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Entre 10 mil y 20 mil personas se manifestaron en Atenas por el cierre el 12 de junio de ERT (Radio Televisión Helénica), que controla los medios electrónicos públicos de Grecia. No faltaron los irónicos que dijeron que había más personas en las protestas que los que habitualmente sintonizan sus emisiones.

“No es por ERT, sus programas son realmente aburridos -le dijo una manifestante de 19 años, Angeliki Markou, al Financial Times-. Pero el gobierno no puede borrarla de forma tan poco democrática”.

La verdad es que el primer ministro Andonis Samarás no pretende eliminar la radiodifusión pública sino relanzarla en septiembre ya saneada en lo financiero y en recursos humanos.

Los dos canales de televisión originales de la empresa, ERT 1 y ERT 2, así como sus emisoras de radio, gozaron durante décadas de un monopolio impuesto por ley, como ocurría en otros países europeos. A fines de la década de 1980 empezaron a surgir algunas emisoras pirata, que transmitían lo que el público realmente quería ver y escuchar, hasta que el Parlamento se vio obligado a legalizar la radiodifusión privada en 1989. Las nuevas emisoras privadas rápidamente desplazaron a las gubernamentales en los primeros lugares de popularidad.

Según el Financial Times, los actuales cuatro canales de televisión de ERT y sus 29 emisoras de radio captaban menos del 20 por ciento del público. En televisión su competencia eran tres rivales privados. ERT cuenta además con varios portales de internet… y no una sino dos orquestas sinfónicas.

Si fuera una empresa privada, ERT habría quebrado desde que perdió el monopolio… o incluso antes. Pero en el país más pobre de la Unión Europea se estableció un impuesto especial para subsidiarla, el cual se cobra a través del recibo de electricidad tanto a los hogares que tienen televisor como a los que no. Según Simeon Kedikoglou, vocero del gobierno de Grecia, las emisoras de ERT cuestan “de tres a seis veces” lo que una privada y tienen “de cuatro a seis veces el personal”. Su público, sin embargo, es pequeño: “de la mitad que una emisora privada”. ERT goza de un presupuesto de 300 millones de euros al año.

Al gobierno griego le cuesta hoy menos despedir a los 2,650 trabajadores de ERT, a pesar de los altos costos de indemnización laboral, para recontratar a los 1,200 que realmente se necesitan que seguir operando como hasta ahora. Los trabajadores de ERT, muchos de los cuales fueron contratados por ser amigos y parientes de políticos influyentes, se niegan a aceptar el cierre debido a los altos sueldos y prestaciones de los que gozan. Varios sindicatos, entre ellos el de periodistas (sí, hay “sindicato de periodistas”), están realizando paros y manifestaciones en su apoyo.

En México los medios públicos no son tan costosos, pero no dejan de ser una carga para el erario. Nada más los que controla el gobierno federal representan un gasto en este 2013 de casi 1,282 millones de pesos (OnceTV, 643 millones; Canal 22, 231 millones; Instituto Mexicano de la Radio, 211 millones; Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, 99 millones; y Radio Educación, que opera sólo en el Distrito Federal, 97 millones de pesos). A esto hay que añadir TV UNAM, Radio UNAM y las emisoras de radio y televisión de los gobiernos e instituciones educativas públicas de los estados.

Estos subsidios son aristocráticos. Las emisiones de los medios públicos mexicanos van dirigidas en buena medida a públicos minoritarios, más aún que los de ERT en Grecia. En una visión ultraconservadora del gasto público, el gobierno debe cobrar impuestos a toda la población para financiar la radio y la televisión de unos cuantos.

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Las medidas que aplicará Rajoy en Cataluña al amparo del artículo 155

Margarita Cruz

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Tras la aprobación en el Pleno del Senado, el Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido la autorización del Senado para aplicar una batería de medidas con las que podrá intervenir la autonomía catalana y así atajar el proyecto secesionista. 

Entre las medidas que aplicará el ejecutivo central a partir de ahora, estas son las principales líneas de actuación.

1. Elecciones

Convocatoria de elecciones y de manera inmediata. Esa ha sido la primera medida anunciada por Mariano Rajoy en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. De esta forma. el presidente del gobierno ha anunciado la disolución de manera inmediata del parlament y ha convocado a todos los catalanes a decidir su futuro en las urnas -de manera legal y con todas las garantías- el jueves 21 de diciembre. 

