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La debilidad del Estado nación

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Javier Esteinou Madrid

 

 

 

 


Ante la decisión unilateral del poder mediático de no transmitir en cadena nacional el primer debate presidencial, diversas instituciones y sectores de la sociedad señalaron que dicho evento era un insumo fundamental para ejercer un voto informado y razonado, y por lo tanto, demandaron que se transmitiera en cobertura para todo el territorio mexicano.

Así, considerando que los debates y contrastes de propuestas en el espacio público constituyen una piedra angular para la construcción de la democracia y el fortalecimiento de una ciudadanía informada sobre las diversas propuestas de los diferentes partidos, el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, exhortó a los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación electrónica la transmisión del primer debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, evitando la práctica de una democracia de baja intensidad.

Reforzando esta posición el resto de los consejeros electorales y partidos representados en el IFE solicitaron a los radiodifusores que antepusieran el interés del país, la racionalidad del debate presidencial y el derecho de los ciudadanos, transmitiéndolo en cadena nacional.

La coalición de partidos de izquierda consideró que limitar la difusión del encuentro constituyó una “involución democrática”, un retroceso para el país, y le solicitaron a la Secretaría de Gobernación que transmitieran el evento con la mayor cobertura posible mediática. El Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional cerraron filas y pidieron al IFE que pugnara por una mayor difusión del debate.

El candidato Andrés Manuel López Obrador pidió a TV Azteca, a Televisa y a la Cámara de la Industria de Radio y Televisión que rectificaran su decisión y presentaran el debate presidencial en cadena nacional. De lo contrario, se demostraría que las televisoras estarían actuando como los grandes electores que a través de su dedazo protegerían a un candidato chatarra, que mediante la telenovela democrática que generaron, lo introdujeron como una mercancía política para imponerlo como presidente, sin que fuera capaz de articular una frase completa, como un muñeco vacío. La precandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, llamó a los ciudadanos a ver el debate entre los 4 candidatos presidenciales, pues éste era un gran espacio donde los aspirantes podrían expresar las alternativas que les ofrecían a la población.

El expresidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, calificó que el debate era una fórmula para que las diversas fuerzas políticas se reconocieran como adversarios legítimos. Por ello, fue lamentable que fuerzas de presión se opusieran a la realización de tal encuentro democrático, por lo que las televisoras deberían de transmitirlo. El consejero del IFE Lorenzo Córdova sostuvo que por supuesto las televisoras ejercieron presión sobre el Estado, desafiándolo, desdeñando la ley y privilegiando el rating.

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información consideró que el debate presidencial era un espacio trascendente para el país. Las concesiones de radio y televisión son un bien público de la nación y no merecen estar sujetos al desafío de los concesionarios.

El intelectual Enrique Krauze señaló que la decisión de Salinas Pliego fue una burla a la frágil democracia mexicana… “¡Al pueblo: pan y circo!”, porque el circo es propiedad privada del señor Salinas. Debemos recordarle que no lo es: en México la televisión privada es una concesión pública, que por definición debe servir al interés público. Ese interés, en este caso, es evidente: en México pueden verse cientos de partidos de futbol (con sus respectivos debates) al año, pero para la elección presidencial 2012 tendremos sólo dos debates. Y es del más alto interés público que lleguen al mayor número de ciudadanos.

Los debates son un vehículo fundamental para salir de la Babel de ruido, confusión, vaguedad, tontería y mala leche que envenena nuestra vida política. Los debates, en todos los ámbitos, pueden ser una escuela de formación cívica, de respeto y tolerancia. Y en el caso particular de los debates presidenciales, son el instrumento imprescindible —de hecho, el único— para que el ciudadano pondere no sólo las ideas, la visión y el programa de los candidatos sino su temple, su carácter, su inteligencia,  sus sentimientos y pasiones. En una palabra, su persona.

El tsunami que inundó México no sólo no ofreció el conocimiento inmediato de los contendientes sino que lo difuminó y obstruyó. Los debates que se propusieron son insuficientes y rígidos. Como están las cosas, tendremos que esperar otros seis años para ver los debates necesarios. Debemos conformarnos con lo poco que hay. Pero aun ese poco es mucho para el señor Salinas. Su prioridad manifiesta es otra: el triunfo del Morelia, los ratings del juego, el circo. El no sirve a la democracia, y tampoco la democracia le sirve a él. El sirve a la “civilización del espectáculo”, esa vacuidad que critica Mario Vargas Llosa en su libro más reciente. Hace poco el Grupo Salinas otorgó a Vargas Llosa el premio “Una vida por la libertad” por su defensa de la libertad (de la libertad, no del espectáculo). Para ser congruente, además de leer el libro, debería recordar que no solo de pan —y menos del circo— vive el hombre, y ejercer su libertad para servir a un fin más alto.

