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Contenidos, al Ifetel

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La propuesta de reforma a la legislación del sector de las telecomunicaciones tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, como se ha destacado desde el lunes, pero pese a ello representa un gran avance, histórico, y me parece atinada la idea de corregir sólo aquello que sea una grave aberración jurídica, para concentrar los esfuerzos en una buena ley reglamentaria
Viernes 15 de marzo de 2013

Estamos frente a una coyuntura única y me atrevo a decir, irrepetible, para dar el siguiente paso en un sector al que le urge un marco jurídico moderno, proconvergente, procompetitivo y que satisfaga demandas históricas. Y sin duda, la iniciativa que está por aprobarse en la Cámara de Diputados cumple en general dichas expectativas, además de contar con un inusitado apoyo del Poder Ejecutivo, las diferentes fuerzas políticas del país y la propia industria.

Sobre la iniciativa mucho se ha comentado alrededor de las telefónicas de Carlos Slim y las televisoras de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, pero muy poco sobre los contenidos y la radio. En cuanto al primer punto hay aspectos interesantes, más allá de ampliarse las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por ejemplo, la iniciativa propone la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Esto ya está regulado por la legislación electoral, pero se quiso ser enfático para impedir una práctica que se volvió cotidiana en diversos medios de comunicación, luego de la reforma electoral de 2007: la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos en efectivo por debajo de la mesa. Comprobar estas operaciones seguirá siendo casi imposible, pero de aprobarse la reforma, esta prohibición se eleva a rango constitucional.

También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, una asignatura pendiente sobre todo en radio y televisión, y la “prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia”. La Ley Federal de Protección al Consumidor y otras leyes ya prohíben la publicidad engañosa, pero no la subrepticia (que se hace de manera oculta). Sin embargo, en el primer caso, las multas son tan irrisorias que hacen poco efectiva la aplicación de la norma. Veremos cómo queda esta disposición en la nueva ley.

Otra de las propuestas dice que para que la “publicidad sea equilibrada, la ley dotará al Instituto de las Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales”. Interesante. La ley actualmente establece porcentajes máximos de publicidad comercial: 18% en televisión y 40% en radio. ¿Se conservarán esos “equilibrios”? También esto abarca la publicidad en televisión de paga, que se ha convertido en un territorio anárquico.

Mucho más relevante es que el Instituto tendría una atribución que actualmente es competencia de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Con base en la propuesta, el Instituto supervisará que “la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios establecidos a que se refiere el artículo tercero de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil”.

Es decir, el Instituto vigilaría porcentajes de publicidad, así como contenidos (programación y publicidad) destinados a la población infantil. ¿Cómo quedará entonces la supervisión de contenidos? ¿Será una atribución compartida entre RTC y el nuevo Instituto? Complicado. ¿No es así?

La propuesta de reforma integral que en su momento presentó el diputado Javier Corral y el senador Gustavo Madero iba en el sentido de pasar las atribuciones de RTC al Instituto. ¿Qué se decidirá en la ley reglamentaria? Aunque no se quiso especificar en la iniciativa, el Instituto se encaminaría a supervisar todos los contenidos, lo que sería congruente con los principios establecidos en la iniciativa de reforma constitucional. De ser así, el Instituto se acercaría al modelo de regulación de los países más avanzados en el mundo, como Estados Unidos (con la FCC) y la Gran Bretaña (con el Ofcom).

¿Y LA RADIO?

En la propuesta elaborada por el llamado Pacto por México hay muy poco sobre radio. No obstante, hay dos temas relevantes.

El primero es el que el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial (en este caso, suponemos, de la SCT y la Cofetel) “un programa de trabajo para disminuir la separación entre estaciones de radio”.