 

La fecha anunciada es bastante llamativa, pero es el plazo marcado según los tiempos que maneja el gobierno. El decreto de convocatoria se publicará este sábado y así empezará a contar el plazo de 54 días fijado en la Ley orgánica del régimen electoral general y que deben transcurrir desde entonces hasta el día de los comicios. 

2. Gobierno catalán

Además, el Gobierno ha anunciado la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consellers del Govern catalán en aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución.

 

Además de Puigdemont y Junqueras, han sido cesados el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la de Enseñanza, Clara Ponsatí; y la responsable de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs. También el conseller de Salud, Antoni Comín; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa; el de Interior, Joaquim Forn; el de Cultura, Lluís Puig; el de Justicia, Carles Mundó; y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.

No son las únicas destituciones que ha anunciado Rajoy. El Consejo de Ministros ha acordado la destitución del director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, una medida que no afecta de momento al mayor de la policía autonómica Josep Lluís Trapero. Además también quedan destituídos el secretario general de la Consejería de Interior y la extinción del Diplocat y las llamadas embajadas de Cataluña en el exterior. A ello, añade la destitución de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid. 

 

Además, se ha aprobado en el Consejo de Ministros la extinción de las oficinas del presidente y del vicepresidente, así como del Consejo de Transición Nacional (Consell Assessor per a la Transició Nacional), un órgano creado en el 2013 para asesorar en el proceso de independencia de Cataluña y para celebrar un referendo de autodeterminación.

Otras líneas de actuación

Las destituciones son las primeras medidas que se llevarán a cabo. Pero según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado aprobado este viernes en el Senado, se espera que a lo largo de los próximos días se lleven a cabo otras líneas de actuación.

 

1. Los Mossos

Los Mossos d’Esquadra, un cuerpo dependiente exclusivamente del consejero regional de Interior, pasarán a estar ahora bajo las órdenes del Estado. Rajoy y su equipo podrán «dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento» a los 16.000 agentes que conforman el cuerpo. Incluso se podrá dar la situación, «en el caso de que sea necesario», de que los miembros de la policía catalana sean sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

2. Las finanzas 

El Ejecutivo de Rajoy tendrá total autoridad para ejercer todas las competencias financieras, presupuestarias y fiscales de la autonomía catalana, asegurándose así de que ni un solo euro de los impuestos locales o el dinero enviado desde Madrid sea desviado a la financiación del proyecto secesionista. 

 

No es la primera vez que el gobierno central mete la mano en las cuentas de la Generalitat. En el mes de septiembre ya intentó establecer algunas medidas de control para impedir el referendo del 1-O.

3. Medios de comunicación públicos

 

Dentro del texto aprobado se incluye la asunción de «las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales». La traducción de esta medida es clara. A partir de ahora, Rajoy y su equipo podrán controlar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.

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Medios Públicos acumulan millonarias pérdidas desde periodo Rafael Correa

Liliana Juárez

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Las cadenas de televisión Gamavisión y TC-Televisión, ambas en manos del Estado ecuatoriano, acumularon pérdidas por 23 millones de dólares desde que fueran incautadas en 2008 por orden del expresidente Rafael Correa, informó hoy el gerente de los Medios Públicos, Andrés Michelena.

Según él, quienes administraron esos medios, que antes de la incautación pertenecían a los exbanqueros William y Roberto Isías, exejecutivos del cerrado banco Filanbanco, quisieron quebrar a las cadenas de televisión.

En rueda de prensa, dijo que ha solicitado auditorías a la Contraloría General del Estado, así como al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de establecer la real situación de los medios incautados.

Michelena asumió la gerencia de Medios Públicos en mayo pasado, por encargo del presidente del país, Lenín Moreno, que en ese mismo mes ocupó la jefatura del Estado, de manos de su antecesor y correligionario Rafael Correa, quien concluyó su periodo tras una década en el poder.

No obstante, Moreno se distanció de Correa y ambos han protagonizado una encarnizada lucha verbal, ya que el primero culpa de todos los males del país al segundo, mientras que el expresidente ha considerado a su sucesor como un político desleal.

Michelena calificó de “nefasta” la administración realizada con los medios públicos durante el periodo de Correa, ya que además supuestamente se habrían manipulado contenidos en favor del oficialismo.