Ante dichas demandas plurales, el IFE indicó que el debate no se movería de fecha y hora, y frente a ello, diversos organismos ciudadanos basados en el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión que faculta a la Secretaría de Gobernación para ordenar que todas las estaciones de radiodifusión del país se puedan encadenar para asuntos de trascendencia nacional, como son los debates presidenciales, le reclamaron al organismo electoral que solicitara formalmente a dicha secretaría que decretara la formación de una cadena nacional para transmitir el debate a todos los rincones de la nación.

Sin embargo, debido a las presiones que impuso el duopolio de la televisión y el PRI sobre los diversos organismos electorales, el IFE, la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron que no obligarían legalmente a los concesionarios de la radiodifusión nacional a transmitir el debate, pues por una parte, se violaría el derecho de los auditorios para poder ver otra programación de entretenimiento en ese mismo horario; y por otra, se provocaría más el enojo de los concesionarios que podrían dañar el proceso electoral.

Dicha realidad demostró que el Estado, las instituciones públicas, los consejeros electorales y los funcionarios del gobierno se arrodillaron frente al macropoder ideológico-político del duopolio televisivo.

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MEDIOS

Nuevo riesgo para las televisiones: el segundo dividendo digital quitará a la TDT el 30% de su espectro

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Cinco Días – Santiago Millán

Nueva polémica en el mundo de la televisión, que podría estar en vías de otro choque con las operadoras de telecomunicaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha publicado hoy un informe sobre el denominado segundo dividendo digital, por el que las frecuencias de la banda de 700 MHz pasarán de ser usadas por la Televisión Digital Terrestre (TDT) a ser empleadas por las telecos en el futuro 5G. El regulador ya deja claro que las televisiones se tendrán que volver a mover.

Tras recordar que el informe se ha hecho por iniciativa propia y que ya se ha enviado al Gobierno, la CNMC lanza un mensaje sobre la gestión del espectro y recuerda que es una “rara avis porque todos los reguladores europeos tienen la competencia sobre esta materia menos nosotros”.

En cualquier caso, la CNMC recuerda las directrices europeas, y asegura que la banda de 700 MHz debería estar habilitada para la telefonía móvil, como máximo, antes del 30 de junio para que los operadores puedan poner en marcha el 5G.

En un comunicado, el regulador español recuerda que la TDT representa el 80% de la cuota de pantalla en España. En la actualidad, los operadores de ámbito nacional en esta área son Corporación RTVE (con La 1, La 2, 24h, Clan, Teledeporte, La 1 HD, Teledeporte HD), Atresmedia Televisión (Antena 3, Neox, Nova, Atres Series, Antena 3 HD, La Sexta, Mega, La Sexta HD), Grupo Mediaset España (Telecinco, FDF, Boeing, Telecinco HD, Cuatro, Divinity, Energy, Be Mad, Cuatro HD), Net Televisión (Disney Channel, Paramount Channel), Veo Televisión (Gol, DMax), 13 Televisión (13 TV), Radio Blanca (DKiss), Grupo Secuoya (Ten), y Real Madrid Televisión (Realmadrid TV).

En este sentido, la CNMC advierte de que la liberación de la banda de 700 Mhz implica que los servicios de TDT sufrirán la pérdida de un 30% del actual espectro, lo que se traduce en una pérdida relevante de la capacidad de transmisión de la red de TDT. Y añade que si se pretende mantener el número de emisiones actuales, es necesario adoptar decisiones relevantes como la racionalización de los diversos formatos de emisión actualmente empleados o impulsar la evolución tecnológica a implantar en las redes de TDT para mejorar su eficiencia espectral.

De esta forma, los cambios podrían afectar a los diversos aspectos que intervienen en la emisión de la TDT, como pueden ser: el modo de transmisión, la calidad de definición o la codificación de la imagen. Estos cambios tecnológicos tendrían impacto no sólo en la emisión y las antenas de las comunidades de vecinos como sucedió con el primer dividendo, sino que tendrían impacto en los televisores que deberían estar adaptados a los nuevos requisitos.

El regulador indica que la competencia entre plataformas audiovisuales y el progresivo abaratamiento de los costes de la tecnología de alta definición HD hace que todo el sector audiovisual se encuentre en un avanzado estado de transición a calidad HD, lo que permite anticipar que durante los próximos años las emisiones en Standard Definition SD tiendan a ser residuales o inexistentes en dichas plataformas. En este sentido el HD necesita más volumen de espectro, al ocupar la capacidad de dos canales digitales.

A este respecto, debe considerarse que la TDT no podrá permanecer ajena a esta evolución tecnológica si aspira a mantener una posición competitiva y se debería anticipar también esta tendencia y prever la posibilidad de una migración paulatina a la tecnología HD o incluso UHD (Ultra Alta Definición).