Esto es, que se continuará “trabajando” en la modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para disminuir la separación de 800 KHz a 400 KHz entre dos emisoras de FM en operación, lo que permitirá abrir los espacios para nuevos jugadores en este medio de comunicación y dar la legítima oportunidad a concesionarios y permisionarios de AM, como Radio Educación, que por esta condición técnica no alcanzaron una FM, con base en el acuerdo de transición calderonista, del 15 de septiembre de 2008. El tema tiene años discutiéndose, se ha demostrado su viabilidad ante la digitalización, pero algunos radiodifusores se han opuesto a su aprobación, lo que ha retrasado los planes de la Cofetel en esta materia.

El otro tema es, justo, el de la multiprogramación, que no sólo aplica a la televisión, sino también a la radio digital, que ya existe en México. En la propuesta de reforma se establece que se determinarán los criterios para que el Instituto otorgue las autorizaciones para la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, “incluyendo el pago de las contraprestaciones debidas”. ¿Deberán pagar los empresarios de radio, al igual que los de la televisión, por este beneficio tecnológico? ¿bajo qué condiciones? Ahí se encuentra otro de los asuntos que deberán resolverse en la nueva ley.


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Nokia lanza iniciativa de colaboración para impulsar el uso de Inteligencia Artificial

Itzel Carreño

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Nokia anunció que abrirá centros de ciencia de datos para fomentar la cooperación entre el proveedor, los operadores y las empresas bajo un mismo techo para desarrollar casos de uso innovadores impulsados por Inteligencia Artificial (IA). La empresa finesa lo ha denominado Cognitive Collaboration Hubs.

Los procesos de desarrollo ágil se utilizarán para crear casos de uso, probarlos y ponerlos en funcionamiento “en cuestión de semanas”, de acuerdo con Nokia.

Las áreas de aplicación típicas se centran en las operaciones de red, el rendimiento de la red, la experiencia del cliente y la monetización de datos.

Uno de estos casos de uso es Driver Behavior Analytics, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial al proporcionar un análisis en tiempo real del rendimiento del conductor y las condiciones de la carretera.

Al alojar el desarrollo en la plataforma de servicios cognitivos AVA de Nokia, los centros reducirán el tiempo de comercialización de los operadores y aumentarán el rendimiento de sus inversiones en análisis de datos.

Se dice que los nuevos centros de ciencia de datos de Nokia se basan en el éxito de los Cloud Collaboration Hubs establecidos en 2018, los cuales dicen que “han atraído un gran interés de los operadores para ayudarlos a construir nuevas capacidades basadas en la nube”.

Nokia destacó que los operadores de todo el mundo ya se han beneficiado de los servicios cognitivos creados con estas metodología. Entre ellos, en Turquía, Nokia y Türk Telekom están probando tecnologías de Inteligencia Artificial basadas en aprendizaje automático en redes móviles y fijas de nueva generación utilizando el asistente de IA MIKA de Nokia y la plataforma de servicios cognitivos AVA.

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AMÉRICA LATINA

E-commerce creció 5,9% en 2017 y el 2018 habría llegado a unos US$ 60 mil millones

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La Tercera – Francisca Álvarez

De acuerdo a la CCS, la economía digital chilena se habría situado en cerca de US$55 mil millones el 2017, lo que representa poco más del 6% del total de ventas de empresas en el país.


El consumidor chileno ha ido adaptando las nuevas tecnologías a su vida cotidiana, tanto en cómo se comunica, o en cómo se relaciona con el comercio. Las razones de esta tendencia que va en aumento, se deberían a la alta tasa de conectividad que hay en el país, la bancarización para disponer de dinero en forma electrónica; tarjetas de crédito y débito y la profundidad financiera actual.

Si bien, Chile se sumó a esta nueva forma de compra hace pocos años, la Cámara de Comercio de Santiago a través del Centro Economía Digital, estableció que el e-commerce en términos reales creció un 5,9% en 2017, lo que se habría situado en cerca de US$ 55 mil millones, logrando que represente poco más del 6% del total de ventas de empresas en Chile que reportan las estadísticas del SII para ese año preliminarmente.

