) y Fintech el control societario lo ejerce Cablevisión, que además tiene la dirección y gestión operativa. Antes de la fusión, Telecom Argentina estaba valuada en 5 mil millones de dólares y Cablevisión en 6 mil 111.11 millones de dólares.

 

Cablevisión-Telecom concentrará a nivel nacional 42 por ciento de la telefonía fija; 34 por ciento de la telefonía móvil; 56 por ciento de las conexiones a Internet de banda ancha fija; 35 por ciento de conectividad móvil, y 40 por ciento de TV de paga. Los recursos que dominará exceden lo permitido por ley en el caso de espectro radioeléctrico para telefonía móvil y son facilidades esenciales por tratarse de redes troncales, sobre todo en las zonas centro y norte del país, donde Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía tras la privatización de Entel en 1990. El poder de la fusionada es más elevado en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica. En al menos 130 localidades donde había dos compañías para competir en la oferta de prestaciones del cuádruple play, ahora habrá una. La fusión producirá una reducción de la competencia como efecto del movimiento concentrador del mercado.

 

Frente a esta situación, las condiciones dispuestas por el gobierno a la fusión son la devolución de espectro en el plazo de dos años, dado que entre Telecom y Cablevisión superan el límite de 140 MHz vigente para operadores móviles; la regulación del precio minorista del servicio de banda ancha fija en localidades donde la fusionada superará 80 por ciento de los abonos (en estos casos el precio no podrá superar el menor valor que la empresa comercializa en la Ciudad de Buenos Aires); y la compartición de infraestructura soporte y los precios regulados para banda ancha fija en esas ciudades, en condiciones no discriminatorias a otros prestadores. Según la Resolución 5644/17 del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), estas condiciones tendrán dos años de duración y podrían renovarse a discreción del regulador.

 

A diferencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones mexicano, el Enacom argentino es un órgano gubernamental creado por decreto en el que el presidente Macri puede remover “sin expresión de causa” a todos sus directores (la mayoría absoluta de los cuales, además, designó el primer mandatario al comenzar su gestión).

 

Por otro lado, mediante la Resolución 5641/17 del Enacom, el gobierno adelantó el plazo en el que permite la prestación del servicio de TV por cable por parte de las compañías telefónicas en casi todo el territorio y no sólo en las tres principales ciudades del país – Buenos Aires, Córdoba y Rosario-, como lo había establecido hace un año mediante el Decreto 1340/16. La excepción la constituyen las localidades con menos de 80 mil habitantes y las de más de 80 mil habitantes con servicios únicamente operados por cooperativas o Pymes. Hasta el 1 de enero de 2019 las telefónicas (incluida Telecom) no podrán operar TV por cable en localidades donde el servicio sea prestado exclusivamente por actores que no superan 10 por ciento de la cuota de suscriptores a nivel nacional. La TV por cable tiene en la Argentina una penetración superior al 50 por ciento de los hogares (lo que sumado a la DTH satelital alcanza 75%) y es un vector clave para la convergencia.

 

Es decir, que la letra chica de la convergencia decretada por Macri delimita su validez a partir del próximo 1º de enero. A este condicionamiento regulatorio, se le suma otro de orden fáctico, ya que los mercados convergentes están protagonizados por actores muy desiguales en escala, acceso a recursos como el espectro y desarrollo de infraestructuras, lo que les impide a muchos de ellos aprovechar la potencialidad tecnológica de la convergencia de redes.

 

En este escenario, la presión de Telefónica está dirigida a que se le permita desarrollar servicios de DTH, donde en Argentina hay un solo operador (DirecTV), dado que Telefónica ya cuenta con este servicio en países vecinos y carece de una red física robusta para competir con la fusionada Cablevisión-Telecom en TV de paga para organizar un paquete de cuádruple play. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que la autorización a Telefónica para comercializar TV satelital llegará en forma de decreto en los próximos días. El gobierno considera que de este modo compensaría parte de los beneficios con los que viene gratificando al Grupo Clarín.

