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Regulación

Supera su primera aduana reforma a telecomunicaciones

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Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general y particular el decreto por el que se reforman los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, y 94 de la Constitución en materia de telecomunicaciones.

 

Las fracciones parlamentarias del PRI y PAN anunciaron que sus reservas de modificación se presentarán de manera formal hasta que el dictamen se discuta por parte del pleno cameral.

 

Durante la discusión en lo general, que duró dos horas y media, cada uno de los representantes de las siete fracciones parlamentarias representadas en San Lázaro se limitó a fijar su posición en favor del dictamen, previa lectura de éste, cuyo contenido es exactamente el mismo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal y los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM. En dicho contexto, Héctor Gutiérrez de las Garza informó que la diputación federal priísta presentará en total seis reservas de modificación, aunque no precisó a qué artículos.

 

Los representantes del PAN tampoco anticiparon las reservas a presentar ni el número, aunque trascendió que pueden ser cinco.

 

Aprobada la reforma en lo general por 29 votos y una abstención, la discusión en lo particular incluyó 13 reservas, promovidas por Ricardo Mejía Berdeja (MC) y Ricardo Cantú Garza (PT), mismas que fueron rechazadas una a una.

 

Al arranque de la sesión, Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de Comisión dictaminadora, afirmó que, por lo que representan, las telecomunicaciones son un servicio público de interés general que debe estar bajo la tutela del Estado.

 

En materia de telecomunicaciones, dijo, los mexicanos “no podemos darnos el lujo de estar cautivos de algunas empresas concesionarias”, aunque no se atrevió a dar nombres.

 

Por el PRI, Elizabeth Núñez Sánchez explicó que, en congruencia con su adhesión al Pacto por México, su partido está en favor de la reforma porque democratiza el mercado de las telecomunicaciones, pluralizando la competencia en beneficio de los mexicanos, lo que se reflejará en mejores servicios, precios más accesibles, mayor cobertura y más usuarios.

 

“Que nadie tenga duda de que el Estado mexicano existe y funciona bien, ejerciendo a plenitud sus facultades para salvaguardar el interés nacional”, estableció la mujer.

 

En su oportunidad, Purificación Carpinteyro Calderón (PRD) dijo que la hiperconcentración que han padecido los mexicanos por más de dos décadas -porque las empresas de telecomunicaciones concentran hasta 90% en telefonía fija, hasta 70% en telefonía celular y en televisión abierta, y 60% en televisión de paga- ha propiciado que el sector no pueda ser el detonador de una dinámica de crecimiento, inclusión y esperanza para la mayoría de la población.

 

El dictamen aprobado en comisiones se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes, cuando se le dará trámite de primera lectura; su votación por parte del pleno cameral se realizará al día siguiente.

 

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Regulación

Empieza a regir decreto que regula a Uber

Itzel Carreño

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Los conductores que no tengan la licencia tipo E1 no podrán conducir y prestar el servicio por medio de la plataforma Uber.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, firmado en octubre de 2017, por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, los conductores de las plataformas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y contar con licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las licencias Tipo E1 están reservadas para panameños y quien sea chófer de este sistema de deberá presentar récord policivo.

El director de la Autoridad y Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, explicó que el Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E1 lograr obtenerla.

De acuerdo con el director de la ATTT en el país hay más de 157 mil panameños con el tipo de licencia E1. El cobro efectivo, según establece el Decreto puede ser hasta seis meses después de publicado el Decreto, por lo que se estima que los usuarios podrán pagar el servicio de Uber en efectivo hasta finales de abril.

La plataforma Uber mostró su descontento y en noviembre del año pasado hizo una prueba y más del 92% de los conductores fueron desconectados por no cumplir con el tipo de licencia y el 60% de los viajes no se podrán realizar porque no se acepta el pago ene efectivo.

La aplicación Uber está en Panamá desde hace tres años y los conductores de taxi protestaron y cerraron las calles para rechazar la plataforma que en Panamá cuenta con más de 25 mil usuarios y más de 8 mil conductores.

Los vehículos que presten el servicio deben estar en buenas condiciones, contar con características de comodidad, estar registrado en la lista de vehículos de la plataforma tecnológica, contra con un máximo de 7 años de antigüedad.

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Regulación

Governo garante que não acabará com neutralidade de rede no Brasil

Itzel Carreño

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Após o governo Trump acabar com a neutralidade de rede nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 2017, especulações de que outros Países, incluindo o Brasil, pudessem fazer o mesmo dominaram a pauta internacional.

No entanto, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) garante que não fará o mesmo. É o que reafirmou, em entrevista coletiva em Goiânia na última semana, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP).

Leer más: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-garante-que-nao-acabara-com-neutralidade-de-rede-no-brasil-113925/

 

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Regulación

Extienden el plazo para reorganizar con una ley la convergencia de medios

Liliana Juárez

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La presentación de un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes fue prorrogado por 180 días más, según una resolución del Ministerio de Modernización publicada ayer en en el Boletín Oficial. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parcialmente vetada por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su mandato), y y la unificaría con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

 

 

A pesar de haber recibido ya dos prórrogas anteriormente (la última venció en noviembre), no pudo ser tratada en el Congreso debido a que la comisión abocada al tema dentro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no presentó ningún proyecto. El Cronista intentó comunicarse con Silvana Giudici, a cargo de la mencionada comisión, pero paradójicamente, la funcionaria no atendió la comunicación.

 

 

Mientras tanto, el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión, que dará lugar a la mayor empresa del sector en la Argentina, aprobado por el Enacom el pasado 21 de diciembre, avanza hacia la etapa de revisión por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque en la práctica, la nueva empresa fusionada comenzará el 1´ de enero a brindar servicios “convergentes” de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por cable).

 

 

En la resolución publicada ayer, que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se dispone una nueva prórroga para “la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, conocidas como Ley de Medios y Argentina Digital”.

 

 

 

Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, y mientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.

 

 

En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo.

 

 

Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló.

 

 

“El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones advirtió Rodríguez Villafañe, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.

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