Explicó que Gamavisión, desde que fue incautado en 2008, ha acumulado pérdidas por 17 millones de dólares, mientras que en TC-Televisión éstas suman 6 millones.

Para Michelena, “Gamavisión está en quiebra” y TC-Televisión dejó de ser un canal rentable, aunque este último se mantendrá operando como una “unidad de negocios”.

Lo que busca la actual administración -dijo- es construir una “propuesta integral para devolver a la ciudadanía unos medios públicos creíbles” y que no respondan al interés de un gobierno o de un partido político.

El “rescate y reestructura de estos medios es urgente”, añadió Michelena al anunciar que el próximo 14 de noviembre se aplicará un plan de fusión entre Gamavisión y Ecuador-TV, ambos canales públicos, que partirá con la emisión de noticiarios producidos de forma conjunta, con el objetivo de “optimizar los recursos”.

Asimismo, ese día aparecerá el nuevo rostro del diario público El Telégrafo y se ofrecerá a la ciudadanía una renovada Radio Pública y también de la agencia estatal de noticias Andes.

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Medios comunitarios contra las cuerdas

Liliana Juárez

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El Gobierno se mostró activo en el sector de la comunicación a través de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos. La contracara es la situación crítica de los sin fines de lucro. El informe de las universidades denuncia “persecución y ahogo financiero”.

El gobierno se ha mostrado activo en el sector de la comunicación a través de una serie de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos, como extensión de licencias, facilidades para transferir licencias y fusionar sociedades, flexibilización de límites a la concentración de mercado y otorgamiento de espectro sin licitación. La contracara de ese proceso es la difícil situación que atraviesan los medios comunitarios, populares y alternativos. Un trabajo realizado por un grupo de investigadores de cinco universidades nacionales advierte que “la actual gestión del gobierno argentino restaura las políticas que privilegian a las grandes empresas audiovisuales y de telecomunicaciones en desmedro de las radios y televisoras del sector social”.

El documento se titula “Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina” y forma parte de una investigación realizada por María Soledad Segura (Universidad Nacional de Córdoba), Verónica Longo (Universidad Nacional de San Luis), Emilia Villagra (Universidad Nacional de Salta), Ana Laura Hidalgo (Universidad Nacional de San Luis), Natalia Traversaro (Universidad Nacional de Córdoba), Alejandro Linares (Universidad Nacional de La Pampa), Larisa Kejval (Universidad de Buenos Aires) y Natalia Vinelli (Universidad de Buenos Aires), con financiamiento del Conicet y de la Defensoría del Público. 

El texto comienza destacando que las políticas de comunicación en el país contribuyeron históricamente a construir una posición de profunda desventaja en términos de sostenibilidad económica de los medios comunitarios con respecto a los medios de propiedad privada con fines de lucro y a los de propiedad estatal.

La ley de Radiodifusión 22.285 establecida por la última dictadura militar en 1980 vedaba la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de ser licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual. Pese a ello, en los primeros años de la transición democrática múltiples movimientos populares –de derechos humanos, género, ambientalistas, pueblos originarios, etc.– montaron radios y televisoras comunitarias de modo ilegal para acompañar los reclamos de esas organizaciones al mismo tiempo que plantearon el debate por el reconocimiento de sus derechos comunicacionales.

Desde ese lugar de resistencia, cuestionaron las políticas de comunicación de los sucesivos gobiernos que posibilitaron los procesos de concentración y trasnacionalización del sistema mediático. A su vez, como parte de ese proceso las asociaciones que agrupan a las radiodifusoras comunitarias fueron protagonistas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, alianza que propuso los 21 puntos por una Radiodifusión para la Democracia, en base a los cuales se formuló el proyecto que en 2009 se convertiría en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.

La lucha de los medios comunitarios contó con el respaldo de numerosos organismos intergubernamentales, como la ONU, la OEA y la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, ya que, como destaca el informe de las universidades, “los medios sin fines de lucro son centrales para garantizar el derecho a la comunicación en sociedades democráticas en un doble sentido. Por un lado, su presencia contribuye a configurar sistemas de medios más plurales y diversos, dado que se multiplican los sectores que participan de él. Por otro lado, constituyen escenarios de participación ciudadana que permiten la intervención de sujetos, temas y perspectivas que no suelen tener cabida en los medios privados-comerciales ni estatales”.