 

En rigor, el anticipo de la fecha para que las telefónicas puedan comercializar TV por cable, que (fuera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario) estaba previsto para enero de 2019, se adecua a los tiempos de la megafusión entre Cablevisión y Telecom. Si no se hubiese alterado ahora el momento de largada para que las telefónicas brinden servicios de TV por cable, la fusionada hubiese tenido que restringir considerablemente las operaciones de Cablevisión. Con la Resolución 5641/17 el gobierno le permite al Grupo Clarín (la fusionada Telecom) tramitar la fusión sin exigencias de desinversión y manteniendo sus operaciones sin sobresaltos. Lo único que no podrá hacer, ni la fusionad
a Telecom ni sus eventuales competidoras como Telefónica o Claro (América Móvil), es integrar servicios en un mismo paquete fuera de los grandes centros urbanos hasta 2019.

 

La excesiva concentración del sector no sólo es cuestión de conectividad, como pretende el gobierno, sino que comprende toda la cadena productiva en comunicación, ya que el Grupo Clarín es el principal productor de información y entretenimientos masivos, pues es el mayor editor de diarios, posee radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y una de las cadenas de TV abierta más importantes (El Trece), además de ser accionista mayoritario en Papel Prensa y contar con varias señales de TV de paga y derechos de programación. A eso le suma ahora la concreción de dominio de las redes de transporte, distribución y comercialización al hogar de la información, las comunicaciones y los datos en todo el país.

 

La fusión sepulta varios ejes discursivos de la política oficial de comunicaciones que, desde diciembre de 2015, prometía inyectar nueva competencia, emparejar las reglas de la convergencia para que “todos pudieran hacer todo” y abrir la telefonía móvil a un cuarto operador. Lejos de eso, la fusión elimina un competidor en un sector estratégico que el propio gobierno admite en sus resoluciones que está muy concentrado, las reglas siguen premiando a unos y postergando a otros y, en varios eslabones de la economía de las comunicaciones, la promesa de nuevos competidores se ve obturada por una severa contracción del mercado.

 

 

 

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Histeria por la neutralidad de la red

Jorge Bravo

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La neutralidad de la red en Estados Unidos es un debate ideológico con ramificaciones económicas, políticas y tecnológicas. Ambos bandos buscan lo mismo –un Internet abierto y libre– pero por caminos distintos, típico de posturas polarizadas. Como todo tema politizado, existen los buenos y los malos. Los primeros son Obama, los demócratas, las empresas de Internet y los activistas que los respaldan. Esta postura podríamos denominarla progresista. Los antagonistas son Trump, los republicanos, los proveedores del servicio de banda ancha y los especialistas que los comprenden. Ellos conforman el grupo libertario.

 

En febrero de 2015, cuando se aprobaron las reglas de la neutralidad de la red con una Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) mayoritariamente demócrata presidida por Tom Wheeler, el comunicado oficial decía que la FCC buscaba “proteger y promover una Internet que fomenta la libertad de expresión, apoya la innovación y el comercio e incentiva la expansión y la inversión de los proveedores de banda ancha de EUA”.

 

33 meses después, el comunicado de una FCC de mayoría republicana presidida por Ajit Pai, señala que “la Comisión protegerá a los consumidores a un costo mucho menor para la inversión que las rígidas y amplias normas de servicios públicos anteriores. Restaura un clima favorable para la inversión en redes, clave para cerrar la brecha digital, estimulando la competencia y la innovación que beneficia a los consumidores”.

 

Son objetivos semejantes (libertad, innovación, inversión) pero visiones distintas para alcanzarlos. Para proteger el Internet abierto, Obama abogó por la regulación y la protección. Para restaurar la libertad en Internet, Trump prefiere desregulación, transparencia y fuerzas del mercado.

 

En 2015 la FCC redefinió el “servicio de acceso de banda ancha” como un “servicio de telecomunicaciones” y la “banda ancha móvil” como un “servicio móvil comercial”. Con ello, la autoridad estaba obligada a regular el acceso y el servicio. También prohibió bloquear contenidos, aplicaciones y servicios; no perjudicar ni degradar el tráfico y no priorizar o favorecer el tráfico y los servicios de los afiliados de los proveedores de Internet.

 

En diciembre de 2017 la FCC revierte lo avalado dos años atrás y restaura el acceso de banda ancha como un “servicio de información” y la banda ancha móvil un “servicio móvil privado”. La Comisión Federal de Comercio será la autoridad responsable de proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas de los operadores. Finalmente, requiere a los proveedores de banda ancha a divulgar sus acuerdos con otras empresas, incluidos los bloqueos, priorización pagada o afiliada de tráfico. La FCC republicana “encuentra que la transparencia, combinada con las fuerzas del mercado y las leyes antimonopolio y de protección al consumidor, logran beneficios comparables a las reglas de 2015 a un costo menor”.

