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La propuesta de reforma a la legislación del sector de las telecomunicaciones tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, como se ha destacado desde el lunes, pero pese a ello representa un gran avance, histórico, y me parece atinada la idea de corregir sólo aquello que sea una grave aberración jurídica, para concentrar los esfuerzos en una buena ley reglamentaria
Viernes 15 de marzo de 2013

Estamos frente a una coyuntura única y me atrevo a decir, irrepetible, para dar el siguiente paso en un sector al que le urge un marco jurídico moderno, proconvergente, procompetitivo y que satisfaga demandas históricas. Y sin duda, la iniciativa que está por aprobarse en la Cámara de Diputados cumple en general dichas expectativas, además de contar con un inusitado apoyo del Poder Ejecutivo, las diferentes fuerzas políticas del país y la propia industria.

Sobre la iniciativa mucho se ha comentado alrededor de las telefónicas de Carlos Slim y las televisoras de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, pero muy poco sobre los contenidos y la radio. En cuanto al primer punto hay aspectos interesantes, más allá de ampliarse las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por ejemplo, la iniciativa propone la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Esto ya está regulado por la legislación electoral, pero se quiso ser enfático para impedir una práctica que se volvió cotidiana en diversos medios de comunicación, luego de la reforma electoral de 2007: la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos en efectivo por debajo de la mesa. Comprobar estas operaciones seguirá siendo casi imposible, pero de aprobarse la reforma, esta prohibición se eleva a rango constitucional.

También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, una asignatura pendiente sobre todo en radio y televisión, y la “prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia”. La Ley Federal de Protección al Consumidor y otras leyes ya prohíben la publicidad engañosa, pero no la subrepticia (que se hace de manera oculta). Sin embargo, en el primer caso, las multas son tan irrisorias que hacen poco efectiva la aplicación de la norma. Veremos cómo queda esta disposición en la nueva ley.

Otra de las propuestas dice que para que la “publicidad sea equilibrada, la ley dotará al Instituto de las Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales”. Interesante. La ley actualmente establece porcentajes máximos de publicidad comercial: 18% en televisión y 40% en radio. ¿Se conservarán esos “equilibrios”? También esto abarca la publicidad en televisión de paga, que se ha convertido en un territorio anárquico.

Mucho más relevante es que el Instituto tendría una atribución que actualmente es competencia de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Con base en la propuesta, el Instituto supervisará que “la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios establecidos a que se refiere el artículo tercero de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil”.

Es decir, el Instituto vigilaría porcentajes de publicidad, así como contenidos (programación y publicidad) destinados a la población infantil. ¿Cómo quedará entonces la supervisión de contenidos? ¿Será una atribución compartida entre RTC y el nuevo Instituto? Complicado. ¿No es así?

La propuesta de reforma integral que en su momento presentó el diputado Javier Corral y el senador Gustavo Madero iba en el sentido de pasar las atribuciones de RTC al Instituto. ¿Qué se decidirá en la ley reglamentaria? Aunque no se quiso especificar en la iniciativa, el Instituto se encaminaría a supervisar todos los contenidos, lo que sería congruente con los principios establecidos en la iniciativa de reforma constitucional. De ser así, el Instituto se acercaría al modelo de regulación de los países más avanzados en el mundo, como Estados Unidos (con la FCC) y la Gran Bretaña (con el Ofcom).

¿Y LA RADIO?

En la propuesta elaborada por el llamado Pacto por México hay muy poco sobre radio. No obstante, hay dos temas relevantes.

El primero es el que el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial (en este caso, suponemos, de la SCT y la Cofetel) “un programa de trabajo para disminuir la separación entre estaciones de radio”.

Esto es, que se continuará “trabajando” en la modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para disminuir la separación de 800 KHz a 400 KHz entre dos emisoras de FM en operación, lo que permitirá abrir los espacios para nuevos jugadores en este medio de comunicación y dar la legítima oportunidad a concesionarios y permisionarios de AM, como Radio Educación, que por esta condición técnica no alcanzaron una FM, con base en el acuerdo de transición calderonista, del 15 de septiembre de 2008. El tema tiene años discutiéndose, se ha demostrado su viabilidad ante la digitalización, pero algunos radiodifusores se han opuesto a su aprobación, lo que ha retrasado los planes de la Cofetel en esta materia.