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TELECOM

MásMóvil concentró más del 90% de las nuevas contrataciones de banda ancha fija en abril

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Expansión – EP

De las 46.800 nuevas altas de banda ancha, 42.900 líneas pertenecieron a MásMóvil y de entre las tres grandes operadoras en España, solo Movistar consiguió tener un resultado positivo, al contar con 1.200 nuevas altas. MásMóvil ha subido hoy un 2,5% en Bolsa.

El grupo MásMóvil, que incluye las marcas Más Móvil, Yoigo, Pepephone y LlamaYA, copó el 91,6% de todas las nuevas contrataciones de banda ancha fija en España durante el pasado mes de abril, según indican los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De las 46.800 nuevas altas de banda ancha, 42.900 líneas pertenecieron a MásMóvil y de entre las tres grandes operadoras en España, solo Movistar consiguió tener un resultado positivo, al contar con 1.200 nuevas altas. Por su parte, Orange restó 1.900 líneas y Vodafone perdió hasta 4.500. El resto del conjunto de operadoras menos conocidas sumaron 2.700 nuevas líneas.

No obstante, el 91% del total de contratos de banda ancha todavía se concentra en las tres grandes compañías de telecomunicación de España, incluyendo a Jazztel bajo el dominio de Orange y a Ono bajo el de Vodafone.

De esta forma, a finales de abril el número total de líneas en curso ascendió a 14,5 millones, lo que supone una proporción de 31,3 líneas contratadas por cada 100 habitantes. De estas, 7,3 millones pertenecían a fibra óptica hasta el hogar (FTTH), después de sumar 1,8 millones en el último año, en detrimento del DSL, que perdió 1,3 millones en el mismo periodo.

De las líneas de fibra hasta el hogar, casi la mitad (49,4%) corresponde a Movistar, con un parque de 3,58 millones de contratos. El resto de operadores con esta tecnología cuenta con 3,7 millones de líneas. Por su parte, la fibra con cable (HFC) suma 2,5 millones de contratos, seguida del DSL, que cuenta con 2,4 millones, y del DSL de Movistar, con 2,2 millones.

Telefonía móvil

En el mercado de la telefonía móvil, una vez más, MásMóvil se impuso claramente en el mes de abril, al conseguir casi el 80% de todas las nuevas contrataciones. Por el contrario, los tres grandes operadores vieron decrecer el número de clientes.

El que más perdió en telefonía móvil fue Movistar, que registró 30.170 bajas, seguido de Orange, con 28.700, y de Vodafone, con 23.930. El resto de operadores copó el restante 20% de nuevas líneas, con 42.860.

Sin embargo, de igual modo que con la banda ancha, los tres principales operadores representaban a finales de abril el 81,2% de todas las líneas móviles presentes en el mercado: Movistar (30%); Orange (27%); Vodafone (24,5%). MásMóvil, por su parte, concentraba el 10% y el resto de operadores el 8%.

Por último, el parque de voz con banda ancha móvil sumó en abril 100.843 líneas. El mes cerró con un total de 42,9 millones de líneas de voz con esta tecnología, lo que supone un 6,2% más que en el mismo mes de 2017.

MásMóvil ha cerrado hoy en Bolsa con una subida del 2,5%, hasta lo 106,2 euros por acción. En lo que va de año, el operador de telecomunicaciones acumula una ganancia del 20%.

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AMÉRICA LATINA

Contraloría tiene informe final sobre Gamavisión

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El Mercurio

El secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, fue citado por la entidad a rendir su versión libre y voluntaria, pero la diligencia no se concretó debido a que la fiscal del caso, Jimena Mena, tenía que acudir a una audiencia en el caso de Fernando Balda.

Desde los exteriores de la dependencia fiscal, Michelena dijo que espera la próxima semana tener noticias en firme, respecto de las responsabilidades que determinó el informe de Contraloría, de febrero de 2018, sobre el manejo de Gamavisión y de los enlaces ciudadanos (sabatinas).

Según el funcionario, Gamavisión ya tiene un informe final emitido por la Contraloría, donde uno de los puntos más concretos es la responsabilidad de $6,7 millones sobre quienes autorizaron la transmisión de los enlaces.

En su momento, el presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que los informes de Contraloría y los análisis de su Gobierno revelan que la gestión y administración de los medios incautados fueron “totalmente deficientes” durante el régimen de Rafael Correa (2007-2017).

El Gobierno anunció el 14 de mayo que venderá los medios de comunicación que controla tras ser incautados a raíz de la crisis bancaria de finales de la década de 1990 y cuya administración deja millonarias pérdidas.

César Monge, director nacional del movimiento CREO, acudió a la diligencia como autor de otra denuncia presentada en noviembre del 2017 sobre el mismo tema.

En este caso, la Fiscalía investiga a nueve personas, entre ellas Fernando Alvarado, Marco Antonio Bravo y su hermano Carlos Bravo.

 

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