El segmento más importante en ventas, sigue siendo el comercio electrónico con cerca de US$ 37.800 millones, seguido de Infraestructura, software y servicios con US$ 10.300 millones y finalmente telecomunicaciones con US$ 6.800 millones.

Empresas del sector: En cuanto al número de empresas del sector, superó las 30 mil en 2017, las que otorgaron más de 200 mil puestos de trabajo a la economía, según cifras preliminares de la CCS. En el ámbito de ventas promedio de las empresas en el sector digital superan los US$ 1,8 millones anuales, lo que equivale a más del doble de la empresa chilena promedio.

Para el 2018, las estimaciones preliminares indican que la economía digital habría estado en torno a los US$ 60 mil millones, cifra mayor a la del 2017. Sin embargo, el cálculo será revisado en los próximos meses cuando se conozcan las cifras definitivas de todos los componentes que la integran.

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AMÉRICA LATINA

Gigante chino de aplicaciones móviles se lanza a competir con Uber por el mercado en Chile, Perú y Colombia

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La Tercera

Didi es la empresa dominante del sector en China, respaldada por inversionistas como el grupo japonés SoftBank Group Corp.


Didi Chuxing, el gigante chino de las aplicaciones de transporte, planea enfrentarse a su rival estadounidense Uber en algunos de los mercados de más rápido crecimiento de América Latina, reclutando directivos en Chile, Perú y Colombia, según anuncios de contratación y fuentes de la empresa.

Didi ha trasladado a ejecutivos de alto rango desde China para liderar su expansión en mercados como Chile y Perú, y comenzó en las últimas semanas a solicitar conductores, expertos en gestión de crisis, márketing y desarrollo de negocios en esos países, según muestran publicaciones en LinkedIn.

La creciente expansión de Didi, si tiene éxito, podría complicar el camino para Uber, con sede en San Francisco, que tiene en América Latina una de las regiones de más rápido crecimiento y que planea salir a la bolsa a finales de este año.

Las dos firmas ya están compitiendo en Brasil, donde Didi compró la empresa local 99 en enero del año pasado, y también en México, donde la firma china atrajo a conductores con mejores salarios y bonificaciones por recomendar otros conductores y pasajeros.

Didi es la empresa dominante del sector en China, respaldada por inversionistas como el grupo japonés SoftBank Group Corp. En 2016, Didi compró las operaciones locales de Uber en China después dos años de batalla por dominar el mercado chino.

La incursión ocurre en momentos en que Didi está despidiendo personal en China mientras lidia con el escrutinio de reguladores, pérdidas financieras y la reacción del público ante el asesinato de dos de sus clientes, dijeron fuentes a Reuters.

El nuevo gerente de asuntos públicos de la firma en Chile, Felipe Contreras, quien previamente fue jefe de comunicaciones de Uber en nuestro país, confirmó los reportes de que Didi busca contratar a un ejecutivo de alto rango de la compañía chilena de telefonía móvil WOM para liderar las relaciones con el Gobierno.

Contreras confirmó los planes de lanzamiento y dijo a Reuters que el objetivo de la compañía era ser “líder de mercado” en Chile, donde Uber, la española Cabify y la griega Beat ya transportan miles de pasajeros al día.

Didi aún está estudiando cuándo lanzar su servicio local, aseguró el ejecutivo, diciendo: “Todavía estamos en la fase de planificación y reclutamiento”.

El gobierno aún no ha aprobado una ley que regule a las aplicaciones de viajes compartidos, lo que ha dejado este negocio en un área gris dentro del marco legal y lleva a los conductores de Uber, Cabify y Beat a ser frecuentemente multados por operar sin licencia de transporte público.

La ley todavía está en tramitación y necesitaría la aprobación de las dos Cámaras, un proceso que podría llevar hasta un año.

Contreras dijo que los planes para el lanzamiento de Didi no “dependían” necesariamente de la eventual aprobación de la ley. “Estamos explorando todas las variables”, aseguró.

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