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Existe la obligación de los integrantes de los tres Poderes de la Unión de servir a los mexicanos y no servirse de ellos. Esto es, todos los servidores públicos federales, estatales y municipales están para atender las necesidades de los usuarios de la administración pública. Así, los juzgadores, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros de la Corte están para procurar justicia y los diputados locales, federales y senadores de la República para crear y modificar leyes que propicien todo lo anterior.

Los senadores, cumpliendo con su obligación constitucional, por unanimidad votaron la ley secundaria de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, incorporando un catálogo de derechos de los usuarios de los servicios de telefonía y televisión de paga, para que no sean obligados a pagar tarifas excesivas o modificadas y exijan calidad en el servicio y se liberen de contratos que no les satisfagan. De esta manera no dejan al ciudadano en estado de indefensión frente a los grandes concesionarios de televisión y telefonía de paga, donde los usuarios somos realmente espectadores después de ser víctimas de abusos tarifarios. Por ello, reforzaron la prohibición a las compañías telefónicas de cobrar las consultas de saldo, también el cambio de proveedor de servicio con el mismo número de teléfono y no borrar el saldo que tenga el usuario, obligándoles a guardarlo durante un año.

También, a partir del 1 de enero de 2015, no cobrarán las llamadas de larga distancia ni el roaming, con esto, los usuarios tendrán un ahorro anual de 22 mil millones de pesos. Entre las adiciones a los derechos de los usuarios está el de la manifestación de las ideas, el acceso a la información y a buscar y recibir información e ideas en los términos de la Constitución y las leyes aplicables, esto es, ratificaron la prohibición a todo intento de censura, a el uso de internet y medios audiovisuales. Otra medida, no menos importante, es que los saldos no consumidos a la fecha de su expiración serán abonados en los recargas que se efectúen dentro del año siguiente.

En las condiciones contractuales de los usuarios se precisaron asuntos en los contratos de adhesión; de su conciliación sin penalización de parte del concesionario; de su anulación por modificar unilateralmente el contenido de los mismos o sustraerse de sus obligaciones; su recisión en los 70 días naturales siguientes y su prescripción en caso de obligar al usuario a renunciar a lo dispuesto en esta nueva ley o en la Ley Federal de Protección al Consumidor, o bien, en caso de controversia, lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros.

Acordaron fortalecer a el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como árbitro de la competencia en los sectores de radio, televisión, telefonía e internet, para generar confianza, seguridad y certidumbre en los usuarios del país. A los congresistas les faltó solicitar el fortalecimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), institución especializada, con la infraestructura y experiencia requeridas, para atender la gran multiplicidad de conflictos que habrán de surgir para los millones de usuarios en todo el país. Sólo así, con más empresas de telefonía y de televisión, existirá mayor competencia y mejores tarifas. ¿O no, estimado lector?

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Regulación

Empieza a regir decreto que regula a Uber

Itzel Carreño

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Los conductores que no tengan la licencia tipo E1 no podrán conducir y prestar el servicio por medio de la plataforma Uber.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, firmado en octubre de 2017, por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, los conductores de las plataformas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y contar con licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las licencias Tipo E1 están reservadas para panameños y quien sea chófer de este sistema de deberá presentar récord policivo.

El director de la Autoridad y Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, explicó que el Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E1 lograr obtenerla.

De acuerdo con el director de la ATTT en el país hay más de 157 mil panameños con el tipo de licencia E1. El cobro efectivo, según establece el Decreto puede ser hasta seis meses después de publicado el Decreto, por lo que se estima que los usuarios podrán pagar el servicio de Uber en efectivo hasta finales de abril.

La plataforma Uber mostró su descontento y en noviembre del año pasado hizo una prueba y más del 92% de los conductores fueron desconectados por no cumplir con el tipo de licencia y el 60% de los viajes no se podrán realizar porque no se acepta el pago ene efectivo.

La aplicación Uber está en Panamá desde hace tres años y los conductores de taxi protestaron y cerraron las calles para rechazar la plataforma que en Panamá cuenta con más de 25 mil usuarios y más de 8 mil conductores.

Los vehículos que presten el servicio deben estar en buenas condiciones, contar con características de comodidad, estar registrado en la lista de vehículos de la plataforma tecnológica, contra con un máximo de 7 años de antigüedad.

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Regulación

Governo garante que não acabará com neutralidade de rede no Brasil

Itzel Carreño

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Após o governo Trump acabar com a neutralidade de rede nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 2017, especulações de que outros Países, incluindo o Brasil, pudessem fazer o mesmo dominaram a pauta internacional.

No entanto, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) garante que não fará o mesmo. É o que reafirmou, em entrevista coletiva em Goiânia na última semana, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP).

Leer más: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-garante-que-nao-acabara-com-neutralidade-de-rede-no-brasil-113925/

 

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Regulación

Extienden el plazo para reorganizar con una ley la convergencia de medios

Liliana Juárez

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La presentación de un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes fue prorrogado por 180 días más, según una resolución del Ministerio de Modernización publicada ayer en en el Boletín Oficial. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parcialmente vetada por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su mandato), y y la unificaría con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

 

 

A pesar de haber recibido ya dos prórrogas anteriormente (la última venció en noviembre), no pudo ser tratada en el Congreso debido a que la comisión abocada al tema dentro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no presentó ningún proyecto. El Cronista intentó comunicarse con Silvana Giudici, a cargo de la mencionada comisión, pero paradójicamente, la funcionaria no atendió la comunicación.

 

 

Mientras tanto, el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión, que dará lugar a la mayor empresa del sector en la Argentina, aprobado por el Enacom el pasado 21 de diciembre, avanza hacia la etapa de revisión por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque en la práctica, la nueva empresa fusionada comenzará el 1´ de enero a brindar servicios “convergentes” de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por cable).

 

 

En la resolución publicada ayer, que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se dispone una nueva prórroga para “la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, conocidas como Ley de Medios y Argentina Digital”.

 

 

 

Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, y mientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.

 

 

En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo.

 

 

Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló.

 

 

“El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones advirtió Rodríguez Villafañe, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.

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