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Unión Europea

Google Analytics podría desaparecer de Noruega

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Google Analytics no cumple con la legislación sobre la protección de datos en Noruega, según ha declarado un informe preliminar de la Agencia de Protección de Datos del país. El 10 de septiembre se analizará el caso, que podría derivar en cambios en el servicio o, incluso, su bloqueo.

La Agencia de Protección de datos de Noruega afirma que la herramienta de análisis de Google puede vulnerar la privacidad de los ciudadanos noruegos, según informa el diario noruego Digi.no.

“Cuando aceptan los términos de uso del servicio, las empresas también dan acceso de los datos personales de los visitantes del sitio Web a Google. Así que ceden el control a los datos recogidos”, afirma el director de la Agencia de Protección de datos Bjorn Erik Thon.

Google Analytics es una herramienta de seguimiento de las direcciones IP, que se emplea para establecer la audiencia de las páginas. Con ella, los administradores de las webs pueden hacer un estudio del número de visitantes que tienen.

Entre otras cosas, estos datos pueden ser discriminados por hora, por página o por su procedencia geográfica del mundo. Estos datos posibilitan la mejora del posicionamiento de los anuncios para que sean más efectivos.

Sin embargo, el problema para la agencia de protección de datos noruega radica en el uso que el motor de búsquedas hace de esas direcciones. La utilización de los datos para personalizar la publicidad que se inserta en el buscador, como Google ADwords, vulnera la política de privacidad de datos noruega.

“Si el usuario se registra además en otros servicios de Google, Google puede personalizar las búsqueda en la web y la publicidad para el individuo”, ha dicho Thon. Y “es una violación de las leyes de privacidad procesar los datos personales para tales fines.

También preocupa entre los noruegos la combinación de los datos IP con las ‘cookies’. Estas realizan un seguimiento de las visitas por toda la web de los usuarios.

FALTA DE TRANSPARENCIA

La agencia de protección de datos noruega ha buscado esclarecer estos puntos, pero Google no ha proporcionado ningún dato.

La falta de transparencia de la norteamericana está dificultando la continuación de Analytics el país escandinavo, y la Agencia de Protección de Datos noruega ahora le reclama cambios sustanciales en su política de privacidad.

En primer lugar, deberá anonimizar los datos de la IP, esto es, no distribuir datos sobre su procedencia geográfica.

Además, deberá restringir esos datos a Google Analytics, sin compartirlos con otro servicio de la compañía.

Ahora son las agencias gubernamentales las encargadas de investigar este hecho y verificar si Google cumple con las normas de seguridad ciudadana noruega.

El plazo para presentar los datos de la auditoria preliminar finaliza el 10 de septiembre.

En el caso en que se demostrase que Google vulnera las normas de seguridad, las autoridades noruegas podrían obligar al buscador a realizar cambios en el país, o incluso bloquear su servicio.

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Unión Europea

Claranet se extiende en Europa

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El proveedor de Servicios Gestionados Claranet ha inaugurado un nuevo centro de datos en Lisboa, con lo que se aumentan a 20 las instalaciones de este tipo en territorio europeo. La compañía ya opera en Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Portugal y España.

La apertura del datacenter en el país vecino se debe principalmente a la creciente demanda de sus clientes en materia de servicios basados en cloud computing y externalización de infraestructuras hacia instalaciones especializadas.

António Miguel Ferreira, MD de Claranet Portugal, ha declarado que “este espacio responde principalmente a la necesidad de un datacenter adicional que nos permita ser más competitivos en algunos servicios de Colocation y Hosting, sobre todo cuando el servicio requiere un alto consumo de energía”.

De entre las características del nuevo centro de datos de Claranet en Portugal destacan la posibilidad de contratar servicios de recuperación de desastres (utilizando dos instalaciones independientes con los datos críticos duplicados), soporte de configuraciones de alta densidad de potencia, arquitectura de refrigeración que combina las tecnologías de pasillo frío cerrado y free cooling, protección anti-incendios, controles de humedad, sistemas de alarma, monitorización de los servicios 24×7…

El centro de datos está ubicado en el Parque de las Naciones de Lisboa, ocupando 500 metros cuadrados de sales de servidores.

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Unión Europea

La CE exige que se modifique la fusión de los reguladores

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Bruselas vuelve a la carga para frenar o al menos modificar el proyecto de ley que creará en España una Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Y esta vez parece la definitiva, porque la Comisión Europea ha elevado tanto el tono como el rango de su amonestación.

 Las advertencias anteriores habían sido a nivel técnico. Pero ahora interviene la propia Neelie Kroes, vicepresidenta del organismo comunitario y comisaria de Agenda Digital (telecomunicaciones). Y lo hace en una carta dirigida a los ministros de Economía, Luis de Guindos, y al de Energía, José Manuel Soria.