La prohibición a los medios comunitarios comenzó a revertirse en 2003 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285 que impedía a los medios no lucrativos prestar servicios de radiodifusión. En 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.053 que sustituyó ese artículo y permitió que personas jurídicas sin fines de lucro sean titulares de licencias de radiodifusión. Luego llegó la sanción de la ley 26.522 que les reservó a los sin fines de lucro un tercio del espectro radioeléctrico, no les impuso restricciones de alcance ni financiamiento, estableció un fondo de fomento del 10 por ciento del gravamen recaudado por la autoridad regulatoria, les dio representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Cofeca) y agregó la posibilidad de otorgar licencias de modo directo a emisoras de baja potencia en zonas de no conflicto.

Desde entonces, aún con demoras y problemas, la situación de los medios comunitarios comenzó a mejorar. Entre 2012, cuando AFSCA puso en marcha el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), y 2015, el organismo realizó 18 concursos públicos y concedió 380 premios a los equipos técnicos, infraestructura tecnológica, la producción de radio y televisión y la gestión de los medios comunitarios. Los Fomeca le permitieron a los medios del sector social equiparse para avanzar en la transición digital, producir contenidos gratuitos y abiertos y regularizar la gestión de radios, canales y productoras audiovisuales.

El trabajo de las universidades describe luego cómo esos avances se detuvieron en diciembre de 2015. “Todas las políticas desarrolladas desde entonces se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras”, se remarca. “Las nuevas políticas se expresan, por un lado, en decomisos e intimidaciones a emisoras comunitarias que padecen la ilegalidad en diferentes puntos del país y, por otro, en la dilación en la ejecución de fondos de fomento, intimidaciones por supuestas irregularidades en la rendición de fondos y desprestigio del fondo y de las radios y emisoras comunitarias”, agrega el escrito que fue presentado por la doctora Soledad Segura, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Conicet, en el último Encuentro de Carreras de Comunicación que se realizó en la ciudad de Paraná entre el miércoles 13 y el viernes 15 de este mes.

En el documento de las universidades se destaca también que a abril de 2017, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) adeudaba pagos de cuotas a más de 200 proyectos adjudicados del Fomeca 2015 por más de 25 millones de pesos, según calculó el Espacio Interredes, que nuclea a las organizaciones nacionales de medios del sector social. Desde entonces, el gobierno fue realizando algunos desembolsos adicionales, pero con cuentagotas. Luego de la presentación del informe también hubo avances puntuales en materia de legalización de medios, como por ejemplo, la aprobación por parte del Enacom de la licencia a ENTV de Viedma para operar un canal de televisión digital. Sin embargo, los problemas de fondo reseñados en el informe continúan. 

La investigación también denuncia que “se desfinanciaron programas de diversos organismos públicos destinados al desarrollo o el fortalecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro, como los proyectos ‘Sembramos palabras, Cosechamos Derechos’, ‘Radios comunitarias rurales. Comunicarnos fortalece’ y el convenio para que las bibliotecas populares fomenten medios comunitarios”. Además, se advierte que “se interrumpió la distribución de pauta oficial a emisoras sin fines de lucro, ya que el criterio de distribución es el nivel de audiencia de medios en grandes ciudades”.

El decreto 267/15 que modificó la ley de medios audiovisuales implicó la pérdida del espacio de participación e incidencia en la formulación de políticas de comunicación que los medios comunitarios tenían en el Cofeca, al eliminarse esa institución. “En agosto de 2016, se creó el Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco), unificando el Cofeca y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Esto redujo la cantidad de representantes del sector sin fines de lucro de 3 a 1 y unificó a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual con los de telecomunicaciones. Además, le quitó funciones al consejo como nombrar y remover integrantes del directorio o tomar decisiones relativas a los Fomeca. El Cofeco se reunió por primera vez once meses después de disuelto el Cofeca y el representante propuesto por las radios comunitarias no fue convocado”, destaca el texto.

A raíz de esta situación, la investigación concluye que a partir de diciembre de 2015 “se produce una regresión en los derechos adquiridos a partir de la restauración y la profundización de la orientación histórica de las políticas de comunicación que privilegiaba a los medios comerciales, dejaba a los estatales en un rol subsidiario y perseguía o –en el mejor de los casos– ignoraba a los comunitarios”.

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Posted by MEDIATELECOM - Información Estratégica on Wednesday, February 14, 2018

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