 

El bando progresista, activista o millenial es ingenuo al defender el Internet abierto, como si las empresas de Internet no tuvieran intereses económicos con una red con las caracteristicas de 2015, simpatizando con marcas como Google, Netflix, Amazon, Facebook o Apple. Cuando se revisan los informes financieros y los modelos de negocios de estas y otras empresas de Internet se entiende por qué defienden un Internet abierto, pero han sabido colocarse del lado bueno, amable, de las libertades y los derechos. Cuando Google paga los estudios de organizaciones que defienden los derechos digitales y la neutralidad en la red todo es muy transparente.

 

El sector libertario, especializado o tradicional aboga por los intereses de los operadores de cable como Comcast y los inalámbricos Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint. Su negocio es el acceso y la conectividad y saben que no existe nada semejante a un “Internet gratuito”, por eso defienden administrar y cobrar por el tráfico de Internet.

 

El principal argumento de los proveedores de banda ancha es que ellos realizan las inversiones millonarias, despliegan las redes y soportan la carga regulatoria para proveer el acceso y el servicio. Las empresas de Internet y Over the top (OTT) contraargumentan que ellos desarrollan aplicaciones, plataformas, contenidos y servicios innovadores que los consumidores valoran por encima de los contratos, términos y condiciones de los operadores tradicionales.

 

Ambas posturas son válidas. Sin infraestructura no se recibirían servicios y aplicaciones sobre Internet, al mismo tiempo que estos contenidos y plataformas le añaden valor a las redes y la conectividad. Internet tiene valor gracias a que consumimos esos contenidos en la red, reconfigurándola con nuestros hábitos digitales; pero hicieron falta décadas de inversión, costosa instalación de infraestructura y pesada regulación para tener acceso a la conectividad y las tecnologías.

 

Por cierto, gracias a que la FCC no fue lo suficientemente visionaria ni prospectiva (lo mismo ocurrió en Europa y América Latina) no reguló de la misma manera que las redes fijas ni la telefonía móvil ni los datos, creyendo que no tendrían futuro. Recordemos la frase del fundador de Microsoft, Bill Gates, en 1993: “¿Internet? No estamos interesados en ello”.      

 

Ahora las tecnologías y la banda ancha móviles están marcando la tendencia en el consumo digital. Por eso el club libertario sostiene que la no regulación de Internet permitió su expansión, evolución e innovación hasta nuestros días, por lo que debe seguir igual. La historia de Internet le da la razón al argumento republicano y a la FCC que, en su momento, desatendió la telefonía móvil y la Internet. La regulación debe aplicarse para salvaguardar el interés público y los derechos fundamentales, de lo contrario sale sobrando.

 

El debate sobre la neutralidad de la red en EUA es maniqueo, está radicalizado y no ayuda a ponderar una postura equilibrada. Conviene mirar lo aprobado por el Parlamento Europeo en 2014. En el viejo continente las compañías que ofrecen acceso a Internet deberán tratar el tráfico de manera equitativa, no podrán bloquear o ralentizar deliberadamente la descarga o subida de contenidos, aplicaciones o servicios, excepto en caso de orden judicial. Lo más importante es que los proveedores podrán ofrecer condiciones especiales (calidad de Internet mejorada para algunos servicios) sólo bajo la condición de que no repercuta en la calidad general. Los proveedores de acceso a Internet no pueden gestionar el tráfico en sus redes para favorecer ciertos servicios, ni priorizar por una supuesta congestión en sus redes, ni ofrecer acceso privilegiado a los llamados “servicios especializados” (OTT). Administrar el tráfico para algu
nos, pero sin afectar la calidad y velocidad de los demás, es una postura intermedia.

 

Conviene recordar que desde América Latina hay un paso previo a la neutralidad de la red: cerrar la brecha digital y ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones. Sí queremos Internet abierto, libre y veloz, pero primero necesitamos infraestructura de banda ancha. El sector libertario defiende sus inversiones. El sector progresista sus derechos en la red. El sector excluido del acceso a las tecnologías, la conectividad y sus aplicaciones –que no es minoritario– no tiene nada que defender. La neutralidad de la red nos importa a los conectados. Sería exceso de neutralidad no preocuparnos por ellos y suponer que todo el mundo ya es digital y que convive por igual en la red.

 

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