El otro tema es, justo, el de la multiprogramación, que no sólo aplica a la televisión, sino también a la radio digital, que ya existe en México. En la propuesta de reforma se establece que se determinarán los criterios para que el Instituto otorgue las autorizaciones para la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, “incluyendo el pago de las contraprestaciones debidas”. ¿Deberán pagar los empresarios de radio, al igual que los de la televisión, por este beneficio tecnológico? ¿bajo qué condiciones? Ahí se encuentra otro de los asuntos que deberán resolverse en la nueva ley.


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Regulación

Empieza a regir decreto que regula a Uber

Itzel Carreño

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Los conductores que no tengan la licencia tipo E1 no podrán conducir y prestar el servicio por medio de la plataforma Uber.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, firmado en octubre de 2017, por el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, los conductores de las plataformas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y contar con licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las licencias Tipo E1 están reservadas para panameños y quien sea chófer de este sistema de deberá presentar récord policivo.

El director de la Autoridad y Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, explicó que el Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E1 lograr obtenerla.

De acuerdo con el director de la ATTT en el país hay más de 157 mil panameños con el tipo de licencia E1. El cobro efectivo, según establece el Decreto puede ser hasta seis meses después de publicado el Decreto, por lo que se estima que los usuarios podrán pagar el servicio de Uber en efectivo hasta finales de abril.

La plataforma Uber mostró su descontento y en noviembre del año pasado hizo una prueba y más del 92% de los conductores fueron desconectados por no cumplir con el tipo de licencia y el 60% de los viajes no se podrán realizar porque no se acepta el pago ene efectivo.

La aplicación Uber está en Panamá desde hace tres años y los conductores de taxi protestaron y cerraron las calles para rechazar la plataforma que en Panamá cuenta con más de 25 mil usuarios y más de 8 mil conductores.

Los vehículos que presten el servicio deben estar en buenas condiciones, contar con características de comodidad, estar registrado en la lista de vehículos de la plataforma tecnológica, contra con un máximo de 7 años de antigüedad.

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Regulación

Governo garante que não acabará com neutralidade de rede no Brasil

Itzel Carreño

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Após o governo Trump acabar com a neutralidade de rede nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 2017, especulações de que outros Países, incluindo o Brasil, pudessem fazer o mesmo dominaram a pauta internacional.

No entanto, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) garante que não fará o mesmo. É o que reafirmou, em entrevista coletiva em Goiânia na última semana, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP).

Leer más: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-garante-que-nao-acabara-com-neutralidade-de-rede-no-brasil-113925/

 

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Regulación

Extienden el plazo para reorganizar con una ley la convergencia de medios

Liliana Juárez

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La presentación de un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes fue prorrogado por 180 días más, según una resolución del Ministerio de Modernización publicada ayer en en el Boletín Oficial. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parcialmente vetada por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su mandato), y y la unificaría con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital.

 

 

A pesar de haber recibido ya dos prórrogas anteriormente (la última venció en noviembre), no pudo ser tratada en el Congreso debido a que la comisión abocada al tema dentro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no presentó ningún proyecto. El Cronista intentó comunicarse con Silvana Giudici, a cargo de la mencionada comisión, pero paradójicamente, la funcionaria no atendió la comunicación.

 

 

Mientras tanto, el proceso de fusión entre Telecom y Cablevisión, que dará lugar a la mayor empresa del sector en la Argentina, aprobado por el Enacom el pasado 21 de diciembre, avanza hacia la etapa de revisión por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, aunque en la práctica, la nueva empresa fusionada comenzará el 1´ de enero a brindar servicios “convergentes” de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por cable).

 

 

En la resolución publicada ayer, que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se dispone una nueva prórroga para “la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, conocidas como Ley de Medios y Argentina Digital”.

 

 

 

Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, y mientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.

 

 

En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo.

 

 

Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló.

 

 

“El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones advirtió Rodríguez Villafañe, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.

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