La misiva, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, , amenaza con abrir un expediente contra España si el Gobierno no corrige las lagunas detectadas por Bruselas en su proyecto de ley.

En el texto, la comisaria expresa su “profunda preocupación”. Y arremete contra un proyecto que, según Bruselas, convertirá a las autoridades de regulación españolas “en las que menos competencias tienen en toda la UE”.

Kroes lamenta que la creación de un organismo aparentemente omnipotente (asumiría los poderes de la actual CNC, de la CMT, de la CNE y la regulación de sectores como el postal) sirva en realidad, a su juicio, para transferir competencias desde los reguladores hacia el poder ejecutivo de los respectivos ministerios.

Se trataría, según la carta de la comisaria, de un paso atrás difícilmente compatible con la legislación comunitaria. Kroes detalla en especial las objeciones a la pérdida de competencias del regulador de su sector, la CMT.

En este caso, la comisaria considera que la reforma incluso pone en peligro la labor de los reguladores de otros países, porque según su análisis, el organismo español no dispondrá de competencias ni recursos suficientes para participar en el foro europeo que coordina la regulación del mercado de las telecomunicaciones. “Por tanto”, advierte Kroes en la carta remitida el pasado 11 de febrero, “no veo otro camino a seguir que proponer a la Comisión la apertura de un expediente en base al artículo 258”. Ese procedimiento prevé un periodo de negociación. Y de no alcanzarse un acuerdo, Bruselas presentaría una denuncia contra España ante el Tribunal europeo de justicia, con sede en Luxemburgo.

La comisaria muestra en la carta su esperanza de no llegar a ese desenlace. E insta al Gobierno a que le presente una solución durante su próxima visita a España, el 26 de febrero en Barcelona. Y se despide con un cortés “atentamente” que no suaviza el carácter de su ultimátum.

Gobierno y oposición negocian una vía de escape

El proyecto de ley por el que se fusionarán los reguladores sectoriales (además de la CNE y la CMT, otros recién creados o aún por crear, como el ferroviario, aeroportuario, audiovisual o postal) sigue en trámite parlamentario. La oposición política, con el PSOE a la cabeza, rechazan la fusión por considerar que el nuevo organismo carecería de independencia y perdería sus funciones reguladoras para quedarse solo con las de supervisión. Todo apunta, sin embargo, a que la oposición estaría dispuesta a aceptar una solución intermedia ofrecida por el PP: fusionar solo a los reguladores sectoriales y mantener la singularidad de la Comisión Nacional de Competencia.

La solución no resolvería todas las quejas de la Comisión Europea, reveladas por CincoDías el pasado mes de noviembre. Entre ellas figuraban las relativas al estatuto de la futura CNMC, a su posible falta de independencia y a su sistema de financiación.

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Unión Europea

Las ‘telecos’ europeas advierten del peligro de recortar ayudas al sector

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Europapress

 

La Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Europeos (ETNO), que agrupa a empresas como Telefónica, Telecom Italia, France Telecom o Deutsche Telekom, ha pedido en una carta remitida a las autoridades comunitarias que no se reduzcan las ayudas al sector y ha advertido de los peligros que conllevarían estos recortes.

En concreto, en esta misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación muestra su deseo de que el Instrumento de Interconexión para Europa (CEF, en sus siglas en inglés) no se vea penalizado en el proceso de negociación del Programa de Financiación Europeo.

En la carta dirigida al primer ministro irlandés, Enda Kenny, al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, la asociación advierte de que en tiempos de dificultades económicas y de desempleo en Europa es importante concentrarse en aquellos recursos o políticas que pueden revertir la tendencia e impulsar la innovación, la producción y la creación de empleo a corto y medio plazo.

Según recoge ETNO en la carta dirigida a las autoridades comunitarias, la inversión que gestiona el CEF impulsará la penetración de la banda ancha y ayudará a lograr los objetivos a 2020 y los de la Agenda Digital Europea.

La posibilidad de que el presupuesto final para el CEF se viera reducido sería una decisión con “escasa visión de futuro”, ya que las redes de banda ancha constituyen una infraestructura crítica para la competitividad de nuestra economía, ha añadido ETNO.

Además, para la asociación el impulso de proyectos relacionados con el CEF actuaría como el catalizador necesario para generar mayores inversiones privadas en beneficio tanto de los negocios como de los ciudadanos europeos.

Esta carta se envía a las autoridades comunitarias ante la reunión del próximo 7 y 8 de febrero en Bruselas donde se discutirá el Programa de Financiación de Infraestructura de la Unión Europea, lo que podrían afectar al plan CEF, que agrupa las ayudas a los sectores de energía, transportes y telecomunicaciones.

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